El jueves 8 de octubre, a las diez de la mañana, no hubo ceremonia ni flashes. La venta de la empresa que lleva el agua a 14 millones de personas se definió con un clic en la plataforma CONTRAT.AR. Dos sobres, dos ofertas. El consorcio encabezado por la empresa de Mauricio Filiberti, secundado por la constructora de Walter Román, puso USD 340,2 millones por el 90% de AySA, mientras que el Grupo Roggio ofertó USD 285 millones. El resultado estaba más cantado que "La Cumparsita". 

Fin de la historia. O no tanto. Cuatro meses antes, el apellido Román había aparecido en otra adjudicación histórica: la Hidrovía, donde el socio local de la belga Jan de Nul es Servimagnus, de Ricardo Román, hermano de Walter, y de su hijo Leonardo. Dos hermanos, dos de los negocios más grandes de la era libertaria. Y dos empresas de Walter, Direct Group y Lógico, que para la campaña legislativa de 2025 declararon ante la Cámara Nacional Electoral aportes a La Libertad Avanza por veinte millones de pesos de la época cada una, unos 13.000 dólares de entonces. Es lo que figura en los registros oficiales, que muchas veces muestran apenas una parte de lo que de verdad circula en una campaña.

No es un caso aislado. Es un patrón. Al cruzar todos los procesos de venta y concesión desde diciembre de 2023, un puñado de grupos se repite como ganador en activos que no tienen nada que ver entre sí: agua, energía, dragado, rutas. El Gobierno ya cerró ventas por unos USD 1.081 millones (IMPSA, represas del Comahue y Transener), a las que se suman AySA, la Hidrovía por 25 años y más de 9.000 kilómetros de rutas. Y lo que se vende una sola vez, se va en cuotas de deuda.

Ahí aparece una ironía. Los USD 700 millones del Comahue llegaron justo para el vencimiento del 9 de enero de 2026: USD 4.200 millones a bonistas, cubiertos con esos dólares y un préstamo repo de USD 3.000 millones con bancos extranjeros. Esos bonos nacieron en el canje de 2020 con el que Alberto Fernández reestructuró deuda en buena medida emitida con Mauricio Macri. Y esa deuda tiene firma: la de Luis Caputo.

Toto —a quien entonces Javier Milei despedazaba públicamente, antes de enamorarse repentinamente y que pase a ser el mejor ministro del infinito expandible— fue secretario de Finanzas desde diciembre de 2015 y ministro de Finanzas desde fines de 2016. En junio de 2017 colocó el bono a cien años por USD 2.750 millones, ese que con suerte terminarán de pagar los nietos de nuestros nietos. Del 14 de junio al 25 de septiembre de 2018 presidió el Banco Central, en plena corrida y con el FMI de vuelta en el país.

Según datos oficiales, la deuda pública bruta pasó del 52,6% del PBI en 2015 al 88,8% en 2019. El stand-by que Macri firmó en 2018 por USD 50.000 millones, ampliado a 57.000, dejó desembolsos por USD 44.867 millones. Fernández lo refinanció en 2022 con la Ley 27.668 y Milei sumó en abril de 2025 otro acuerdo por USD 20.000 millones. Solo en septiembre de 2026 hubo que pagarle al Fondo USD 800 millones de capital.

Traducido: el mismo funcionario que endeudó al país con Macri hoy remata las empresas del Estado para pagar esa deuda. Hasta Milei lo dijo en 2018, en el programa de Mauro Viale, mucho antes de nombrarlo ministro: "Caputo se fumó más de US$ 15.000 millones". Hoy aplaude las volutas.

Las firmas al pie

Detrás de cada venta hay nombres propios. Caputo firmó las resoluciones que adjudicaron Transener (673/2026) y las rutas (1149/2026 y 1379/2026), y las que pusieron en marcha la venta de AySA. El mendocino Diego Chaher conduce desde julio de 2024 la Agencia de Transformación de Empresas Públicas (ATEP), que diseña cada privatización y que fue prorrogada hasta 2028 porque, admite el decreto, “aún no cumplimentó en su totalidad el objeto de su creación”. Iñaki Arreseygor, de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación, condujo la licitación de la Hidrovía. La Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), que remata inmuebles y concesiona Tecnópolis, depende de Karina Milei. Y sobre todos sobrevuela Santiago Caputo, el asesor sin cargo al que una denuncia penal ubica en el centro del armado de la Hidrovía.

Licitaciones en el centro de la escena y el Congreso como telón de fondo

En los papeles, casi todo se hizo por licitación pública nacional e internacional. En los hechos, la competencia fue más escenografía que realidad. IMPSA se vendió con un único oferente. En la Hidrovía, la tarifa piso hizo que los dos competidores ofrecieran exactamente el mismo precio, y para impugnar había que depositar USD 10 millones. En AySA no hubo precio base público y el pliego dejó afuera a las empresas de capital estatal extranjero: quedaron dos ofertas locales. En Tecnópolis quedó un solo interesado.

El Congreso votó una sola vez: la Ley Bases de julio de 2024, que habilitó a privatizar ocho empresas (Enarsa, Intercargo, AySA, Belgrano Cargas, Trenes Argentinos, Corredores Viales y, en forma parcial, Nucleoeléctrica y Yacimientos Carboníferos Río Turbio). Todo lo demás salió por decreto o resolución: las represas del Comahue, la Hidrovía, el remate de más de 400 inmuebles, Tecnópolis y el intento de convertir al Banco Nación en sociedad anónima, hoy frenado por la Justicia. Y la Comisión Bicameral, que por ley debe ser informada "permanentemente", tuvo que ir a los tribunales para intentar saber cuánto vale lo que se vende.

Siempre los mismos

Si uno arma una planilla con todos los ganadores, hay columnas que se llenan solas.

Los Neuss. Los hermanos Juan y Patricio Neuss son la cara visible de Edison Energía, un holding que comparten con Rubén Cherñajovsky y Luis Galli (Newsan) y con Inverlat (Havanna). En siete meses se quedaron con dos represas del Comahue y, junto a Genneia, con Transener. Son amigos de la infancia y del country Martindale con Santiago Caputo, y desde entonces hacen travesuras juntos: ahora en el poder, además, hacen negocios. Para la campaña legislativa de 2025 declararon aportes por 35 millones de pesos de la época, unos 23.000 dólares de entonces, a La Libertad Avanza a través de Woden Energía. Figuran entre los denunciados por la Hidrovía, y en el mercado se los menciona como socios en las sombras del consorcio que ganó AySA.

Los Román. Ricardo y Leonardo, con el 40% de la Hidrovía a través de Servimagnus. Walter, con el 20% de AySA a través de Rowing, que además fue contratista de la empresa que ahora va a controlar. Ya habían dragado juntos los accesos al puerto de Buenos Aires en 2007 y, años después, el de Mar del Plata.

El rey del cloro. Mauricio Filiberti, socio de José Luis Manzano y Daniel Vila en Edenor, tiene el 10% del consorcio de AySA a través de Transclor, que le vende a AySA desde 2009 el químico con el que se potabiliza el agua. En 2023 se anuló una licitación de ese insumo por USD 115 millones tras denuncias de direccionamiento. Traducido: el proveedor pasa a ser dueño de su cliente.

El club de la obra pública. Cartellone, Obring, Rovial y Edeca —más sus socias entrerrianas Pitón y Pietroboni— son contratistas de todos los gobiernos, llegan con antecedentes a cuestas y se quedaron con tramos de rutas nacionales.

Cartellone es un viejo conocido de la obra pública: creció al calor de los contratos de la última dictadura y después hizo negocios con el menemismo, con el kirchnerismo y con el macrismo, y ahora con el ileísmo. Tito Biagini, ejecutivo del grupo, fue procesado por el juez Sebastián Casanello en la causa Odebrecht, acusado de pagar sobornos por las plantas potabilizadoras de AySA en las que la constructora mendocina era socia de los brasileños, junto a Benito Roggio y Supercemento; el expediente ya fue elevado a juicio oral. En 2020 la propia Justicia de Mendoza tuvo que intervenir la empresa por una pelea entre los accionistas de la familia, y hasta hace poco arrastraba un concurso preventivo de acreedores. Nada de eso le impidió quedarse con la Autovía del Mercosur.

A Edeca, fundada en los años setenta por Roberto Podadera y hoy conducida por Marcelo Burgués, Gendarmería le allanó en octubre de 2025 las oficinas de Rosario: los fiscales investigan si el exjuez federal Marcelo Bailaque, hoy con prisión domiciliaria, dejó dormir durante años una causa penal tributaria contra la constructora por subfacturación de IVA, que terminó prescripta, a cambio de un terreno en un barrio privado de Funes que la empresa le vendió a su esposa.

Obring y Rovial tienen un solo antecedente, pero de peso: figuran en la causa Cuadernos por contratos adjudicados por Vialidad Nacional en la era De Vido. Franco Gagliardo, titular de Obring, deberá sentarse ante el tribunal oral por cuatro obras del kirchnerismo en Santa Fe y Rosario: la circunvalación santafesina, el acceso al aeropuerto rosarino, el muelle del Parque España y dos acueductos.

Coarco, la constructora marplatense que se quedó con otro de los tramos, llega con confesión incluida. Su titular, Patricio Gerbi, se presentó como arrepentido y admitió haberle pagado a Claudio Uberti, entonces a cargo del Occovi, el organismo que controlaba las concesiones viales, para renegociar el Corredor Vial N°1 que explotaba junto a Equimac. Los pagos, entre 2004 y 2007, los entregaba en una confitería frente al Hipódromo de Palermo. Hoy está en el banquillo por asociación ilícita y cohecho: ofreció unos 206 millones de pesos para evitar el juicio, pero la fiscal lo definió como un “caso de gran corrupción” y el tribunal le rechazó la probation. Pagó coimas para conservar una concesión vial; ahora gana otra.

Pitón, de los hermanos José Luis y Daniel Pitón, creció a la sombra del exgobernador entrerriano Sergio Urribarri, condenado por corrupción, de quien José Luis fue precandidato a intendente de Gualeguay en 2011. Y a Víctor Pietroboni, fundador de la constructora de Concepción del Uruguay, fallecido en 2016, se le atribuye haber reconocido que en las licitaciones era “moneda corriente dejar un 20% más del valor de la obra”. Ambas integran lo que Letra P bautizó como “el inoxidable cartel de la construcción que se reparte las obras de Entre Ríos”.

El comprador serial. Eduardo Costantini pagó más de USD 194 millones por tres inmuebles del Estado: casi el 60% de lo que la AABE recaudó en 2025.

Nada de esto es ilegal per se. Lo que llama la atención es la recurrencia, y que en cada proceso las reglas dejaron a muy pocos en condiciones de competir.

AySA: el agua sin precio

La privatización de AySA tiene una particularidad que debería encender todas las alarmas: nadie sabe cuánto vale. El Estado lo sabe, pero no lo dice. El pliego no fijó precio base público. La Resolución 1198/2025 ordenó que un banco público, el BICE, tasara las acciones; esa tasación funciona como piso para la comisión evaluadora, pero es secreta. La diputada Julia Strada reclamó por esa opacidad sin respuesta, y el defensor adjunto bonaerense Walter Martello pidió judicialmente la valuación y los pasivos ambientales.

En julio, según recuerda la denuncia de la Bicameral, Diego Chaher había prometido “como mínimo” USD 500 millones. La oferta ganadora quedó un 32% por debajo.

¿Quién compra? PHX Aqua, que se queda con el 55%, se presentó como una sociedad holandesa: PHX Aqua AR B.V. Su rastro lleva a Londres, donde el 18 de agosto de 2026, menos de un mes antes de las ofertas, se inscribió PHX Aqua Limited: capital de una libra, un único director neerlandés y, como secretaria, una filial de Amicorp, firma especializada en armar estructuras societarias. Ante el registro británico declaró que no existe ninguna persona con control significativo sobre la sociedad.

Detrás aparece Phoenix Global Investment Fund, un fondo constituido en 2016 en Curaçao, administrado por Amicorp y gestionado desde Barbados, cuyo registro internacional tampoco informa quién lo controla. Entre sus directivos figura Paul Parker, miembro del directorio de Clorox y ex Goldman Sachs y Barclays. Rowing, el 20%. Arcos Saneamento, del grupo brasileño Equipav y operador técnico, el 15%. Transclor, el 10%. El socio que va a controlar el agua de la Ciudad y el conurbano es una sociedad recién nacida, con raíces en un paraíso fiscal y beneficiarios finales que nadie informó.

La competencia también fue raleada: el pliego dejó afuera a la israelí Mekorot por ser estatal —la misma empresa que ya tiene contratos con doce provincias argentinas y que hoy asesora a la propia AySA—, las brasileñas Sabesp y Águas do Rio quedaron condicionadas por el conflicto diplomático con Brasil y Veolia no se presentó. José Luis Manzano, socio de Filiberti, se bajó a último momento; su lugar lo habrían ocupado los Román.

El negocio es por 30 años, prorrogables por diez. El Gobierno propuso subas de hasta 22,6% para parte de los usuarios, unos USD 93 millones extra por año según Martello, y el Decreto 805/2025 habilita cortes por falta de pago. A pedido del Defensor del Pueblo bonaerense, Guido Lorenzino, la Justicia provincial dictó una cautelar, confirmada por la Cámara Contencioso Administrativa de La Plata, que impide reducir las obligaciones de acceso al agua, salud y ambiente: bajar los controles de calidad podría causar “un daño inminente a la salud”.

¿Y al final cuánto vale?

Para entender por qué nadie sabe cuánto vale AySA hay que reconstruir un circuito armado, norma por norma, en dos años. Así lo describen las diputadas Ana María Ianni y Florencia Carignano y los senadores Adán Bahl y Jorge Capitanich, de la Comisión Bicameral de Privatizaciones, en dos escritos a los que accedió Data Clave.

En septiembre de 2024, el Decreto 780/24 achicó lo que se considera información pública. En julio de 2025, el Decreto 450/2025 dispuso tasar por flujo de fondos futuros descontado, un método pensado para el sector eléctrico que, según la denuncia, produce valuaciones sistemáticamente bajas porque se apoya en ganancias proyectadas y no en el valor de los activos.

Después corrieron del medio al organismo que la ley designa para tasar los bienes públicos: el Tribunal de Tasaciones de la Nación. Su presidente, Julio Roberto Villamonte, respondió que solo puede tasar activos físicos, una decisión que, según la denuncia, tomó sin el cuerpo colegiado. La ironía: en 2017 y 2018, ese mismo Tribunal, con el mismo presidente, tasó las centrales Ensenada de Barragan y Brigadier López por valor patrimonial y cuestionó el flujo descontado por basarse en “ganancias hipotéticas”. Su lugar lo ocupó, siempre según la denuncia de la Bicameral, una unidad de valuaciones del BICE creada en 2025 con poco personal, que en diciembre eliminó su control de calidad externo. Es el mismo banco cuyo titular, Maximiliano Voss, está denunciado por Intercargo, y el que financia a los concesionarios de rutas.

El broche llegó el 1 de abril de 2026: la Resolución ATEP 1/2026 declaró “reservadas” todas las tasaciones de las privatizaciones, pasadas y futuras. Nunca se publicó en el Boletín Oficial ni se entregó a la Bicameral. Una norma secreta para mantener en secreto los precios. Seis semanas después, la Resolución 704/2026 llamó a licitación por AySA, sin base.

El Congreso pide, la Agencia no entrega. El 12 de agosto, la Bicameral pidió informes y citó a Chaher; los legisladores recibieron más de 10.000 fojas 48 horas antes de la audiencia. El 23 de septiembre, Chaher admitió que la tasación de AySA existe, pero no la entregó. El 28, Ianni y Carignano lo intimaron; el 1 de octubre respondió sin entregar nada y cuestionando que pudieran pedirla. Sus versiones tampoco ayudan: en julio dijo que “todas las empresas tienen una valuación oficial”; en septiembre, sobre Nucleoeléctrica, que “no hay tasación”.

A la Justicia. El 7 de octubre, víspera de la apertura de AySA, los cuatro legisladores denunciaron ante la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) —el organismo del Ministerio Público Fiscal que investiga irregularidades de funcionarios—, a cargo del fiscal Sergio Leonardo Rodríguez, a Chaher, a Villamonte y a las autoridades del BICE. Piden evaluar abuso de autoridad, incumplimiento de deberes y, si se acredita subvaluación o favoritismo, administración fraudulenta y negociaciones incompatibles. “Nadie por fuera de la ATEP y el Poder Ejecutivo sabrá si el Estado vendió por su justo valor”, advierten. También presentaron un amparo con pedido de cautelar para suspender la adjudicación de AySA hasta que se entregue la tasación. El expediente, CAF 49549/2026, recayó el 9 de octubre en el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 3, del juez Santiago Ricardo Carrillo. Con las ofertas ya abiertas, sostienen, el único sentido del secreto “es impedir que se controle la adjudicación”.

Las cifras que cita la denuncia de la Bicameral dibujan un patrón: Transener salió con una base 42% por debajo de lo que pagó el mercado, Intercargo se relicitará por menos de USD 45 millones y Nucleoeléctrica valdría “once veces menos de lo que valía hace un año”. Para los denunciantes, el método subvalúa “de manera deliberada”.

Hidrovía: el río de los USD 15.700 millones

Por la Vía Navegable Troncal del Paraná sale el 80% del comercio exterior argentino. El consorcio Jan de Nul–Servimagnus, que cobrará peaje durante 25 años prorrogables por cinco, proyecta ingresos por USD 628 millones anuales: más de USD 15.700 millones en toda la concesión. Es, lejos, el negocio más grande de la era Milei. Y el más cuestionado. Jan de Nul ya operó el dragado entre 1995 y 2021. Gabriel Romero, socio de aquel consorcio, admitió en la causa Cuadernos haber pagado USD 600.000 en coimas para prorrogar el contrato.

Dos intentos, un mismo final. En febrero de 2025 el Gobierno anuló la primera licitación porque se presentó un único oferente, la también belga DEME, que había impugnado los pliegos, y Manuel Adorni salió a pedir que la investigaran. Quince meses después, el 19 de mayo de 2026, con Arreseygor al frente del proceso, Jan de Nul y DEME ofrecieron exactamente lo mismo: USD 3,80, 4,65 y 5,78 por tonelada según la etapa, justo el piso del pliego. Nada que sorprendiera a la PIA, que lo había anticipado: con tarifa mínima, el empate estaba cantado. Lo desempató la evaluación técnica, donde Jan de Nul sacó 24 puntos de ventaja. Y ese mismo día la PIA encontró “los mismos defectos que en la licitación anterior”: un pliego orientado al operador histórico, sin estudio de impacto ambiental y con fallas en la cláusula anticorrupción. Cambiaron las fechas; el pliego, no tanto.

Un informe de expertos internacionales estimó un sobrecosto cercano al 17% por la tarifa piso, y señaló que casi 5.000 páginas se evaluaron en dos semanas y que se desestimaron ocho de los nueve antecedentes de DEME. Además, el Gobierno exhibió como aval un informe atribuido a la UNCTAD, de Naciones Unidas, que según peritos citados por el diputado Jorge Taiana es apócrifo. “Fue truchado”, resumió Ricardo Alonso, del gremio APDFA.

La denuncia penal. La Fundación por la Paz y el Cambio Climático, que preside Fernando Míguez, denunció en Comodoro Py a Santiago y Luis Caputo, al interventor de la Administración General de Puertos, Gastón Benvenuto, a Arreseygor, Jan de Nul y el grupo Neuss por asociación ilícita, fraude, negociaciones incompatibles y malversación, con un perjuicio estimado en USD 7.000 millones. Describe reuniones de asesores de Santiago Caputo con técnicos de la filial local de Jan de Nul, el desplazamiento de técnicos que habían objetado costos y un peaje de unos USD 500 millones anuales que ya no cobrará la Administración General de Puertos sino el privado. El juez Daniel Rafecas, siguiendo al fiscal Guillermo Marijuan, rechazó el pedido de Míguez y de la diputada Marcela Pagano de frenar la licitación: no vio peligro en la demora y consideró que la denuncia se apoyaba en “hipótesis sobre hechos futuros”. La investigación de fondo sigue en etapa inicial.

En junio, la Resolución 36/2026 adjudicó la concesión y en julio se firmó el contrato. El Gobierno lo celebró con un dato que exhibió como prueba de transparencia: “no hubo impugnaciones”. Claro que no. Para objetar el resultado había que dejar en garantía USD 10 millones, una entrada que muy pocos están dispuestos a pagar para que les digan que no. Es como cobrar la hoja del libro de quejas y después jactarse de que nadie se quejó. En la Hidrovía, el silencio tenía precio, y no era barato. El 8 de octubre, la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas pidió a la PIA suspender la concesión: en la audiencia pública de 2025, sin estudio ambiental, más del 90% de los oradores se había opuesto.

Hubo también un capítulo geopolítico. Santiago Caputo viajó a Washington a despejar dudas sobre supuestos capitales chinos detrás de Servimagnus, y la cláusula que excluyó a firmas chinas eliminó, de paso, a varias de las mayores dragadoras del mundo. Menos competidores, otra vez.

Energía: represas, cables y una metalúrgica a precio de liquidación

Las represas del Comahue. En diciembre de 2025 se vendieron las acciones de las sociedades que operan cuatro centrales sobre el Limay y el Neuquén, por unos 30 años. Se acordó entre Nación y los gobernadores de Neuquén y Río Negro, sin pasar por el Congreso. Piedra del Águila fue para Central Puerto (USD 245 millones); El Chocón Arroyito, para MSU Energy de Manuel Santos Uribelarrea (USD 235,6 millones); Alicurá (USD 162 millones) y Cerros Colorados, para Edison. En total, unos USD 706 millones. Senadores peronistas de ambas provincias hablaron de "entrega a precio vil": según ellos, las ofertas no llegaban al 15% del valor de las centrales.

Transener. En mayo de 2026, la Resolución 673 adjudicó el 50% de Citelec, controlante de Transener que estaba en manos de Enarsa, a Edison y Genneia, de Jorge Brito, por USD 356,1 millones. Central Puerto ofreció 301 y Edenor, 230. El Gobierno celebró que el precio superara la tasación del BICE, que nunca publicó; según la denuncia de la Bicameral, la base fue de USD 206 millones, 42% por debajo de lo que pagó el mercado. Transener gana más de USD 200 millones por año, y nadie explicó por qué el Estado se desprendía de su llave en una empresa rentable y estratégica. Los Neuss, en siete meses, sumaron dos represas y la red de alta tensión del país.

IMPSA. La primera privatización, en febrero de 2025, fue la más elocuente. La metalúrgica mendocina que fabrica turbinas pasó a ARC Energy, de Houston, única oferente, cuyo presidente, Jason Arceneaux, aportó a la campaña de Donald Trump. Se quedó con el 84,9% de las acciones clase C, del Estado nacional y de Mendoza. ¿Cuánto cobró el Estado? Nada: los USD 27 millones son aportes de capital a la propia empresa, en cuotas. IMPSA arrastraba una deuda de unos USD 576 millones con el Banco Nación, el BICE y el BID, entre otros. "Se están vendiendo las joyas de la abuela", resumió un diputado mendocino.

Rutas: los viejos conocidos del club de la obra pública y la "inversión privada" con plata pública

La Red Federal de Concesiones ya entregó más de 9.000 kilómetros de rutas en 16 tramos, por 20 años y con peaje. Corredores Viales se liquida. El Gobierno habla de "inversión 100% privada". Los papeles dicen otra cosa.

En la Etapa I, en noviembre de 2025, la Autovía del Mercosur fue para Autovía Construcciones y Servicios, del grupo Cartellone, y el tramo del puente Rosario-Victoria, para Obring, Rovial, Edeca, Pitón y Pietroboni. Las etapas siguientes, hasta la Resolución 1379/2026, repartieron miles de kilómetros más entre Concret Nor, Marcalba, Pose, Coarco, Ceosa, Creditech-Plantel, Basaa-Cecosa y CPC, y volvieron a premiar a Cartellone, Pitón, Rovial y Obring. Son las mismas constructoras del club que ya presentamos: los prontuarios no parecen haber pesado en la evaluación.

Todo queda en familia. En la Etapa III, la Resolución 1379/2026 adjudicó el Tramo Centro, casi 682 kilómetros de las rutas 9, 19 y 34 entre Santa Fe y Córdoba, incluida la autopista Rosario-Córdoba, a Covicen S.A., un consorcio integrado por Afema, Pablo Federico e Hijos y Guido Mogetta S.A. Esta última es la empresa que fundó el padre de Franco Mogetta, secretario de Transporte de Milei entre diciembre de 2023 y mayo de 2025. Su hermano, Guido Ricardo Mogetta Prevedello, integra el directorio de Covicen. El Decreto 97/2025, que autorizó la privatización de Corredores Viales, se firmó en febrero de 2025, con Mogetta todavía en el cargo. El tramo puede facturar unos USD 383 millones en peajes durante la concesión. Mogetta asegura que “no tiene nada que ver con la empresa familiar” y que vendió a su madre y hermanos el 5,71% que había heredado.

La letra chica. Una semana antes de abrir la Etapa I, Caputo creó un fideicomiso en el BICE para financiar hasta el 70% de la inversión: 56.000 millones de pesos a tasa UVA más 2%. Los contratos permiten ceder en garantía hasta el 70% del peaje y renegociar con compensaciones del Tesoro. Traducido: si el negocio sale mal, paga el Estado.

Mucho peaje, poca obra. En los 1.800 km de la Etapa II-A se exigen apenas 84,3 km de obra nueva. “Es solo corte de pasto y mantenimiento. Es una estafa”, disparó Ricardo Lasca, del Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial. La ruta 3 tendrá un peaje cada 90 kilómetros entre Capital y Bahía Blanca, en un tramo los peajes subieron 20% a la semana de la toma de posesión, y todo sin un ente regulador creado por ley. La bonaerense Aubasa quedó excluida y la Fiscalía de Estado provincial evalúa impugnar.

El Gobierno que vino a terminar con la casta le entregó las rutas a la casta de la obra pública.

Una inmobiliaria en la Rosada

El Decreto 950/2024 ordenó subastar más de 400 inmuebles del Estado. La tarea quedó en la AABE, bajo la Secretaría General de la Presidencia, sin que ningún legislador fuera consultado. En 2025 recaudó USD 321,9 millones, menos de la mitad de lo que se había propuesto, y casi el 60% lo puso Eduardo Costantini: USD 127 millones por el predio de Bullrich y Cerviño, USD 21,2 millones por Soldado de la Independencia 615 y USD 46,5 millones, a través de Argencons, por el ex predio de la Policía Federal en el Bajo Belgrano.

Buena parte de ese proceso lo condujo Nicolás Pakgojz, conocido en el mercado por "facilitar oportunidades de negocio a desarrolladores inmobiliarios". Los hilos los movía Darío Wasserman, vicepresidente del Banco Nación y empresario inmobiliario. Pakgojz renunció; hoy conduce la agencia Tania Alejandra Yedro.

El caso INTA. El 23 de diciembre de 2024 se subastó el edificio del INTA en Cerviño 3101 por USD 18,5 millones, tres veces la base. Lo compró la firma Julian Alvarez 1986 SRL. La Fiscalía de Investigaciones Administrativas advirtió que la AABE lo desafectó sin facultades, antes de que decidiera el Consejo Directivo del INTA, que convalidó la venta bajo presión de Juan Pazo, del Ministerio de Economía. El rechazo al pedido gremial de suspensión llegó doce minutos después de empezada la subasta. El 70% del producido, unos USD 12,95 millones, debía volver al INTA. Según la denuncia de la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT) y de APINTA, el gremio del personal del organismo, contra el presidente del INTA, Nicolás Bronzovich, su vicepresidenta, María Beatriz Giraudo, y Pakgojz, ese dinero nunca llegó. Adorni, que como vocero había prometido que lo recaudado "quedará en manos del propio INTA", terminó admitiendo en un informe a Diputados que el Gobierno se quedó con la plata.

Vaciar para vender: Intercargo y Nucleoeléctrica

Hay una vieja receta de los noventa: primero se degrada la empresa, después se la vende barata. Intercargo salió a la venta con una base de USD 45 millones. Según la Asociación del Personal Aeronáutico (APA), ni siquiera cubre sus activos: el último balance mostraba ganancias por más de USD 20 millones y activos líquidos de hasta USD 55 millones. Aun así, en julio de 2026 la licitación quedó desierta.

El propio Gobierno le había quitado valor: con la desregulación de Federico Sturzenegger abrió la puerta a una docena de competidores, cuatro de los cuales ya operan, y en diciembre pasó las mangas a las concesionarias de los aeropuertos —en Ezeiza y Aeroparque, Aeropuertos Argentina, de Eduardo Eurnekian, el ex patrón del Presidente—. La APA denunció a Milei, a Caputo y a Maximiliano Voss (BICE) ante el Juzgado Federal N° 3. El gremio UPSA lo resume sin vueltas: "Todo pende de un hilo". Chaher, lejos de revisar el precio, anunció que se relicitará por menos, según consigna la denuncia de la Bicameral.

Nucleoeléctrica. El Gobierno quiere vender el 44% de la operadora de Atucha I, Atucha II y Embalse. Antes, estalló la olla: un gerente de Atucha, Juan Pablo Nolasco, denunció una licitación de limpieza por 10.783 millones de pesos, 136% más cara que el contrato vigente, con siete de nueve oferentes descartados por requisitos a medida. ATE sumó la migración de un sistema de gestión que pasó de USD 600 mil a USD 7 millones. Para el gremio, el objetivo era doble: apropiarse de recursos y desfinanciar la empresa para venderla.

El presidente de la empresa, Demian Reidel, que había encabezado el Consejo de Asesores Económicos de Milei, renunció en febrero de 2026 en medio de las denuncias. Había cancelado deudas personales por 825 millones de pesos en 18 días; Reidel dijo que fue una operación “transparente, totalmente documentada”. El único director que sobrevivió al recambio fue Chaher, el mismo que en septiembre dijo ante el Congreso que para Nucleoeléctrica “no hay tasación”.

Lo que viene: la segunda temporada del remate

Caputo apunta a USD 800 millones en 2026 y USD 1.500 millones en 2027. Belgrano Cargas: 7.594 kilómetros de vías en 16 provincias se concesionan por 50 años, sin canon. Las ofertas se abren el 11 de noviembre y entre los interesados figuran Ferromex y las grandes cerealeras (Bunge, Cargill, ACA, AGD y Louis Dreyfus), que podrían quedarse con el tren que lleva sus propios granos, RIGI incluido. Térmicas de Enarsa: el Decreto 1107/2026 habilitó vender la participación estatal en las centrales Manuel Belgrano y José  de San Martín, casi 1.700 MW, por más de USD 800 millones, con derecho de preferencia para los socios Central Puerto, AES y Pampa. El resto: el 44% de Nucleoeléctrica, Río Turbio, los trenes de pasajeros, la transmisión eléctrica AMBA I, las represas de Los Nihuiles y Futaleufú y el Banco Nación, si la Justicia lo permite.

Un salvo conducto llamado cercanía

El dibujo es nítido. Una ley votada una sola vez se convirtió en un cheque en blanco para vender por decreto lo que estaba en la ley y lo que no. Licitaciones públicas en el nombre y restrictivas en el diseño: un único oferente, tarifas piso que garantizan el empate, tasaciones declaradas secretas por una resolución que nunca se publicó, un Tribunal de Tasaciones corrido del medio, depósitos millonarios para impugnar. Organismos de control que advierten y no frenan. Y una plata que no se convierte en obras sino en cuotas de deuda.

Del otro lado del mostrador, siempre los mismos: los Neuss, con dos represas y Transener; los Román, con la Hidrovía y el agua; el proveedor de cloro convertido en dueño de su cliente; las constructoras del club de la obra pública y la familia de un exsecretario de Transporte al frente de las rutas. Aportantes de campaña, amigos del asesor sin cargo, socios de la colaboradora de la hermana presidencial.

Ninguno de estos procesos tiene, hasta hoy, una condena. Las denuncias avanzan a paso de tortuga en los mismos tribunales que vieron pasar sin consecuencias las privatizaciones de los noventa. Pero cuando el Estado se remata entre pocos, la cuenta llega después, y la pagan los de siempre: los usuarios del agua, los que pagan peaje cada 90 kilómetros, los aeropuertos que nadie quiere atender. Mientras tanto, para algunos, la cercanía con el poder sigue funcionando como el mejor de los salvoconductos.

Mauro Federico e Ivy Cángaro  
Fuente: https://www.dataclave.com.ar/picado-fino/-privatizaciones-o-remate-entre-amigos---el-punado-de-empresarios-que-se-queda-con-las-joyas-del-estado_a6aca77a2db3da16669e4f33c