Dicho sea de paso, según el índice de la percepción de corrupción que elabora Transparencia Internacional, Argentina hoy suma 37 puntos sobre 100. De hecho, este país se ubicó en el puesto 99 de los 180 que mide el índice, lo que marca una clara preocupación en materia de elaboración y exposición de datos públicos. 

Hay un sinfín de ejemplos que pueden darse, pero en esta columna se hará hincapié en dos muy particulares que dan cuenta de lo descripto. Una referente a datos públicos de la Cámara de Diputados y otra sobre las licitaciones que realiza el Gobierno.

En lo que refiere al primer punto, es increíble que las autoridades de la Cámara baja del Congreso nacional aún no hayan publicado, estando ya a la mitad del 2025, la ejecución presupuestaria correspondiente al ejercicio 2024.

Hay declaraciones de parte de Martín Menem sobre reducción de gastos y, si bien parte de ellos son chequeables, otros son de dudosa veracidad, por lo menos hasta que esos datos finalmente sean publicados.

Es curioso sobre todo porque a esta altura incluso se debería haber publicado la ejecución presupuestaria del primer trimestre del 2025 y pronto tendría que llegar la exposición del segundo trimestre.

Ello dinamita todo lo sostenido en materia de transparencia, porque no se sabe cuánto y a qué se destinó el dinero con el que cuenta la Cámara de Diputados para su funcionamiento.

Por ejemplo, en lo que se refiere al Senado, donde sí se publican a tiempo las ejecuciones presupuestarias, se pudo encontrar una caja destinada a pauta publicitaria y miles de millones destinados a cuestiones tales como pasajes y viáticos.

Es cuanto menos curioso que un Gobierno que hable de reducción del gasto público no lo formalice y lo exhiba mediante la presentación de informes correspondientes que incluso son obligatorios.

Pero también se dijo más arriba que otro de los ejemplos a exponer son los de las licitaciones, y es que hay un manejo de las mismas que es como mínimo sospechoso. Siempre, antes de lanzar una compra o una contratación, el organismo encargado de la misma debe tener una proyección del gasto, incluso aunque este sea menor que el que finalmente sea destinado.

Tal como puede observarse en varias licitaciones, y como ejemplo se puede mencionar la que quedó bajo en expediente “EX-2025-11051859- -APN-DC#MEC” que refiere a la contratación del seguro para la flota automotor del Ministerio de Economía, el manejo de los concursos es sospechoso.

No hay una proyección de gasto y las ofertas confirmadas van desde los $39 millones a los casi $72 millones. Ello evidencia una falta grave en la transparencia sobre el manejo de las compras y contrataciones que realiza el Gobierno nacional.

Es que, como toda licitación, existe un tope (que suele ser del 15%) a la hora de superar el valor proyectado. De esta forma el Gobierno se garantiza finalmente superar un techo que no debería poder ser traspasado.

Lo antedicho abre la puerta a un acto de corrupción, o como mínimo de despilfarro del dinero público, ya que se puede de esta manera contratar un servicio, en este caso un seguro, por un valor superior al que un proceso licitatorio transparente permitiría.

Nicolás Sanz 
Secretario General de Redacción