El 18 de junio de 2026, la Agencia Nacional de Puertos y Navegación publicó la Resolución 36/2026 y adjudicó la Vía Navegable Troncal —la Hidrovía por la que circula cerca del 80% de las exportaciones argentinas y sobre la que operan unas 60 terminales portuarias— al consorcio de la belga Jan de Nul y la local Servimagnus, por 25 años prorrogables por otros cinco. El 24 de junio, Diputados dio media sanción al Súper RIGI por 130 votos afirmativos, 106 negativos, 7 abstenciones y 13 ausentes — con Karina Milei siguiendo el final de la sesión desde un palco, aplaudida por el bloque oficialista. Ese mismo día, a 8.500 kilómetros, el embajador Alec Oxenford firmaba en Washington la adhesión argentina a Pax Silica, la iniciativa insignia del Departamento de Estado para asegurar las cadenas de suministro de la inteligencia artificial. Y mientras todo eso ocurría, esperaba su turno en el Senado —con dictamen desde el 20 de mayo— la llamada ley de “Inviolabilidad de la Propiedad Privada”, el proyecto de Federico Sturzenegger que desarma la Ley de Tierras Rurales y elimina todos los topes a la extranjerización del suelo argentino.

Cuatro movimientos en apariencia inconexos: una concesión portuaria, un régimen de inversiones, una firma diplomática, una reforma del régimen de tierras. Vistos en conjunto, componen otra cosa: la arquitectura legal completa de un país ordenado para la extracción. La tierra, para comprarla sin límite. El subsuelo, para explotarlo con el impuesto más bajo del mercado y estabilidad garantizada por treinta años. El río, para sacar la producción. El paraguas geopolítico, para que todo quede alineado con la potencia que diseñó el esquema. Y los tribunales de Nueva York y el CIADI, para que ningún gobierno futuro pueda tocarlo.

Desde Washington, en alegre montón, los que ponen y los que quitan

Pax Silica fue establecida en diciembre de 2025 por Jacob Helberg, subsecretario de Asuntos Económicos del Departamento de Estado. Antes de desembarcar en el gobierno de Trump, Helberg fue asesor principal de Alex Karp, el CEO de Palantir, la empresa de vigilancia y análisis de datos que fundaron Karp, Peter Thiel y Joe Lonsdale con capital inicial de la CIA. El arquitecto de la alianza a la que Argentina acaba de adherir viene, literalmente, del universo Thiel — el mismo que, como contamos en Data Clave, construyó en Honduras la ciudad privada de Próspera y hoy reclama al Estado hondureño hasta 26.400 millones de dólares ante el CIADI por haberse atrevido a votar en contra.

En la Cumbre Pax Silica 2026 se firmaron dos documentos. La Declaración Pax Silica propiamente dicha, que con las diez incorporaciones nuevas —Argentina, Chile, Costa Rica, El Salvador, la Unión Europea, Alemania, Grecia, Kazajistán, Países Bajos y Panamá— llegó a 24 firmantes. Y una declaración conjunta sobre "la oportunidad de la IA", suscripta por 35 países, que compromete un enfoque regulatorio "pro-crecimiento" para la inteligencia artificial. La hoja informativa oficial del Departamento de Estado no deja lugar a interpretaciones sobre el objeto de la alianza: "cadenas de suministro seguras" de minerales críticos, insumos energéticos, manufactura avanzada, semiconductores e infraestructura tecnológica. El texto evita nombrar a China, pero las alusiones a "políticas no de mercado", dumping y sobrecapacidad estatal son un retrato hablado del modelo industrial de Beijing.

¿Qué papel le toca a la Argentina en esa cadena? El que pretende y celebra no solo Sturzenegger, sino el inefable Santiago Caputo y su ejército de medios y mediadores rentados con fondos públicos para su propaganda, tal como dejaron expuesto en las redes sociales la semana que pasó. Pretenden que Argentina sea el país proveedor de litio, cobre y tierras raras. Los yacimientos argentinos contienen al menos tres de los 17 elementos que buscan los inversores del bloque —neodimio, praseodimio y lantano—, y el vehículo financiero ya existe: el Pax Silica Fund, lanzado por el Departamento de Estado en marzo de 2026. Helberg lo anunció en el Hill and Valley Forum —el grupo de legisladores y capitalistas de riesgo que él mismo cofundó— con una mecánica explícita: Estados Unidos aporta apenas 250 millones de dólares de asistencia externa como capital semilla para "catalizar" inversiones de fondos soberanos y privados en minerales críticos, procesamiento, infraestructura y manufactura. Los socios fundadores del "Pax Silica Investor Consortium" —así se llama formalmente— son SoftBank (Japón), Temasek (Singapur) y Mubadala (Abu Dabi), que administran en conjunto más de un billón de dólares. Conviene la precisión: es patrimonio administrado, no capital comprometido — The New York Times tuvo que corregir dos veces su cobertura del anuncio por haber informado "un billón comprometido" y una cita de Helberg que no existió. Por ahora, el único dinero real sobre la mesa son los 250 millones estadounidenses. El brazo ejecutor es la DFC, la corporación financiera de desarrollo del gobierno estadounidense, cuyo CEO expuso en la propia cumbre bajo un título que ahorra interpretaciones: "Exportar el stack de IA". La división del trabajo queda a la vista: Washington pone 250 millones y el marco; los fondos soberanos ponen el capital; los socios "confiables" ponen los minerales, la energía y el territorio.

Los tres socios fundadores no se conocieron en la cumbre: Helberg reclutó una red que ya operaba junta. Masayoshi Son, el dueño de SoftBank, es el aliado financiero más antiguo de Trump en materia de IA: prometió 100.000 millones de dólares en Mar-a-Lago en diciembre de 2024, antes de la asunción, y un mes después lanzó junto a Trump y Sam Altman el proyecto Stargate, la infraestructura de inteligencia artificial de 500.000 millones con OpenAI, Oracle y MGX. Mubadala es socio de SoftBank desde hace casi una década —puso 15.000 millones en su Vision Fund— y es cocreador de MGX, el vehículo emiratí que acompaña a SoftBank en Stargate y que además invirtió en el proyecto cripto de la familia Trump y en el acuerdo por TikTok, según documentaron CNBC y Forbes. Su CEO es Khaldoon Al Mubarak, la cara amable del emirato como presidente del Manchester City. Temasek, el fondo estatal de Singapur conducido por el abogado Dilhan Pillay, aportó la justificación más honesta del conjunto: "el orden basado en reglas del que dependíamos como firma de inversión está cambiando; Estados Unidos tiene un objetivo claro de America First y los demás países tratamos de entender cómo operar dentro de ese marco". Un detalle cierra el diseño: Japón, Singapur y Emiratos son firmantes originales de la Declaración Pax Silica — primero los Estados firmaron el marco, después sus fondos soberanos pusieron el capital. Y el canal de reclutamiento fue el propio Hill and Valley Forum: el hombre que armó el lobby después armó la política de Estado, y desde el Estado le anunció el fondo a su propio lobby. La adhesión se apila sobre el Instrumento Marco de minerales críticos que Cancillería firmó con Washington en febrero. El país que hace un siglo exportaba carne y granos para comprar manufacturas inglesas ahora exportará litio y tierras raras para comprar la inteligencia artificial que se fabricará con ellos.

El Súper RIGI: el traje a medida

Un día antes de la firma en Washington, Diputados aprobó el régimen de Grandes Inversiones en Nuevas Industrias. Las cifras del privilegio no tienen antecedentes en la legislación argentina: para proyectos de más de 1.000 millones de dólares, Impuesto a las Ganancias al 15% —contra el 35% que paga cualquier empresa argentina y el 25% del RIGI original—, arancel cero para importar todos los bienes del proyecto incluidos insumos, contribuciones patronales con alícuota única del 10%, libre disponibilidad de divisas desde el tercer año y estabilidad fiscal, cambiaria y normativa por 30 años: casi ocho mandatos presidenciales blindados contra cualquier ley futura.

El blindaje jurisdiccional es la pieza más delicada: cualquier conflicto entre el Estado y las empresas del régimen se resuelve en arbitraje internacional, esquivando por completo a la justicia argentina. El artículo 73(c) garantiza además el "derecho a la operación continuada del proyecto sin interrupciones" y la declara "esencial" — leído en clave de mega data centers, significa que ante una crisis energética la ley podría priorizar los servidores de una multinacional por sobre el suministro eléctrico de la población. El precedente existe y es justo el que el oficialismo usa de vidriera: Irlanda, el "milagro irlandés" que Milei promete emular cada vez que puede. En el paraíso fiscal europeo de las Big Tech, los centros de datos ya consumen el 22% de toda la electricidad del país —dato oficial de 2024— y el regulador debió imponer desde 2021 una moratoria de nuevas conexiones en la región de Dublín, que recién se levantó a fines de 2025 y con condiciones que el Súper RIGI ni siquiera contempla: que los nuevos data centers generen su propia energía y funcionen con 80% de renovables. Hasta el milagro necesitó ponerle límites a sus milagreros. Y el artículo 55 prohíbe expresamente al Estado exigir compre nacional. El contraste más incómodo lo ofrece Brasil, gobernado por el hombre al que Milei llamó "corrupto y comunista" —sin disculpas: "¿desde cuándo hay que pedir perdón por decir la verdad?"— y del que anticipó ante Tucker Carlson que no haría negocios "con ningún comunista". El régimen ReData que Lula firmó en 2025 condiciona cada beneficio fiscal a contrapartidas concretas: reservar al menos el 10% de la capacidad instalada para el mercado interno, invertir en investigación y desarrollo dentro de Brasil y cumplir criterios de sustentabilidad energética e hídrica. El "comunista corrupto" les cobra peaje soberano a las Big Tech; el libertario les prohíbe por ley a sus propios sucesores pedirles nada.

La promesa que justifica todo esto es la lluvia de inversiones. La evidencia empírica dice otra cosa: al RIGI original se presentaron proyectos por unos 95.000 millones de dólares, de los cuales Economía aprobó 18 por 22.500 millones — y el ingreso neto de divisas efectivamente registrado hasta marzo de 2026 fue de 762 millones: menos del 1% de lo anunciado. El costo fiscal, en cambio, es concreto: los proyectos ya aprobados resignan ingresos por unos 1.800 millones de dólares anuales (0,27 puntos del PBI), y si los montos anunciados ingresaran bajo las reglas del Súper RIGI, el gasto tributario treparía a 1,27 puntos del PBI — más de 8.000 millones de dólares al año, según el cálculo del diputado y ex titular de la AFIP Guillermo Michel. Para dimensionarlo: cumplir la ley de financiamiento universitario —promulgada por insistencia del Congreso sobre el veto de Milei y aún incumplida— cuesta 0,23 puntos del PBI según la Oficina de Presupuesto del Congreso. El Súper RIGI proyecta resignar más de cinco veces eso. En cuanto al empleo, el espejo chileno alcanza: el plan nacional de data centers prometía 80.000 puestos y generó 1.750.

La secuencia de visitas que precedió al proyecto está documentada: Thiel se reunió dos veces con Milei —en Estados Unidos y en Casa Rosada, con la mediación del entonces embajador Oxenford, el mismo que ahora firmó Pax Silica—, almorzó con Santiago Caputo y cenó con Sturzenegger semanas antes de que el texto entrara al Congreso. El diputado Itaí Hagman llevó la pregunta al recinto: en la comisión del 3 de junio interrogó al secretario de Coordinación de Energía y Minería, Daniel González —a quien desde aquel día y por sus declaraciones llaman "chancho rengo"—, sobre cuánto influyó Palantir en la redacción del proyecto, y obtuvo una respuesta que quedó para la posteridad: "No conozco a ningún señor Palantir". Para Hagman, "todo indica que el Súper RIGI fue hecho a medida de alguien" — y su definición del régimen es la más citada de todo el debate: "un esquema de saqueo, no de inversión". Circula además la versión de un data center de YPF Luz con Tesla alimentado con gas de Vaca Muerta — no hay confirmación oficial, pero sería la primera materialización local del paquete.

La ley de tierras: el estatuto del coloniaje

La cuarta pieza es la más silenciosa y quizás la más grave. El proyecto de ley de "Inviolabilidad de la Propiedad Privada" —una sarasa grandilocuente, como si en Argentina hubiese un gobierno presente o posible a futuro que violase la propiedad privada como política de Estado; ese delirio anarcocapitalista de Milei que ve "comunismo" en cualquier parte, sin saber de su muerte en 1989—, redactado por el Ministerio de Desregulación de Sturzenegger, ya tiene dictamen en el Senado y espera una sesión que se postergó dos veces —el 4 y el 25 de junio, por falta de quórum—. Su capítulo central desarma la Ley de Tierras Rurales 26.737, sancionada en 2011.

El trabajo más riguroso sobre lo que está en juego lo hizo el Observatorio de Tierras del Programa de Investigaciones sobre Historia Agraria de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, creado en diciembre de 2025 por la socióloga Julieta Caggiano y el historiador Matías Oberlin, ambos becarios del CONICET, junto al historiador Pablo Volkind. Su primer aporte fue un mapa interactivo que cuantificó por primera vez la extranjerización del suelo argentino: más de 13 millones de hectáreas en manos de empresas, personas o Estados extranjeros — el 5% del territorio nacional, una superficie equivalente a Inglaterra. Su cuarto informe, de abril de 2026, disecciona el proyecto de Sturzenegger artículo por artículo y concluye con una fórmula que no busca la neutralidad: “un nuevo estatuto legal del coloniaje”.

La disección del Observatorio muestra que el proyecto no es un ajuste técnico sino un cambio de paradigma. Primero, redefine qué es un “extranjero”: la ley vigente alcanza a personas físicas extranjeras y a sociedades con capital extranjero directo o indirecto; el proyecto restringe la categoría exclusivamente a Estados extranjeros y sus vehículos. Las corporaciones privadas —los actores que dominan de hecho el mercado de tierras— quedan directamente fuera de toda regulación. Segundo, deroga los tres topes que estructuran la ley: el límite del 15% de titularidad extranjera sobre el territorio nacional, provincial y municipal; el tope del 30% por nacionalidad dentro de ese porcentaje; y el máximo de 1.000 hectáreas por titular extranjero en la zona núcleo. Tercero, elimina la prohibición de que extranjeros adquieran tierras que contengan o linden con cuerpos de agua de envergadura — ríos, lagos, nacientes. Cuarto, disuelve el Consejo Interministerial de Tierras Rurales y reduce las obligaciones de información: el Estado no solo pierde la capacidad de limitar, pierde la capacidad de saber quién compra qué.

Hay un quinto punto que casi nadie mencionó y que conecta esta ley con todo lo demás: el proyecto deroga el artículo 11 de la ley vigente, el que establece que la adquisición de tierras rurales no se considera “inversión” a los efectos de los Tratados Bilaterales de Inversión. Esa cláusula existe por una razón precisa: impedir que un comprador extranjero de tierras pueda demandar al Estado argentino ante el CIADI — el mismo tribunal del Banco Mundial donde Próspera le reclama a Honduras dos tercios de su presupuesto anual. Derogado el artículo, la tierra argentina se convierte en “inversión protegida”: quien la compre podrá litigar contra la Argentina en tribunales extranjeros si una ley futura intenta ponerle condiciones. El candado no se cierra por dentro: se cierra desde afuera.

El dictamen que el oficialismo negoció en mayo para conseguir las firmas retocó la fachada sin tocar la estructura: mantiene la prohibición para Estados extranjeros pero le agrega una cláusula de escape —la restricción se levanta si la provincia lo pide y el Ejecutivo nacional lo autoriza— y delega en las provincias la regulación de las ventas a capitales extranjeros privados. En un país donde varias provincias compiten entre sí por cualquier inversión, delegar es desregular con intermediarios. Contra el proyecto se pronunciaron representantes de la ciencia y de la Iglesia en el propio Senado, más de veinte organizaciones de la sociedad civil, y también la CGT, que pidió por comunicado el rechazo del proyecto —eliminar el tope del 15% es “entregar soberanía a quienes hoy concentran el poder económico y buscan apropiarse de minerales estratégicos, tierra cultivable, energía y agua”— y llevó la posición a la audiencia del Senado en la voz de su secretario general Jorge Sola: “sin control nacional de la tierra no hay proyecto productivo; la propiedad debe tener una función social, lo dice la Constitución Nacional”.

El Observatorio agrega el contexto que completa la foto: la reforma no viene sola sino articulada con la derogación de la Ley 26.160 de emergencia territorial indígena —que dejó sin relevar a más de la mitad de las comunidades, ahora expuestas a los desalojos exprés que el mismo proyecto agiliza—, las modificaciones a la Ley de Glaciares —sancionadas en abril de 2026 y promulgadas por el Decreto 271: la protección dejó de ser general y ahora cada glaciar debe demostrar una “función hídrica específica” para merecerla, las provincias pueden excluir zonas del Inventario Nacional que el IANIGLA está obligado a dar de baja, y la minería queda habilitada caso por caso donde antes regía la prohibición; el principio precautorio, invertido: ya no se protege ante la duda, se explota ante la duda—, los cambios a la ley de manejo del fuego —que apuntan a eliminar la prohibición de vender, lotear o cambiar el uso de tierras incendiadas durante 30 años en zonas rurales y 60 en bosques nativos y áreas protegidas: el candado que la ley había puesto justamente para que a nadie le resultara rentable un incendio, y que el proyecto de propiedad privada afloja mientras el gobierno ya disolvió por decreto el Fondo Nacional de Manejo del Fuego—, y el RIGI. Cada norma le quita al Estado una herramienta distinta sobre el mismo objeto: el territorio.

Cuando todas las piezas encajan el puzzle completo transforma a la Argentina en una colonia

Una empresa extranjera podrá comprar sin límite de hectáreas la tierra donde está el litio, el cobre o las tierras raras que Pax Silica demanda — incluida la tierra con acceso al agua que la minería del litio consume en cantidades industriales. Podrá explotarla bajo el Súper RIGI: 15% de Ganancias, arancel cero, sin obligación de comprarle a un solo proveedor argentino, con la "operación continuada" garantizada por encima de cualquier emergencia y con estabilidad normativa hasta 2056. Podrá sacar la producción por una Hidrovía concesionada por 25 años al consorcio de Jan de Nul y Servimagnus — la belga con el 60% y, con el 40%, la firma controlada por Loginter, de la familia Román. Detrás del negocio, la prensa económica ubica con insistencia a los hermanos Juan y Patricio Neuss: amigos de la infancia de Santiago Caputo desde el country Martindale, aportantes de la Fundación Faro que administra su hermano mayor Francisco Caputo —el encargado del vínculo con los empresarios en el think tank oficialista—, ganadores seriales de las licitaciones de la era Milei (de las hidroeléctricas a la distribución eléctrica del norte) y señalados, además, por haber sugerido el nombramiento de Arreseygor, el funcionario de la ANPYN que firmó la adjudicación. Los mismos Caputo que orbitan el universo Thiel: Santiago almorzó con el fundador de Palantir semanas antes de que el Súper RIGI entrara al Congreso. El financiamiento vendrá "desriesgado" por el Pax Silica Fund — 250 millones de dólares públicos estadounidenses apalancando el billón que administran SoftBank, Temasek y Mubadala—, diseñado en el Departamento de Estado por un hombre formado en Palantir, dentro de una alianza cuyo documento fundacional le asigna a cada socio su lugar en la cadena — y a la Argentina le tocan los minerales. Y si algún Congreso o algún gobierno futuro intenta revisar cualquiera de estas condiciones, la disputa no se resolverá en Comodoro Py ni en la Corte Suprema: se resolverá en el CIADI o en tribunales de Nueva York, donde Honduras ya sabe lo que cuesta querer la soberanía de vuelta: hasta 26.400 millones de dólares, dos tercios de su presupuesto anual.

No hace falta atribuir intenciones: alcanza con leer los documentos públicos. La ley de tierras entrega el suelo. El Súper RIGI entrega la renta y la jurisdicción. La Hidrovía entrega la logística. Pax Silica le pone nombre, marco y bandera al conjunto. Cada norma fue presentada por separado, con argumentos distintos — federalismo, inversiones, modernización, alianzas estratégicas—, pero todas fueron impulsadas por el mismo puñado de funcionarios, en el mismo semestre, tras las mismas visitas, y todas transfieren lo mismo: capacidad de decisión sobre el territorio argentino, desde el Estado hacia corporaciones extranjeras, por plazos que ningún voto podrá revisar.

En los años cuarenta, Arturo Jauretche y los hombres de FORJA llamaron "estatuto legal del coloniaje" al entramado jurídico que ataba la economía argentina al imperio británico: el Pacto Roca-Runciman, las concesiones ferroviarias, los frigoríficos. Ochenta años después, los investigadores del Observatorio de Tierras recuperaron la fórmula para describir el proyecto de Sturzenegger. La actualización es precisa, con una sola corrección de escala: esta vez no se entrega el ferrocarril para sacar la carne. Se entrega la tierra, el agua, el subsuelo, el río y la jurisdicción — todo junto, todo a la vez, y con una cláusula de estabilidad que le pone fecha al regreso: no antes de 2056. La postal final la aportó la diplomacia. El 30 de junio, cuatro días antes de la fecha, Javier Milei se convirtió en el primer presidente argentino de la historia en asistir al festejo del 4 de julio en la embajada de Estados Unidos. Fue en el Palacio Bosch, la residencia del embajador Peter Lamelas, por los 250 años de la independencia norteamericana: Milei llegó flanqueado por Karina y la plana mayor del Gobierno, y compartió la noche con empresarios, jueces y funcionarios. Cuando la prensa le preguntó al embajador si el Presidente hablaría, Lamelas fijó el protocolo de la nueva relación en una sola frase: "No sé si va a hablar, pero él me va a escuchar". Y así fue: Milei subió al escenario únicamente para los himnos y escuchó, atento, el discurso ajeno. Lamelas abrió con un mandato que no dejó nada librado a la imaginación: "El presidente Donald Trump me envió aquí a la República Argentina con una misión clara: avanzar la relación entre los Estados Unidos y la Argentina, apoyar esta nueva etapa de cambio y de transformación, y trabajar junto con el gobierno del presidente Milei para fortalecer una alianza". Tocó Jefferson Starship y el número central lo puso Fátima Florez, caracterizada como Liza Minnelli, cantando "New York, New York" ante el aplauso sostenido de su exnovio Presidente.

La escena ya estaba filmada. Es el final de la magnífica película "La Patagonia Rebelde", en la que el historiador Osvaldo Bayer recreó la lucha y la muerte de los obreros de la lana que defendían la soberanía argentina en el sur del país. En la última escena, el capitán Varela, al frente de las fuerzas represivas argentinas al servicio del poder económico extranjero, brinda en el salón de los estancieros ingleses mientras los patrones agradecidos le cantan, en inglés, "porque es un buen compañero". Un siglo después de los fusilamientos y medio siglo después de la película, la ceremonia se repite con mejor catering. El trabajo ya está hecho —la tierra, el subsuelo, el río, la jurisdicción— y el brindis, otra vez, se ofrece en la casa del patrón.

Ivy Cángaro y Mauro Federico 
Fuente: https://www.dataclave.com.ar/poder/pax-silica-y-las-leyes-del-coloniaje--la-arquitectura-legal-para-vender-el-territorio-argentino_a6a49822921ce2e1d0eecc873