Alberto Fernández intentó preservarse frente a la tensión creciente por el Consejo de la Magistratura. En esa línea, de manera poco efectiva y más bien insólita, desde Olivos se pretendió descargar responsabilidades y costos exclusivamente sobre el kirchnerismo como espacio interno y sobre el Congreso en el plano institucional. El conflicto escaló, como era previsible, y proyecta un desafío político grave para los próximos días. El Senado y Diputados deben resolver si acatan o no la decisión de la Corte Suprema para designar dos consejeros. El conflicto involucra ya a los tres poderes del Estado y a todos los integrantes del oficialismo. 

El oficialismo fracasó en el primer paso para empantanar la integración ampliada del organismo que, básicamente, maneja los procesos de selección y destitución de jueces. La Corte asumió la presidencia del cuerpo, con Horacio Rosatti, y dispuso sumar a los miembros necesarios para completar los 20 asientos, en función de su fallo. Habían pasado apenas unas pocas horas “hábiles” luego de que venciera el plazo, incumplido, para sancionar una nueva ley.

Pero además de ese gesto, la Corte desarmó el escudo que le era funcional a todos en el oficialismo: anuló la medida “precautelar” dictada por Daniel Alonso, juez federal de Paraná, para bloquear la designación de un senador y un diputado por la minoría en el rearmado Consejo de la Magistratura. La presentación había sido hecha por el legislador entrerriano Marcelo Casaretto. Atendía políticamente necesidades compartidas: el rechazo cerrado de Cristina Fernández de Kirchner en el Senado, cierto espacio para buscar una alternativa en Diputados y la toma de distancia de Olivos.

De entrada, quedaron a la vista algunas evaluaciones poco maduradas, endebles. Era esperable que la presentación cautelar terminara rápidamente en la nada. La movida fue atribuida al kirchnerismo orgánico, calificación que fue endilgada a su promotor formal. En rigor, el diputado entrerriano no es un hombre del kirchnerismo duro, como se vio en su voto por el acuerdo con el FMI. Con vueltas en la interna del peronismo de Entre Ríos, acompañó al gobernador Gustavo Bordet y tiene buen vínculo con las autoridades de la Cámara y con la Presidencia.

Fue sólo una muestra del cuadro doméstico. En las próximas horas o en pocos días, quedará expuesto otra vez si el oficialismo cuenta con una única línea en esta materia. Debe resolver en el Congreso la designación, o no, de un senador del PRO (el cordobés Luis Juez) y de una diputada de la UCR (la santacruceña Roxana Reyes) como integrantes del Consejo de la Magistratura. Cerca de la ex presidente, domina el rechazo. Y alrededor de Massa, consideran que la semana próxima deberían avanzar con el tema y buscar una alternativa que allane el camino a una nueva ley. En cualquier caso, debería negociar con otros espacios. El kirchnerismo presiona para frenar el trámite. Y lo que viene podría ser un empantanamiento del tema en el Congreso.

Es otro frente de conflicto. Hasta ahora, Olivos había buscado desprenderse de responsabilidades directas, a pesar de haber compartido con el kirchnerismo los cuestionamientos, cada vez más ásperos, a la Corte. Pero en este caso, dejó trascender que el Ejecutivo envió su proyecto de reforma del Consejo de la Magistratura con suficiente tiempo como para anticiparse al vencimiento del plazo impuesto por la Corte. Visto así, por desmanejo o intencionalidad, el desenlace sería exclusivamente un tema de CFK. El Senado aprobó el texto hace diez días y lo giró a Diputados sin tiempos ni margen numérico para negociar allí una salida.

Ese argumento de algunos integrantes del círculo más cercano al Presidente es fruto de una visión siempre atada a la fisura con el kirchnerismo, como si la responsabilidad de gobierno estuviese restringida a ese juego erosionante. De hecho, las reacciones públicas más descalificantes de los últimos pasos de la Corte partieron desde el Ministerio de Justicia, es decir, desde un ámbito del Gobierno, más allá de la parcelación de áreas.

El ministro Martín Soria es un kirchnerista duro. Y el funcionario de mejor y más vieja sintonía con CFK es el viceministro, Juan Martín Mena. Manejan una cartera que alguna vez respondía al Presidente. Soria habló de “golpe institucional” en sus párrafos contra la decisión de la Corte sobre el Consejo de la Magistratura. Y Mena prefirió otro giro –“deterioro democrático”- para sostener que el oficialismo no puede “permitir” esta situación y que debe insistir con su proyecto -que deja afuera a la Corte- en Diputados.

El recuento hasta este momento es claro: expone un conflicto de perfil institucional que, se ha dicho, involucra a los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Y que no deja afuera a ninguno de los principales referentes del oficialismo. A eso se agrega otro pico de disputa con la oposición, que complica además el frente legislativo.

Juntos por el Cambio reclamó una pronta resolución de las designaciones del senador y el diputado por minoría que restan integrar al Consejo de la Magistratura. Y advirtió que podría denunciar penalmente a CFK y a Massa.

En respuesta, el kirchnerismo avanza con una movida para poner en discusión el criterio de “segunda minoría” que exponen el PRO y la UCR. Y hasta decidió dividir formalmente su bloque en el Senado para reclamarlo como propio, estribación de lo que fue la ex presidente en minoría. Habrá que ver cómo juegan otros espacios, especialmente, en Diputados, el interbloque que integran el peronismo cordobés, legisladores de inicial marca “lavagnista” y socialistas santafesinos.

Por lo pronto, JxC podría hacer en estas horas algún tipo de demanda ante el estancamiento en las dos cámaras. Es un horizonte de nueva judicialización. Lo dicho: el conflicto tiñe todo.

Eduardo Aulicino