Allá por noviembre de 2018, en vísperas de la llegada a Buenos Aires de algunos de los principales presidentes del mundo para tomar parte en la cumbre del G-20 con Mauricio Macri como anfitrión, la entonces senadora y actual vicepresidenta de la Nación participó en el microestadio de Ferro de una suerte de contracumbre junto a líderes de izquierda. En esa oportunidad, la expresidenta provocó risas y aplausos con su recordada frase "Los gatos son todos gatos y las yeguas son todas yeguas", pero más debió llamar la atención una afirmación no tan celebrada: puntualizó que el sistema de división de poderes data de 1789, el año de la Revolución Francesa, y sugirió con convencimiento que debía ser cambiado cuanto es un sistema de la época en que ni siquiera existía la luz eléctrica.

Más de una vez se quejó también Cristina Kirchner del papel que cumple la Corte Suprema de Justicia en el control de constitucionalidad de los actos de gobierno. Allá por 2012, durante su segundo mandato presidencial, luego de que la Justicia suspendiera un decreto de necesidad y urgencia que disponía la expropiación del tradicional predio de la Sociedad Rural Argentina, escribió en Twitter: "En un desequilibrio total del sistema democrático, jueces gobiernan anulando decisiones propias e intransferibles del Ejecutivo y el Legislativo". Añadió que "no solo se quiebra el principio de igualdad ante la ley, sino que además surge un Superpoder sobre el Ejecutivo y el Legislativo".

Su posición ha sido interpretada por distintos expertos en derecho constitucional como una concepción según la cual el Poder Ejecutivo representa la suma de todos los poderes y los jueces no pueden limitar su gestión, al tiempo que la interpretación final de la constitucionalidad de los actos de gobierno por parte de la Justicia constituiría una restricción inadmisible.

Cuando la expresidenta alude despectivamente al carácter vitalicio y perpetuo de los jueces, y cuando habla de la necesidad de democratizar la Justicia, a lo que apunta en rigor es a la incondicionalidad de los magistrados frente a las pretensiones del Poder Ejecutivo.

El fanatismo que Cristina Kirchner demostró horas atrás en contra del principio de división de poderes en su última carta pública se explica por la particular concepción ideológica que exhibió durante muchos años, pero mucho más por su necesidad de embestir contra todo aquel que no esté dispuesto a acoplarse a un plan que le garantice impunidad.

La vicepresidenta de la Nación volvió a conseguir que todos hablaran de ella y a eclipsar a Alberto Fernández a pocas horas de celebrarse el aniversario de su llegada a la Casa Rosada. En esta ocasión fue más allá de los "funcionarios que no funcionan" que mencionó en su carta del 26 de octubre y de los cuestionamientos al FMI del 15 de noviembre, cuando señaló que acordar con el organismo financiero en busca de soluciones económicas de largo plazo "es completamente inútil y contraproducente", desautorizando lo que estaba haciendo y diciendo el ministro Martín Guzmán. Ahora directamente dio a entender que le molesta el sistema republicano y que hay que cambiarlo. En otras palabras, si no se puede contra los jueces, no hay que dudar en cambiarlos a todos, y si esto tampoco es posible, habrá que pensar hasta en eliminar al Poder Judicial. Después de todo, como sugiere Cristina Kirchner, es un poder anacrónico y sin legitimidad, por no ser sus miembros elegidos por el pueblo, como los integrantes de los otros dos poderes del Estado.

El fastidio visceral de la vicepresidenta se explica por la continuidad de las múltiples causas judiciales en las que se encuentra procesada. La mayoría de sus acusaciones a los miembros de la Corte Suprema no son tanto una presión orientada a condicionar a los magistrados, sino un mensaje directo al presidente de la Nación, en quien ella confió -desconociendo olímpicamente el principio de independencia de la Justicia- para que le resolviera sus problemas judiciales.

"El lawfare sigue en su apogeo", esgrimió la vicepresidenta, en una tácita referencia a la incapacidad del presidente Alberto Fernández y su ministra de Justicia, Marcela Losardo, para avanzar con una reforma judicial extrema que deje atrás las penurias de ella misma y de otros exfuncionarios kirchneristas en los tribunales. Más aún, Cristina insistió en persuadir al Presidente de que el máximo tribunal irá por él si no hace nada: "No debería extrañarnos que la Corte dicte fallos para condicionar o extorsionar a este gobierno o, lo que es peor aún, para hacerlo fracasar".

Con sus aprietes en público a la Corte, la vicepresidenta vuelve a arrinconar y condicionar a Alberto Fernández. No le hace ningún favor al primer mandatario. Por el contrario, acentúa sus problemas. A las serias dificultades económicas y sanitarias que afronta el Gobierno, le suma una dosis de incertidumbre política y de inseguridad jurídica que debilita todavía más la gestión presidencial y que termina de vaciarla de la tan indispensable confianza de los inversores.

Fernando Laborda