Viernes, 22 Julio 2022 07:53

Horas decisivas, entre el vértigo y la sangre - Por Jorge Raventos

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El dólar blue alcanzó una cotización de 338 pesos: el lunes 4 de julio, fecha en que Silvina Batakis tomó la posta arrojada por Martín Guzmán en el ministerio de Economía, la cotización era 93 pesos más baja. En 17 días el incremento fue de 38 por ciento. Ese mercado paralelo (minúsculo por las cifras que opera, pero muy potente por los procesos que desencadena) no ha sido una señal aislada: conjuntamente caía el valor de los bonos emitidos por el país, subía el índice de riesgo y se sumaban malas noticias desde el frente de los precios domésticos. 

Es tentador sostener que los mercados no le han dado crédito a la ministra. Pero la verdad va más allá de ese punto: en estos días no solo se están expresando "los mercados", sino un amplísimo espectro social que ha perdido la confianza, no en una funcionaria al fin de cuentas recién llegada a su cargo, sino en el gobierno que debería sostenerla y que, en cambio, no deja de exhibir su impotencia, su inmovilidad, sus tensiones intestinas, su disgregación y su desconcierto. 

Alberto Fernández, titular del Poder Ejecutivo, ha malgastado durante dos largos años el capital de autoridad asociado histórica e institucionalmente a la figura presidencial, amagó sin convicción un ejercicio autónomo de sus atribuciones, la composición de una fuerza interna que le diera consistencia y estructura territorial (sindicatos, movimientos sociales, gobernadores, intendentes) y el tendido de puentes hacia sectores dialoguistas de otras fuerzas políticas para capitular una y otra vez ante el embate de las corrientes más intolerantes de su coalición, encarnadas fundamentalmente por la vicepresidenta. Durante cierto tiempo sus reincidentes repliegues quisieron ser leídos como expresiones de tiempismo, como paciencia estratégica, como la espera del momento más oportuno para emanciparse, pero después de usar ese recurso durante más de la mitad de lo que abarca su período el resultado es una supeditación creciente, que suscita la decepción de la mayoría de quienes querían tomarlo como punto de referencia para orientar y ordenar al gobierno y al oficialismo.

VACIO DE PODER

El vértigo de estas semanas refleja el vacío de poder expresado por una presidencia sin atributos, una vicepresidenta que influye más que el titular del Ejecutivo (y a menudo en un sentido contrapuesto), pero cuyas prerrogativas institucionales no autorizan que ejerza la autoridad máxima (salvo en caso de licencia, viaje, renuncia o muerte del Presidente) y cuyas capacidades políticas están fuertemente limitadas por la resistencia que despierta en la opinión pública en general (incluyendo a la opinión pública peronista).

Para contribuir a la aceleración de la crisis, comienza a evidenciarse un creciente protagonismo de la calle, es decir, la participación y la acción directa de los ciudadanos en -digamos- la plaza pública.

Hace unos días los productores rurales manifestaron en distintos puntos del país, reclamando por la falta de gasoil que incide sobre la comercialización de sus productos y también (pero no lo menos importante) por la presión que se ejerce sobre el campo vía retenciones y diferencia entre el dólar que reciben por sus exportaciones y las cotizaciones "libres" (blue, dólar bursátil, etc.). En el ámbito urbano y, si se quiere, a contramano del reclamo rural, se producen las marchas de movimientos sociales, muchas de las cuales demandan ahora la creación de un "salario básico universal". Lo novedoso en estas movilizaciones es la confluencia (y en algunos casos, la coincidencia) entre organizaciones ligadas a los trotskismos vernáculos y otras conectadas con el peronismo o con el kirchnerismo.

LA SOGA DEL AHORCADO

Resulta significativo que esta semana la figura que se destacó por su acidez oratoria haya sido Juan Grabois, referente de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, miembro destacado del oficialismo e interlocutor frecuente de Máximo Kirchner y de su madre, la vicepresidenta. Grabois adoptó un tono arrebatado en sus intervenciones y se dirigió retóricamente al Presidente: "No nos salgas a decir que hay que calmar a los mercados: vení y calmanos a nosotros, porque hay algunos gauchos y gauchas acá que estamos dispuestos a dejar nuestra sangre en la calle para que no siga habiendo esta hambre en la Argentina (...) Es una cosa tan elemental que yo no entiendo por qué no se dan cuenta de que no es una marcha política! ¡La puta madre! ¡Es obvio que esto no da para más!". Cuando más tarde le pidieron explicaciones por sus palabras (en especial, su invocación a la sangre), su respuesta sembró nuevas inquietudes: "Prefiero decirlo ahora y no lamentarme cuando empiecen los saqueos".

En una Argentina con la inflación desbocada y un trasfondo de enormes necesidades insatisfechas, las invocaciones a la sangre y los saqueos equivalen a mentar la soga en casa del ahorcado. No se trata, por cierto, de eliminar al mensajero, pero sí de reclamar prudencia -especialmente a un dirigente que forma parte del oficialismo- para no transformar un pretendido salvataje en un incendio de proporciones. Entre las sugerencias indirectas que Grabois sembró estuvo una dirigida a reclamar acción contra los productores agropecuarios que conservan sus granos en silosbolsa esperando a que mejoren las circunstancias cambiarias para venderlos. Según el ministro de Agricultura, Julián Domínguez, los silosbolsa conservan unos 14.000 millones de dólares en granos. El gobierno piensa procedimientos para inducir amablemente la liquidación de esos activos, que refrescarían las reservas oficiales. Grabois sugiere métodos más expeditivos.

Los que siempre le buscan una quinta pata al gato imaginan que las filípicas de Grabois son parte de una estrategia destinada a presionar al campo. Más bien son un instrumento de presión sobre el gobierno -sobre Fernández y también sobre Silvina Batakis- para que los recortes de gasto público que la ministra anunció no toquen fondos de las corrientes afines a Grabois.

Son también una evidencia de que la crisis ha ingresado en una zona de mucha aceleración. Batakis y el gobierno tienen que avanzar en ahorros que permitan llegar al examen de septiembre ante el FMI con la mayor parte de los deberes cumplidos. Y eso implica ajustar. Y pisar intereses. Es decir, incrementar tensiones.

El oficialismo empieza a entender que su poder no alcanza para afrontar la crisis. La realidad va indicando la necesidad de buscar apoyos más allá de sus propias filas. Hasta el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, confesó ante líderes opositores esa necesidad.

La estructura ya empieza a crujir: la inflación no para, pese a los controles; el peso sigue perdiendo valor frente al dólar, con o sin cepo. Las reservas del Banco Central no alcanzan para realizar maniobras defensivas de la cotización y satisfacer las necesidades del sistema productivo que necesita divisas para comprar insumos o máquinas. La desconfianza se trasmite.

PONER CONDICIONES

Ocurre ahora que buena parte de la oposición toma distancia y rechaza cualquier acercamiento. No todos responden igual. Por caso, Horacio Rodríguez Larreta y Gerardo Morales (dos jefes de distrito de la oposición) no rechazaron la posibilidad de un diálogo. Lo que hicieron fue poner una condición: primero el oficialismo tiene que ponerse de acuerdo internamente.

Es una condición de difícil cumplimiento, pero ante el precipicio que abre una gran crisis se perfecciona la lucidez de los involucrados. "Las coincidencias se elaboran en el Congreso", dijo Morales. ¡Una tarea para Sergio Massa! Tal vez no sea tarde todavía para reflotar la idea de Massa como jefe de gabinete. Ni para volver a desenfundar los cinco puntos de acuerdo que el presidente de la Cámara Baja esgrime desde hace meses como puente para generar políticas de Estado.

¿Puede ser que la crisis sea la partera de una coincidencia "del 70 por ciento" para que este período constitucional funcione como transición a una etapa de estabilidad y acuerdos?

La ilusión se alimenta, sobre todo, con la desesperanza que genera un gobierno tan desvencijado que no promete capacidad para cubrir con estabilidad mínima los meses que restan hasta las elecciones de 2023, que todos invocan y ven tan remotas.

La situación se viene preparando desde hace meses. En octubre de 2021 escribíamos en este espacio: "Estas situaciones donde se juega al equilibrio en el borde se pueden desmadrar de un día para otro. La crisis que obligó a Raúl Alfonsín a adelantar la entrega del poder en 1989 o la que concluyó abruptamente la presidencia de Fernando de la Rúa son ejemplos. Esos casos se evocan últimamente ante la sospecha de que se produzcan hechos que hagan estallar la gobernabilidad.

La Argentina es un país de instituciones débiles, en el que, sin embargo, un traspié institucional puede contenerse y sostenerse a condición de que haya poder político. En julio de 1989, cuando la hiperinflación suscitó crisis social y saqueos y se convirtió en insoportable para el gobierno de Raúl Alfonsín al que aún le restaban seis meses, el sistema político pudo dar una respuesta porque ya había un presidente electo y éste contaba no sólo con la legitimidad de su victoria en las urnas, sino que ostentaba una gran legitimidad en su propia fuerza, pues había alcanzado la candidatura a través de un multitudinaria comicio interno del que participaron casi dos millones de afiliados al justicialismo. La crisis se pudo contener porque hubo un traspaso anticipado del gobierno: ese anticipo -institucionalmente heterodoxo- apoyado en un poder político que tenía solidez, legitimidad y consenso permitió surfear la crisis y consolidar sobre la marcha el edificio institucional.

DEBILIDAD PRESIDENCIAL

El certificado de gobernabilidad que aportaba entonces Carlos Menem estaba dado no sólo por haber triunfado en la elección general sino por el poder político que emanaba de la autoridad democráticamente sostenida por su propio partido.

La legitimidad del gobierno de Alberto Fernández, aunque incuestionable por su triunfo de 2019, arrastra una debilidad de origen: su candidatura dependió de un solo voto, el de una persona qué internamente había sido vetada por el conjunto de su fuerza y sobrellevaba una altísima cuota de rechazo social, factores que lúcidamente la llevaron a declinar una candidatura propia.

Por tales motivos, la presidencia de Alberto Fernández cuenta a esta altura con pilares políticos extremadamente vulnerables".

Fernández tenía la esperanza de alcanzar una fortaleza mayor después del encuentro que viene programando con su colega estadounidense, Joe Biden y que tiene fecha para la semana próxima. Ayer tuvo la mala noticia de que, aquejado por el Covid, Biden tal vez deba postergar ese encuentro.

En cualquier caso, la vulnerabilidad de la presidencia no se arregla mágicamente. Menos aún si, como ocurre en este caso, está acompañada por una disgregación funcional del sistema de gobierno. Esto no se soluciona, evidentemente, con un mero cambio de gabinete. Hace falta la reconstrucción de un centro político apoyado en fuerzas más amplias que el actual oficialismo.

La reforma constitucional del 94, al crear la figura del jefe de gabinete, abrió un resquicio institucional que puede sostener excepcionalmente una transición de emergencia. La jefatura de gabinete, impulsada por Raúl Alfonsín con el estímulo intelectual del jurista Carlos Nino, procuraba afirmar la estabilidad en situaciones de debilitamiento presidencial, permite conservar esta figura como símbolo de la unidad del Estado y generar una jefatura política de la administración apoyada en acuerdos de base parlamentaria.

¿A qué cotización debería llegar el dólar para que ideas tan peregrinas adquirieran factibilidad y hasta utilidad práctica?

Jorge Raventos

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