Ese hilo conductor atraviesa toda la historia del radicalismo. No es posible entender a la Unión Cívica Radical sin la Reforma Universitaria de 1918.
Aquella gesta, que nació en Córdoba, se proyectó a toda América Latina y luego al mundo, no fue una rebelión estudiantil aislada, sino la expresión política y cultural de un ideario radical que concebía a la universidad como un espacio de libertad, de pensamiento crítico y de compromiso social.
Autonomía universitaria, cogobierno, gratuidad, educación al servicio del pueblo, entre otros: esos principios no fueron consignas vacías, fueron banderas que el radicalismo hizo propias porque entendía que sin universidades libres no hay democracia viva.
Ese compromiso se expresó también en los gobiernos radicales. Arturo Illia, en uno de los momentos más luminosos de la historia republicana, destinó cerca del 23% del presupuesto nacional a la educación, convencido de que el desarrollo no se decreta, se construye formando ciudadanos, científicos, docentes y profesionales. Illia gobernó con austeridad personal, pero jamás confundió austeridad con mezquindad intelectual. Para él, invertir en educación era invertir en soberanía, en justicia social y en futuro.
Tras la noche oscura de la dictadura, fue nuevamente un gobierno radical el que restableció los principios reformistas y democráticos. Raúl Alfonsín entendió que no alcanzaba con recuperar las instituciones: había que reconstruir la trama moral y cultural del país.
La universidad pública volvió a ser un espacio de libertad; la ciencia, una política de Estado; la educación, una herramienta de igualdad. El Plan Nacional de Alfabetización, el impulso a la educación cívica y el fortalecimiento del sistema científico fueron parte de un proyecto que afirmaba, sin ambigüedades, que la democracia se defiende educando.
Como solía decir Alfonsín, la democracia no es solo un sistema de gobierno: es una forma de vida que se aprende y se ejerce.
Ese mismo espíritu atravesó al radicalismo incluso en los años más adversos. En la década del 90, cuando el país fue sometido a un proceso de mercantilización extrema, la Unión Cívica Radical —y muy especialmente la Franja Morada— sostuvo una lucha persistente en defensa de la universidad pública frente a las políticas del menemismo.
No fueron años fáciles. Hubo derrotas, resistencias y costos políticos. Pero el radicalismo, desde las aulas y desde la militancia estudiantil, defendió la educación pública como un bien social irrenunciable, aun cuando hacerlo significaba ir contra el clima de época.
Esa es la historia. Esa es la doctrina. Y es desde esa memoria que hoy resulta imposible callar frente a un artículo que, bajo la apariencia técnica de un presupuesto, pretende desarmar los pilares normativos que protegieron durante décadas a la educación y a la ciencia.
El artículo en cuestión no recorta una partida: elimina los pisos legales, despoja a la educación y al sistema científico de toda garantía y los deja a merced de la discrecionalidad del ajuste. Es un retroceso histórico. Es una negación del reformismo. Es, en los hechos, una claudicación doctrinaria.
Los senadores radicales que hoy ocupan bancas en el Senado de la Nación —Maximiliano Abad, Flavio Sergio Fama, Eduardo Horacio Galaretto, Mariana Juri, Daniel Ricardo Kroneberger, Carolina Losada, Silvana Lorena Schneider, Rodolfo Alejandro Suárez, Mercedes Gabriela Valenzuela y Eduardo Alejandro Vischi— no pueden alegar desconocimiento ni neutralidad. Son herederos de una tradición política que hizo de la educación pública, la ciencia y el desarrollo nacional una causa central. Cada uno de esos nombres está asociado, quiera o no, a una historia colectiva que no admite dobles discursos.
Votar a favor de un artículo que destruye los resguardos legales del financiamiento educativo y científico no es una opción técnica ni una concesión coyuntural: es una ruptura ética. Es colocarse fuera del legado de Alem, de Yrigoyen, de Illia, de Alfonsín y de miles de militantes radicales que defendieron la educación incluso en los momentos más adversos. Es traicionar el espíritu de la Reforma Universitaria. Es desconocer que sin educación pública no hay ciudadanía, sin ciencia no hay desarrollo y sin conocimiento no hay Nación.
Por eso, el radicalismo no puede mirar para otro lado. La responsabilidad no se agota en el voto. Si algún senador radical decide acompañar ese artículo, no estará expresando una diferencia de criterio: estará incurriendo en una falta grave contra la doctrina y la ética partidaria.
En ese caso, la Unión Cívica Radical, a través de su Comité Nacional y de su Tribunal de Ética, tiene el deber histórico de actuar. No como castigo personal, sino como defensa de la identidad del partido.
Quien vote contra la educación pública, la ciencia y el desarrollo nacional no puede seguir llamándose radical. Debe ser sometido al Tribunal de Ética y, de persistir en esa conducta, expulsado de la Unión Cívica Radical.
Porque el radicalismo no es un sello vacío. Es una tradición viva. Y una tradición que no se defiende, se pierde.
