El gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, reformula el presupuesto para 2024 tras la elección presidencial de Javier Milei y se prepara para un año financieramente complicado: sin aportes del Tesoro nacional, sin transferencias discrecionales y sin grandes obras de infraestructura, ahora solo espera que la Justicia no le quite, además, los recursos coparticipables en disputa con el gobierno porteño. 

Dos funcionarios que estuvieron con Kicillof la semana pasada escucharon con preocupación un pronóstico sombrío. “Si cortan los ATN, las transferencias discrecionales y las grandes obras de infraestructura, la provincia va a estar muy complicada”, se lamentó un ministro que estuvo con el gobernador.

“Inviable” es la descripción que deslizó otro de los funcionarios que estuvieron con Kicillof. “Si la provincia no recibe ayuda de transferencias y de capital, será muy conflictivo; un escenario catastrófico”, evaluó el ministro.

El gobernador por ahora mantiene la cautela. Pero ya comenzó a dar signos de fragilidad financiera: pidió a la Legislatura autorización para tomar deuda por 150 millones de dólares para garantizar los aguinaldos. Su ministro de Hacienda, Pablo López, armó el proyecto por fuera del presupuesto y la ley impositiva 2024.

Kicillof evita referirse a Milei en público para no generar fricciones ya que sabe que de su buena voluntad para negociar dependerá, en gran parte, la gobernabilidad financiera de la provincia. El viernes último mantuvo un primer encuentro institucional con Guillermo Francos. De ese vínculo y de la continuidad de los fondos podría depender en adelante la viabilidad financiera de su gobierno.

Es que hasta octubre de este año la provincia de Buenos Aires recibió $517.131 millones en concepto de transferencias discrecionales, lo que supone una suba nominal del 128% respecto del año último y una suma real del 4%, según un estudio de la consultora Aerarium.

Estas transferencias fueron en su mayor parte asignadas a asistencia financiera (245.843 millones), educación (109.454 millones), déficit de cajas previsionales (60.989 millones), subsidios para hospitales (50.251 millones), asistencia alimentaria (23.933 millones) y ATN (7967 millones). Más 17.831 millones para obra pública y 869 millones en conceptos sin especificar. La suma de 517.131 millones de pesos supone el 43% del total de los fondos discrecionales que repartió el gobierno nacional, según Aerarium.

La sustentabilidad del gobierno de Kicillof dependió en gran medida de estos giros también el año pasado: a la misma fecha de 2022 la provincia había recibido $226.720 millones por fuera de la coparticipación.

En lo que respecta específicamente a los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), las transferencias fueron de $9474 millones si se toman anualizados de octubre a octubre y no los diez primeros meses del año. En noviembre y diciembre de 2022 las transferencias fueron de 1543 millones; en enero, de 1582 millones; en mayo, de 2719 millones, y en agosto, de 3630 millones, siempre según la consultora.

Golpe al presupuesto

La provincia de Buenos Aires aún no dio a conocer sus propios números de este cierre presupuestario, que deberá rendir una vez que eleve a la Legislatura el proyecto de ley de presupuesto 2024. Lo cierto es que Kicillof tenía redactado un borrador de presupuesto bajo un esquema de gobierno de Sergio Massa –en función del borrador del presupuesto nacional–, que tras el triunfo de Javier Milei deberá ser reformulado.

El territorio bonaerense concentra el 38,7% de la población nacional, reúne al 38,5% de los titulares de la asignación universal por hijo, el 37% de los beneficiarios de las Tarjetas Alimentar. Tiene, además, el 35% de los hogares con necesidades básicas insatisfechas, el 56% de la población urbana en condiciones de pobreza y el 62% de la población debajo de la línea de la indigencia, entre otros indicadores de vulnerabilidad extrema.

Ningún funcionario admitirá hoy la fragilidad financiera a la que asoma la provincia, pero Kicillof destaca que la vulnerabilidad radica en que “desde el regreso de la democracia el Estado provincial contó con ingresos totales por habitante un 43% inferior al promedio del resto de las jurisdicciones”.

La provincia contribuye a la recaudación nacional con el 37,3% del total de los recursos, pero por el régimen de coparticipación federal recibe una asignación del 21,2% de los recursos nacionales. Esto, sin contar otras vías de financiamiento directas o indirectas, como los subsidios a la luz, el gas y el transporte en el AMBA, o las obras que realiza AySA con fondos nacionales. Desde septiembre de 2020 el presidente Alberto Fernández dispuso de un Fondo de Fortalecimiento Fiscal que supuso giros por $60.300 millones en 2021 y por 110.000 millones en 2022. El presupuesto 2023 preveía transferencias por $199.166 millones.

Este Fondo buscó “recomponer el equilibro entre la ciudad y la provincia de Buenos Aires”, dado que, en palabras de Alberto Fernández, pretendió revertir “el punto de exceso” que recibe la Capital a partir del decreto 194/2016, que incrementó la coparticipación porteña de 1,4 a 3,75% y que mediante un nuevo coeficiente estableció un 2,32 por ciento para CABA y el resto para Buenos Aires.

Este conflicto aún no está cerrado en la vía judicial y la provincia podría dejar de percibir también este concepto. Un escenario apocalíptico para Kicillof, sin un gobierno nacional del mismo signo político que habilite transferencias más allá de la coparticipación federal de impuestos.

María José Lucesole