Luego de las PASO y la semana de crisis de gobernabilidad que atravesó Alberto Fernández, su gobierno comenzó una carrera contra reloj con el fin de anunciar medidas que permitan generar una sensación de sensibilidad sobre los sectores más castigados por la crisis, con una fórmula que Sergio Massa bautizó hace años como “ponerle plata en el bolsillo a la gente”. Una política conocida que no deja de ser más que un conjunto de nuevas medidas populistas clásicas que nunca obtuvieron un mayor resultado que no sea la “clientelización” del electorado más necesitado de recursos para paliar su situación de modo momentáneo.

Se estima que todas las medidas anunciadas tienen un costo que superará los 150 mil millones de pesos que, por supuesto, saldrán de la peligrosa emisión de moneda que nunca cesó en su andar. Un dato contundente muestra que en los 9 meses que corrieron de este 2021 se puso en circulación 1 millón de billetes de $1.000 por día, y desde el 10 de diciembre de 2019, fecha en la que asumió el binomio Fernández, se sumaron al dinero circulante unos 2,5 millones de billetes diarios de todas sus denominaciones.

Toda esta emisión descontrolada repercute negativamente en inflación y pobreza. “A priori, no toda la emisión monetaria es dañina”, señala el economista Camilo Tiscornia, pero aclara: “es dañina la que se hace en exceso, más allá de lo que la economía necesita para funcionar, y está claro que eso es lo que vino pasando. Tarde o temprano, esto repercute en una mayor inflación con graves derivaciones. Una inflación alta te impide una economía planificada a largo plazo; así no hay crédito ni inversión a largo plazo y eso repercute en el crecimiento económico”. Pero también Tiscornia detalla cómo la inflación afecta más a los sectores desprotegidos: “la inflación afecta mucho más a los costos de los alimentos, por lo tanto, castiga especialmente a los pobres, que no tienen forma de resguardarse”.

No todo este dinero se gasta en políticas sociales o aumentos del gasto en medidas que podrían considerarse necesarias y perdurables. Buena parte va a las provincias, municipios y organizaciones intermedias que responden al gobierno, para que terminen haciendo lo que mejor les sale y les exige la hora: la caza de votos.

El clientelismo es una práctica artera de compra de voluntades electorales, donde claramente está marcada la opresión que, desde el poder, se ejerce sobre quienes padecen sus políticas. Es tan perverso el juego que ofrece el clientelismo que hoy los receptores de esas dádivas se encuentran frente a quien no supo resolver sus problemas de calidad de vida, que los dejó sin la posibilidad de trabajar por meses, que atentó contra la economía informal dentro de la cual se mueve este conjunto social, que los dejó con escuelas cerradas por más de un año y que ahora, ante el riesgo de perder las elecciones, les ofrece algo a cambio de un voto que, paradójicamente, puede fortalecer a la fuerza política que este año y medio agravó su condición de precariedad económica y social. Pasando en limpio, la misma fuerza política que suspendió el derecho a asistir a la escuela, que violó derechos constitucionales, que atentó contra los derechos humanos, que impidió trabajar, hoy quiere recomponer su imagen regalando un electrodoméstico.

Esto sucede porque el clientelismo, para ser efectivo, también necesita de una relación de poder asimétrica en la que se evidencie el predominio de intereses particulares sobre el interés colectivo, porque si bien siempre está presente, aparece con más fuerza y se vuelve más recurrente cuando el gobierno y la representación partidaria que lo ejerce se encuentra en una situación de debilidad política y falta de credibilidad. Y nos afecta a todos porque, como consecuencia, se debilitan más las instituciones que pierden legitimidad cuando se desnuda el funcionamiento de procesos poco transparentes e irregulares y porque también suelen culminar en hechos de corrupción.

Es así como vemos diariamente, y las redes sociales ayudan mucho a viralizar estos episodios, cómo se entregan bolsas de comida, bicicletas, electrodomésticos y hasta dinero en efectivo con el fin de conseguir el voto que sume a la necesidad electoral del Frente de Todos. Ni siquiera lo disfrazan como un acto de gestión de política pública; todo lo contrario, reafirman el sesgo partidario como si esa pertenencia les diera derecho a apropiarse de lo público.

Para colmo, el dinero que cuesta todo ese armado electoral no sale del bolsillo de los Fernández, de los ministros, gobernadores, intendentes o de los propios candidatos. Sale del financiamiento público, del gasto estatal, es decir, de todos los ciudadanos cuando pagamos nuestros impuestos, hasta con el IVA de nuestras compras que no discrimina entre un producto suntuoso que puede adquirir alguien con alto poder adquisitivo y un paquete de arroz que compra un jubilado de bajos recursos. En definitiva, somos una sociedad que, sin distinción de ideología o simpatía política, hoy está siendo obligada a financiar la campaña del Frente de Todos.

Esta forma de hacer política, tan común en la región, ya era denostada por muchos intelectuales europeos a principios del siglo XX, como una manera de criticar a los modelos autoritarios que intentaban disfrazar el interés particular de un proyecto político, por una necesidad general. Bien lo definió el dramaturgo Louis Dumur, al señalar: “La política es el arte de servirse de los hombres haciéndoles creer que se les sirve a ellos”.

El oficialismo tiene todo el derecho de intentar convencer a la población de que son la mejor opción y que su gobierno merece mayor respaldo popular, como todo partido político que disputa una contienda electoral. Lo grave son sus formas para conseguirlo, porque, fuera de los votos que puedan captar, nadie se beneficiará con estas medidas populistas, mucho menos las personas en situación de pobreza que no dejarán de ser pobres por una decisión electoralista, sino todo lo contrario, reafirmarán su lugar de estancamiento social, desmintiendo aquella frase que solía esgrimir el kirchnerismo sobre las políticas que generaban “movilidad social ascendente”.

Nunca sucedió eso, ni aún en el mejor momento de la economía, y mucho menos ahora, con una crisis económica que se siente cada vez más cómoda entre nosotros, porque nadie hace lo correcto para erradicarla. Y será peor aún, si siguen obligando a todos a financiar la campaña de quienes pregonan un modelo político que ya dio demasiadas muestras de fracaso.

Daniel Santa Cruz