Se trata de una contratación directa que no pasa por el análisis de una licitación pública común y que tiene como objeto alquilar los pisos 3, 4, 5 y 6 del inmueble ubicado en la avenida Presidente Roque Sáenz Peña al 788 de la Ciudad de Buenos Aires. 

Según el documento al que tuvo acceso Tribuna de Periodistas, el contrato tendrá un valor de $705.600.000 y se pagará mensualmente $58.800.000 teniendo un costo total por piso por mes de casi 15 millones de pesos.

Cabe destacar que el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado ya viene funcionando en el mencionado domicilio, sin embargo, no existe ninguna contratación ni licitación pública con la que se pueda chequear cuánto estaba abonando el Gobierno por el alquiler de dichas oficinas.

No es la primera polémica que apunta a Sturzenegger: oportunamente, el bloque de Unión por la Patria presentó en la Cámara de Diputados un pedido formal para que vaya al Congreso a dar explicaciones por su presunta vinculación con el entramado de irregularidades que sacude a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

La iniciativa, impulsada por el diputado Eduardo Valdés, reclama respuestas puntuales sobre decisiones administrativas que, según la denuncia, habrían facilitado maniobras fraudulentas en las compras de medicamentos y la reducción de prestaciones.

El origen del escándalo son una serie de audios atribuidos a Diego Spagnuolo, exdirector de ANDIS, en los que se lo escucha describiendo presiones para ejecutar recortes y relajar controles internos. Esas grabaciones —que ya provocaron la remoción de Spagnuolo— señalan a funcionarios cercanos al oficialismo y a empresarios del sector farmacéutico como beneficiarios de un esquema de presuntas coimas en contrataciones de alto costo. Las filtraciones colocaron el foco no solo en el organismo sino también en el entorno presidencial y en varios asesores con llegada a la gestión.

La resolución presentada por Valdés incluye seis preguntas concretas que, de ser aprobada la citación, Sturzenegger debería responder en el recinto. Entre los puntos más comprometidos figura si desde su ministerio se impartieron instrucciones para anular la mayor cantidad posible de pensiones por discapacidad o si se limitó la revisión médica individualizada de cada caso; también se reclama saber si se designaron funcionarios con facultades extraordinarias dentro de la agencia. Otra pregunta clave apunta a la abrupta reducción del equipo de Auditoría Interna —pasó, según la denuncia, de 16 a 5 integrantes— y cómo esa merma impactó en el control de las compras de medicamentos.

Nicolás Sanz
Secretario General de Redacción de Tribuna de Periodistas