Viernes, 24 Junio 2022 11:59

La puja por los planes: los K presionan por el Salario Básico Universal, pero Alberto Fernández se resiste - Por Ignacio Ortelli

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Es un salario como el IFE, que reemplazaría al Potenciar Trabajo y otros planes, y contempla a más de 7 millones de personas. El ministro de Economía, Martín Guzmán, advirtió que no hay fondos. 

El kirchnerismo redobla el llamado que Cristina hizo esta semana para que el Estado recupere el control de los planes sociales. Y con el aval -y el impulso- de la vicepresidenta, y a pesar de que desde la Casa Rosada todavía no dieron el visto bueno y se resisten por la falta de margen en el presupuesto, busca avanzar con la implementación del Salario Básico Universal, una prestación no contributiva que alcance a los sectores más vulnerables y reemplace a los planes sociales. El objetivo no es otro que terminar con la intermediación de los movimientos sociales y agrupaciones piqueteras, y al mismo tiempo incomodar a sectores de la oposición que pujaron por transparentar las políticas sociales. 

Así, en simultáneo con la presión que ejerció Cristina sobre Alberto Fernández y el ministro de Desarrollo Social, Juan Zabaleta; y mientras el Gobierno evalúa la iniciativa sin demasiado entusiasmo, el kirchnerismo duro analiza apoyar abiertamente un proyecto que desde el inicio de la gestión planteó el dirigente social Juan Grabois y que meses atrás presentó el diputado de su Frente Patria Grande, Itai Hagman. “Tal vez haya que hacerle ajustes al texto, pero estamos de acuerdo con la esencia”, aseguró a Clarín una alta fuente K que ya escuchó de parte de la Casa Rosada las dudas respecto a la posibilidad de contar con los fondos para garantizar el pago permanente de la prestación. “Es mentira que no se puede pagar. Hay plata para los planes, hay plata para el Salario Básico”, replica la fuente.

En principio, la idea es cubrir con una prestación equivalente a la canasta básica alimentaria (en mayo, según el INDeC, unos 14.401 pesos) a desocupados, empleados informales y trabajadores de la economía popular y monotributistas sociales.

Más allá de la resistencia al proyecto, en el Gobierno aseguran estar abiertos a “todas las propuestas”, pero reafirman que “no hay margen”.

El ministro de Economía, Martín Guzmán, fue tajante en su negativa el año pasado cuando el Presidente le trasladó la inquietud que hacían llegar funcionarios del propio Gobierno, como el director del Banco Nación, Claudio Lozano. La situación no cambió y más al cabo de la firma del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional.

Hay dirigentes que presionan a Zabaleta para que interceda ante su par, otro hombre del riñón de Fernández.

Como contó el periodista Ignacio Miri en este diario, la lógica kirchnerista apunta a unificar la asistencia social y eliminar las distintas versiones como el Potenciar Trabajo, la Tarjeta Alimentar y el Argentina Hace.

“El Estado nacional debe recuperar el control y auditoria de las políticas sociales, no pueden seguir tercerizadas’', fue el concepto que bajó Cristina este lunes en el acto de la CTA en Avellaneda, en un mensaje que generó el rechazo de líderes piqueteros vinculados con el Frente de Todos y opositores alineados con la izquierda.

La iniciativa, apuntalada por Máximo Kirchner, cuenta con respaldo desde la Provincia. El jefe de Gabinete bonaerense, Martín Insaurralde, lugarteniente del fundador de La Cámpora, anunció que “llegó la hora de debatir el Salario Universal como herramienta para combatir la desigualdad estructural”. Lo mismo ocurre con el Axel Kicillof, quien días atrás firmó un comunicado con sus pares gobernadores en el que se instó a “federalizar políticas que permitan transformar los planes sociales en trabajo genuino”.

Sin embargo, no queda claro si hay unanimidad respecto a cómo llevarlo a la práctica. Por un lado, hay quienes sostienen que el acceso a la prestación debe ser similar al de la Asignación Universal por Hijo (AUH), otros pretenden involucrar a intendentes. “Los programas sociales deben tener una contraprestación controlada por el Estado y el primer mostrador del Estado son los Municipios. Esa es la esencia del planteo de Cristina”, indicó Insaurralde.

Si prospera esta opción, lo único que variaría sería el órgano de control. Es decir, no se aseguraría el objetivo de evitar discrecionalidades, sino cambiar los actores.

El guiño al proyecto presentado por el movimiento que se referencia en Grabois tiene que ver con que el dirigente fue el primero que se mostró a favor de eliminar la intermediación si se garantizaba un ingreso para 5,4 millones de personas.

En ese sentido, tampoco está claro el universo al que apuntan los K. El texto de Hagman habla de alcanzar a 9 millones de personas. Pero la vicepresidenta dio un indicio al considerar que, con el bajo nivel de desocupación, en torno al 7%, se debería “revisar” y “tener menos” planes. Actualmente hay 1,2 millones de beneficiarios.

Ignacio Ortelli

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