La trama sitúa en el centro de las operaciones a la firma HTech Innovation. Esta empresa, según se desprende de la investigación, obtuvo el desvío de 262 millones de pesos a través de una serie de consultorías simuladas.

Cabe señalar que, tal como pudo confirmar Tribuna de Periodistas, las maniobras incluyeron reuniones previas en la Casa Rosada, facturas emitidas de manera consecutiva y un entramado de relaciones que salpica al entorno más cercano del presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Martín Menem.

Como respuesta a la solidez de los elementos probatorios recolectados, el juez Sebastián Casanello ordenó el embargo preventivo de bienes por 920 millones de pesos y citó a declaración indagatoria a los cinco principales sospechosos por los delitos de administración fraudulenta y negociaciones incompatibles con la función pública.

Los cimientos de HTech Innovation exponen los indicios de una maniobra planificada con antelación. Para entenderlo es necesario tener en cuenta que la firma se constituyó en abril de 2024 y registró como accionista principal a Sergio Andrés Aguirre, un médico que mantiene desde agosto de 2018 una sociedad comercial con Martín Menem en la firma TR Nutrition SRL, dedicada al rubro de los suplementos dietarios.

Los otros integrantes de la empresa investigada son Stefano Zanetti y María Casandra Mirabelli, madre del propio Aguirre, y la compañía modificó su objeto social pocas semanas antes de ser contratada por el Estado para incorporar los servicios de asesoramiento y consultoría.

Los allanamientos realizados al domicilio fiscal declarado por la compañía constataron que en ese lugar operaba otra firma y el peritaje demostró que la estructura carecía de empleados registrados, de capacidad operativa real y de antecedentes en el mercado tecnológico.

Por otro lado, cabe señalar que su debut se produjo con OSPRERA, emitiendo las facturas número 00000001 y número 00000002 de su talonario por sumas iniciales de unos 48 millones de pesos en total.

Pero lo más curioso es que para consumar los desembolsos el Gobierno requería el control de la caja de la obra social, un botín codiciado por su masiva caja de afiliados.

El 5 de julio de 2024, semanas antes de que se decretara la intervención oficial del organismo de salud por parte del Gobierno Nacional, los registros oficiales de Balcarce 50 asentaron el ingreso conjunto de Sergio Aguirre y de la médica Virginia Montero.

El timing no deja mentir al respecto. Ambos mantuvieron un encuentro reservado con el subsecretario de Gestión Institucional Eduardo “Lule” Menem, y en agosto de 2024, Montero asumió formalmente las funciones de interventora de OSPRERA.

El 28 de octubre siguiente la firma HTech Innovation presentó su propuesta de servicios en la mesa de entradas de la obra social. Al día siguiente, la interventora Montero firmó un dictamen interno que calificaba la contratación como de máxima urgencia, eludiendo los mecanismos de licitación pública.

Luego de la renuncia de Montero a fines de noviembre de 2024 no se alteró la continuidad de los pagos. El nuevo interventor designado, Marcelo Carlos Petroni, ratificó y prorrogó el contrato millonario con la empresa del socio de Martín Menem.

La extracción de fondos continuó hasta alcanzar un perjuicio que la fiscalía estima actualizado en 350 millones de pesos y este flujo de dinero proveniente de OSPRERA impactó directamente en el patrimonio de los directivos de la firma.

El análisis bancario y patrimonial arrojó que, tras percibir las transferencias de la obra social, Sergio Aguirre adquirió un automóvil importado BMW X1 xDrive y una motocicleta de alta cilindrada Ducati Scrambler 800 Icon.

Las pruebas más contundentes que se hallan en el expediente surgieron del peritaje de los teléfonos celulares secuestrados a las autoridades del Gobierno ya desplazadas.

En el celular de Marcelo Petroni se recuperaron conversaciones de WhatsApp sobre la coordinación de las finanzas y el direccionamiento de las decisiones de la entidad de salud.

Los mensajes recuperados contienen afirmaciones donde Petroni aclara a sus interlocutores que la conducción real responde a Lule Menem y a la secretaria General de Presidencia Karina Milei.

El intercambio de textos demuestra que los movimientos que se realizaban debían reportarse en reuniones secretas mantenidas en la Casa Rosada con Martín Menem.

Las órdenes detectadas por la Justicia incluyen, entre otras cosas, expresas enviadas a Aguirre para que avise a los referentes políticos sobre el avance de las recaudaciones.

Fue en ese contexto que el juez Casanello ordenó a las compañías telefónicas un entrecruzamiento de llamadas con la geolocalización de las celdas y antenas activadas por los imputados para reconstruir la presencia de los sospechosos en los despachos oficiales.

La contrapartida de la millonaria maniobra financiera se evidencia en el colapso de las prestaciones de salud y la presunta administración fraudulenta profundizó la crisis de una obra social.

Por otro lado, el cierre de sucursales ordenado por la intervención estatal obligó a miles de peones rurales a migrar hacia trámites digitales, un sistema inviable en zonas rurales desprovistas de conectividad a internet.

Además, la falta de respuestas derivó en la suspensión de cirugías programadas, demoras en la provisión de medicamentos oncológicos y una parálisis en la atención médica primaria en las provincias.

Los acusados Sergio Aguirre, Stefano Zanetti, María Casandra Mirabelli, Virginia Montero y Marcelo Petroni deberán comparecer ante los tribunales de Comodoro Py entre el 10 y el 14 de agosto para enfrentar sus declaraciones indagatorias.

Nicolás Sanz
Fuente: https://periodicotribuna.com.ar/corrupcion-en-osprera-los-detalles-del-expediente-que-salpica-a-los-menem-y-a-karina-milei/