“Lo peor que tiene el escándalo es que uno termina por acostumbrarse”, decía Simone de Beauvoir. Quizá algo de eso le pasó al presidente Alberto Fernández. Quizá sea lo que explique por qué, apenas después de echar a su ministro de Salud Ginés González García, primer reflejo ante las revelaciones de un vergonzoso Vacunatorio VIP , haya pasado a tildar de payasada las acciones de la Justicia para investigar el tema, pidiendo a jueces y fiscales “que hagan lo que deben”, como si ese deber no fuera, precisamente, el de indagar a fondo las razones por las cuales funcionarios y amigos del poder nada esenciales, registrados en el colmo de la hipocresía como personal de salud, ya fueron vacunados contra el Covid-19 cuando muchos de los que de verdad lo son y arriesgan la vida en la trinchera todos los días no recibieron aún sus dosis.

En otra de esas que sabemos todos, Fernández la emprendió no sólo contra la Justicia sino también contra los medios: matar al mensajero es otra especialidad de la casa. En el ataque de furia que le sobrevino durante la gira por México, quien suele sacar a relucir su condición de profesor de Derecho en la prestigiosa Universidad de Buenos Aires, tuvo una no menos desafortunada intervención. “No hay ningún tipo penal en la Argentina que diga ‘será castigado al que vacune a otro que se adelantó en la fila’; no existe ese delito y no se pueden construir delitos graciosamente”, dijo el Presidente.

Los propios estudiantes, nucleados en este caso en Franja Morada, fueron los encargados de responderle, convocándolo a debatir sobre el tema. “¿Se anima a decir en un aula de nuestra Facultad lo que declaró a la prensa en México?, propusieron, para agregar: “Cualquier alumno de primero o segundo año le diría que podría aplicarse como mínimo, y entre otras figuras, la de abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público, tráfico de influencias y/o malversación de fondos públicos”.

Aun si la afirmación presidencial fuera correcta, sería muy preocupante que quien ocupa el cargo más alto de la Nación no entendiera la gravedad de lo ocurrido. Con sus declaraciones Alberto F. minimiza el hecho, haciéndolo pasar poco menos que por una travesura, más allá de la contradicción de haber echado a un ministro por eso que considera apenas “adelantarse en la fila” de los vacunados. A despecho de la actitud presidencial, el hecho es gravísimo no sólo porque el “adelanto” puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte; o por las razones que enumeran los estudiantes, o porque consagra una vez más aquello de “todos los animales son iguales pero unos son más iguales que otros”, plasmado por George Orwell en “Rebelión en la granja”.

Lo que dice, y lo que niega, Alberto Fernández es gravísimo por el germen que conlleva. Siete definiciones da la Real Academia Española para el verbo corromper:

• 1) Alterar y trastrocar la forma de algo;
• 2) Echar a perder, depravar, dañar o pudrir algo;
• 3) Sobornar a alguien con dádivas o de otra manera;
• 4) Pervertir a alguien;
• 5) Hacer que algo se deteriore (“Corrompieron las costumbres”, cita como ejemplo),
• 6) Incomodar, fastidiar, irritar;
• 7) Oler mal.

Literal y metafóricamente, todas las acepciones aplican al Vacunatorio VIP.

Años atrás, uno de los jueces que llevó adelante en 1992 la operación Mani pulite (Manos limpias), que dejó al descubierto un monumental sistema de corrupción en Italia, hablaba de su frustración ante los resultados observados con el correr de los años. “La gente ha aprendido a corromper y a dejarse corromper de una manera mucho más refinada”, decía. Hablaba de la dificultad de erradicar este flagelo cuando está tan capilarmente difundido en la sociedad, y catalogaba a la corrupción como un problema cultural, que sólo puede enfrentarse con educación.

Ese es el punto que parece no entender el Presidente. Ofrecer una coima para evadir una multa, pagar millones por participar en una licitación arreglada, sobornar a un funcionario para favorecer a un amigo, “adelantarse en la fila” para recibir una vacuna que le corresponde a otro. Son grados, claro. En la base, el delito es el mismo. 

Silvia Fesquet