El gobierno de Javier Milei busca con Malvinas lo que el gobierno de Alberto Fernández buscaba con la peste Covid, convertir un gobierno débil en un gobierno fuerte. Atajos de la ilusión.

La peste de 2020 les sirvió a muchos gobiernos débiles para acorralar a sociedades horizontalizadas y con más poder que sus cúpulas, y someterlas al estatuto de un nuevo autoritarismo. La voluntad de disciplinar a sociedades rebeladas contra los gobiernos pareció cumplir con el vaticinio de un capitalismo de la vigilancia que destruiría las reglas de mercado.

«El capitalismo de vigilancia —dijo Shoshana Zuboff en 2019— reemplaza así el misterio por la certeza, al sustituir el antiguo "patrón inobservable" por la extracción de datos, la modificación de la conducta y la predicción. Esto constituye una inversión fundamental del ideal clásico del "mercado" como algo intrínsecamente incognoscible.» (The Age of Surveillance Capitalism: The Fight for a Human Future at the New Frontier of Power, Ed. Public Affairs, 2019).

Con el proyecto de ley de defensa por Malvinas el gobierno llama a adhesiones sobre las sanciones a los usurpadores de las islas; el socorrido argumento de la soberanía cumple con su necesidad de ganar amigos. El primer tramo del proyecto - sanciones a empresas usurpadoras – tendrá apoyo, salvo reparos de técnica legislativa. Un segundo tramo del proyecto avanza sobre temas de seguridad, defensa y de opinión pública que traen a la Argentina consignas del MAGA de Donald Trump.

Es donde tendrá problemas, en particular con el artículo 111° de la iniciativa, que crea un sistema de vigilancia de la libertad de expresión que amenaza a periodistas y comunicadores, y particularmente a las empresas. Cuando habla de vigilancia sobre contenidos de información de empresas, por presunta relación con capitales o países extranjeros, puede extender un cono de sombra sobre la libertad que tiene la Argentina para expresar ideas.

La jurisprudencia de la Suprema Corte es clarísima, como lo son las cláusulas constitucionales que perfeccionan la fuente originaria de la 1ª Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, que dice: «El Congreso no promulgará ninguna ley que establezca una religión o que prohíba su libre ejercicio; ni que restrinja la libertad de expresión o de prensa; ni el derecho del pueblo a reunirse pacíficamente y a solicitar al Gobierno la reparación de sus agravios.»

Peligra el amigo americano

Con este tipo de proyectos los gobiernos suelen exponerse a consecuencias no queridas que se les vuelven en contra. La ley busca sancionar la injerencia de gobiernos extranjeros en procesos electorales. ¿Qué es MAGA yanki sino un sistema de injerencia en elecciones de otros países? La Argentina es un modelo de resistencia de su sistema electoral a esas influencias.

Sin mencionar las experiencias del castrismo de los años '60 y su enfrentamiento directo con la doctrina de la seguridad nacional, el país ha sufrido amenazas de injerencias en procesos electorales. Ya se ha contado que Oscar Alende, que vino a hacer la revolución, fue a elecciones en 1983 con fondos (US$ 100 mil) que le acercó Fidel Castro —revolucionario si los hubo— por intermediación de "Copete" Rabanaque Caballero, legendario intransigente. Hugo Chávez subsidió todas las manifestaciones bolivarianas en los países de la región. El clímax de esa intervención fue la valija de Antonini Wilson que argumentó que traía US$ 790 mil para una campaña de Cristina de Kirchner.

Ella nunca recibió nada, el dinero quedó incautado y terminó invertido en jardines de infantes. Más cerca de ahora, un funcionario del gobierno del primer Trump, Mauricio Claver-Carone, dijo que habían gestionado la ayuda del FMI a Macri para que fuera reelecto en 2019.

El año pasado el secretario Scott Bessent dijo que había intervenido en el mercado de cambios para respaldarlo a Milei en las elecciones legislativas. En las últimas semanas ha dicho que lo haría de nuevo si hace falta en 2027. Es difícil que prospere una iniciativa que sanciona estos intercambios viscosos y no se entiende a quién se quiere satisfacer. El problema es cómo retroceder de estos alardes.

El senador catamarqueño Guillermo Andrada suele decir que "los tiempos parlamentarios no sirven para remediar un error comunicacional. Cuando la sociedad ya tomó partido, los acuerdos y las flexibilizaciones que permiten llegar a un buen resultado pueden pasar inadvertidos." Dicho de otro modo, no solo la ficha debe estar limpia.

“Consecuencias imprevistas”

¿Puede un gobierno que adopta el MAGA como una plataforma de gobierno, avanzar en proyectos que pueden alejarlo del amigo americano? El riesgo de estos alardes es que se vuelvan en contra, en lo que Teresa de Ávila llamaba las "plegarias atendidas", invocaciones que se hacen al Altísimo que, si se cumplen, pueden ponernos en un compromiso.

Esta semana un fino análisis de la política exterior de Trump refresca el concepto, cuando habla de la "amarga lección sobre las consecuencias imprevistas que se han derivado de la guerra que eligió Trump". Apurado por las elecciones de noviembre, Trump prometió un final de la guerra a Irán en un corto plazo y con un triunfo rotundo.

Ese proyecto, dicen los analistas David E. Sanger y Eric Schmitt, revela consecuencias imprevistas como que EE. UU. ha tenido que retirar los bombarderos B-1 de la base aérea de la RAF Fairford, que ha sido un pilar de la cooperación militar entre Estados Unidos y Gran Bretaña, desde que se construyó en preparación para el desembarco de Normandía en 1944, porque pueden ser blanco de ataques iraníes en territorio británico. Este repliegue no significa que la guerra se pierda, pero sí que se convierte en una crisis prolongada de efectos imprevistos y no queridos.

Muchas de las 13 principales bases militares de la región han quedado fuera de uso y el Pentágono comienza a advertir vulnerabilidades antes ocultas ("La retirada de Trump: desde el Golfo Pérsico hasta Gran Bretaña, las fuerzas estadounidenses retroceden" (NYT, oct. 7, 2026). Del mismo modo, en el caso Malvinas, un impulso improvisado por avanzar puede terminar siendo un retroceso. Es otra lección del caso Galtieri.

El riesgo de retroceder al ‘82

Todo malvinismo es poco, pero los gobiernos tienen que moverse con cautela constructiva. El embajador inglés en la Argentina se retiró el lunes de la cena anual del CARI al escuchar el discurso del canciller Pablo Quirno. David Cairns ocupaba una mesa principal en el Salón Central de La Rural mientras el canciller pronunció un largo discurso en el cual planteó críticas al Gobierno británico por el conflicto de las islas Malvinas.

Cairns, seguramente molesto por la dureza de las palabras de Quirno, las que anotaba discretamente en un papel, saludó a los acompañantes de su mesa y se retiró con rostro serio. El gobierno puede festejar porque le mojó la oreja al inglés, y el que no salta ya sabés lo que es.

Desde el último chispazo motivado por la injerencia de Trump en el conflicto, y la respuesta del gobierno con esta ley, Londres ha dicho que "la ofensiva de Buenos Aires sobre las Malvinas plantea interrogantes sobre la fiabilidad de Argentina como socio del Reino Unido". No es frecuente que Gran Bretaña proyecte el tema sobre la relación bilateral.

El riesgo es galtierizarse y retroceder las relaciones con UK a las del final de la guerra en 1982. Retrocedemos 45 años, no es cierto que UK no quiera negociar, lo ha hecho varias veces y hubo años de trabajo de todos los gobiernos. Sería una torpeza provocar a los halcones y sus amigos, entre ellos, los limítrofes como Chile, pero también Brasil y Uruguay, que advierten nuestra debilidad y toman posiciones.

A los arbitrajes los carga el diablo

Este lunes vence el plazo que se dio la Argentina para pedir un arbitraje en el Tribunal Internacional del Derecho del Mar, si Gran Bretaña no frena el respaldo a empresas que exploran recursos en el mar usurpado. Es un riesgo pedir ese arbitraje si no hay final asegurado. A esos estrados se va si sabés cómo terminan, porque pueden volverse en contra. Si la otra parte gana, te suma un antecedente negativo. Este pedido coincide con las elecciones, en la semana que pasó, de una candidata argentina como vicepresidenta del Tribunal.

Se trata de Frida Armas Pfirter, una reconocida experta en cuestiones del mar que desde 2023 integra ese Tribunal. Fue propuesta por la Argentina en enero de 2023, bajo el gobierno de Alberto Fernández, para ser uno de los 21 integrantes de ese Tribunal, que es una creación de la Convención Internacional del Derecho del Mar. Armas Pfirter, además, fue durante más de tres décadas la coordinadora de la COPLA (Comisión Nacional del Límite Exterior de la Plataforma Continental Argentina), organismo que resiste el paso del tiempo como iniciativa multipartidaria.

La coordinó desde 1997 y todos los gobiernos desde entonces avalaron su tarea. En septiembre de 2023 debió renunciar al cargo porque era incompatible con ser jueza. La COPLA no está en la mira del «topo» que ha querido encarnar Javier Milei, para desbaratar instituciones del Estado nacional como esta, que sostiene una política de Estado exitosa. Tampoco ha aparecido en el radar del Coloso.

La Corte mostró los dientes

La Suprema Corte le sacó las papas del fuego al gobierno con el fallo del viernes que repuso la vigencia de la Ley de Tierras de 2011. Al conceder el amparo a una organización ambientalista de Bariloche, admitió la personería que le había negado a los combatientes de Malvinas para reclamar por un fallo que se apresuró a enmendar en tiempo récord.

El tribunal mostró los dientes y exhibió su poder por sobre el Ejecutivo: te meto en un problema y te saco cuando quiero. Importante cuando el gobierno enfrenta el último tramo de gestión, busca acuerdos para completar o aumentar el tribunal, y la Comisión de Acuerdos del Senado está vacante por la muerte del senador Juan Carlos Pagotto. Es un mensaje de la Corte para que no la dejen afuera de ese debate. Si tocan la Corte, vienen a decir, este cuerpito también respira.

Con la sentencia del viernes, vuelve a regir la ley de tierras de 2011 y valen los amparos ambientales que pueden afectar a reformas el gobierno quiere blindar porque son la base de negocios que buscan protegerse. Por ejemplo, la ley de glaciares.

Todo lo que se haga en ese terreno transcurre en estado de extrema necesidad. El miércoles la comisión escuchó a postulantes de jueces, sin quórum, ni para elegir al sucesor de Pagotto. Fue presidida por el misionero Carlos Arce, por orden alfabético. Una prueba de la fragilidad de estos tiempos recios.

Peligra el quórum opositor

Hubo seguramente un cortocircuito entre esa decisión y el humor colectivo, enardecido de nacionalismo malvinero desde el triunfo contra la selección inglesa en el Mundial de fútbol.

Esa sentencia produjo dos efectos: 1) derogaba la Ley de Tierras de 2011 que el gobierno quiso eliminar en el Senado y fracasó, y 2) agravió la imagen de los combatientes. De apuro la Corte, sin el apoyo de Rosenkrantz, aclaró que no era para tanto. Apuntó el remedio con el fallo del viernes, firmado por Rosatti, Lorenzetti y dos conjueces, y rechazado por Rosenkrantz.

Salvó al gobierno del pánico de que pudieran voltear el DNU 70, no tanto por las materias que dirían quedar liberadas, sino por mostrarse débiles frente a los observadores que le interesan al Ejecutivo (mercado, inversores, analistas de riesgo, organismos internacionales), tanto que el Congreso y los jueces le marcan el camino y le recuerdan su debilidad.

De este fin de semana al jueves 15 seguirán las fricciones entre oficialismo y oposición. El Ejecutivo confía en que las relaciones con los gobernadores impidan que se logre el quórum. La sesión está pedida por un amplio frente de la oposición que dijo contar con 123 votos hasta ahora: a solo 6 de lograr que sesionen.

Con este empujón de la Corte el gobierno gana oxígeno para que fracase el envión opositor que le quiere cuestionar todo lo que hizo desde 2023, cuando firmó el DNU 70. A la espera del poroteo que ocurra desde esta semana, Martín Menem verá si la convoca o cita a los firmantes para pactar que se anule el pedido y se declare tablas.

Arrepentido, se busca

Habrá que escribir en algún momento, si aparece algún arrepentido, la petite histoire de este minué que movilizó al tribunal como pocas veces antes, ante el strepitus fori que ocasionó la sentencia contra los combatientes. Con la reposición de las restricciones a la venta de tierras a extranjeros, la Corte le regaló al gobierno la posibilidad de que fracase el quórum en la sesión pedida para el 15 de octubre por la oposición.

Si esa zona liberada para que se vendieran tierras a extranjeros seguía vigente, es muy probable que se hubiera reunido el número de 129 para derogar el DNU 70/2023, que estaba en discusión en las dos decisiones.

Ese decreto, que ya el Senado y la Justicia han jibarizado, sigue siendo el programa del gobierno de Milei, herencia de lo que los técnicos de Cambiemos habían preparado para sus candidatos en las elecciones de 2023. Al fracasar ese empeño, Javier Milei recogió los papeles que habían quedado dispersos en pasillos vacíos de esa coalición, se subió a la moto y ha intentado cumplir por ese mismo sendero.

Relaciones con el gobierno

Al gobierno le basta con que le demoren el tratamiento de fondo de algunas demandas que arrinconan medidas económicas y que pueden estar a punto de sentencia. No parece ser el criterio de los tres magistrados. Horacio Rosatti, presidente del tribunal, y Ricardo Lorenzetti pueden identificarse con relaciones pacíficas con el Ejecutivo.

Rosatti tuvo un sofocón cuando un hijo recibió el acuerdo del Senado para ocupar un puesto en el Poder Judicial. No quiere decir nada malo, pero identifica algún entendimiento. Lorenzetti, por su lado, fue reconocido como quien propuso a Ariel Lijo como candidato a la Suprema Corte.

El Senado no convalidó esa propuesta, pero quedaron las señales de alguna relación especial que no se le ha reconocido al tercer miembro, Carlos Rosenkrantz. ¿Pudo pensar un ala del tribunal que podía edulcorarse la demora en emitir sentencia de fondo en ciertas causas, con el adelanto de un rechazo de alguna cautelar como la que pedían los combatientes? Una trama explicativa afirma esa presunción, indemostrable como mucho de lo que circula por los pasillos del 4° piso.

Fuente:  https://www.clarin.com/economia/capitalismo-vigilancia_0_sOfTzvWWHA.html