El 12 de febrero de 2025, el entonces titular de la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE), Sergio Darío Neiffert, firmó en representación del Estado argentino un contrato con una empresa radicada en Estados Unidos: Tactic Global LLC. El acuerdo, por 10.000 dólares mensuales, establecía que la firma actuaría como “enlace” entre la Presidencia argentina y sus contrapartes estadounidenses, coordinaría reuniones entre funcionarios de ambos países y ofrecería asesoramiento estratégico al organismo de inteligencia. Del lado de la empresa firmó María Soledad Cedro, socia de Tactic y, además, CEO de CPAC Argentina. 

Lo que ese contrato dejó a la vista fue una red que excede ampliamente a una consultora de lobby: una empresa creada apenas meses antes, integrada por operadores republicanos con antecedentes penales por violaciones a la ley de agentes extranjeros, un ex agente de la SIDE devenido magnate radicado en Miami, y un vínculo directo con el armado de CPAC en Argentina y con el asesor presidencial sin cargo formal más poderoso del gobierno de Javier Milei, Santiago Caputo. Esa historia tuvo, además, un desenlace: en junio de 2026 Tactic Global dio de baja formalmente su representación de la SIDE, sin haber cobrado nunca un peso por ella.

Tactic Global: una empresa con siete meses de vida cuando firmó con la SIDE

Tactic Global LLC fue fundada el 26 de noviembre de 2024, apenas dos meses y medio antes de firmar el contrato con la SIDE. Pertenece a COC Global Enterprise, un holding con sede en Miami que agrupa, además de Tactic (dedicada al lobby internacional), a OCP Tech Global IT (ciberseguridad y conectividad) y a otras firmas creadas casi todas durante 2024, año en que su fundador constituyó dieciocho sociedades distintas.

La velocidad con la que se armó el vínculo entre esa empresa recién nacida y la SIDE se explica mejor siguiendo la secuencia de hechos que la precedió, día por día. El 29 de enero de 2025, el Ministerio de Economía le adjudicó a OCP Tech —la otra pata del holding de Scatturice— la renovación de un contrato de protección de correo electrónico corporativo por 790.500.000 pesos. El 3 de febrero, la Casa Rosada confirmó ante la prensa que Javier Milei viajaría a Estados Unidos para participar de una cumbre de la CPAC. El 7 de febrero, apenas un día después de que el avión de Scatturice regresara a Miami desde Buenos Aires, Soledad Cedro registró en Florida el cambio de nombre de la sociedad —de Tactic LLC a Tactic COC LLC— y su propio ingreso a la junta directiva. Cinco días más tarde, el 12 de febrero, esa misma sociedad recién renombrada firmó el contrato con la SIDE. En apenas quince días, entonces, se sucedieron un contrato estatal a la otra empresa del mismo dueño, el anuncio de un viaje presidencial a un evento de la organización que la socia de Tactic representa en la Argentina, la reestructuración societaria de la firma y, por último, la firma del acuerdo de lobby con el organismo de inteligencia.

El dueño de ese entramado es Leonardo Scatturice, un empresario argentino de 49 años, nacido en Lanús, que trabajó brevemente como chofer en la SIDE antes de fundar, en 2012, su propia consultora de investigación privada, C3 Consulting. Esa firma quedó bajo la lupa judicial en una causa conocida como “Dark Star”, que expuso mecanismos de espionaje privado en Argentina. Scatturice se radicó en Miami en 2020 y, desde allí, tejió vínculos con el ala más dura del Partido Republicano y con la CPAC.

En los últimos dos años, el hombre bajo y calvo que hizo todo para pasar inadvertido mientras vivió en Argentina, donde cultivó sus primeros vínculos empresariales y políticos, pasó de ser un operador de peso a empresario con contratos millonarios y activos estratégicos en Argentina: en 2025 compró Flybondi, la aerolínea de bajo costo, y en diciembre de ese año adquirió OCA, la empresa de correo postal más grande del país. Su unidad OCP Tech, además, resultó adjudicataria de un contrato estatal por 78,65 millones de dólares para proveer conectividad a internet en escuelas públicas de todo el país. Una corte de Florida, sin embargo, le rechazó el 24 de febrero de 2025 una petición de residencia permanente en Estados Unidos.

Scatturice evita hablar con la prensa y rechaza que se lo describa como lobbista, aunque Tactic Global —la pieza de su holding dedicada exactamente a eso— es la que lo conecta con Washington, con la SIDE argentina y, según se supo después, con gobiernos tan disímiles como el de la República Srpska (la entidad separatista pro-rusa de Bosnia), Kirguistán y Vietnam.

A mediados de 2025 se contabilizaron más de treinta y cinco empresas registradas a nombre de Scatturice o de su entorno, muchas de ellas radicadas en Miami y Panamá. Entre esas sociedades figura Golden Peak Corp, con sede panameña y registrada a nombre de Daniel Hadad —Scatturice, según el reporte que la diputada Lourdes Arrieta presentó en el Congreso, “comparte vinculación” en esa sociedad—, vinculada a transferencias inmobiliarias por apenas 10 dólares —un valor simbólico, propio de operaciones entre partes vinculadas— de dos departamentos de lujo en Miami: una unidad en Sunny Isles y otra en el edificio Carriage House, ambas valuadas en cientos de miles de dólares. Esas maniobras abren un interrogante todavía sin responder: si podrían constituir tráfico de influencias o lavado de activos a partir de información reservada del Estado argentino. En algunas de esas sociedades, Scatturice comparte titularidad con su socia y secretaria, Pamela Poveda —a quien le confió responsabilidades societarias que hablan de un vínculo de particular confianza— y con Laura Belén Arrieta.

La fundación de Tactic Global, a fines de noviembre de 2024, coincidió casi al día con otro estreno del mismo entorno político: el 13 de noviembre de ese año, la Fundación Faro celebró su lanzamiento público en una cena en el Yacht Club de Puerto Madero, con Javier Milei y su hermana Karina Milei entre los presentes. La Fundación Faro no nació de cero ese día: venía de la reconversión de una entidad preexistente, la Fundación Valorar —creada en 2017 para asistencia social—, cuyo consejo directivo había sido reemplazado por completo entre abril y mayo de 2024. Lo que se presentó en noviembre fue, en rigor, el relanzamiento de esa estructura bajo un nuevo nombre, una nueva conducción a cargo de Agustín Laje y un nuevo objetivo: financiar la batalla cultural de La Libertad Avanza. Según reconstruyeron distintas coberturas periodísticas, fue el propio Santiago Caputo quien organizó ese lanzamiento, y es su hermano, Francisco Javier Caputo, quien se ocupa de la recaudación de fondos de la fundación —fondos que, según verificó el sitio Chequeado, superaron los 5.000 millones de pesos en donaciones durante 2024 sin que la entidad haya informado el origen de esos aportes ante la Inspección General de Justicia—. Laje, además, es un invitado habitual a los actos de CPAC. La cercanía en el tiempo entre el relanzamiento de Faro y la fundación de Tactic no prueba, por sí sola, una conexión operativa entre ambas estructuras, pero sí ilustra algo más concreto: en el mismo mes en que Santiago Caputo montaba, del lado argentino, el vehículo de financiamiento político de su espacio, Scatturice —su interlocutor frecuente en Miami— creaba, del lado estadounidense, la empresa que dos meses y medio después firmaría el contrato de lobby con la SIDE. El flujo de dinero tendría así el camino allanado: contratos secretos, información privilegiada, dinero del que no se dan explicaciones y una fundación recaudatoria que, en alianza con la empresa internacional, permite que ingrese y egrese del país sin que nadie pregunte.

Barry Bennett: del entorno de Trump a socio de Scatturice

Si Scatturice abre puertas en Buenos Aires, quien las abre en Washington es Barry Bennett, su socio en Tactic Global. Bennett es un consultor republicano con una trayectoria de casi tres décadas en el corazón del poder de ese partido: asesoró a Ben Carson en su campaña presidencial de 2016 y luego trabajó, brevemente, como asesor no remunerado de la campaña de Donald Trump ese mismo año.

Apenas asumió Trump, en enero de 2017, Bennett se asoció con Corey Lewandowski —el jefe de campaña de Trump, recién despedido— para fundar Avenue Strategies, una firma de lobby instalada a una cuadra de la Casa Blanca. Lewandowski se retiró al poco tiempo, pero Bennett continuó al frente. Entre sus clientes de esos años figuraron la petrolera estatal venezolana PDVSA, el gobierno de Puerto Rico, el Banco de Beirut y, más adelante, Catar y Arabia Saudita.

Fue justamente ese último capítulo el que le trajo problemas judiciales. Entre 2017 y 2018, Catar pagó a Avenue Strategies unos 2,1 millones de dólares por servicios de lobby; una porción de esos fondos — cerca de 773.000 dólares— financió una organización llamada Yemen Crisis Watch, creada por el socio de Bennett, Douglas Watts, con el objetivo de instalar una campaña de comunicación desfavorable a Arabia Saudita en medios, redes sociales y ante el Congreso estadounidense. Ni Avenue Strategies ni Watts declararon ante FARA la verdadera fuente de financiamiento de esa operación, y ambos mintieron al FBI cuando fueron consultados. El Departamento de Justicia los acusó formalmente en enero de 2024; Bennett y Watts admitieron los hechos y firmaron acuerdos de procedimiento diferido (que evitan una condena si se cumplen determinadas condiciones). Bennett pagó una multa de 100.000 dólares; Watts, de 25.000.

Pese a ese antecedente, Bennett siguió operando como lobbista y consultor internacional, y hoy es, junto con Cedro, uno de los rostros visibles —y firmantes ante el Departamento de Justicia— de Tactic Global. En el sitio web de la empresa, su foto y su currículum aparecen en un lugar más destacado que los del propio dueño, Scatturice, precisamente porque es él quien garantiza el acceso a Washington.

La irrupción de Bennett en la política argentina

Bennett no se limitó a operar tras bambalinas. Desde 2025 viajó varias veces a Buenos Aires y se involucró de manera directa y pública en la escena política local, al punto de que empezó a ser apodado “el virrey” o “el interventor” de la Casa Blanca en el país.

El 8 de octubre de 2025 encabezó una reunión en las oficinas de OCP Tech en Puerto Madero —la sede desde donde opera Scatturice— con los diputados Miguel Ángel Pichetto, Cristian Ritondo y Rodrigo De Loredo. En esa reunión, Bennett habló como si fuera un enviado formal del gobierno de Estados Unidos, transmitiendo que la administración Trump respaldaría a Milei si el gobierno argentino avanzaba con determinadas reformas. Ese mensaje se confirmó días después, cuando Trump condicionó públicamente su apoyo económico a la Argentina al resultado de las elecciones legislativas de octubre.

La agenda de Bennett en esas visitas incluyó gestos concretos de presión política: contribuyó a frenar una sesión en el Senado que buscaba bloquear la venta de Nucleoeléctrica Argentina, la empresa estatal de energía nuclear, en el marco de sus gestiones vinculadas a los intereses estadounidenses en uranio, litio, petróleo y tierras raras argentinas. También reclamó avances en reformas laboral, tributaria y en el Código Penal como condición para atraer inversión estadounidense.

En esas giras, Bennett contó con la asistencia de Soledad Cedro como traductora y nexo con la dirigencia local. El propio Bennett llegó a declarar públicamente que Trump lo llama “solo cuando necesita algo”, en referencia a su cercanía personal con el presidente estadounidense.

Sobre su postura política individual fuera del universo CPAC, Bennett se muestra ante todo como un operador pragmático antes que un ideólogo: trabajó tanto para gobiernos y empresas alineados con Washington como para clientes como PDVSA (controlada por el chavismo) o Catar, y hoy su firma representa simultáneamente a la SIDE argentina —alineada con Estados Unidos— y a la República Srpska, una entidad política con alineamiento pro-ruso. Consultado el entorno de Scatturice sobre esa aparente contradicción ideológica, la respuesta fue que Tactic Global tiene una cartera amplia de clientes públicos y privados, y que vincular las posiciones políticas de cada cliente con la empresa “es ridículo”.

CPAC en Argentina: el otro engranaje de la misma red

La Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC) llegó por primera vez a la Argentina en diciembre de 2024, con un evento en el hotel Hilton de Puerto Madero que contó con la presencia de Lara Trump, Ron Paul, Santiago Abascal y una participación virtual de Jair Bolsonaro, y que cerró con un discurso de Javier Milei. Al frente de CPAC Argentina quedó Soledad Cedro como CEO —la misma persona que meses después firmaría el contrato de Tactic Global con la SIDE—.

Desde entonces, CPAC funcionó como plataforma de vínculo permanente entre el gobierno argentino y el entorno republicano estadounidense. El 25 de marzo de 2025, Santiago Caputo recibió a Bennett en Casa Rosada, en un almuerzo de más de dos horas: fue el tercer encuentro entre ambos, después de haber coincidido en la CPAC de Buenos Aires en diciembre de 2024 y en la CPAC de Washington en febrero de 2025. Fue precisamente en ese evento de Washington donde Bennett había tenido, además, un rol central en coordinar el encuentro entre Milei y Trump, realizado en el hotel Gaylord.

El 14 de abril de 2025, en simultáneo con la visita a Buenos Aires del secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, una comitiva de la CPAC —integrada por su fundador y CEO en Estados Unidos, Matt Schlapp; Soledad Cedro; el inversor Robert Citrone (amigo del ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo); y su analista Matt Dellorfano— ingresó a Casa Rosada para reunirse con Milei y con Santiago Caputo. Un mes antes, en enero de 2025, Scatturice había recibido en Miami a Santiago Caputo, a su hermano Francisco Caputo y a Manuel Vidal, el politólogo que funciona, en los hechos, como la mano derecha de Caputo dentro de la SIDE, con injerencia directa además en ARCA y en el organismo que regula el sistema aeroportuario —el ORSNA—, tan sensible para los intereses de un

empresario que, como Scatturice, además de compañías de inteligencia y correo ahora también controla una aerolínea. Vidal, de hecho, integró también la comitiva argentina en la cumbre de CPAC en Miami que antecedió al escándalo de las valijas.

La empresa CPAC Argentina Inc., registrada en Florida el 19 de septiembre de 2024 y presidida por Scatturice, está integrada, entre otros, por José Mallea y Laura Belén Arrieta.

Santiago Caputo, el nexo político de toda la trama

El nombre que atraviesa cada capítulo de esta historia es el de nuestro “Peaky Blinder” vernáculo, Santiago Caputo, asesor presidencial sin cargo formal en el gabinete de Javier Milei, con un peso decisivo en el área de inteligencia, comunicación estratégica y manejo de redes del gobierno. Caputo es quien impulsó el acercamiento entre el gobierno argentino y Scatturice, y quien facilitó el desembarco de Bennett en la escena política local.

Sergio Neiffert, el funcionario que estampó su firma en el contrato con Tactic Global al frente de la SIDE, no llegó a ese escritorio por concurso de antecedentes: es un hombre de estricta confianza de Caputo, que venía de ser consejero escolar. Además del contrato con Tactic, trascendió que Lautaro Neiffert —hijo de Sergio Neiffert y titular de una empresa de seguridad privada creada apenas asumió el gobierno de Milei— ingresaba reiteradamente a Casa Rosada con autorizaciones firmadas por el propio Santiago Caputo: negocio de familia, con acceso VIP a Balcarce 50 incluido.

ACUERDO TACTIC SIDE

La cercanía de Caputo con este entramado no se limita a lo institucional: también hay registro de una relación personal con Scatturice y con Bennett, a este último recibido en Casa Rosada en más de una oportunidad, y con ambos coincidió tanto en Miami como en eventos de la CPAC.

El interés de Caputo por el poder en Estados Unidos: cuánto es real y cuánto bluff

Todo el entramado descripto hasta acá —Tactic, CPAC, Bennett, Scatturice— alimenta una narrativa que el propio Caputo y su entorno digital cultivan de manera activa: la de un asesor con llegada directa a la Casa Blanca, capaz de destrabar apoyos financieros y políticos para el gobierno argentino desde sus vínculos personales en Washington. Esa imagen tiene, sin embargo, un correlato bastante más modesto cuando se la compara con los hechos verificables. Estos alardes cancheros tan habituales en Argentina, que deslumbran a muchos y a otros sacan sonrisas sarcásticas; en USA son despreciables, sobre todo para algunos personajes de la CIA que prefieren más acción y menos bravatas de tilingo. Estos últimos días aparentemente hubo llamados admonitorios en ese sentido, desde las filas mismas de la agencia.

En mayo de 2026, Caputo viajó a Estados Unidos en medio de un escándalo doméstico que buscaba esquivar: la investigación judicial y patrimonial por presunto enriquecimiento ilícito que empezaba a cercar al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y que por esos días ocupaba toda la escena política. Los medios afines a su espacio lo presentaron como un “adalid del lobby y la negociación” en favor de la Argentina. En los hechos, el viaje fue secundario: Caputo actuó como acompañante del embajador argentino Alec Oxenford en actividades diplomáticas de rutina, se reunió con funcionarios de tercer y cuarto nivel del trumpismo —entre ellos Brian Mast, presidente del Comité de Asuntos Exteriores, y Michael Jensen, un asesor que presionó por la licitación de la Hidrovía— y no llegó a cruzarse con ninguna figura de peso: la plana mayor de la administración Trump, incluido el propio presidente, estaba esa semana en China. No existe un solo registro fotográfico oficial de la visita. Caputo habría visitado además la sede de la CIA en Langley junto a Bennett y Scatturice, algo que ni el Gobierno ni la propia CIA confirmaron.

Ese patrón —una puesta en escena de peso internacional que, revisada en detalle, se reduce a reuniones protocolares y contactos de segunda línea— es consistente con el rol que cumplen Bennett y Scatturice en esta historia: ambos operan como intermediarios que permiten a Caputo mostrar una cercanía con Washington que excede largamente su capacidad real de incidencia allí. El propio contrato de Tactic Global con la SIDE, que nunca se pagó ni se ejecutó, es en sí mismo un indicio de que buena parte de esa relación funcionó más como gesto político y cobertura mediática que como vínculo operativo.

Al mismo tiempo, hay elementos que sugieren que el interés de Caputo por Estados Unidos no es solo simbólico. En junio de 2026 trascendió que habría adquirido, por 17.900.000 dólares, un departamento de tres dormitorios en el condominio Continuum de Miami Beach —un edificio de dos torres con vista al océano, canchas de tenis, spa y servicio de valet, ubicado en una de las zonas más exclusivas de la ciudad —, una operación que, de confirmarse, resultaría difícil de explicar con los ingresos declarados de un asesor sin cargo oficial ni sueldo reconocido en el organigrama del Estado. A esa sospecha se sumaría otra, esta vez puertas adentro: la mansión de 12 millones de dólares en Barrio Parque que en abril de 2026 se le adjudicó públicamente al inversor Peter Thiel —una propiedad de unos 1.600 metros cuadrados sobre la calle Dardo Rocha, que perteneció al financista Juan Ball y cuya operación gestionó la inmobiliaria JdC Propiedades— también sería, según trascendidos, una compra de Santiago Caputo, que la habría usado como residencia temporal de Thiel durante su estadía en el país mientras negociaba con el Gobierno los contratos de vigilancia masiva de datos de Palantir. La pregunta que se instaló tras conocerse esta información fue directa: de dónde salió el dinero para semejantes adquisiciones, en momentos en que los fondos reservados de la SIDE —que pasaron de rondar los 640 millones de pesos anuales al inicio del gobierno de Milei a superar los 97.000 millones de pesos en el presupuesto de 2026, un incremento acumulado de más del 2800%— están bajo sospecha de haber financiado sobresueldos y gastos políticos sin ningún tipo de rendición pública ni control efectivo por parte de la Comisión Bicameral que debería fiscarlos.

A esa compra se suma un entramado de vínculos laborales y societarios que también rodean a Caputo y a su hermano mayor, Francisco Javier Caputo —quien pese a no tener cargo oficial ni sueldo reconocido, circula libremente por Casa Rosada, opera desde las oficinas de la Fundación Faro y participa en la designación de funcionarios en empresas del Estado—: ambos hermanos figuran contratados por firmas del mismo empresario, Pablo Costa, dueño de Camalu S.A. (donde Francisco apareció como empleado) y de Zefico, una empresa agropecuaria de la que Santiago Caputo es, insólitamente, el único empleado registrado, incorporado apenas veinte días después de haber llegado a la Casa Rosada.

Sobre el trasfondo de este interés por proyectarse en Estados Unidos conviven, entonces, al menos tres explicaciones no excluyentes. La primera es política: mostrar una relación fluida con la administración Trump le da a Caputo una legitimidad externa que lo fortalece puertas adentro del propio gobierno, en su disputa de poder con el sector de Karina Milei por el control de la SIDE y sus fondos reservados. La segunda es ideológica: a través de la Fundación Faro, Caputo y Agustín Laje integran un ecosistema

internacional de la nueva derecha que conecta a la Argentina con la Heritage Foundation, con CPAC y, más allá de Estados Unidos, con la Fundación Disenso de Vox en España y con el entorno de Viktor Orbán en Hungría, un armado que necesita anclarse en referentes y vínculos norteamericanos para sostener su relato. La tercera es, lisa y llanamente, patrimonial: la eventual compra de un departamento de 17,9 millones de dólares en Miami —a la que se sumaría, si se confirma, la mansión de 12 millones de dólares en Barrio Parque hoy adjudicada a Thiel— sugiere que, además del rédito político y del capital

ideológico, existe también un interés personal y económico en construir una base de resguardo tanto dentro como fuera de la Argentina, en momentos en que crecen las denuncias judiciales y parlamentarias sobre el origen de los fondos que maneja.

La denuncia en el Congreso: cuando hasta los propios empiezan a incomodarse

El contrato entre la SIDE y Tactic Global no pasó inadvertido para el Poder Legislativo, ni siquiera para los que deberían mirar para otro lado por convicción partidaria. En junio de 2025, la entonces diputada Lourdes Arrieta —libertaria de origen, aunque ya para entonces bastante alejada del rebaño oficialista— presentó una denuncia formal ante la Comisión Bicameral de Fiscalización de Organismos y Actividades de Inteligencia y calificó el contrato como “una gravísima anomalía institucional”: una agencia de inteligencia argentina había salido a contratar gestiones políticas ante un gobierno extranjero, sin aprobación legislativa, sin rendición pública de fondos y, como se sabría después, sin siquiera pagar la factura.

Arrieta pidió que se investigara a los socios y colaboradores de Scatturice mencionados en distintas sociedades —entre ellos Diana María Marquardt, José Mallea, Pamela Poveda, Soledad Cedro y Laura Belén Arrieta—, así como el rol de la empresa CPAC Argentina Inc. Y la eventual utilización de fondos públicos. También pidió citar a Sergio Neiffert e investigar a su hijo Lautaro, y planteó que la conducta de los involucrados podría encuadrar en tráfico de influencias, negociaciones incompatibles con la función pública y violación de deberes de funcionario público: el combo completo, el mismo que en la Argentina suele terminar en una foja más de un expediente que nadie vuelve a abrir.

La Comisión Bicameral, presidida por el senador Martín Lousteau, citó a Neiffert y convocó a Arrieta a declarar en julio de 2025. En paralelo, la dirigente Eugenia Talerico presentó una denuncia judicial — que quedó en manos de la jueza Sabrina Capuchetti— que también apunta a Neiffert por una eventual violación de la Ley de Inteligencia Nacional. Hacia fines de 2025, Neiffert dejó la conducción de la SIDE y fue reemplazado por Cristian Auguadra: la típica salida por la puerta de atrás, sin bajas de identidad, con destino incierto y sin que nadie explique demasiado por qué se va.

Los otros clientes de Tactic Global: de Bosnia a Kirguistán

Mientras el contrato con la SIDE argentina permanecía en el centro de la polémica pública, Tactic Global firmaba en paralelo acuerdos con gobiernos de perfil ideológico completamente distinto. El 30 de junio de 2025, la empresa selló un contrato con el ministerio de Integración Europea y Cooperación Internacional de la República Srpska —la entidad política serbobosnia de alineamiento pro-ruso dentro de Bosnia y Herzegovina— por 100.000 dólares mensuales durante seis meses: diez veces lo que le cobraba a la Argentina. El 1 de febrero de 2026 ese acuerdo se renovó por once meses adicionales, esta vez con la firma personal de Barry Bennett. Según el registro FARA correspondiente, presentado el 2 de abril de 2026, el contrato con Srpska incluye asistencia en materia de seguridad nacional y contactos en el Poder Ejecutivo y Legislativo estadounidense: un alcance mucho más amplio que el pactado con la SIDE.

A esto se suma un contrato con la Agencia Nacional de Inversiones de Kirguistán, registrado el 31 de julio de 2025, gestionado en sociedad con el consultor ultraderechista George Birnbaum —vinculado a la extrema derecha en Europa del Este— y otro con la República Socialista de Vietnam. Una misma agenda de contactos que va de la SIDE argentina a una entidad prorrusa de los Balcanes, pasando por un régimen de partido único en Asia Central: si a Tactic Global le preguntan por su línea ideológica, la respuesta más honesta sería “la que paga”. Nadie explicó todavía qué controles existen —si existe alguno— para evitar que información sensible compartida por un cliente termine, con la misma naturalidad con la que circula el resto, en manos de otro con intereses geopolíticos exactamente opuestos.

El episodio de las valijas: quién es Laura Belén Arrieta y quién es Leonardo Scatturice

Uno de los capítulos que más repercusión tuvo dentro de esta trama —y que terminó de exponerla ante la opinión pública— no partió de un documento del Departamento de Justicia, sino de un control aduanero. Entre el 25 y el 26 de febrero de 2025, un jet privado Bombardier Global 5000, con matrícula N18RU y propiedad del entramado de Scatturice, aterrizó en el Aeroparque de Buenos Aires procedente de Miami, tras permanecer siete días en un hangar. La única pasajera era Laura Belén Arrieta, empleada de OCP Tech y vicepresidenta de las sociedades COC Ventures LLC, COC Holding LLC y COC Global Enterprises LLC, todas controladas por Scatturice.

El caso se conoció el 10 de marzo de 2025: una orden superior impidió que la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y la Aduana revisaran el equipaje de Arrieta —diez u once valijas, según las distintas versiones, de las que solo cinco fueron declaradas—. “Una orden de arriba dijo que no hay que mirar nada”, fue la frase que habría recibido el personal aeroportuario. Arrieta continuó viaje a París. El vocero presidencial Manuel Adorni calificó la versión de “fácticamente imposible” y la Aduana emitió un comunicado asegurando que se habían realizado los “controles de rutina”, aunque más tarde abrió un sumario para investigar el episodio, que derivó en una causa por contrabando iniciada de oficio por la Procuraduría de Investigaciones Administrativas.

Arrieta tiene 32 años, es oriunda de un hogar humilde de Lanús —la misma localidad de origen de Scatturice— y tuvo una trayectoria laboral que hasta 2024 no guardaba relación con la política ni con las finanzas: trabajó en Tarjeta Naranja (2012), en la casa de artículos de cuero Camino del Rey, en una inmobiliaria (2016), como azafata en la aerolínea Flyest —que quebró en 2021— y nuevamente en una casa de cueros, Voreno S.R.L. Recién en julio de 2024 dio el salto a OCP Tech, la empresa de Scatturice, y casi de inmediato fue nombrada vicepresidenta de COC, sociedad fundada en febrero de ese mismo año. Semanas antes de su llegada a Buenos Aires con las valijas, había sumado un cargo más: directora de la junta de Surjet Charter and Management, una empresa de aviación de lujo de apenas un año de vida, entre cuyos clientes figura el futbolista Sergio “Kun” Agüero.

También quedó reconstruido el perfil de Fernando Ariel Arrieta, hermano mayor de Laura Belén, con quien había fundado en 2012 una empresa de limpieza en Gerli. Fernando dirige la Fundación Dale —un espacio de armado político de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires y la Ciudad, sin registros públicos, sin cuentas para donativos y sin datos de sus integrantes— y una empresa, Iso Advance S.A., dedicada a “desarrollo de servicios informáticos” y “comercialización de software y hardware”, fundada en octubre de 2024. Según datos de ingresos a Casa Rosada, Fernando Arrieta se reunió con Santiago Caputo el 11 de julio y el 12 de diciembre de 2024, y volvió a la sede de gobierno en febrero de 2025, donde se fotografió en distintos sectores del edificio. Existen versiones, aún sin confirmación definitiva, que vincularon el contenido de las valijas no revisadas con “equipamiento de software y hardware para la SIDE”, y que plantean que la fundación de Fernando Arrieta podría funcionar como un vehículo para canalizar fondos hacia la política en un año electoral.

El caso derivó, además, en un pedido de informes de la Coalición Cívica al Gobierno nacional sobre el rol de Arrieta, mientras que investigaciones posteriores identificaron otros vuelos vinculados a la red de aeronaves de Scatturice con destino a la Argentina. El propio piloto de la aeronave, Juan Pablo Pintos, se presentó espontáneamente ante la Justicia semanas más tarde para dar testimonio sobre lo ocurrido ese día.

Quién es Leonardo Scatturice

Detrás de todo el entramado —la SIDE, Tactic Global, CPAC Argentina, Flybondi, el jet privado y hasta la propia Laura Belén Arrieta, su empleada— aparece siempre el mismo nombre: Leonardo Scatturice, un empresario argentino de 49 años, nacido en Lanús, exagente de la Policía Bonaerense y luego de la ex SIDE, que en las últimas dos décadas construyó una fortuna y una influencia política que hoy alcanza tanto a Washington como a Casa Rosada.

Su historia arranca en la adolescencia, cuando su padre lo mandó al Liceo Naval con la esperanza de corregir su indisciplina; lo expulsaron apenas empezado el primer ciclo. Tuvo luego un paso fugaz por la Policía de la Provincia de Buenos Aires, donde adquirió experiencia en seguridad y operaciones policiales y forjó vínculos que le resultarían útiles después, como el que entabló con el comisario Alejandro Elorz, con quien más tarde fue socio en la firma de aviación AJS Jet. De ahí pasó al mundo de los servicios de inteligencia: primero como chofer de la SIDE y luego especializado en inteligencia criminal, con foco en el narcotráfico en aeropuertos. En 2012 creó su primera empresa propia, la consultora C3 Consulting, que quedó bajo la lupa judicial en la causa “Dark Star”, sobre espionaje privado en Argentina. También fue investigado, sin que se probaran las acusaciones, en la causa que instruyó el fiscal Jorge Di Lello contra la empresa MacAir Jet de la familia Macri, que salpicó a Diego Colunga —director de Aerolíneas Argentinas durante el macrismo y socio de Scatturice en AJS Jet, junto al comisario Elorz—. Se lo vinculó, además, con la firma de aviación Royal Class, antes ligada a la familia Yabrán, aunque él niega cualquier relación; lo cierto es que el 29 de febrero de 2024 quedó registrada la empresa Royal Class Air LLC, en Miami, a nombre de Scatturice. En Estados Unidos se casó con Diana María Marquardt, una argentina nacionalizada estadounidense con la que además figura como copropietario de un loft de 6,7 millones de dólares en Miami Beach; las autoridades migratorias sospecharon que el matrimonio buscaba facilitar su residencia, y Scatturice terminó demandando al Gobierno estadounidense por la demora en resolver su trámite de green card.

Alrededor de 2020 se radicó primero en Panamá —donde creó varias sociedades offshore— y después en Miami, desde donde construyó el conglomerado COC Global Enterprise. Hoy dirige o participa en más de treinta y cinco empresas, muchas de ellas registradas en una misma dirección de Miami (333 SE 2nd Ave, Suite 2810), donde conviven al menos trece firmas distintas: Fly Coc LLC, Tactic Private Group LLC, Angel G550 LLC, Tactic Coc LLC, L&I 29 LLC, Angel Aviation LLC, Coc Media & Conventions LLC, Coc 2903 LLC, Coc 1405 LLC, OCP Tech USA LLC, OCP Tech Latam LLC, Systemnet Inc y OCP Digital Tech Partners LLC, entre otras: Tactic Global (lobby), OCP Tech (ciberseguridad y conectividad), COC Ventures LLC, COC Holding LLC, Royal Class Air LLC (dueña del hangar donde operan sus aeronaves) y Golden Peak Corp, esta última radicada en Panamá y registrada a nombre de Daniel Hadad, en la que Scatturice comparte vinculación societaria, según la denuncia parlamentaria de la diputada Lourdes Arrieta.

Desde que se fue de la Argentina rumbo a Panamá y luego a Miami, Scatturice estuvo, durante mucho tiempo, prácticamente ausente del país. Recién en los últimos meses —después de resolver, ya pasado el rechazo judicial del 24 de febrero de 2025, su situación de residencia en Estados Unidos— empezó a volver en reiteradas ocasiones, con al menos un viaje documentado en marzo: no solo por la trama empresarial que lo desvela, sino también por problemas familiares complejos y tristes que lo trajeron de regreso.

Ese entramado societario incluye maniobras que llamaron la atención de investigadores: transferencias inmobiliarias por apenas 10 dólares —un valor simbólico— de dos departamentos de lujo en Miami (una unidad en Sunny Isles y otra en el edificio Carriage House), y al menos una veintena de sociedades interconectadas que, según se advirtió, no registran actividad comercial ni inmobiliaria visible, un patrón típico de estructuras usadas para lavado de activos. En varias de esas sociedades, Scatturice comparte titularidad con su socia y secretaria, Pamela Poveda —quien además actúa como escribana en algunas de las operaciones inmobiliarias del grupo, un rol que revela hasta qué punto Scatturice le delega responsabilidades sensibles— y con Laura Belén Arrieta.

Relaciones políticas. El eje político de Scatturice es su cercanía con Santiago Caputo, con quien mantiene una relación personal y de negocios: lo recibió en Miami en enero de 2025 junto a su hermano Francisco Caputo, y se le atribuye haber facilitado el nombramiento de Andrés Vázquez —otro hombre con pasado en los servicios de inteligencia— en un cargo estratégico de la actual DGI, pese a que a Vázquez se le detectaron cuentas bancarias en el exterior. Fue también Scatturice quien tendió el puente entre el Gobierno argentino y el entorno de Donald Trump al asociarse con Barry Bennett y sumarse a la organización de CPAC en el país; la propia CPAC Argentina Inc. fue registrada por él en Florida en septiembre de 2024. Su cercanía con el poder político argentino se tradujo, además, en contratos millonarios con el Estado: además del acuerdo con la SIDE, su unidad OCP Tech obtuvo una adjudicación por 78,65 millones de dólares para dar conectividad a internet en escuelas públicas de todo el país, y en el área de Economía sumó otros contratos por más de 2000 millones de pesos. Su vínculo político no se agota en Caputo: entre sus aeronaves también figura un Honda Jet operado por Alphacentauri, una empresa de taxis aéreos de su holding, que en al menos una ocasión trasladó al vocero presidencial Manuel Adorni en un viaje privado a Uruguay.

Relaciones comerciales. En el plano de los negocios, Scatturice pasó en apenas dos años de operador de bajo perfil a controlar activos estratégicos de la Argentina: en 2025 compró la aerolínea de bajo costo Flybondi, y en diciembre de ese mismo año adquirió OCA, la empresa de correo postal más grande del país, con lo cual su holding —que ya incluía a Flybondi, Royal Class y la empresa de logística Flecha Log— se convirtió en el mayor operador logístico de la Argentina. Una corte de Florida, sin embargo, le rechazó el 24 de febrero de 2025 una petición de residencia permanente en Estados Unidos, pese a dirigir o participar en más de treinta empresas y estar casado con una ciudadana estadounidense.

La relación con Daniel Hadad. Uno de los vínculos más señalados de Scatturice es el que mantiene desde hace más de veinte años con Daniel Hadad, fundador del grupo Infobae. Se trata de una relación que combina lo comercial con lo familiar y lo laboral. Por un lado, una de las hijas de Hadad, Camila Hadad, está casada con Mario Héctor De la Fuente, amigo de Scatturice desde hace más de dos décadas y propietario de Voreno S.R.L. —la misma empresa de artículos de cuero donde trabajó Laura Belén Arrieta antes de sumarse a OCP Tech—. De la Fuente es, a su vez, socio en esa firma y en al menos otras tres —entre ellas Boken, una marca de ropa cuya representación en Estados Unidos está a cargo del propio Scatturice— de Antonio Gastón Sierra: ambos, De la Fuente y Sierra, fueron agentes de la Policía Bonaerense condenados por el encubrimiento de los responsables de la represión en la que murieron Maximiliano Kostecki y Darío Santillán en 2002, y De la Fuente en particular fue señalado por mover los cuerpos de los militantes asesinados, lo que le costó una condena a cuatro años de prisión.

Por otro lado, cuando Scatturice se quedó con OCA, la nombró al frente de la compañía a Gastón Pérez Izquierdo, hermano de Laureano Pérez Izquierdo, director periodístico de Infobae, el multimedio de Hadad, lo que sumó un vínculo laboral directo entre el conglomerado de Scatturice y el entorno más cercano de Hadad. Entre ambos empresarios también hay operaciones inmobiliarias cruzadas: en 2017, Scatturice le compró a Hadad y a su esposa un departamento en el complejo Continuum South Beach Condo de Miami, cuya dirección Scatturice usó luego como domicilio comercial para algunas de sus empresas; Hadad, por su parte, siguió declarando esa misma dirección como propia incluso después de haberla vendido, una modalidad que se repite en otras operaciones documentadas entre ambos. Además, Golden Peak Corp, la sociedad panameña registrada a nombre de Hadad, es una de las firmas en las que Scatturice comparte vinculación societaria, según la denuncia presentada en el Congreso. La cercanía entre los dos empresarios se refleja también en el tratamiento editorial: la cobertura de Infobae presentó en más de una ocasión a Scatturice y a sus socios como referentes tecnológicos o modelos de gestión, en momentos en que otros medios ya investigaban sus vínculos con la SIDE y con la política.

Consultados sobre el conjunto de esta red, tanto Scatturice como su entorno evitan hablar con la prensa; quienes analizaron la documentación disponible remarcan que no hay, hasta el momento, ninguna acusación judicial firme de delito o ilegalidad. Lo que hay, en cambio, es un mapa: el de un exchofer de la SIDE que en poco más de una década pasó a controlar una aerolínea, el correo más grande del país y la agenda de Washington de medio Gobierno argentino, sin que a nadie parezca urgirle demasiado explicar de dónde salió la plata.

El viaje a Belgrado y la sombra de la injerencia rusa

En septiembre de 2025, tres de los operadores centrales de Tactic Global —Caroline Wren, Ryan Coyne y el propio Barry Bennett— viajaron entre el 15 y el 16 de ese mes desde Belgrado hasta territorio de la República Srpska. El viaje resulta llamativo por dos motivos: no coincidió con ninguna fecha de pago registrada en los contratos conocidos hasta entonces, y tampoco existe registro de reuniones oficiales que lo justifiquen. Según versiones de difícil verificación independiente, al menos dos de los viajeros habrían mantenido encuentros informales con un operador mediático europeo con vínculos en la prensa sudafricana.

Ese viaje se dio meses antes de que, en abril de 2026, estallara un nuevo escándalo de espionaje: la denuncia de que una red rusa identificada como “La Compañía” financiaba a medios y operadores locales para desestabilizar al gobierno de Milei mediante artículos de prensa. La coincidencia temporal entre el rol de Tactic Global como nexo entre la SIDE argentina y la República Srpska —una entidad de alineamiento pro-ruso— y la posterior denuncia oficial sobre injerencia rusa es una paradoja que el propio gobierno argentino no explicó: el vocero presidencial Manuel Adorni advirtió públicamente que “la Argentina no será sometida a la influencia de ninguna otra nación”, sin mencionar que, para ese momento, hacía ya cinco meses que la SIDE mantenía un acuerdo con una empresa cuya cartera de clientes incluía a una entidad con ese mismo alineamiento geopolítico.

La caída del acuerdo: la SIDE nunca pagó, el trabajo nunca se hizo y ahora Tactic se bajó formalmente

Pese a todo el ruido político y mediático que generó, el contrato entre la SIDE y Tactic Global tuvo un desenlace tan silencioso como insólito: nunca se ejecutó, porque nunca se pagó. Así lo estableció un documento oficial presentado por la propia Tactic Global ante el Departamento de Justicia estadounidense el 30 de noviembre de 2025, en el que la empresa declaró, en la sección de información financiera de su informe suplementario FARA, que “el principal extranjero no realizó pagos” (refiriéndose a la Secretaría de Inteligencia de Estado de la República Argentina).

El monto original pactado —110.000 dólares totales, en doce cuotas de 10.000— iba a ser percibido, según trascendió, de manera directa por Soledad Cedro en concepto de salario. Una fuente al tanto de la situación fue terminante: “No pagaron así que nunca se ejecutaron las tareas”. El 10 de marzo de 2026, además, Tactic reconoció ante las autoridades estadounidenses que durante la segunda mitad de 2025 había facturado 1.250.000 dólares en total, un detalle que deja en cero, en los hechos, cualquier ingreso proveniente del contrato argentino.

En junio de 2026, ese final no confirmado se volvió oficial: la unidad de FARA del Departamento de Justicia de Estados Unidos recibió un formulario que puso punto final al vínculo entre la SIDE y Tactic Global. La empresa dio de baja formalmente su representación del organismo de inteligencia argentino. El mismo día cesó también su representación del Ministerio de Integración Europea y Cooperación Internacional de la República Srpska —la entidad serbobosnia alineada con Moscú—, y meses antes ya se había dado de baja la de la agencia estatal de Kirguistán. Según el propio documento, en los seis meses previos Tactic había declarado un solo ingreso real: 100.000 dólares, provenientes de la República Srpska. De la Argentina, nunca cobró nada.

Los tres operadores que le daban espesor a la firma —Caroline Wren, Barry Bennett y Ryan Coyne, nombres que circulan por los pasillos de la CPAC y de las campañas republicanas— cesaron su conexión con Tactic Global el mismo 1° de mayo de 2026. Antes ya se había desvinculado María Soledad Cedro, la socia que en febrero de 2025 había estampado su firma, junto a la de Sergio Neiffert, en el contrato que había dado inicio a todo este entramado.

El resultado es una paradoja que resume buena parte de esta historia: un contrato que generó una denuncia en el Congreso, una causa judicial y meses de escándalo político por el uso de fondos reservados de inteligencia para pagarle a operadores ligados a Trump y a CPAC, terminó siendo, en los papeles presentados ante la propia Justicia norteamericana, un contrato fantasma: sin pagos, sin tareas ejecutadas, sin que la SIDE argentina haya desembolsado un solo dólar y, ahora, formalmente cerrado. Queda la pregunta que ningún casillero de ese formulario contesta: qué obtuvo la Argentina de un enlace que se pactó, se anunció y escandalizó, pero que —según reconoce la propia contratista— nunca se ejecutó ni generó una sola factura.

Que la SIDE nunca haya pagado no significa que la trama se haya cerrado en falso: significa, más bien, que el negocio nunca estuvo en el contrato con Tactic, sino en otro lado. En junio de 2026, la detención de Facundo Leal —con dinero termosellado y equipamiento de espionaje encima— destapó una trama paralela que involucra a dirigentes políticos, contratistas del Estado y negociados alrededor de lo que verdaderamente importa en cualquier administración: las aduanas, la logística, el sistema aeroportuario y sus regulaciones, y todo lo que entra y sale del país, legal o ilegalmente. Grandes holdings como los de los

hermanos Neuss, la familia Román y el imperio Eurnekian se entrelazan ahí con los advenedizos intereses de Scatturice y sus vínculos con los servicios de inteligencia. El contrato con la SIDE, en ese sentido, funcionó menos como negocio que como cortina de humo: mientras la atención pública se concentraba en si Tactic Global cobraba o no sus 10.000 dólares mensuales, el verdadero botín —aviones, correo, aduanas, puertos— cambiaba de manos.

Cronología

2012: Leonardo Scatturice funda C3 Consulting en Argentina, tras un breve paso como chofer en la SIDE.

Enero de 2017: Barry Bennett funda Avenue Strategies junto a Corey Lewandowski, ex jefe de campaña de Trump.

2017-2018: Avenue Strategies factura millones de dólares de gobiernos extranjeros, incluida una campaña no declarada financiada por Catar.

2020: Scatturice se radica en Miami y funda COC Global Enterprise.

29 de febrero de 2024: se registra en Miami Royal Class Air LLC, a nombre de Scatturice. 19 de septiembre de 2024: se registra en Florida CPAC Argentina Inc., presidida por Scatturice, con Laura Belén Arrieta en el directorio.

Enero de 2024: el Departamento de Justicia de EE.UU. acusa a Bennett y a su socio Douglas Watts por violaciones a la FARA; ambos firman acuerdos de procedimiento diferido y pagan multas. 13 de noviembre de 2024: relanzamiento público de la Fundación Faro, organizado por Santiago Caputo, con Javier Milei entre los presentes.

26 de noviembre de 2024: se funda Tactic Global LLC.

Diciembre de 2024: primera edición de CPAC Argentina en Buenos Aires, con Soledad Cedro como CEO.

29 de enero de 2025: el Ministerio de Economía le adjudica a OCP Tech un contrato de protección de correo electrónico corporativo por 790.500.000 pesos.

3 de febrero de 2025: la Casa Rosada confirma que Javier Milei viajará a Estados Unidos para una cumbre de la CPAC.

7 de febrero de 2025: Soledad Cedro registra el cambio de nombre de Tactic LLC a Tactic COC LLC y su ingreso a la junta directiva.

12 de febrero de 2025: la SIDE, bajo la conducción de Sergio Neiffert, firma el contrato con Tactic Global por 10.000 dólares mensuales.

17 de enero de 2025: Scatturice recibe en Miami a Santiago Caputo, a su hermano Francisco y al politólogo Manuel Vidal.

Julio y diciembre de 2024: Fernando Ariel Arrieta, hermano de Laura Belén Arrieta, se reúne con Santiago Caputo en Casa Rosada (11/7 y 12/12).

24 de febrero de 2025: una corte de Florida rechaza la petición de residencia permanente en Estados Unidos de Scatturice.

25-26 de febrero de 2025: un jet privado vinculado a Scatturice aterriza en Aeroparque con Laura Belén Arrieta como única pasajera y diez u once valijas sin revisar por la Aduana. 10 de marzo de 2025: se conoce el episodio de las valijas sin revisar; la Procuraduría de Investigaciones Administrativas inicia de oficio una causa por contrabando.

2017: Scatturice le compra a Daniel Hadad y a su esposa un departamento en Miami, en el marco de una relación comercial y familiar de más de veinte años (a través del yerno de Hadad, Mario Héctor De la Fuente).

25 de marzo de 2025: Santiago Caputo recibe a Barry Bennett en Casa Rosada. 14 de abril de 2025: comitiva de CPAC (Schlapp, Cedro, Citrone, Dellorfano) se reúne con Milei y Caputo en Casa Rosada.

Junio de 2025: se conoce públicamente el contrato SIDE-Tactic a través de los registros FARA. 25 de junio de 2025: la diputada Lourdes Arrieta presenta una denuncia formal en el Congreso. 30 de junio de 2025: Tactic Global firma un contrato con la República Srpska (Bosnia, pro-rusa) por 100.000 dólares mensuales.

31 de julio de 2025: Tactic firma un contrato con Kirguistán.

15-16 de septiembre de 2025: Caroline Wren, Ryan Coyne y Barry Bennett viajan a Belgrado y a territorio de la República Srpska, sin reuniones oficiales registradas.

Octubre de 2025: Bennett recorre Buenos Aires reuniéndose con legisladores y funcionarios. 30 de noviembre de 2025: Tactic Global declara ante el Departamento de Justicia que la SIDE no realizó ningún pago.

Diciembre de 2025: Sergio Neiffert deja la conducción de la SIDE; asume Cristian Auguadra. Diciembre de 2025: Scatturice compra OCA y designa al frente de la compañía a Gastón Pérez Izquierdo, hermano del director periodístico de Infobae.

1 de enero de 2024: Zefico, empresa de Pablo Costa, incorpora a Santiago Caputo como su único empleado registrado, veinte días después de la asunción de Milei.

1 de febrero de 2026: se renueva por once meses el contrato entre Tactic Global y la República Srpska, esta vez firmado por Bennett.

10 de marzo de 2026: Tactic reconoce ante el Departamento de Justicia una facturación de 1.250.000 dólares en la segunda mitad de 2025, sin ingresos atribuibles al contrato argentino. Mayo de 2026: Santiago Caputo viaja a Estados Unidos en medio de un escándalo político doméstico; se reúne con funcionarios de tercer y cuarto nivel de la administración Trump, que ese día tenía a su plana mayor en China.

Abril de 2026: se conoce la compra de una mansión de 12 millones de dólares en Barrio Parque, atribuida públicamente a Peter Thiel, que —según trascendidos— también sería una operación de Santiago Caputo.

Junio de 2026: trasciende que Santiago Caputo habría comprado un departamento de 17.900.000 de dólares en el condominio Continuum de Miami Beach.

Mayo-junio de 2026: nuevas revelaciones confirman la trama completa de clientes de Tactic Global y que el contrato con la SIDE nunca se pagó ni se ejecutó.

1° de mayo de 2026: Caroline Wren, Barry Bennett y Ryan Coyne cesan su conexión con Tactic Global; Soledad Cedro ya se había desvinculado antes.

Junio de 2026: Tactic Global presenta ante la unidad de FARA del Departamento de Justicia el formulario que da de baja formalmente su representación de la SIDE, el mismo día en que también cesa su representación de la República Srpska.

Ivy Cángaro y Mauro Federico 
Fuente: https://www.dataclave.com.ar/picado-fino/papelon-y-reves-para-santiago-caputo--tactic-global-dejo-de-representar-a-la-side-sin-haber-cobrado-nunca-un-dolar_a6a6e1b4a703346a3d373237f