En los sótanos de la política avanza un proceso de un inconmensurable impacto referido a la reconstrucción del sistema de inteligencia y la incorporación de nuevas herramientas tecnológicas para administrar la información.
En este contexto, aparece una figura que concentra miradas a nivel internacional. Se trata de Peter Thiel, el empresario estadounidense fundador de Palantir Technologies, una de las compañías más influyentes del mundo en materia de análisis masivo de datos, inteligencia artificial y sistemas utilizados por agencias y organismos de seguridad.
La presencia de Thiel en la Argentina, sus reuniones con referentes del Gobierno y la coincidencia temporal con la reorganización del sistema de inteligencia abrieron un interrogante que comienza a instalarse tanto en la política como en parte de la sociedad: ¿qué modelo tecnológico de Estado busca construir la administración del presidente Javier Milei?
La pregunta no surge únicamente por la llegada del empresario, sino por la combinación de distintos factores que, observados en conjunto, muestran una nueva concepción del poder del Estado.
Es un Estado con menor estructura burocrática, pero con mayores capacidades digitales, más información integrada y herramientas tecnológicas aplicadas a la toma de decisiones.
Cabe destacar que el nombre de Peter Thiel está asociado a una generación de compañías que transformaron la manera en que gobiernos y grandes organizaciones procesan la información.
Palantir, la empresa que cofundó en 2003, desarrolló plataformas capaces de integrar enormes volúmenes de datos provenientes de distintas fuentes para detectar patrones, relaciones y comportamientos.
Por caso, sus herramientas fueron utilizadas por organismos de seguridad e inteligencia de Estados Unidos y otros países para investigaciones, análisis militares, control fronterizo y puntuales operaciones.
Para sus defensores, estas herramientas representan una revolución tecnológica que permite anticiparse a amenazas y mejorar la eficiencia del Estado. Pero para sus detractores, plantean un desafío inédito respecto del manejo de información personal, la vigilancia y los límites del poder público.
Ese debate comenzó tímidamente a trasladarse a la Argentina en un momento particular, ya que el Gobierno de Milei avanzó con una reconfiguración de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), devolviendo protagonismo a un área históricamente atravesada por disputas políticas, cuestionamientos y debates sobre los controles democráticos… y denuncias de espionaje ilegal.
En este contexto, la inteligencia ya no es presentada únicamente como una herramienta vinculada a amenazas externas. En el mundo la información pasó a ser un recurso con capacidad de cruzar bases de datos y anticipar escenarios que son considerados una ventaja política.
Es un cambio que plantea una nueva discusión sobre quiénes controlan la información, bajo qué reglas y con qué mecanismos de supervisión.
No es una discusión esteril, ya que Argentina ya cuenta con una enorme cantidad de datos dispersos en organismos públicos. La integración de esas fuentes puede mejorar la gestión estatal, pero también genera interrogantes sobre la capacidad de vigilancia.
Asimismo, el desembarco de la inteligencia artificial agrega una nueva dimensión. Los sistemas predictivos pueden ayudar a encontrar patrones que un análisis humano no detectaría, pero también pueden producir errores y ampliar la capacidad del Estado para observar comportamientos sociales.
El caso Palantir funciona como referencia mundial de ese debate, ya que la empresa construyó una relación estrecha con organismos estatales que buscan mejorar sus capacidades de análisis, pero también recibió críticas de organizaciones que advierten sobre el riesgo de utilizar herramientas privadas para administrar información sensible de ciudadanos.
En Argentina, la discusión recién comienza. La coincidencia entre la presencia de Thiel, el fortalecimiento de las estructuras de inteligencia y el impulso a la digitalización del Estado abrió un frente sobre el futuro del modelo de seguridad.
Dentro del oficialismo sostienen que la incorporación de tecnología es una condición necesaria para modernizar un Estado considerado ineficiente y atrasado. Es decir, se trata de la visión de un aparato público más pequeño que puede ser, al mismo tiempo, más inteligente y efectivo si cuenta con mejores herramientas digitales.
Pero la preocupación pasa por otro lado y refiere a la posibilidad de que la concentración de información avance más rápido que los controles y se trata de un temor que no está vinculado solamente a quién gobierna hoy, sino a qué capacidades quedarán instaladas, además, para futuras administraciones.
La historia argentina ofrece antecedentes suficientes para que cualquier discusión sobre inteligencia genere sensibilidad. Las denuncias de espionaje ilegal durante distintos períodos, como lo fue en su momento durante el el menemismo, el kirchnerismo y el macrismo, dejaron una marca y explican por qué cada reforma del sistema de inteligencia es observada con especial atención.
Por eso, el debate actual excede a una empresa, un empresario o un Gobierno determinado. La cuestión finalmente es qué tipo de Estado se está construyendo en esta nueva era de los datos.
En todo este complejo panorama, Argentina se encuentra frente a la necesidad de tomar una decisión: incorporar tecnología para mejorar sus capacidades o permitir que esas herramientas avancen sin un debate público sobre sus límites.
En todo caso, la llegada de nuevas tecnologías de inteligencia, la reorganización de la SIDE y la aparición de Thiel exhiben un escenario donde la información podría convertirse en una nueva fuente de poder.
La pregunta que comienza a resonar es quién tendrá la llave de ese poder y cuáles serán los controles para evitar que una herramienta creada para proteger al Estado termine transformándose en un mecanismo de espionaje ilegal.
Fuente: https://periodicotribuna.com.ar/acerca-de-la-side-de-milei-y-el-riesgo-de-usar-inteligencia-artificial-para-el-espionaje-ilegal/
