A medida que se observa el funcionamiento del Parlamento, se despeja una incógnita que está planteada desde el comienzo de la administración Milei: ¿Dónde empieza y dónde termina el oficialismo? ¿Dónde empieza y dónde termina la oposición? La aparición de Milei y la constitución de su gobierno es solamente una pieza de un rompecabezas más amplio, que se ha rearmado. El Presidente es la manifestación de una nueva configuración de la política como se la conocía. Hay crisis en el peronismo y en el Pro. Juntos por el Cambio desapareció. Y se va constituyendo La Libertad Avanza con bordes imprecisos.
a habido un logro del Gobierno que quedó opacado por la discusión en torno a dos problemáticas. Una de ellas es la política del Ejecutivo frente a las personas con capacidades diferentes. Se trata de un tema que caracteriza cada vez más al oficialismo, sobre el cual el Gobierno tiene una obstinación misteriosa. Está empecinado en modificar los recursos que el Estado destina a la atención de las personas con discapacidad. Alrededor del intento de derogación de la ley que prevé capitales para nutrir a esta política, la administración Milei cosechó un fracaso, derrota que escondió un gran éxito. La Libertad Avanza finalmente logró aprobar el presupuesto prácticamente a libro cerrado. Si no se hubiera introducido el llamado capítulo XI, que también pretendía derogar la ley de financiamiento universitario, el Gobierno podría haber dado la vuelta olímpica.
¿Cuál era el plan del ministro de Economía? Luis Caputo se proponía ir a la negociación por el pago de deuda que debe afrontar en el mes de enero mostrándole al mercado un par de logros. Uno de ellos, la aprobación del presupuesto. Es difícil que un país pueda salir a pedir dinero si no tiene este último, por lo que obtener el visto bueno en tiempo y forma, y antes de fin de año, era de suma importancia.
Con esto en mente, se están realizando reuniones casi superpuestas con las fiestas dentro del Congreso. De hecho, el Senado sesionará el 26 de diciembre. Además, Caputo pretendía mostrarle al mercado una ley -aunque tuviera solo media sanción en Diputados- de reforma laboral. Es un proyecto al que el sector financiero le está atribuyendo, con bastante lógica, mucho valor. Se supone que la Argentina ha ido normalizando los precios, pero tiene un enorme problema de costos laborales y tributarios que dificultan la inversión.
Para el caso de la reforma laboral, la discusión ha quedado para más adelante. El presupuesto, mientras tanto, sufrió el rechazo del Capítulo XI, que fue introducido por el propio Caputo. Hasta el viernes a la tarde, nadie en el oficialismo sabía sobre la incorporación de un artículo, el 75. No estaba previsto. Hay una cuestión metodológica importante de advertir. Es una ley de presupuesto en la que se aprueban o no capítulos en bloque y cerrados, con distintas cláusulas en su interior. El artículo 75, que derogaba la ley de financiamiento de las personas con discapacidad y universidades, formaban parte del Capítulo XI y fue motivo de controversia.
Hay una obstinación rara. El Gobierno había pretendido originalmente disminuir los recursos destinados a las políticas para discapacidad. Había también intentado modificar las pautas de financiamiento universitario. El Congreso, por su parte, tomó la iniciativa, sancionó una ley de emergencia en discapacidad y de financiamiento universitario. Milei las vetó y el Parlamento insistió.
Se constituyeron mayorías de dos tercios, algo muy difícil de alcanzar, y le impuso al Poder Ejecutivo ambas normas. Paralelamente, hubo una acción de la Justicia. Familias que se vieron afectadas por los recortes en materia de discapacidad recurrieron a los tribunales. Tomó protagonismo el juez federal de Campana, Adrián González Charvay, quien dictó una medida y calificó de inconstitucional el accionar del Gobierno.
Es tal la obsesión por parte de Milei sobre este tema que, tras el recorrido antes trazado, el Ejecutivo promulgó las leyes pero dispuso que no sean ejecutadas ya que el Congreso no estipuló de dónde se obtendrán las partidas para financiarlas. Ha habido además, en el apuro, un error técnico. Desde la oposición aseguran que podrían haber dispuesto la derogación de las dos leyes en dos artículos distintos para así poder tener margen de negociación. Sin embargo, no fue así.Hay algunos que creen que la introducción del artículo 75 en el capítulo XI del presupuesto fue impulsada por Santiago Caputo, el asesor del Presidente y “Mago del Kremlin”.
Es necesario recordar la reunión de Milei y el Poder Ejecutivo con gobernadores, que se celebró inmediatamente después de la victoria electoral del 26 de octubre en la Casa de Gobierno. Fue convocada por el entonces jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y el exministro del Interior, Lisandro Catalán. Se trató de un encuentro muy armonioso, donde el propio Milei tendió puentes de mucha amabilidad con los jefes provinciales.
Hubo sin embargo una disonancia: se produjo una intervención de Santiago Caputo, quien instó a los gobernadores a derogar las dos leyes que diputados y senadores que responden a ellos le impusieron al Gobierno. ¿Hay forma de demostrarlo? No. Tal vez no fue así. No se le puede echar la culpa a Luis Caputo por haber hecho fracasar todo el capítulo XI al incorporar este artículo. La mesa política del Gobierno, constituida por Lule y Martín Menem, Diego Santilli y Patricia Bullrich, no planteó objeciones. Tal vez porque todos saben que el que haya hecho esta modificación está trabajando sobre una preferencia del Presidente.
El oficialismo fue al Congreso para avanzar con este cambio y, probablemente, sobrevaloró dos cosas. Por un lado, el peso que tuvo su triunfo electoral. Aun a pesar de la contundencia de su victoria, no daba como para insistir con leyes que ya habían sido aprobadas, vetadas y vueltas a promulgar. Por el otro, la obediencia de los legisladores a los gobernadores. En Diputados, por mil razones -algunas incluso de índole familiar-, los jefes provinciales no consiguieron la subordinación de sus propios representantes. El caso más notorio fue el de Raul Jalil, gobernador de Catamarca, que no logró disciplinar a los de su bloque aun cuando intentó que votaran como el Gobierno.
El Ejecutivo reflexionó. Hubo un amague de vetar una vez más la no introducción de ambas derogaciones. Finalmente, se resignó a que en el Senado la ley de presupuesto se apruebe tal como viene de Diputados. No es un detalle menor. Al caerse el artículo 75, y por ende el capítulo XI, se caen también cuestiones de gran importancia para mucha gente. Por ejemplo, el pago de la deuda que el Estado tiene con distribuidoras eléctricas como Edesur y Edenor. Hay quienes advierten, de manera suspicaz y sin sustento, que también se les dejará de pagar a algunos amigos de Santiago Caputo, como lo son los hermanos Neuss, quienes tienen distribuidoras eléctricas.
La introducción de este artículo reabrió también el debate sobre la relación entre el Gobierno de Milei y las políticas de discapacidad, discusión que no es la más conveniente para el oficialismo. No solo por las sensibilidades que despierta sino porque justamente en ese terreno se produjo el mayor escándalo que ha vivido esta administración en materia de imputaciones de corrupción: los audios de Diego Spagnuolo, el director de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis).
Esto obligó al Ejecutivo a ser prudente en el terreno de la reforma laboral. Terminó cumpliendo la previsión inicial de Martín Menem, que era no presionar al Congreso para que aprobara la reforma rápidamente y mal, y pasarla mejor para el mes de febrero. Cuando se habla de este paquete de medidas, hay que recordar algo: existen objeciones judiciales al proyecto que el Gobierno mandó al Congreso y pretende aprobar en pocos meses.
Serán tratadas por la Justicia Nacional de la Ciudad de Buenos Aires que, por un fallo de la Corte Suprema, tiene como tribunal de apelaciones al Tribunal Superior porteño, que ordena a la Justicia local. Hay preguntas que aparecen sobre esa Justicia. Hay quienes están inquietos por la calidad de estos tribunales. Anticipan la posibilidad de operaciones de forum shopping o maniobras procesales para determinar el juez que tratará la causa, muy habituales en Comodoro Py.
Todo este panorama parlamentario que tuvo como núcleo la discusión y aprobación del presupuesto dejó en evidencia un nuevo mapa de poder en la Argentina.
Uno podría mirar la historia de la democracia con distintos criterios. Por ejemplo, el poder que puede tener la Casa Rosada frente al Poder Legislativo: ha habido Poderes Ejecutivos con mucha subordinación del Congreso o que han tenido que negociar con él. Incluso hay algunos que surgieron desde el Congreso, como el de Duhalde, que fue puesto por una asamblea legislativa.
Hay otra forma de mirar la historia: el avance del poder central respecto de las provincias. Es decir, el federalismo. Ha habido gobiernos con mucho poder en ellas, como el kirchnerismo y, en alguna etapa, Menem, y ha habido otros que fueron sometidos, como Duhalde, Kirchner al comienzo, De la Rúa y Menem hacia el final de la convertibilidad. Eran permanentes las negociaciones y las reuniones del Presidente y los ministros con el Colegio de Gobernadores.
Hoy estamos frente a una ambigüedad ante este problema: vemos un gobierno muy convalidado en las urnas al que bendice más de media Argentina y la aparición de gobiernos provinciales como miembros de la escena. El gobierno nacional los tiene que registrar y tomar nota. Hay una contradicción entre un gobierno que tiene un estilo y una vocación hegemónica de establecer un nuevo poder importante con poca discusión y otro institucional más acotado, que tiene que registrar el límite del Congreso y los poderes federales. En esta ambivalencia va navegando Milei entre éxitos y fracasos.
Para entender las posibilidades que tiene el Presidente hay que registrar el mapa federal. En el tratamiento de estas leyes apareció claro que -salvo en las cuestión que tiene que ver con discapacidad y financiamiento universitario- hay un grupo de aliados que son Jalil (Catamarca), Zdero (Chaco), Sáenz (Salta), Passalacqua (Misiones), Jaldo (Tucumán), Frigerio (Entre Ríos), Figueroa (Neuquén). Esto sería el club en el cual el Gobierno se puede mantener en forma casi condicional, ya que condicionalidad plena no hay. Un gran aliado de Milei como Jalil no pudo disciplinar a sus diputados para que voten por esas dos leyes.
También hay otro grupo, integrado por dos gobernadores, muy importante por la dimensión de sus provincias y su complejidad económica, que son Maximiliano Pullaro (Santa Fe) y Martín Llartoyra (Córdoba), quienes integran un bloque aparte con un poco más de tensión con el Gobierno, principalmente de parte de Pullaro. Santilli se reunió con todos los gobernadores menos con él.
Y aparece otro grupo muy significativo porque tiene un rol en toda la Nación y en la escena peronista. Hace seis días se reunieron en la Casa de La Pampa, en Buenos Aires, Sergio Ziliotta, el anfitrión, Ricardo Quintela (La Rioja), Gildo Insfrán (Formosa), Gustavo Melella (Tierra del Fuego), Elías Suárez (Santiago del Estero), que hereda a Gerardo Zamora, y Axel Kicillof, quien le imprime una identidad a este grupo.
Si el gobernador bonaerense está en este grupo de gobernadores peronistas anti-Milei, quiere decir que el bloque tiene tensión con Cristina Kirchner. Kicillof lleva adelante una política de desafío al liderazgo de la vicepresidenta, sobre todo en la provincia de Buenos Aires. Cuando estos gobernadores se vieron en la Casa de La Pampa, Cristina y Máximo habrán dicho: “Acá hay una luz amarilla”.
Es importante esta presencia porque el otro que va a tener que registrar esa reunión es Germán Martínez, jefe del bloque peronista de Diputados, el cual es totalmente opositor al Gobierno, pero a quien ahora le aparece un subbloque que responde a esos gobernadores y ya no está alineado férreamente con Cristina Kirchner. Pareciera que hay un ruido en el bloque peronista entre lo que sería una subordinación a la líder del peronismo y este club que aparece como una presencia nueva. Hay que ir advirtiendo, el mapa está cambiando y están apareciendo estos actores nuevos que en la política dan sorpresa.
Desde el punto de vista político, la relación fiscal con las provincias es importantísima porque plantea un problema que vemos desde el comienzo: si el Gobierno quiere llevar adelante una política fiscal dura, debe saber que un límite es que la tiene que pactar con las provincias que, como están demostrando nuevamente, están manejando el Congreso. Y si quieren saber la importancia de este vínculo, conviene mirar la tabla de distribución de ATN en millones de pesos, un desprendimiento del Impuesto a las Ganancias que se otorga al Poder Ejecutivo para que pueda repartir dinero con cierta discrecionalidad y arbitrariedad entre las provincias con la excusa de alguna emergencia.
La tabla muestra cómo se repartieron los adelantos del Tesoro Nacional entre enero y diciembre de este año. Tucumán, que está dentro del club peronista probablemente sea la más subordinada, recibió 20.000.000.000 de pesos en diciembre. Entre Ríos 7.000.000.000; Misiones 12.000.000.000; Salta 6.000.000.000; Chaco 11.000.000.000; y Catamarca 10.500.000.000. En total serían 66.500.000.000 de pesos en el último mes del año. Estas provincias son las del club de aliados.
En el ranking de todo el año, Tucumán está primero con 35.000.000.000, que sería el 18% de los ATN. Entre Ríos, al igual que Misiones y Salta, recibió 19.000.000.000 (10%). Después, Chaco tuvo un 9% con Neuquén. Luego vienen las provincias no tan amigas pero importantes, como Santa Fe y Buenos Aires. Córdoba ni aparece. Este es un mapa del alineamiento político de los gobernadores en relación con el gobierno nacional, e incide en el manejo del Congreso. Es también una señal de que Milei es muy intransigente en materia fiscal pero cuando hay un límite político tiene pragmatismo y está dispuesto a abrir el monedero.
Esto lo aprendimos en estos días mirando el tratamiento del Presupuesto. Y aprendimos algo más: la expansión de Karina Milei y su liderazgo dentro del oficialismo, un fenómeno al que le debemos poner la lupa y al cual seguimos desde las elecciones del 26 de octubre. Hubo una gran discusión -que sigue- sobre la asignación de diputados que van a formar parte del colegio de auditores de la Auditoría General de la Nación. Ahí hubo un pacto entre el peronismo y LLA. Se habló mucho de un trato entre Martín Menem y Máximo Kirchner, pero, en realidad, no fue así. Lo que hubo fue otra historia. El auditor general es un peronista muy importante: Juan Manuel Olmos, un dirigente muy destacado por su inteligencia y su conocimiento del poder.
Como es el líder del peronismo de la Capital Federal fue a la asunción de los legisladores porteños, donde fueron muchos miembros del Poder Ejecutivo, entre ellos Milei, Karina Milei, Manuel Adorni, Patricia Bullrich y Diego Santilli. En ese momento, Olmos inició una conversación para ver cómo se iban a cubrir por parte del Congreso las vacantes que tiene su institución. Ahí se llegó a un acuerdo del cual es víctima el Pro y mediante el que se decide que un auditor va a pertenecer al peronismo, otro a LLA y otro al club de gobernadores aliados. Volvemos a la lista de ATN: no solo les pagan con plata, sino también con poder institucional. El auditor elegido corresponde al gobernador de Salta, el cuarto del ranking.
Pro había postulado a Jorge Triaca y lo marginaron. Iba como candidata del gobierno la doctora Mónica Almada, que es una figura muy importante del sistema institucional argentino como abogada con la elaboración de leyes en el Congreso. Quedó afuera el Pro, se enojó Ritondo.
José Ignacio Forlón fue el auditor designado por el peronismo luego de que Olmos hablara con Cristina Kirchner y aprobara la operación. Es un hombre de Máximo y Cristina. También quedó Pamela Calletti, de Salta, que encarna la representación de Sáenz.
Ritondo se quejó y planteó la judicialización de este problema. Desde la auditoría, Olmos le contestó que no hay lugar para una intervención judicial porque es una cuestión estrictamente política y Ritondo perdió la votación.
Pero hay que poner el foco en Mónica Almada, representante de LLA, porque esta abogada fue despedida hace muy poco tiempo del Ministerio de Economía. De hecho, Luis Caputo le pidió la renuncia y le dio un argumento muy curioso: “Te tenés que ir por la cantidad de veces que visitaste a Lule Menem en la Casa de Gobierno”. Como si eso fuera un pecado mortal para una parte del Gobierno.
Obviamente, no es Caputo quien lleva adelante ese argumento, sino que está recibiendo la inspiración de sus primos, Santiago Caputo, que es muy influyente, y su hermano, Francisco Caputo. Ellos identificaron un vínculo entre Almada y Lule Menem -mano derecha de Karina Milei- que nació en el trabajo que los dos tuvieron en la década del 90 en el Senado.
Es importante porque ha habido una orden de Karina Milei de reivindicar a Mónica Almada en contra de Santiago Caputo y demostró que en este terreno institucional manda ella. Una acción de la que tuvo que tomar nota también Luis Caputo porque terminó siendo reivindicada una persona que fue expulsada del Ministerio de Economía.
Tiempo atrás vino un lobista a la Argentina que estuvo detrás de la campaña de Trump y a quien Santiago Caputo hizo reunión con tres diputados: De Loredo, Miguel Pichetto y Ritondo. Dicen que cuando a Caputo le pidieron que recomiende a un ministro de Interior no nombró a Santilli, sino a Ritondo. ¿De qué estoy hablando?
Cuando se decidió desairar a Ritondo y promover a Caletti, del club de gobernadores, ¿Karina Milei también le estaba pasando factura a un aliado de Santiago Caputo en el Congreso? ¿Ritondo obedece a Santiago Caputo por fuera del Pro y contra Martín Menem? Dicen que Ritondo negoció fuerte la aprobación del presupuesto. Le atribuyen también varias personas haber pedido un director de YPF y 40 delegaciones de la Anses. Algunos creen que es para repartirlas en el Pro. Otros aseguran que las quiere para él, ya que está en disputa con Santilli por la candidatura a gobernador bonaerense de 2027.
Son habladurías intrascendentes. Lo que importa es que, una vez más, se recorta la figura de Karina Milei sobre el panorama del Gobierno, y especialmente sobre dos casos: las designaciones en la Auditoría General de la Nación (AGN) y la selección del delegado de La Libertad Avanza nada menos que en el Consejo de la Magistratura. Para esto último, propuso al diputado que ganó las elecciones en Córdoba: Gonzalo Roca, un hombre de los Menem.
Fue en contra de un eventual acuerdo con el radicalismo, que pretendía a Karina Banfi con apoyo de Rodrigo De Loredo, un supuesto aliado de Santiago Caputo. Y lo hizo además sin consultar a Sebastián Amerio, el hombre que maneja la Justicia en nombre de Caputo. La interna del Gobierno se sigue manifestando y aparece una figura que, hasta ahora, era nada más que la sombra de su hermano. Hoy empieza a tener un juego más nítido y decisivo en el terreno institucional.
