La jueza Rochon rechazó el pedido de embargo de acreedores internacionales al concluir que los fondos no serían de la Argentina sino de sus impulsores.

Rochon sostuvo que las evidencias que presentaron Palladian Partners, HBK Master Fund, Hirsh Group y Virtual Emerald International Limited incluyeron artículos periodísticos, posteos en redes sociales y un supuesto acuerdo preliminar entre el Gobierno y una plataforma de intercambio, pero que todo ese material resulta insuficiente para probar que el dinero que generó $LIBRA sea del Estado argentino. Afirmó que “las pruebas podrían sugerir” que los beneficiarios serían “el propio Milei, su hermana Karina o el empresario Hayden Davis”, quien habría conservado parte de las ganancias “con el eventual propósito de invertirlos en la economía argentina”.

La jueza vertió esas y otras conclusiones preliminares en una resolución de 33 páginas, en las que aludió a las declaraciones del fiscal argentino Eduardo Taiano, quien insinuó que el Estado nacional podría reclamar el decomiso de los fondos que generó $LIBRA si se demostrara que provinieron de conductas ilícitas de funcionarios. Pero Rochon aclaró que mantenía reservas sobre la solidez de esa teoría e insistió en que “las pruebas no permiten sostener que la República Argentina sea actualmente titular de los activos”.

Para la magistrada, los fondos demandantes incurrieron en una “excursión de pesca” al solicitar documentación y testimonios de alcance desmedido. Entre los pedidos figuraban todos los registros y comunicaciones de Meteora, la plataforma virtual que se usó para el lanzamiento del token, y la citación de al menos trece “influencers”, ingenieros, empresarios y hasta el creador del sitio Barstool Sports. Para Rochon, eso demostró más una intención de abrir una pesquisa general sobre el universo cripto que de obtener pruebas para el proceso judicial.

La jueza subrayó además que, aun si existieran vínculos financieros entre $LIBRA y el entorno del presidente Milei, los caminos más apropiados para investigarlos no serían los tribunales estadounidenses sino la Justicia inglesa y la argentina. Por ello, denegó la intentona y aclaró que el instrumento legal invocado –la sección 1782 del Código de los Estados Unidos, que regula la cooperación judicial internacional– no puede ser utilizado para exploraciones especulativas ni para presionar a un Estado soberano mediante conjeturas.

Pérdidas por US$251 millones

El reclamo había sido promovido por los fondos Palladian Partners, HBK Master Fund, Hirsh Group y Virtual Emerald International Limited, todos acreedores del Estado argentino por bonos del default de 2001. Esas firmas habían obtenido un fallo favorable de la Justicia británica en 2023, que ordenó al gobierno argentino pagar más de 1500 millones de euros. Al detectar que la Argentina no había satisfecho la sentencia, los fondos iniciaron una ofensiva global para localizar activos que pudieran ser embargados.

En ese contexto, los fondos se presentaron en agosto en los tribunales de Nueva York, donde buscaron vincular al Estado con el token $LIBRA, lanzado en febrero por Hayden Davis y promovido por Milei en la red social X, lo que generó un pico alcista y pérdidas por US$251 millones, según dio por probado el fallo.

Así, los fondos pretendían usar la información hallada en Nueva York para reforzar sus acciones de cobro en Londres o en otros países. Pero la jueza Rochon cerró esa vía: sostuvo que el intento carecía de sustento fáctico y que no hay indicios de que los activos de $LIBRA pertenezcan al Estado argentino.

Al rechazar la pretensión de los fondos internacionales, Rochon también mencionó un informe de la Oficina Anticorrupción (OA), que concluyó que la difusión del proyecto por parte del Presidente debía considerarse una actividad personal, no oficial. Ese dictamen coincidía con la posición de la Casa Rosada, que niega cualquier rol de Milei o su hermana en la emisión o administración de $LIBRA.

El fallo de la jueza, sin embargo, dejó una definición incómoda para la Casa Rosada: si el proceder del Presidente fue de carácter personal y no institucional, la sospecha es que el esquema podría haber tenido a Milei como beneficiario privado o a personas cercanas a él, y no al Estado nacional.