En plena crisis por lo que va saliendo a la luz sobre la presunta recolección de sobornos en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), el relanzamiento de la comisión investigadora del caso $LIBRA de la Cámara de Diputados de la Nación ya registró un primer efecto contrario al Gobierno: aumentó la presión sobre la Justicia federal para que impulse la pesquisa que tiene al presidente Javier Milei y a su hermana Karina como protagonistas centrales, coincidieron fuentes tribunalicias y legislativas consultadas por LA NACION. 

Los primeros efectos que la iniciativa generó en los tribunales comenzaron incluso antes de que la Cámara aprobara, la noche del miércoles, la reforma del reglamento de la comisión para destrabar la designación de sus autoridades, bajo el control de la oposición, y reactivar su funcionamiento. Sonaron los teléfonos de legisladores decisivos con llamadas de Comodoro Py o sus enlaces para conversar, conocer qué harán los opositores y, eventualmente, coordinar esfuerzos.

El sondeo que llegó de los tribunales responde, entre otros motivos, a la nueva versión del reglamento que Diputados aprobó días atrás. Establece que, en caso de empate, las autoridades de la comisión deberán surgir de los bloques que cuenten con mayoría en el pleno –es decir, los opositores–; fija su quorum según el reglamento general; y autoriza que, ante paridad de votos, prevalezca el criterio del presidente de la comisión, que tampoco será oficialista. Y extendió el plazo para entregar su informe hasta el 10 de noviembre.

Antes de la votación, incluso, el diputado de la Coalición Cívica que redactó el borrador del reglamento que terminó por aprobarse, Maximiliano Ferraro, sumó otra complicación al oficialismo. Forzó que las autoridades de la Cámara deban convocar a la reunión constitutiva en cinco días hábiles para impedir más dilaciones. Así, la comisión tomará forma durante los días que se avecinan.

“Vamos a avanzar cuanto antes con una propuesta para definir las autoridades y el orden de trabajo, lo que esperamos que nos permita definir rápido qué oficios debemos librar desde el Congreso nacional”, indicó un legislador a LA NACION. “Vamos a librar los oficios que Taiano [Eduardo, fiscal federal a cargo de la pesquisa] no pide o no muestra desde febrero, incluyendo a las plataformas Bybit, Kraken y Binance”, adelantó.

Desde el kirchnerismo, en tanto, también abogan por citar a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y a otros protagonistas del lanzamiento y colapso de $LIBRA, aunque resulta incierta la efectividad de esas citaciones. Otros legisladores se muestran cautos. “Tenemos que evitar el ‘show’ e ir por la información que podemos obtener acá o en el extranjero, para determinar qué pasó y cuáles son las eventuales responsabilidades políticas, y llegado el caso para aportar evidencias a la Justicia”.

En ese sentido, María Servini, la jueza federal que delegó la pesquisa en el fiscal Taiano, abrió ya canales de comunicación con legisladores decisivos de la Cámara de Diputados, según reconstruyó LA NACION. Detesta las sorpresas, detesta sentir que pierde el control de los expedientes “sensibles” y detesta quedar en “offside”.

En ese sentido, el transcurrir que el caso $LIBRA muestra desde febrero en Comodoro Py contrasta con lo ocurrido en esos mismos tribunales tras el inicio de una investigación contra el saliente titular de la Andis, Diego Spagnuolo. Apenas 24 horas después de recibida la denuncia, el fiscal Franco Picardi y el juez federal Sebastián Casanello avanzaron con quince allanamientos –en el organismo, droguerías y viviendas–, y secuestro de documentación, teléfonos y dinero.

¿Y en el caso $LIBRA? Los primeros allanamientos comenzaron 20 días después del lanzamiento de la meme coin, transcurrido un mes no se había ordenado aún el levantamiento del secreto fiscal y bancario de los hermanos Milei, y recién seis meses después de iniciada la pesquisa Servini ordenó congelar más de US$300.000 en criptoactivos alojados en dos billeteras virtuales por otros dos sospechosos en la investigación, Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy.

Un regreso esperado

Tras el relanzamiento de la comisión, en tanto, los legisladores podrían tender un puente con Nueva York, donde la jueza federal Jennifer Rochon dirime la demanda colectiva –“class action”– que algunos inversores entablaron contra los empresarios Hayden Mark Davis, de Kelsier Ventures, y Benjamin Chow, de la plataforma Solana, entre otros.

Los impulsores de la “class action” afrontaron un duro traspié la semana pasada, cuando la jueza Rochon levantó el embargo que de manera preventiva había impuesto sobre más de US$58 millones y millones de tokens, con críticas sobre los argumentos que presentó el abogado demandante, Max Burwick. Pero rechazó el pedido de desestimación de la demanda o, en su defecto, su remisión al estado de Texas que habían solicitado los letrados de Davis.

La cuestionada actuación de Burwick llevó, también, a la salida de otros tres letrados de los demandantes –Margaret Hoppin, Timothy Grinsell y Joshua Molder–, quienes comunicaron a la jueza Rochon, tras la audiencia que llevó al levantamiento del embargo, que renunciaban al patrocinio de la “class action” por diferencias de criterio y de estrategia procesal con Burwick.

Esas circunstancias llevan a los legisladores y abogados en la Argentina a mostrarse cautos sobre el devenir de la “class action” en los tribunales de Nueva York. Allí, el exfiscal Timothy Treanor ya representó a los inversores afectados, se abrió luego por desaveniencias con Burwick y podría reintegrarse al pleito en los próximos días.

Hugo Alconada Mon