El juez Bavio ordenó, además, alertar sobre lo ocurrido a las autoridades de múltiples organismos públicos para que adopten las medidas necesarias para evitar abusos y potenciales delitos; entre ellos, la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSeS), la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), la Dirección Nacional de Migraciones (DNM), la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), y la Dirección Nacional de Control de Fronteras e Hidrovías, como también al actual interventor de la localidad de Aguas Blancas.
El magistrado también mantuvo la medida cautelar vigente desde junio, cuando ordenó la “suspensión provisional y cautelar de la carga, procesamiento e incorporación en el padrón electoral” de todas las “novedades registrales” –es decir, altas y bajas, entre otras opciones- en Aguas Blancas y otras dos localidades salteñas fronterizas con Bolivia, Los Toldos y Salvador Mazza, “hasta que se pueda verificar el domicilio real de los ciudadanos” bajo sospecha.
La decisión del juez Bavio se apoyó en los resultados de un relevamiento que detectó más de 2000 inscripciones irregulares en Aguas Blancas, localidad que registró 3648 habitantes en el censo de 2002, pero acumuló un total de 5736 supuestos electores habilitados para votar en abril de 2025, lo que representa un 57,2% más de votantes que residentes.
La hipótesis que barajan los investigadores es que los votantes ahora excluidos del padrón son, en realidad, ciudadanos bolivianos que viven en su país, pero solicitaron el documento nacional de identidad argentino (DNI) para acceder a planes sociales y beneficios previsionales, pero quedaron empadronados y habilitados, por tanto, a votar.
“Un aspecto crucial que de ninguna manera puede soslayarse -y que se añade al sinnúmero de indicios concordantes que permiten alcanzar un alto grado de verosimilitud sobre las notorias irregularidades que justifican el saneamiento urgente del padrón electoral de la localidad de Aguas Blancas-“, indicó el juez Bavio, “es el peligro real de que esas deficiencias detectadas puedan ser funcionales a la inmigración transfronteriza de extranjeros al consignarse domicilios falsos en el documento de identidad de nuestro país, lo que, a su vez, puede constituir el instrumento que les permita obtener beneficios indebidos de diversa índole, al simular el cumplimiento de recaudos sustentados en la mentira, con una descomunal afectación a la fe pública”.
Apoyado en estos y otros hallazgos, el fiscal federal Ricardo Toranzos solicitó al juez que ordenara la detención de los ciudadanos bajo sospecha que acudieran a las urnas en las elecciones nacionales de octubre, pedido al que accedió el juez. ¿Motivo? Verificar su condición electoral y comprobar su verdadero domicilio, ya que podría estarse ante el delito de falsedad ideológica de documento público.
Los indicios alimentan esa posibilidad. Por ejemplo, que 729 personas declararon la calle 25 de Mayo como domicilio en Aguas Blancas, pero sin precisar el número de su vivienda, en tanto que otros 700 fijaron la calle 9 de Julio como lugar de residencia, pero tampoco indicaron el número concreto en el que viven.
Oportunidades para el crimen organizado
En ese sentido, la Fiscalía informó que ordenó relevar las viviendas ubicadas en ambas calles de Aguas Blancas, “tratándose de galpones de depósito, espacios verdes, hoteles, locales comerciales y terrenos baldíos, como así también se verificaron viviendas con numeración visible y/o con medidor de servicios”.
Cuadros similares se constataron en otras calles de la localidad. La calle 20 de Febrero, por ejemplo, tiene una extensión total de apenas 619 metros, pero allí se registraron 793 votantes aún cuando los relevamientos realizados no hallaron inmuebles suficientes para todos ellos, entre depósitos, lotes baldíos, hoteles y espacios verdes.
Tras criticar en duros términos al Estado boliviano por su falta de cooperación en esta y otras investigaciones, el juez Bavio alertó sobre los riesgos que afronta toda esa zona fronteriza ante el avance del crimen organizado, abocado al contrabando de estupefacientes y otras mercaderías, o el tráfico de personas, entre otras actividades delictivas.
En ese contexto, alertó el magistrado, la adulteración de los padrones electorales en localidades pequeñas pueden influir en los resultados de la votación, “con el riesgo que de suyo implica que grandes organizaciones narco criminales capten en sus filas a autoridades y funcionarios de municipios”, destacó. “De ahí que me inclino por disponer la exclusión del padrón de las personas que se hallan en la situación ya descripta”.
