Miércoles, 02 Noviembre 2022 07:39

¿Quién gana y quién pierde si se suprimen las PASO? - Por Fernando Laborda

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Subsisten las dudas en el oficialismo sobre la conveniencia o no de eliminar las elecciones primarias; terceras fuerzas, como la liderada por Milei, se beneficiarían con su supresión 

Dos son los objetivos que persigue el kirchnerismo con su presión para eliminar las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO). El primero de esos propósitos es complicar a la principal fuerza opositora, Juntos por el Cambio, a la hora de elegir a sus candidatos a integrar la fórmula presidencial para los comicios de 2023 y así atomizarla. La segunda finalidad es consolidar la figura de la vicepresidenta Cristina Kirchner como gran decisora dentro de la coalición oficialista, ya se trate de que juegue, finalmente, como postulante presidencial, o que ejerza el papel de electora, como cuando ungió a Alberto Fernández en 2019. 

Luego de algunas semanas de análisis, no exentos de dudas, el kirchnerismo se decidió a impulsar la eliminación de las PASO, pese a que el presidente de la Nación defiende el mantenimiento de esta herramienta electoral tendiente a la selección de candidatos en cada fuerza política con participación de toda la ciudadanía.

El vocero de esta propuesta fue, curiosamente, Eduardo “Wado” de Pedro, quien además de ser ministro del Interior, suena como un potencial candidato presidencial del kirchnerismo si Cristina Kirchner renuncia a asumir esa candidatura.

De Pedro fue enfático, aunque recurrió a un argumento harto discutible. Afirmó que el 100 por ciento de los gobernadores provinciales que forman parte del Frente de Todos se manifestaron a favor de que no haya tantas elecciones en un año y que, por ende, no debía haber PASO. Se trata de un argumento cuestionable porque la simple voluntad de los gobernadores no debería contar para dirimir la eliminación de un mecanismo electoral a solo diez meses de su proyectada realización.

Pero hay otra razón que inhabilita a dirigentes como De Pedro a impulsar tan alegremente la eliminación de las elecciones primarias. Esa razón es que, más allá de la propia resistencia de Alberto Fernández a su derogación, dentro del kirchnerismo hay no pocos dirigentes que temen dos cosas: que esta decisión termine convalidando el dedo de Cristina Kirchner y que, al mismo tiempo, los dirigentes de Pro y del radicalismo se pongan de acuerdo en llevar a cabo elecciones internas abiertas que terminen potenciando a la oposición ante la pasividad de la coalición oficialista.

Aun cuando pueda reemplazarlas por su propia interna abierta, Juntos por el Cambio podría verse perjudicado por la desaparición de las PASO. Es que este sistema históricamente favorece en las elecciones generales al llamado “voto útil”, que termina castigando a las terceras fuerzas y profundizando la polarización entre las dos agrupaciones más votadas en las primarias.

Por caso, si la fuerza liderada por Javier Milei, aun cuando realice una buena elección, termina tercera en las PASO, no sería improbable que algunos de sus votantes en esa instancia decidan apoyar a Juntos por el Cambio en los comicios generales pensando que sería la única fuerza que podría derrotar al kirchnerismo.

Del mismo modo, la supresión de las PASO abriría la posibilidad de que más fuerzas políticas participen de los comicios generales, dividiendo el arco opositor. Esto ocurriría porque hoy las PASO funcionan como un filtro, ya que aquellas fuerzas políticas que no alcancen el 1,5% de los votos válidos emitidos no están habilitadas para tomar parte en la elección general. Al desaparecer ese filtro, podrían anotarse muchas más fórmulas presidenciales en la primera vuelta electoral, atomizando a las expresiones opositoras.

La oposición nucleada en Juntos por el Cambio criticó duramente el proyecto para eliminar las PASO que fue presentado por un grupo de diputados cercanos al oficialismo, encabezados por Luis Di Giácomo, del bloque Juntos Somos Río Negro.

Los principales dirigentes de la oposición calificaron la iniciativa como “un atropello institucional” por el hecho de que se intente modificar las reglas de juego electorales a poco tiempo de los comicios y cuando los partidos políticos se encuentran definiendo sus estrategias.

Al oficialismo le queda todo este mes antes de que concluya el período ordinario de sesiones para aprobar este polémico proyecto. Pasado noviembre, el Congreso entrará en receso y no parece probable que el presidente de la Nación incluya por ahora este tema en un eventual período de sesiones extraordinarias.

En la Casa Rosada se comenta que la eliminación de las PASO no sería funcional a la aspiración de Alberto Fernández de postularse a su reelección presidencial. No obstante, la mayoría de los analistas ven este supuesto anhelo del primer mandatario solo como una táctica tendiente a no perder el centro de la escena política aún más y a no convertirse en un “pato rengo” prematuramente.

Distintos sondeos de opinión pública coinciden en indicar que el primer mandatario se encuentra en uno de sus peores momentos en términos de imagen positiva en la población. A menos que en el primer semestre de 2023 la sociedad advierta un giro de 180 grados en materia económica, las chances de Alberto Fernández de ir por su reelección son prácticamente nulas. Y no faltan quienes sostienen que, en caso de que se produzca esa suerte de milagro económico, el beneficiario, más que el jefe del Estado terminaría siendo el ministro de Economía, Sergio Massa.

Claro que el dilema de las PASO no se limita a determinar a qué fuerzas políticas puede favorecer y a cuáles perjudicar. Hay algunos motivos institucionales que hacen dudar de este sistema electoral. Uno de los aspectos más cuestionables de las PASO se vincula con su realización cuatro meses antes del traspaso del poder presidencial.

Cuando se reformó la Constitución Nacional en 1994, tras la triste experiencia de 1989, cuando Raúl Alfonsín debió anticipar la entrega del poder al entonces presidente electo, Carlos Menem, los convencionales buscaron acotar al máximo el período entre las elecciones y la transferencia del mando. Para ello, establecieron que los comicios generales debían llevarse a cabo dentro de los dos meses anteriores a la asunción del nuevo presidente y que la hipotética segunda vuelta electoral se efectuara dentro de los treinta días de celebrada la primera. Pero la sanción de la ley que creó las PASO generó condiciones para que un resultado contundente a favor de la oposición dejara prematuramente débil a un presidente en ejercicio aun antes de la realización de la elección general. De este modo, las PASO pueden convertirse en un elemento de inestabilidad política imprevisto.

Más allá de los cuestionamientos que se han hecho a las PASO, resulta claro que ningún sistema electoral es perfecto ni mucho menos inocente. Siempre beneficiará o perjudicará a alguien, por lo que lo más aconsejable, para propiciar la neutralidad, es que ninguna reforma electoral se instrumente de inmediato, sino que debería ser pensada para dentro de dos tandas de procesos eleccionarios y no para las más inminentes elecciones.

Fernando Laborda

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