En efecto, según el último informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), los gastos primarios se contrajeron 7,3% en términos reales respecto del primer semestre del año pasado, fundamentalmente por la caída de jubilaciones y pensiones (9,6%) y salarios públicos (5%), pero también debido a que las erogaciones destinadas a la emergencia sanitaria fueron inferiores en la comparación con el primer semestre de 2020.
En paralelo, el Tesoro se benefició con un fuerte aumento en sus ingresos, un 18,7% más en términos reales que el año pasado. Este crecimiento obedece principalmente a la suba de la recaudación tributaria –como consecuencia del repunte de la economía tras la debacle de 2020 por la pandemia– y de los derechos de exportación, que tuvieron una fuerte alza (del 98%) debido a la depreciación del tipo de cambio y del aumento en los precios internacionales de los bienes exportados. Entre ellos, de los productos del complejo sojero.
Además, el Tesoro comenzó a percibir desde mayo pasado ingresos extras por el Aporte Solidario y Extraordinario (conocido como impuesto a la riqueza). El mes pasado ingresaron poco más de $144 mil millones por este concepto.
Esta reducción en el gasto y el aumento en los ingresos permitieron una importante mejora en los resultados primario y financiero. En efecto, según la OPC, el déficit primario alcanzó los $473.102 millones, lo que implicó una mejora de 64% respecto al déficit del primer semestre de 2020. Así como Guzmán no pudo cumplir con su pauta de inflación anual –había previsto una suba del 29% para todo 2021 y el mes pasado ya acumuló una variación acumulada del 25%–, en materia de déficit las metas están sobrecumplidas: en efecto, Guzmán había estimado un déficit primario del 4,5% del PBI anual y, hasta ahora, es de apenas el 1,1%.
Guzmán y el “grifo electoral”
Este “ahorro” de recursos producto del ajuste en el gasto y de mayores ingresos difícilmente sea sostenible en el tiempo. Arranca la campaña electoral y Guzmán ya no puede sostener la presión que sobre él ejercen el Gobierno y, sobre todo, Cristina Kirchner, para que abra el grifo del gasto público. Perder las elecciones a costa de mantener las cuentas fiscales en orden es un lujo que el oficialismo no está dispuesto a darse.
Con la mira puesta en ganar su primer desafío electoral, el Gobierno dispuso volcar una multimillonaria masa de recursos sobre tres resortes clave de su campaña electoral: la campaña de vacunación y los gastos asociados a la pandemia; los subsidios energéticos (claves para evitar el alza de las tarifas) y la obra pública.
La pandemia es el principal escollo con que debe lidiar todavía el Gobierno de aquí a las elecciones, tanto por su impacto sanitario como en la actividad económica. El presupuesto 2021 prácticamente la había ninguneado en sus previsiones; sin embargo, la llegada de la segunda ola y la consecuente alza de contagios y de muertes –la semana pasada se superaron las 100.000– obligó al Gobierno a volver sobre sus pasos. Así, triplicó el presupuesto (ahora alcanza los $315.048 millones) pero está lejos de equiparar el gasto que desembolsó el año pasado: según datos del Ministerio de Economía, en 2020 el Estado destinó a la atención de la emergencia alrededor de 4,5% del PBI; este año será tres veces menor, del 1,4%.
Estos gastos no solo incluyen la compra y distribución de vacunas ($28.960 millones erogados hasta ahora), sino también los gastos vinculados al financiamiento de la producción a través de garantías Fogar y subsidios Fondep; el REPRO II, con el fin de sostener el empleo de los sectores con dificultades económicas y diversos refuerzos en los planes de asistencia social para los sectores más vulnerables.
Los subsidios energéticos consumen también buena parte del gasto: durante el primer semestre fueron de $352.668 millones, poco más del gasto total que se destina a paliar la pandemia. Se entiende: la gran mayoría son usuarios de la Capital y del conurbano bonaerense, este último bastión electoral del kirchnerismo.
La obra pública, en tanto, es la gran apuesta electoral del Gobierno y así se evidencia en la suba exponencial de los gastos de capital respecto del año pasado (+92%). Aquí se destacan las transferencias al fondo Procrear y al Fondo Fiduciario para la Vivienda Social, con crecimientos reales de 557,1% y 677,5%, respectivamente.
También tuvieron fuertes incrementos las transferencias destinadas al financiamiento y desarrollo de la infraestructura en agua potable y saneamiento (+129,7%) y al fortalecimiento edilicio de jardines de infantes (+298,7%). Las partidas para obras de vialidad, en tanto, tuvieron un alza del 54% real respecto de 2020.
El Gobierno prevé complementar la obra pública –un caballito de batalla en cada compulsa electoral– con otras iniciativas tendientes a inyectar dinero en la economía, aliviar los alicaídos bolsillos de los votantes y fomentar el consumo. A ello apuntaron tres medidas anunciadas recientemente: la reapertura de las paritarias en el sector público, la suba del salario mínimo y el bono de $5000 a los jubilados que cobran hasta $35.000. La campaña, para el oficialismo, ya arrancó.


Según un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso, también se incrementaron los subsidios; Guzmán cede y abre el grifo de fondos para la campaña