En este sentido, una seguidilla de hechos recientes alimentó su furia. La Corte Suprema de la Nación, en decisión unánime, dejó firme una condena a dos años de prisión dictada por la Corte de Jujuy contra Milagro Sala, considerada una víctima emblemática de lo que definen como lawfare o justicia amañada; inmediatamente después la Cámara de Casación dictaminó que la causa abierta por espionaje sobre Cristina Kirchner y otros (periodistas, políticos y personas no públicas), en la que se ha involucrado a la inteligencia oficial bajo la presidencia de Mauricio Macri, deje de estar a cargo de la Justicia Federal con sede en Lomas de Zamora y pase a depender de la sede porteña, Comodoro Py (con la responsabilidad fiscal de Carlos Stornelli).

Estos reveses judiciales son observados como una señal ominosa de lo que puede ocurrir con los procesos que recaen sobre la señora de Kirchner así como sobre la suerte de varios de sus ex funcionarios que esperan sus juicios o ya han sufrido condena.

La presión sobre el Ejecutivo para que disponga un indulto o aliente una amnistía viene siendo resistida por Fernández, que ya afirmó que él no firmará ningún indulto (“una remora monárquica”, consideró) y tampoco promoverá un proyecto de ley para amnistiar (una iniciativa que por otra, con la actual relación de fuerzas en el Legislativo, no tendría chances de progresar). Sergio Massa, presidente de la Cámara baja y socio importante del frente oficialista, también se pronunció negativamente sobre este punto.

En cualquier caso, el Ejecutivo ha tenido que absorber y dar respuesta a los apremios del kirchnerismo (incluidos los apenas más discretos de la vicepresidenta). Así, Fernández pronunció palabras severas: "Es muy difícil hacer una mejor democracia y una república más sólida con jueces que acuden en socorro de sus mandantes políticos o corporativos. Es imperioso abordar cambios que le devuelvan a la Justicia el prestigio que unos pocos jueces y fiscales le han hecho perder". Hubo quienes interpretaron que esas frases configuraron un pecado de intervención de un poder sobre otro. En rigor, opinar no puede confundirse con entrometerse.

Hacete amigo del juez

La ministra de Justicia, Marcela Losardo, había sido si se quiere más específica: "Ya es hora de poner ética y rectitud allí donde evidentemente esos valores han sido dejados de lado. Es hora de abordar las transformaciones necesarias para garantizar una buena administración de justicia -dijo-. Hubo jueces que acordaban y prenunciaban sus fallos con el presidente de entonces" (en referencia a Mauricio Macri) "que jugaban al tenis con él mientras perseguían a sus opositores con argucias legales y que siempre se han negado a hacer público su patrimonio".

Ayer por la mañana, el presidente de la Casación, el magistrado Gustavo Hornos, tuvo que dar explicaciones a sus colegas de Comodoro Py. La alusión de la ministra parecía apuntar sobre él y una denuncia penal lo señalaba como visitante frecuente de la Casa de Gobierno en tiempos de Macri (con quien efectivamente solía jugar al tenis).

La denuncia penal subraya que las fechas de sus visitas se compaginan con momentos de iniciativas impulsadas por lo que han definido como la “Mesa Judicial” del gobierno de Macri. Los camaristas evalúan si mantener a Hornos en la presidencia ensancha la vulnerabilidad del cuerpo ante la ofensiva que pilotean los sectores K o si, por el contrario, apartarlo del cargo se interpretará como una señal de debilidad.

Hornos, por su parte, tiene además por delante la causa judicial y una probable sanción del Consejo de la Magistratura. Este cuerpo, entretanto, acaba de cambiar sus autoridades. Su nuevo presidente (a quien algunos medios sin aprecio por el matiz definen como “kirchnerista”) es Diego Alejandro Molea, rector de la Universidad de Lomas de Zamora y representante del sector académico.

Molea es peronista, más próximo a las posiciones del Presidente que a las de quienes lo cuestionan por la izquierda. Y se convirtió en titular del Consejo votado por unanimidad (oficialistas, independientes y opositores), como producto de un acuerdo político. En cualquier caso, sus primeras declaraciones en el nuevo cargo (que ejercerá hasta 2022) apuntan en la misma dirección que marcó Fernández: "Comparto lo que ha planteado el presidente de la Nación en su momento de asunción, sobre las necesidades y las deudas que todavía tiene la Justicia -dijo-. Vamos a velar por la independencia del Poder Judicial, pero entendiendo que ha habido casos que no han estado a la altura de las circunstancias. No vamos a permitir que se diriman cuestiones políticas en el ámbito judicial”.

Lawfare a la brasilera

Es probable que algún hecho externo contribuya a impulsar entre nosotros un cambio inteligente en la Justicia (que se adelante a contener los bullicios perturbadores o interesados). En Brasil se está desarrollando un proceso que podría avalar las las teorías del lawfare que esgrimen algunas voces en nuestro país. Desde hace meses se conocen públicamente algunos mensajes intercambiados por el entonces juez Sergio Moro y un grupo de fiscales de Curitiba, que intervinieron en el juicio a Luis Inacio Lula Da Silva y lo sacaron con una condena de la competencia electoral en la que finalmente triunfó Jair Bolsonaro.

Esos mensajes, captados por hackers y publicados en el sitio The Intercept Brasil, mostraban una colusión evidente entre el magistrado y los procuradores y la no menos notoria motivación política de todos ellos de marginar a Lula y a su partido. En esos intercambios llamaban a Lula “El 9”, que no era una referencia futbolística, sino una alusión a la cantidad de dedos de las manos del jefe del PT, que perdió un dedo como obrero metalúrgico.

El exjuez Moro (que más tarde sería designado ministro de Justicia por Bolsonaro) aseguró no reconocer la autenticidad de esos mensajes, pero la Policía Federal apresó a los hackers que los interceptaron y tuvo acceso a los archivos de la aplicación Telegram que los había albergado (Operación Spoofing). Así, salieron también a la luz muchos otros mensajes intercambiados entre fiscales y magistrado que confirmaron el escándalo y el juez del Tribunal Supremo Ricardo Lewandowski les otorgó validez.

Ahora, con esos elementos de juicio, el Tribunal Supremo debe pronunciarse en un juicio sobre el comportamiento del ex juez Moro y también, por solicitud de la defensa de Lula, sobre la validez de esas investigaciones y de aquel juicio y sus consecuencias políticas y judiciales.

Cambio inteligente o bullicio autoritario

Más allá de los efectos que ese proceso tenga en Brasil, sus esquirlas sin duda alcanzarán a la Argentina, donde las tensiones entre Justicia, política y sociedad están a la orden del día.

Es improbable que la ofensiva K contra la Justicia tenga el éxito que a veces parecen pronosticarle (así sea para beneficiarse del espanto) sus adversarios más intensos. Hasta ahora, y contando desde el tiempo en que la señora de Kirchner no era vice sino presidenta) todos los intentos se frustraron.

Lo que sí parece inevitable es que haya algunos cambios en ese poder, que efectivamente, como lo mostraron las encuestas que exhibió la ministra, cuenta con una baja calificación de la opinión pública. La propia oposición política es consciente de esa necesidad de reforma y quizás pueda aportar razonablemente -como sectores amplios de la propia corporación judicial- para transformar con criterio constructivo un poder que debe mostrar equilibrio, imparcialidad, transparencia y eficiencia.

Jorge Raventos