Sergio Aguirre estaba de los dos lados del mostrador. Era “asesor” de la primera interventora de Osprera, la obra social de los peones rurales, y le prestaba un servicio millonario con su propia empresa. La Justicia determinó que tuvo un rol central en la intervención por su vínculo directo con los Menem. “Fue quien abrió las puertas para el ingreso de su gente de confianza en la administración de Osprera”, determinó el juez Sebastián Casanello al procesarlo por un desvío millonario. 

Aguirre fue socio del presidente de la Cámara de Diputados en la empresa TR Nutrition SRL, dedicada a la comercialización de suplementos dietarios, desde 2019 hasta abril de este año, cuando Menem le vendió sus acciones a una mujer identificada como Stephanie Daiana Dos Santos. Pero el negocio en Osprera lo hizo a través de otra firma, Htech, creada junto a su madre y un socio en abril de 2024.

En junio de ese año, Aguirre fue el primero en entrevistarse junto al entonces titular de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), Gabriel Oriolo. Seis días después, apareció en escena la primera interventora de Osprera, Virginia Montero.

Otra reunión clave ocurrió el 5 de julio en la Casa Rosada. El anfitrión, en ese caso, fue el subsecretario de Gestión Institucional de la Secretaría General de la Presidencia, Eduardo “Lule” Menem. Un dato no menor: la Secretaría General, a cargo de Karina Milei, recién le confirmó a la Justicia sobre aquella reunión el 9 de septiembre pasado, cuando los procesamientos ya se estaban redactando.

A partir de ese momento, la empresa de Aguirre cobró más de $247 millones. El último pago data del 11 de julio de 2025, por un total de $18.838.429,80.

La defensa de Aguirre intentó justificar cada uno de esos pagos. “El trabajo existió, fue continuo y quedó registrado en documentación del propio organismo: informes de diagnóstico y de gestión producidos, fechados y remitidos; propuestas y proyectos elevados a sus autoridades; correspondencia institucional mantenida durante meses con más de una decena de agentes de distintas áreas; relevamientos y desarrollos ejecutados junto a su personal de planta”, apuntó Aguirre en su indagatoria. Y agregó: “Es falso que Htech Innovation S.A. haya sido creada para ser contratada por Osprera (...) fue capitalizada por sus accionistas, registró actividad y pagos a terceros antes de percibir suma alguna del organismo”.

Las facturas y los pagos no coinciden con esa versión: la primera factura de Htech fue emitida en noviembre de 2024 a favor de la obra social de los peones rurales.

Factura 1 y 2 de Htech a Osprera.

Aguirre habría puesto en funciones a Montero y la introdujo ante los funcionarios. En su indagatoria, la exinterventora admitió que se conocían de la actividad profesional y que lo convocó como un “experto en informática”. Pese a ese vínculo, Montero recomendó la contratación de la empresa de Aguirre por escrito.

Algo similar ocurrió con el segundo interventor de Osprera, Marcelo Petroni, designado por un decreto de Javier Milei. En su teléfono celular, la Justicia encontró chats que revelaron el verdadero rol del exsocio de Martín Menem. El 22 de noviembre de 2024, Aguirre le avisó a Petroni que lo estaban por designar: “Hola Marcelo, me dijeron que ayer lo firmaba. Hoy lo llamo a Lule”, le dijo. Y el propio Petroni lo consideraba como el “enlace presidencial”, según consta en un grupo de WhatsApp denominado “Rurales”.

La secuencia de reuniones confirman la centralidad de Aguirre y una mecánica similar a que se detectó dentro de la Agencia de Discapacidad (Andis), donde un grupo podía manejar las contrataciones desde afuera. El 31 de enero y el 6 de febrero de 2025, Aguirre y Petroni fueron a ver al entonces gerente general del organismo, Claudio Stivelman. “La presencia de Aguirre junto a los sucesivos interventores y Marcelo Thomann (más tarde encargado de hacer una “auditoría” sobre la contratación de su empresa) en reuniones con las máximas autoridades de la Superintendencia de Servicios de Salud, desde el inicio de las gestiones -y aun mediante encuentros celebrados en solitario-, descarta que su aporte haya sido meramente circunstancial y consolida la sospecha introducida por la fiscalía de que ejercía un papel central como articulador entre la conducción de la obra social y el poder político", escribió Casanello en el procesamiento.

Los investigadores analizaron las cuentas bancarias de la empresa Htech y detectaron que Aguirre y su socio se compraron dos autos de alta gama luego de cobrar los fondos provenientes de la obra social. “El 3/6/2025 Aguirre registró la titularidad del automóvil marca BMW dominio AG609ZS, mientras que Zanetti adquirió el automóvil marca Mercedes Benz dominio AC193HR (3/4/2025)”, detalló el juez Casanello al momento de ordenar las indagatorias.

La designación de HTECH por parte de la intervención estatal en Osprera: la empresa presentó su factura número 1

Aguirre no solo se ocupó de su empresa sino que decidía qué empresas intervendrían en las compulsas de precios. Los chats de su teléfono revelaron el trato que mantenía con Petroni, quien le reportaba todas las decisiones sobre contrataciones de prestadores. “Hola Sergio. A las 12 tenemos reunión en El Convento con el Dr. Sergio Tripodi para ver contratos picantes y tener argumentos para darlos de baja. Podes venir?”, le escribió el exinterventor el 25 de noviembre de 2024.

Actualmente la obra social tiene otro interventor y una veedora designada por el juez que reporta cada una de las contrataciones.

A comienzos de septiembre, la Cámara Federal porteña anuló parte de la investigación y los embargos sobre el patrimonio de los imputados. Pero la causa siguió adelante y derivó en los procesamientos que se conocieron este martes. Aguirre y los exinterventores fueron procesados por los delitos de negociaciones incompatibles con la función pública y administración fraudulenta. Y el juez les impuso embargos de $1.463.896.868. Además, Casanello decidió notificar del fallo a la SSS y a la Oficina Anticorrupción (OA) ya que los interventores de las obras sociales no están obligados a presentar sus declaraciones juradas.

En paralelo, la Justicia investiga a los funcionarios que habrían promovido la intervención de la Obra Social del gremio de empleados rurales (Osprera), primer paso antes de tomar posesión de la obra social. Hace un año, el fiscal Marijuán pidió la indagatoria del secretario de Trabajo, Julio Cordero, del diputado de La Libertad Avanza Pablo Ansaloni, y otras cuatro personas. Casanello ordenó entrecruzamiento de llamadas y otras medidas de prueba pero hasta ahora no avanzó con las indagatorias.

Nicolás Pizzi  
Fuente: https://www.lanacion.com.ar/politica/corrupcion-en-osprera-el-rol-del-enlace-presidencial-chats-y-una-reunion-clave-con-lule-menem-nid30092026/