Por eso es que no solo el exministro está entre los implicados, sino también quien era su mano derecha Roberto Baratta, el exsecretario de Obras Públicas José López, los exsecretarios de Transporte Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi; y Claudio Uberti, que controlaba los corredores viales.
En el mecanismo de corrupción investigado hay pagos directos registrados en los cuadernos de Oscar Centeno de los empresarios a los funcionarios y otros tercerizados mediante pagos que recibía o requería el financista dueño de Inverness S. A., Ernesto Clarens; el entonces presidente de la Cámara Argentina de la Construcción y de la firma ESUCO S. A., Carlos Guillermo Enrique Wagner.
El primer mecanismo aseguraba que los funcionarios requerían el dinero y los empresarios lo entregaban, en ocasiones, en las propias cocheras de sus empresas, en bolsos que transportaban Baratta y Centeno.
El otro mecanismo era una manera de que los empresarios que tenían contratos de obra pública pudieran cobrar los certificados. Para la Justicia estos pagos son casos de cohecho activo y pasivo, es decir de dinero requerido por los funcionarios u ofrecido por los empresarios para obtener un beneficio.
Pero los acusados explicaron esos pagos de otro modo. Algunos funcionarios dijeron que el dinero era un requerimiento de un aporte de campaña electoral, y otros señalaron que pagaron bajo coacción porque no iban a poder cobrar los certificados de obra o renovar sus concesiones.
En la cima de esta organización, la Justicia colocó a Cristina Kirchner como la jefa de una asociación ilícita y acusó como organizadores a De Vido, al exsubsecretario de Coordinación y Control de Gestión de esa cartera, Roberto Baratta, a Clarens, a Wagner y a Jaime.
Los miembros de la asociación ilícita, según la fiscalía, son José López, Juan Pablo Schiavi, Uberti, los exsecretarios privados de De Vido y Baratta, José María Olazagasti y Nelson Lazarte; el exsubsecretario de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Planificación Federal, Rafael Llorens; el extitular de la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Secretaría de Obras Públicas, Germán Nivello y al chofer de Baratta, Oscar Centeno.
También, en el tramo de la investigación por la cartelización de obras públicas en cabeza de la Cámara Argentina de Empresas Viales, se incluyó como miembros de la organización al exadministrador general de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), Nelson Periotti, preso por Vialidad; al exgerente de Obras y Servicios Viales y subadministrador de la DNV, Sandro Férgola y al exgerente de Administración de la DNV y exempleado de Inverness S.A., Sergio Pasacantando.
Además, por parte de los empresarios, serán juzgados como miembros de la asociación ilícita, el exdirector ejecutivo de la Entidad Binacional Yacyretá, Oscar Alfredo Thomas; el exvicepresidente y accionista de Electroingeniería S. A. y representante de las firmas Grupo Eling S. A. y Vialco S. A., Gerardo Luis Ferreyra y el presidente de Vialco S. A., Miguel Marcelino Aznar.
También se abordará la supuesta responsabilidad del exjefe de Gabinete Juan Manuel Abal Medina, del excoordinador de la Unidad Ministro de la Jefatura de Gabinete, Hugo Martín Larraburu, del exdirector de Energías Renovables y Eficiencia Energética del Ministerio de Planificación Fabián García Ramón; del exfuncionario y el exasesor de la Subsecretaría de Coordinación y Control de Gestión de Planificación Hernán Gómez, de Walter Fagyas y del exchofer de Olazagasti, Hernán Del Río.
Además, se juzgará al exasesor del secretario general de la Presidencia Julio Daniel Álvarez por encubrimiento agravado.
Finalmente, llegan a juicio, como autores, coautores o partícipes de los delitos de cohecho activo y dádivas otros 60 empresarios, entre los que se encuentran Ángel Jorge Antonio Calcaterra, accionista de Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) S.A. e IECSA S. A., , Enrique Menotti Pescarmona, presidente de Industrias Metalúrgicas Pescarmona (IMPSA) SAICyF,; Aldo Benito Roggio, presidente de Grupo Roggio S. A. y titular de Metrovías S. A. y del ferrocarril Urquiza, entre 2003 y 2009.
Entre los acusados también están Benjamín Gabriel Romero, titular de Hidrovía S. A.; Rudy Fernando Ulloa Igor, socio de la financiera Cumehue S. A; Armando Roberto Loson, presidente del Grupo Albanesi S. A.,; Alberto Ángel Padoan, integrante del directorio de Vicentín SAIC y expresidente de la Cámara de Comercio de Rosario,; los hermanos Carlos Fabián y Osvaldo Manuel De Sousa, presidentes de CPC S. A. y el Grupo Indalo; y Cristóbal Manuel López, accionista y socio mayoritario de CPC S. A. y el Grupo Indalo.
