Javier Milei lleva casi tres años en la Casa Rosada y todavía no consiguió nombrar a un solo juez de la Corte Suprema. No fue precisamente por falta de intentos. Eligió dos candidatos, negoció durante meses sus pliegos y, cuando el Senado se negó a acompañarlo, decidió probar por decreto. El experimento terminó mal. Desde entonces, Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti gobiernan un máximo tribunal que por ley debería tener cinco integrantes. 

La ironía es que esa Corte incompleta terminó ocupando un lugar central en la política argentina de los años mileístas. Pero quizás ninguna decisión tuvo la dimensión de la que adoptó el 10 de junio de 2025, cuando los supremos rechazaron el último recurso de Cristina Fernández de Kirchner y dejaron firme su condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos en la causa Vialidad. Con sólo tres integrantes, cualquier desacuerdo habría obligado a recurrir a conjueces para formar mayoría. No hizo falta. Rosatti, Rosenkrantz y Lorenzetti coincidieron.

La escena contenía una paradoja difícil de pasar por alto. Apenas dos meses antes, Milei había sufrido en el Senado su mayor derrota en el intento por modificar la composición de la Corte. El 3 de abril de 2025, la Cámara alta rechazó por amplias mayorías las candidaturas de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla. El primero reunió 27 votos positivos, 43 negativos y una abstención; el segundo, apenas 20 apoyos frente a 51 rechazos. Para ingresar definitivamente necesitaban los dos tercios de los senadores presentes. Quedaron bastante lejos.

Aquel fracaso tuvo también responsables dentro de la propia Casa Rosada. La estrategia judicial de los primeros dos años llevó fundamentalmente la marca de Santiago Caputo. La negociación por Lijo y García-Mansilla fue conducida bajo su órbita y ejecutada desde Justicia por Sebastián Amerio, entonces número 2 de Mariano Cúneo Libarona y representante del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura. La máxima “los dos o ninguno”, con la que el Gobierno encaró durante buena parte de aquellas conversaciones, terminó, finalmente, bastante más cerca de lo segundo.

La historia había comenzado en 2024, cuando el Gobierno propuso a Lijo para ocupar la vacante que Elena Highton de Nolasco había dejado en 2021 y a García-Mansilla para reemplazar a Juan Carlos Maqueda, que dejaría el tribunal al cumplir 75 años. Después de meses de audiencias, conversaciones con gobernadores y negociaciones con el peronismo, los números nunca cerraron.

Con la salida de Maqueda y el tribunal reducido a tres integrantes, Milei buscó otra vía. En febrero de 2025 nombró a ambos candidatos en comisión. Tampoco funcionó y el Senado votó en contra. El desenlace dejó una situación tan inédita como papelonesca: García-Mansilla ya había jurado y ejercía como ministro de la Corte, por lo que, después de que la Cámara alta rechazara su nombramiento, terminó presentando la renuncia al cargo al que el Presidente lo había hecho entrar por decreto.

Tres son multitud

Desde entonces, la excepcionalidad se convirtió en rutina. La Ley 26.183 establece una Corte de cinco miembros, pero los tres supremos llevan más de un año administrando solos el tribunal. “Son tres tipos que no necesitan pedirle permiso a nadie y que saben que, si se ponen de acuerdo, la historia termina ahí”, grafica con cierta resignación un abogado que sigue de cerca la relación del Gobierno con el Poder Judicial. Sin embargo, la relación con el Gobierno nunca fue lineal.

La prueba más reciente llegó esta misma semana con la Ley de Tierras. La Corte dejó sin efecto la cautelar que mantenía frenada la derogación de la Ley 26.737 dispuesta por Milei mediante el DNU 70/2023. Los jueces consideraron que el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas de La Plata no tenía legitimación para reclamar aquella medida y evitaron pronunciarse sobre la constitucionalidad de la derogación.

El efecto político fue bastante menos abstracto. Al caer la cautelar, se caen también los límites para la adquisición de tierras rurales por extranjeros, incluido el techo del 15% a nivel nacional, provincial y departamental. “Lo paradójico es que ganamos el fallo y nos dejaron un quilombo político”, ironiza una voz oficial sobre una decisión que, en los papeles, favoreció la posición jurídica del Ejecutivo. Es que el Gobierno recibió un problema que no tenía anotado en la agenda y la oposición encontró una nueva oportunidad para intentar voltear el megadecreto de 2023, que el Senado ya había rechazado en marzo de 2024.

La controversia escaló hasta un punto poco habitual. Después de casi 48 horas de hermetismo, la Corte difundió una aclaración dirigida a la “opinión pública” para explicar qué había resuelto y, especialmente, qué no. Los jueces hablaron de “grupos de interés que presionan sobre el tema”, reivindicaron su trayectoria en defensa de los recursos naturales y cuestionaron los “discursos de odio y descalificación” posteriores al fallo.

El mensaje que enviaron voceros de la Corte Suprema a los medios.

El episodio volvió a dejar abierta una pregunta que adquiere otra dimensión cuando apenas tres personas concentran la última palabra constitucional. ¿Qué intereses económicos, políticos y corporativos encuentran mejores canales de llegada al máximo tribunal? No supone que los jueces respondan mecánicamente a alguno de ellos, pero alrededor de la Corte orbitan grandes estudios jurídicos, empresas y actores políticos que saben que muchas de sus disputas terminan en esos tres despachos.

Del Mago a Mahiques

El desembarco de Juan Bautista Mahiques en el Ministerio de Justicia en marzo de 2026 significó bastante más que un cambio de nombre. Sebastián Amerio, el hombre de Santiago Caputo que había conducido buena parte de la política judicial fue desplazado por Karina Milei tras la anunciada salida de Cúneo Libarona de la cartera y la reorganización redujo la influencia directa que el asesor presidencial había tenido sobre el área.

Mahiques llegó con la misión de ordenar la relación con la Justicia y conseguir resultados donde la estrategia anterior había chocado contra el Senado. Eso implicaba reconstruir interlocución con jueces, gobernadores y legisladores, pero también sacarle provecho a un sistema con reglas e intereses propios que el funcionario conocía como la palma de su mano.

Los números empezaron a mostrar una diferencia. Para septiembre, el Gobierno acumulaba 166 designaciones de jueces, fiscales y defensores durante 2026. Sólo en agosto, el Senado aprobó 67 pliegos judiciales en una jornada, con acuerdos entre prácticamente todos los bloques. Entre ellos estuvo Pablo Yadarola, amigo personal de Mahiques, que pasó de Penal Económico a integrar la estratégica Sala I de la Cámara Federal porteña, encargada de revisar las decisiones de los juzgados de Comodoro Py. Su nombramiento expuso también hasta dónde podían llegar los nuevos acuerdos: obtuvo 66 votos y fue aprobado por unanimidad, incluido el peronismo, pese a que Cristina Kirchner lo había señalado años antes como uno de los jueces del “lawfare” por su participación en el viaje a la mansión del empresario Joe Lewis en Lago Escondido, en 2022.

Es que los candidatos provenientes de la propia familia judicial y el peso de los distintos grupos que intervienen en cada negociación vuelven a poner sobre la mesa la dimensión corporativa del Poder Judicial. En ese marco, comienzan a volver a aparecer conversaciones que mezclan dos discusiones diferentes: completar las vacantes actuales de la Corte o ampliar directamente el tribunal. Ambas cuestiones implican la construcción de acuerdos amplios.

En el Gobierno sostienen que, cuando llegue el momento, la prioridad debería ser volver a los cinco integrantes previstos por la ley. Milei y su ministro de Justicia hablaron este año sobre el tema, pero optaron por postergar una nueva batalla. La pregunta es si el método Mahiques, que permitió destrabar decenas de nombramientos, puede trasladarse alguna vez al cuarto piso de los tribunales de Talcahuano.

Oficialmente, no existe todavía una decisión de ampliar la Corte. De ocurrir, esa decisión cambiaría de golpe el valor de cada acuerdo, cada veto y cada candidato. Sin embargo, después del resonante fracaso de Lijo y García-Mansilla, nadie parece demasiado dispuesto a comenzar otra negociación sin conocer primero el tablero.

Pedro Lacour  
Fuente: https://www.eldiarioar.com/politica/corte-tres-milei-no-pudo-cambiar-derrotas-fallos-alto-impacto-nueva-negociacion-puerta_1_13558255.html