El Presidente lo expresó colocando la camiseta de Estudiantes en su despacho. En realidad, él y sus funcionarios entraron tarde en una discusión que varias veces quisieron evitar. Pelearse con una AFA respaldada por los campeones del mundo es siempre piantavotos. El Gobierno terminó razonando así el año pasado cuando, después de varios meses de fricciones por el artículo de la Ley Bases que permitía a los clubes convertirse en sociedades anónimas y dos fallos judiciales en contra, decidió cerrar 2024 con una tregua: Karina Milei viajó con Manuel Adorni en diciembre al congreso de la FIFA en Asunción y se sacaron ahí, sonrientes, una foto con Tapia.
Milei decidió esta vez evitar el viaje. No irá al sorteo de la Copa del Mundo en Washington. Anteayer, en la primera declaración pública que tuvo sobre la crisis que terminó en la sanción a Juan Sebastián Verón y a los jugadores, Tapia dio a entender que el ataque venía en realidad de la Casa Rosada. “No es la primera vez que vivimos esto: pasaron tres presidentes en mis 9 años y me quedan muchos más”. ¿Por qué esa conclusión? ¿Pensaba en las investigaciones de la UIF y el Banco Central contra Ariel Vallejo, dueño de Sur Finanzas y vinculado con él y Pablo Toviggino? No lo dijo. En la AFA alentaban este año a los clubes a contratar los servicios de la empresa para el débito automático de las cuotas.
El poder del fútbol no estaba hasta ahora entre las prioridades de Milei. Parecía más una batalla de Macri. Varios libertarios desaconsejaban librarla, con el argumento de que era en realidad ocuparse de obsesiones ajenas y con todo para perder. Pero tal vez resulte útil mientras se afronta lo más arduo: negociaciones múltiples para lograr que la economía sea competitiva.
El mejor ejemplo de este dilema es la reforma laboral. El Gobierno pretende enviarles el proyecto terminado a las cámaras el 9 de diciembre, un día antes de que asuman los nuevos legisladores, pero es consciente de que no tiene en sus manos el borrador ideal: hay sueños que quedarán en el camino. Sandra Pettovello, ministra de Capital Humano, suele repetir en privado que la prioridad es que la reforma salga aun si hubiera que soltar algunos artículos. Federico Sturzenegger parece, en cambio, más inflexible. El ministro de Desregulación apunta, por ejemplo, a que se elimine la cuota sindical y se acoten los mandatos de los jefes de los gremios.
Quedó bien claro el martes en la reunión convocada en la Casa Rosada para discutirla, de la que participaron también Martín Rappallini, presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), y Gerardo Martínez, líder de la Uocra. Martínez salió disconforme. Adentro se había quejado de que el borrador del proyecto no estaba completo: lo que tenía en sus manos parecía más bien un índice de temas. “¿Para qué hacemos esta reunión?”, preguntó. “Yo no sé si Federico es halcón o, en realidad, se hace para después negociar”, razonó otro de los presentes.
Martínez fue al día siguiente a ver a Santiago Caputo. Se quedó más tranquilo. Le oyó al menos un concepto alentador: que la reforma sería discutida bajo una lógica política, no ideológica. Pero es difícil sacar algo en limpio porque el texto no está terminado. El martes, por ejemplo, en la orden del día de la reunión de los equipos técnicos apareció una novedad: entre los sectores excluidos de las normas de la ley de contrato de trabajo, el artículo 2 menciona también al del “traslado de personas y mercadería”. Es decir, el que nuclea a Uber, a Rappi y a Cabify. La legislación para esas empresas será seguramente uno de los puntos controvertidos. Ya ocupa por lo pronto a algún lobista, que llevó el miércoles a los CEO de las tres empresas a la Casa Rosada con la máxima aspiración: convencer a Karina Milei.
En la UIA coinciden más con Sturzenegger. Por una vez, dirán los proteccionistas. En las grandes empresas quisieran, por ejemplo, que prosperara algo que se planteó hace dos semanas, la idea de aplicar un tope de diez años a la antigüedad para calcular las indemnizaciones. Una modificación difícil porque afecta derechos adquiridos contemplados en el artículo 75, inciso 12, de la Constitución nacional y que hasta algunos técnicos del Gobierno desaconsejan. El argumento para no incluirla es que no tendría efecto inmediato: como los trabajadores que ya superan los diez años de experiencia irán a la Justicia y tienen grandes posibilidades de ganar, el cambio solo regirá para los nuevos y una vez que cumplan una década. Es decir, no antes de 2035.
La reforma laboral es solo una de la serie de medidas sin las cuales la Argentina, que tiene según la Fundación Mediterránea la productividad en el peor nivel desde 2006, difícilmente pueda crear empleo. Incluso si todo saliera como el Gobierno espera, la transición hacia un país no inflacionario, abierto al mundo y atractivo para la inversión será dolorosa. Whirlpool anunció esta semana que dejaría de fabricar en una planta que había inaugurado en 2022 con la pretensión de exportar. Se dedicará a importar. Es probable que haya otras en igual situación. En 2023 la Argentina tenía diez fabricantes de heladeras; nada hace prever que la mayoría no deba someterse a un cambio de estrategia. Pero sin un buen mercado de capitales ni crédito, no habrá transformación ni éxito.
Por eso el Gobierno necesita todavía tasas más bajas. Luis Caputo, ministro de Economía, tiene decidido salir al mercado de deuda a mediados de diciembre para pagar 4200 millones de dólares de enero. Lo haría incluso si tuviera que pagar una tasa mayor que la recomendable. La sola decisión de renovar el vencimiento y no cubrirlo con reservas o un préstamo, ha dicho en privado, será una señal mucho más alentadora para el objetivo que se propone, que es la caída del riesgo país. Caputo dice haberlo hablado ya con Scott Bessent, su par norteamericano.
La inflación deberá, mientras tanto, seguir hacia abajo. Tal vez no como lo imaginaba el Gobierno a principios de año. En el equipo económico admiten que el efecto de los desajustes cambiarios en los cuatro meses previos a las elecciones y lo que queda pendiente en el reacomodamiento de precios relativos extenderían los plazos. Probablemente haya que convivir durante el primer trimestre de 2026 con 2% mensual, esperar un 1,5% para el segundo trimestre y, si se cumple, un dígito anualizado para la segunda parte del año.
El año es largo e incluirá conflictos. ATE, por ejemplo, acaba de anunciar que hará medidas de fuerza sorpresivas en diciembre. Rodolfo Aguiar, secretario general del gremio, es quien admitió días atrás que trabajaba para desestabilizar al Gobierno. Recibió una denuncia de Patricia Bullrich. Hace un año, el propio Aguiar proponía “cortarles la cabeza a los libertarios”. Es el tipo de contrapunto y hasta las metáforas que elegirían los asesores de Milei. La cancha embarrada donde también Tapia eligió jugar. Parece guionado por Santiago Caputo.
