Hace más de 200 días que Alberto Fernández se instaló en la Casa Rosada, pero aún se desconoce su plan de gobierno. Logró postergar el ajuste que exige la economía para evitar el caos, pero la hora de las definiciones llegará indefectiblemente.
La tragedia del presidente es que no puede seguir haciendo lo que hizo los últimos ocho meses: multiplicar el gasto público, pagar millones de planes con emisión, mantener precios y tarifas congeladas. El paraíso populista es efímero por naturaleza. Hace falta un plan de gestión que vaya más allá del declaracionismo y del subsidio masivo a los sectores que votan peronismo
Se ha dicho que con la próxima presentación en el Congreso del presupuesto 2021 se revelará el programa económico oficial. Nada menos verosímil. Si algo caracterizó la decadencia institucional del Poder Legislativo desde 2003 fue la falsedad de los presupuestos remitidos por el Ejecutivo con variables macroeconómicas completamente alejadas de la realidad.
La costumbre la inauguraron Néstor Kirchner y Roberto Lavagna en tiempos de superávit fiscal. El truco consistía en subestimar los ingresos para después repartir el excedente de manera discrecional vía DNU.
Después de que desaparecieron los superávits gemelos el Congreso siguió aprobando presupuestos con previsiones que erraban siempre en materia de inflación, recaudación, tipo de cambio, etcétera. Las previsiones erradas se repitieron en todos los gobiernos.
A esta altura para que la economía vuelva a arrancar la inversión necesaria deberá proceder del sector privado, por la sencilla razón de que el estado está fundido. El keynesianismo es un entretenimiento discursivo de la burocracia política, porque el estado que no tiene ni moneda, ni crédito, ni credibilidad alguna.
Por eso, es indispensable dar al sector privado certeza sobre lo que piensa hacer el gobierno con por lo menos cuatro cosas. La primera es la tasa de inflación que entorpece cualquier tipo de actividad económica. La segunda es la presión impositiva: cuánto cuesta mantener a los políticos y su clientela electoral. La tercera es el grado de intervención del estado (control de precios, tarifas, etcétera) y la última, la política cambiaria. O puesto, en otros términos, si se mantendrá el supercepo que disminuye la salida de dólares y posterga la corrida, pero que al mismo tiempo hace muy difícil su ingreso vía inversiones.
Esto es lo que debe definir el presidente para dar un horizonte a la economía y limitar, en la medida de lo posible, la puja sectorial que se avecina. Después deberá explicar cómo piensa llevar adelante su programa. Esa es otra cuestión. Depende de su capacidad de liderazgo, un dato que ningún presupuesto incluye.
Sergio Crivelli
Twitter: @CrivelliSergio
