Martes, 10 Marzo 2020 21:00

Fuego cruzado y batallas internas: el oficialismo apunta contra jefes territoriales de la oposición - Por Eduardo Aulicino

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El Gobierno va por el recorte de fondos para la Ciudad. Y no desactiva del todo la iniciativa kirchnerista para intervenir la Justicia de Jujuy. El Presidente busca asegurar equilibrios domésticos. Pero parece tentado a dar batallas políticas para fortalecerse en ese juego. Presión a legisladores

 

Dicen que la negociación del Gobierno nacional con la Ciudad de Buenos Aires quedará agotada en las próximas horas: todos destacan los buenos modales, pero la pulseada podría terminar con un muy fuerte recorte al presupuesto porteño. Dicen que el Gobierno nacional desalienta la intervención del Poder Judicial de Jujuy, pero el tema quedó abierto en el Senado. ¿Qué señal predomina o cómo jugaría finalmente Alberto Fernández? La oposición busca descifrar cada movida. Interpreta que el Presidente está tomado por su propia interna con el kirchnerismo duro, pero sospecha que podría recurrir a la batalla política al menos por dos razones: para fortalecerse en su frente doméstico y ante una crisis sostenida y atada a la suerte de la negociación de la deuda.

Con el ruido exterior de módicas marchas a favor y en contra de la intervención de la Justicia jujeña -es decir, a favor y en contra de la libertad de Milagro Sala-, el Senado decidió anoche dilatar hasta fin de mes una definición sobre el proyecto que puso en la mira a la provincia gobernada por el radical Gerardo Morales. En otro distrito, el único en manos del PRO, la preocupación pasa en estas horas por la plata de coparticipación. Ocurre que volvió a circular desde medios oficialistas que el recorte de fondos por decreto presidencial sería más profundo que el imaginado como asimilable cerca de Horacio Rodríguez Larreta. Otro suspenso.

Las versiones del oficialismo acerca de la pulseada con el gobierno porteño coincidían en un punto con las expectativas de la otra vereda: hacia el fin de semana podría conocerse la decisión presidencial. Esta vez sí, dicen después de incertidumbre y pocas señales como ocurrió al menos en los últimos quince días. Algo significativo es que, por primera vez, se rompió el silencio cauteloso desde la Ciudad. El vicejefe de gobierno, Diego Santilli, advirtió que la poda pondría “en riesgo” la seguridad en la Capital.

Rodríguez Larreta ha sostenido hasta ahora una posición de bajo perfil, porque considera que no es el momento de dar pelea política con Alberto Fernández, con tres meses en la Casa Rosada. Menos aún se muestra dispuesto a acelerar decisiones en el plano interno, porque considera que lo central es la gestión y que falta mucho para moverse en función de un proyecto político-electoral propio. Pero no todo depende de su entera voluntad y una sangría profunda de fondos podría modificar la realidad.

La pelea entre Nación y Ciudad dejaría de ser básicamente presupuestaria. Y parece anticipar una intención política más densa. Lo funcional, de todos modos, está lejos de ser una cuestión menor. Estaría en discusión no sólo un problema de recorte, sino un cuadro más complejo de desfinanciamiento. Traducido en números, la baja de fondos podría oscilar entre los 35.000 y 40.000 millones de pesos, si el ajuste tiene la dimensión que pintan las versiones más duras del oficialismo.

También lo sabe el Gobierno. La poda tiene que ver con los fondos asignados por decreto en la etapa presidencial de Mauricio Macri, para completar el proceso de transferencia de la policía a la Ciudad. Fuentes presidenciales dicen que la cifra, alrededor de dos puntos porcentuales, es una “barbaridad” y señalan que Rodríguez Larreta encaró las conversaciones sabiendo que eso era insostenible. Ahora se deja trascender una ecuación compleja: recorte sustancial de unos 60.000 millones y transferencia posterior de unos 20.000 millones para salarios policiales.

En el gobierno porteño dicen que eso sería realmente grave. Y señalan que el presupuesto de seguridad es muy superior a esa “devolución” parcial por salarios, cuya garantía además no asomaba clara en los trascendidos. Agregan que el presupuesto contempla además de sueldos numerosos gastos operativos. Lo dicho por Santilli sugiere la respuesta. Pero la reacción dependerá de la cifra final del recorte.

Es curioso, pero en la lectura política se mezclan interpretaciones. Una adjudica la presión –y la consiguiente batalla con el principal distrito en manos opositoras- al viejo sueño del PJ porteño, algunos de cuyos referentes y operadores están cerca del Presidente. Otra, apunta a la ofensiva más general de Cristina Fernández de Kirchner, expresada además por Axel Kicillof, que han embestido con el discurso forzado que busca confrontar un distrito “rico” con una provincia “pobre” en materia de recursos.

Hacia el fin de semana podría conocerse la decisión presidencial. Más lento viene en el Senado el trámite del proyecto de intervención a la Justicia de Jujuy. Y eso lo hace más sugestivo. La iniciativa del peronista Guillermo Snopek fue tratada ayer en la Comisión de Asuntos Constitucionales, encabeza por la kirchnerista dura María de los Ángeles Sacnun y dominada por el oficialismo. Al final, no hubo dictamen –no era esa la intención inicial- y quedaron en retomar el asunto el último martes de este mes, con el pretexto de reunir antecedentes.

En espejo, Juntos por el Cambio dio ayer discusión en la Comisión, donde reclamó el rechazo del proyecto sin más trámite, y mostró a sus senadores, a los jefes de interbloques de las dos Cámaras y a jefes partidarios junto al gobernador Morales. Para completar, reclaman que el Presidente se pronuncie sobre la jugada, que es atribuida centralmente al kirchnerismo duro.

Alberto Fernández dijo que sería bueno que la Corte Suprema revise el caso –en rigor, son varios- que involucra a Milagro Sala porque tiene “muchas dudas” sobre esos procesos judiciales. Cerca del gobernador jujeño, consideran que ese camino depende de pasos en la Justicia pero que “no hay problema”. Sería una vía indirecta para no avalar el proyecto de intervención. Pero, aclaran desde la primera línea opositora, no resuelve el tema. Por eso, el pedido de aclaración presidencial.

Algunos legisladores de JxC, de manera creciente, creen que sobre todo en el terreno judicial, existe un trato cerrado entre el Presidente y su vice para desarmar causas por corrupción. La tirantez, visto así, estaría entre la posición presidencial de resolver todo en el propio terreno judicial y las presiones del kirchnerismo duro para lograr un mayor compromiso, por ejemplo, con el impulso a iniciativas como la que refiere a Jujuy y aún más profundas.

La cuestión adicional, tal vez no prevista desde el principio, es que la ofensiva sobre Morales y Rodríguez Larreta –y algunas señales ya enviadas a Mendoza y en menor medida, a Corrientes- estaría apuntando al corazón de la oposición. Los abroquelaría aún con diferencias, en momentos de complicaciones económicas y frente a iniciativas de peso en el Congreso, en particular el impulso presidencial a Daniel Rafecas como jefe de los fiscales. Un contexto complicado, incluso como imagen, aún si el objetivo es quebrar el frente opositor, presionando a jefes políticos de legisladores, para asegurar esa votación en el Senado.

Eduardo Aulicino

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