El viernes 23 de octubre, a las once de la mañana, la Casa Rosada recibió a dos visitantes que el Gobierno exhibió como trofeo de la alineación más fervorosa que se recuerde con Estados Unidos. Uno era Christopher Landau, 62 años, nacido en Madrid e hijo de un embajador, subsecretario de Estado y número dos de Marco Rubio. El otro, Juan Pablo Segura, 38 años, subsecretario para Asuntos del Hemisferio Occidental desde agosto: el hombre al que la administración de Donald Trump le entregó el mapa de América Latina. 

Del otro lado de la mesa esperaban Javier Milei, recién aterrizado de España, su hermana Karina Milei, el canciller Pablo Quirno, el embajador en Washington Alec Oxenford, el embajador estadounidense Peter Lamelas y la asesora para el hemisferio Viviana Bovo. Una foto de familia. Y, como se verá, no sólo en sentido figurado.

El anfitrión volvía de Madrid con una novedad en el cuello: un apósito beige, de tamaño generoso, del lado izquierdo. El miércoles 21, en un desayuno del Foro Nueva Economía en el Real Casino, Milei se había mostrado desmejorado, sudoroso y amoratado, mientras explicaba a los inversores españoles lo bien que le va a la Argentina. Su entorno ofreció primero una versión de barbería: un corte al afeitarse. Después, una de plomería: un golpe al salir de la bañera, con hematoma incluido. Parte médico, ninguno. El Gobierno que vino a terminar con el relato ya tiene dos relatos para una sola papada.

Mientras tanto, la gira de los enviados de Washington había arrancado el lunes 19 en Asunción, donde Landau desembarcó al frente de una delegación de empresas estadounidenses y firmó con Paraguay un acuerdo para interceptar vuelos sospechosos. En Buenos Aires, el jueves 22, la conferencia con Pablo Quirno en el Palacio San Martín sirvió el menú: 15 millones de dólares para un centro nacional de operaciones de ciberseguridad, 7,5 millones contra el narcotráfico, hasta 10 millones en cinco años contra la trata de menores —que no pasan por el Estado: los cobra una ONG estadounidense que elige a sola firma con quién trabajar en el país— y un nuevo empujón al Corredor Andes-Atlántico, esa promesa de hasta 7.000 millones de dólares hacia 2027 para unir el noroeste y Vaca Muerta con los puertos del Atlántico. Su pieza más avanzada, Argentina LNG, cuelga de una propuesta no vinculante del Banco de Exportaciones e Importaciones de Estados Unidos por hasta 6.000 millones, atada a compras a empresas estadounidenses. Generosidad con ticket de vuelta.

“No hay otro país con el que estemos más alineados en el mundo”, celebró Landau. Faltaban menos de dos semanas para las elecciones del 3 de noviembre. Y faltaba, en todos los comunicados, un detalle: el apellido del segundo visitante.

El apellido que no figuraba en el comunicado

Juan Pablo Segura nació en Alexandria, Virginia, hijo de inmigrantes argentinos. En 2023 se presentó al Senado de ese estado y perdió. Después fue secretario de Comercio de Virginia, y en agosto de este año saltó al Departamento de Estado. Una carrera meteórica, de esas que en Washington nunca se explican solo por el talento.

Detrás está Enrique Segura. Contador recibido en la Universidad Nacional de Cuyo, doctor en Economía en Madrid, vecino de McLean, el suburbio de Virginia donde viven los que no necesitan explicar de qué viven. Preside el Grupo ENSE, un holding con operaciones en más de 120 países y una facturación declarada de unos 4.000 millones de dólares anuales. Su fortuna rondaba los 1.700 millones de dólares en 2019.

El holding tiene un catálogo de servicios que parece diseñado para un Estado con problemas. Securiport vende control migratorio y seguridad aeroportuaria. Alex Stewart International audita minas y petroleras por encargo de gobiernos. Harbass asesora a países en la renegociación de su deuda externa. KIBO Laboratories promete mejorar la recaudación de impuestos. Fronteras, minerales, deuda y caja: si la Argentina fuera un cliente, sería el cliente ideal.

El currículum se completa con los adornos que la plata compra en Washington: presidente del consejo del Museo Nacional de Historia Estadounidense, miembro del consejo del decano en la Escuela Kennedy de Harvard, fundador de una fundación de la OEA. Y una virtud que en estos tiempos cotiza más que cualquier título: llegada a Trump.

Una carta en el bolsillo del amigo

La primera vez que el apellido Segura tocó la puerta de Balcarce 50 no lo hizo por vía diplomática sino por el método argentino por excelencia: el amiguismo. Llegó por el WhatsApp de un amigo del Presidente.

Entre los archivos que la Justicia recuperó del teléfono de Mauricio Novelli apareció una carta firmada por Enrique Segura el 17 de septiembre de 2024 y dirigida a Javier Milei. El documento llegó al chat de Novelli el 20 de septiembre a las 10:33. Veinte minutos después, los registros de ingreso muestran a Novelli entrando a la Casa Rosada para verse con el Presidente. Hubo selfie.

Carta de Novelli

La carta ofrecía el sistema CAISS de Securiport, un paquete para aeropuertos y fronteras con reconocimiento facial contra unos 47.000 millones de imágenes extraídas de la web, las redes y bases de datos; cruce de antecedentes penales con registros de 64 países, y un software que analiza gestos y expresiones para detectar “indicios de engaño” en las entrevistas migratorias. Un polígrafo con cámara para cada turista que baje en Ezeiza.

El proyecto abarcaba 158 puestos en todo el país y una inversión de entre 500 y 2.500 millones de dólares. El gancho estaba en la letra chica, que esta vez venía en letra grande: todo “sin costo alguno para el erario nacional”. La empresa se cobraría con una tasa de seguridad sobre cada pasaje internacional. Lo pagaría, como siempre, el que viaja.

Y para que nadie dudara de con quién se estaba hablando, Segura escribía: “Tal como hemos hablado con el Presidente Trump y su staff en varias oportunidades, la manera más eficaz, rápida y eficiente de destruir una nación es perder el control de las fronteras del país”. La carta invitaba a Milei a reunirse en Nueva York durante su viaje a la Asamblea de la ONU de aquel septiembre. Según Clarín, Securiport opera en la Argentina desde 2021.

Novelli no era un cartero cualquiera. La Justicia lo ubica como nexo en al menos cuatro proyectos: Securiport; Cube Exchange, una especie de banco cripto con diez años de exenciones impositivas que, según fuentes de la empresa, Milei llegó a firmar y que la Casa Rosada niega; ICV Advisors, con sus monedas de oro y su merchandising con la cara del Presidente, cuyos socios fueron recibidos por Karina Milei el 5 de abril de 2024, y, por supuesto, $LIBRA. Un documento recuperado mencionaba pagos de cinco millones de dólares para que Hayden Davis asesorara al Gobierno en Web3. El teléfono, eso sí, había pasado por una limpieza selectiva: ni un chat con Milei, ni con Hayden Davis, ni con Manuel Terrones Godoy. La memoria de Novelli es como la de un buen mayordomo: guarda lo que conviene.

El modelo Asunción

Para saber cómo termina una carta de Enrique Segura cuando encuentra un presidente bien dispuesto, alcanza con cruzar el río Paraguay.

El 29 de mayo de 2024, menos de cuatro meses antes de escribirle a Milei, Segura fue recibido por Santiago Peña fuera de la agenda oficial. Lo acompañaban el director de Migraciones, Jorge Kronawetter, y los ministros Gustavo Villate y Enrique Riera. La Presidencia paraguaya lo describió como una charla sobre “oportunidades de inversión en el país”.

La oportunidad se fue armando con paciencia de relojero. En noviembre de 2024, Migraciones firmó un convenio con la autoridad aeronáutica y Securiport se inscribió como proveedor del Estado. En julio de 2025, Peña firmó el primer decreto. El 27 de noviembre, otro que permitió no publicar el pliego por razones de “confidencialidad”. El 17 de diciembre llegó la adjudicación: 22.011.796 dólares para un sistema de información anticipada de pasajeros, por la vía de excepción, en nombre de la seguridad nacional, sin otros oferentes y en seis días. Una licitación con un solo corredor siempre termina con un ganador.

Kronawetter explicó que otras ofertas eran “mucho más caras”. Nunca dijo cuáles. Diez meses después, la gira de Landau y Juan Pablo Segura eligió Asunción como primera escala. Con empresarios sin nombre a bordo.

La vuelta al mundo de una tasa

Paraguay no inventó nada. Securiport tiene un método, y el método tiene antecedentes en varios idiomas: un presidente que firma sin concurso, una tasa que paga el pasajero y, años después, auditores que no encuentran la plata.

En Honduras, en 2011, el gobierno de Porfirio Lobo habilitó por acuerdo ejecutivo la contratación directa, sin licitación: diez años, una inversión de 31 millones de dólares y una tasa de 17 dólares por cada entrada y cada salida del país, 34 por viaje. El escándalo obligó al propio Lobo a ordenar la revisión del contrato que su gobierno había negociado. En Benín, en 2015, la adjudicación directa de Thomas Boni Yayi fue cancelada al año siguiente por el gobierno que lo sucedió; la empresa fue a un arbitraje internacional y en 2019 el Estado beninense fue condenado a pagarle unos 95 millones de dólares. Benín alegó que el contrato se había conseguido con corrupción; en 2020, un tribunal francés rechazó el planteo y dejó firme el laudo. Cancelar también tiene su tasa.

En Gambia, Adama Barrow firmó en 2017 un contrato directo a diez años. El cobro de la tasa de 20 dólares en el aeropuerto de Banjul dejó pérdidas de al menos cuatro millones, y el propio Barrow admitió que el mecanismo era "defectuoso". En 2023, su gobierno igual lo prorrogó cinco años, contra la opinión del procurador general. En Sierra Leona, los auditores no encontraron unos 330.000 dólares correspondientes a 4.827 visas electrónicas y en 2025 el Parlamento abrió una investigación. En Malí, un contrato sin competencia en el aeropuerto de Bamako dejó discrepancias contables. En Senegal, la Inspección de Finanzas le reclama alrededor de 280 millones de dólares por irregularidades y deudas fiscales.

Son denuncias, auditorías y reclamos; salvo la cancelación beninense y el laudo, no hay sentencias firmes. Pero el patrón se repite con una regularidad que ningún cambio de gobierno parece interrumpir.

Papá paga, el hijo negocia

En 2023, el año en que Juan Pablo Segura buscó su banca en el Senado de Virginia, Securiport puso 2.150.000 dólares en la política de ese estado: 100.000 directo a la campaña del hijo del dueño y 2.050.000 a Renew Virginia PAC, el comité político que terminó siendo el mayor aportante de esa misma campaña, con 2.162.500 dólares. La plata dio una vuelta, pero no se perdió.

Entre los donantes personales aparece un tal Antonio Segura, domiciliado en McLean, que declara como empleador a Securiport y aportó 62.750 dólares a la campaña. El nombre completo del padre es Antonio Enrique Segura. En 2025 sumó otros 5.000 dólares a un comité republicano.

La cuenta es sencilla: 162.750 dólares directos del padre y su empresa a la campaña del hijo, y 2,05 millones de la empresa al principal financista de esa candidatura. El hijo perdió la elección, ganó un ministerio estadual y luego una subsecretaría en Washington. Hoy recorre América Latina hablando de fronteras, seguridad, ciberseguridad y minerales críticos. Es decir, del catálogo de papá.

El laboratorio que pesa el litio

Cuando Landau habla del Corredor Andes-Atlántico como una cadena de suministro de minerales críticos, la familia Segura no escucha una promesa: escucha a un cliente. Y no es un cliente nuevo: está en la minería argentina desde agosto de 1999.

Su pata local es Alex Stewart International Argentina, parte de la red internacional de laboratorios e inspecciones nacida en Liverpool en la que Enrique Segura figura como director ejecutivo y cuya rama de auditorías para gobiernos preside. Es el laboratorio que analiza lo que sale de las minas y certifica los concentrados que se exportan. Tiene sede central en Maipú, Mendoza, laboratorio de salmueras en Palpalá, Jujuy, bases en Perito Moreno, Puerto Deseado y San Julián, en Santa Cruz, presencia en Catamarca e inspecciones agroindustriales en San Lorenzo, Necochea y Bahía Blanca. En 2022 tenía unos 220 empleados, y su gerente general, Marcelo Tejada, explicaba que el 70% de sus clientes mineros trabajaba con oro, plata y cobre, y el resto con litio. Entre sus clientes figuran Barrick Gold y Orocobre.

En junio de este año, el gobernador de Jujuy, Carlos Sadir, y el embajador británico Benjamin Cairns cortaron la cinta de la ampliación de Palpalá. Allí Tejada dejó una cifra que en cualquier otro país encendería alarmas: la empresa maneja “cercano al 90%” de los análisis de litio de la Argentina. Quien mide la ley de un mineral incide en cuánto vale lo que se declara al exportar, y por lo tanto en cuánto se paga de regalías. La Argentina discute desde agosto un proyecto contra la subvaluación de las exportaciones de litio. El laboratorio que mide casi todo integra la red que dirige el padre del funcionario que vino a hablar de minerales críticos.

El vínculo con los Estados provinciales es más íntimo de lo que parece. En julio de 2024, el Gobierno de Mendoza firmó un convenio con Stewart para capacitar al personal de su Dirección de Minería: el laboratorio privado forma a los técnicos que deberían controlar a sus clientes. Diez años antes, en septiembre de 2014, el Ministerio de Ambiente de esa misma provincia había clausurado uno de sus laboratorios en Maipú por residuos peligrosos no declarados e investigado una posible contaminación de suelos en su sede central.

Ese mismo año, en Perito Moreno, Santa Cruz, un ex empleado denunció penalmente que el laboratorio, contratista de Minera Santa Cruz, enterraba residuos peligrosos a orillas del río Fénix. Según los vecinos autoconvocados, la intendenta Mabel García les admitió que al habilitarlo no se habían respetado ni la ordenanza municipal que prohíbe industrias generadoras de residuos peligrosos en el ejido urbano ni las leyes provincial y nacional de residuos peligrosos. La empresa lo negó y, para que quedara claro, puso sobre la mesa a sus 47 empleados locales: el argumento de siempre, el trabajo como rehén.

El 4 de febrero, en Washington, Quirno y Landau firmaron el acuerdo marco de minerales críticos entre ambos países. Ocho meses después, Landau volvió a sentarse frente a Quirno. Esta vez, con el hijo de Enrique Segura al lado.

Antes de que llegue la plata, rajaron al canuto

El lunes 19, mientras Landau aterrizaba en Asunción, en Buenos Aires alguien apagaba la luz del Centro Nacional de Ciberseguridad. Esa noche, los organizadores de "Ciberseguridad en Argentina: del desafío a la solución", el primer gran evento del organismo, previsto para el martes 20 en el Centro Cultural de la Ciencia con funcionarios, especialistas y representantes internacionales, recibieron la orden de suspenderlo. Sin explicaciones. La página del encuentro desapareció de internet con una eficacia que el propio centro nunca había mostrado frente a un hacker.

Ese mismo día o al siguiente, según quién lo cuente, se fue su director ejecutivo, Ariel “Wata” Waissbein, junto con el subdirector, Ezequiel Gutesman. Una versión dice que renunció; otra, que lo echaron. Él habló de “destrato” de la conducción política.

Waissbein es doctor en Matemática por la UBA, veterano de Core Security, una empresa de seguridad ofensiva que tuvo contratos con el Departamento de Defensa de Estados Unidos, con patentes registradas en ese país y paso por el mundo cripto. En julio de 2024, Santiago Caputo lo puso al frente de la flamante Agencia Federal de Ciberseguridad, dentro de la SIDE. Horas después del anuncio borró sus cuentas de LinkedIn y Twitter. Su llegada alimentó versiones nunca probadas sobre pagos en cripto a militantes digitales.

En agosto de 2025 recibió en su oficina de Citefa una visita sorpresa de Sergio Neiffert, de Contrainteligencia y de un enviado de Caputo: le reprochaban que “se encanutaba la info”. En diciembre de ese año se denunció la mayor filtración de datos personales de la historia argentina, con registros de ANSES, ARCA, el registro automotor y las telefónicas; el Gobierno negó que hubieran vulnerado sus sitios y la agencia de Waissbein no dijo una palabra. En febrero de 2026 pasó al Centro Nacional de Ciberseguridad por el Decreto 92/2026. Ocho meses le duró.

Su reemplazante es Walter Agüero, aunque su decreto todavía no salió. Es docente de Ingeniería en la Universidad Nacional de Villa Mercedes, en San Luis, magíster en Ingeniería de Software y autor de la primera tesis de la maestría en Ciberdefensa y Ciberseguridad de la Universidad Nacional de San Luis. En 2019 fue jurado de la maestría equivalente de la UBA, que se dicta en convenio con la Escuela Nacional de Inteligencia, el mismo posgrado en el que participa Adriana Baravalle, la secretaria de Innovación que Diego Santilli designó en agosto y de quien depende el centro. En el ambiente lo describen como un académico poco conocido. Su web personal ofrecía “recuperación de criptomonedas” y hoy no carga.

Ahora, el dato que ordena todo. Dos días después de la salida de Waissbein, Landau anunció los 15 millones de dólares para el nuevo Centro Nacional de Operaciones de Ciberseguridad. Washington aclaró quién lo va a administrar: el Centro Nacional de Ciberseguridad. El mismo organismo cuya cúpula acababan de vaciar. Funcionará en la sede de ARSAT en Benavídez e incluye una evaluación de la red troncal de internet de ARSAT para detectar “equipamiento de proveedores no confiables”, junto con un plan de tres años para sacar los equipos de Huawei del núcleo de los sistemas estatales.

La letra fina de la convocatoria del Departamento de Estado es todavía más elocuente. El corazón del programa es un acuerdo de 13.912.185 dólares a 36 meses, con fondos de 2024 y 2025, bajo la Oficina de Seguridad de Infraestructura Crítica. El contrato lo firma con Washington quien gane la convocatoria; la Argentina es apenas beneficiaria. El hardware, las licencias y los costos operativos los paga el Tesoro argentino. Las postulaciones cerraron el 16 de octubre, tres días antes de que se fuera Waissbein, y el programa arranca el 16 de noviembre.

Consultaron PwC Argentina, la Pan American Development Foundation, la Universidad George Mason y el Pacific Northwest National Laboratory. Estados Unidos pone el asesor y la Argentina, la billetera. Y del lado argentino, quien recibe la plata ya no es el hombre de Caputo.

Caputo 0 – Karina 1

La salida de Waissbein no fue un trámite administrativo. Fue un parte de guerra. El centro depende de la Secretaría de Innovación, que depende de la Jefatura de Gabinete, que conduce Santilli. En los pasillos se lee como una ofensiva de Santilli sobre los territorios que todavía respondían a Santiago Caputo y a su consultor de confianza, Rodrigo Lugones. Primero llegó Baravalle; ahora llega Agüero, de su mismo circuito académico. Los técnicos que vinieron de la SIDE se van por la misma puerta por la que entraron.

El antecedente inmediato ayuda a entender el clima. El subsecretario de Ciberdefensa, el coronel retirado Marcelo Ozán, renunció el 1° de diciembre de 2025, a diecinueve días de que se publicara su designación, en medio de denuncias contra sus superiores por la venta del predio del Comando Conjunto de Ciberdefensa en Puerto Madero y quejas porque el plan de ciberdefensa armado con un asesor estadounidense estaba frenado. En el área cibernética, durar es la excepción y Washington es el reloj.

El otro movimiento de la semana fue más silencioso y más elocuente. El miércoles, antes de que llegaran los enviados, Karina Milei recibió al embajador Lamelas para repasar la relación bilateral y los proyectos de inversión. En 2025, el canal informal con Washington lo manejaba Caputo. Hoy lo maneja ella. El viernes, en la mesa con Landau y Segura, la secretaria general de la Presidencia ocupaba su silla. El asesor estrella, no.

Ninguna resolución lleva la firma de Karina en la salida de Waissbein. No hace falta. En la Casa Rosada, como en las buenas familias, las decisiones importantes no se firman: se notan.

Limpios, dijo el Presidente

Mientras Milei estrechaba la mano de Landau y del hijo de Enrique Segura, en Comodoro Py se cerraba otra carpeta. El mismo viernes 23, el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi sobreseyó a once personas en la causa $LIBRA: Javier Milei, Karina Milei, Mauricio Novelli, María Pía Novelli, Manuel Terrones Godoy, Hayden Davis, Julian Peh, Sergio Morales, María Alicia Rafaele, Camilo Rodríguez Blanco y Orlando Mellino. Lo pidió el fiscal Eduardo Taiano. No hubo una sola indagatoria. Para el juez, los hechos no encuadran en ningún delito y el posteo presidencial que lanzó la criptomoneda fue una expresión personal desde una cuenta personal. Nadie investigó a dónde fueron a parar los millones que movió Davis.

Esa noche, en la cena anual de la Fundación Faro, en Puerto Madero, ante unos 450 invitados, Milei festejó a su manera: "Intentaron un golpe de Estado por la vía institucional y no pudieron, ¡porque somos honestos, porque estamos limpios!". Reclamó que alguien lo compense por "un año, ocho meses y nueve días de mentiras, calumnias e injurias", llamó a los periodistas "ensobrados, mercenarios de la mentira y fabricantes seriales de operaciones", apuntó con nombre y apellido contra Hugo Alconada Mon, Carlos Pagni, Paulino Rodríguez, Natalia Volosín y Luis Novaresio, y remató: "Los que se tienen que quemar en la hoguera son los hijos de puta". El hombre al que acababan de sobreseer sin una sola indagatoria pedía fuego para quienes lo habían investigado.

La Inquisición, al menos, se tomaba el trabajo de hacer un juicio. La Justicia que supo proteger a Mauricio Macri y a sus amigos encontró nuevos amigos a quienes proteger. Y los viejos amigos siguen en carrera: esta misma semana, el armador político-judicial de Macri, Daniel "Tano" Angelici, fue visto cenando en un boliche exclusivo de la Costanera con Gustavo Arribas, exjefe de la AFI macrista, con Carlos Tevez y con uno de los Kovalivker, citado a indagatoria por el juez Ariel Lijo en la causa ANDIS, el otro expediente que le quita el sueño al mileísmo. Nadie sabe si hablaron de Boca o de coimas en Discapacidad. Tampoco hace falta saberlo para entender quién se sienta a la mesa. Novelli, el hombre que llevaba en el teléfono la carta de Segura salió del expediente el mismo día en que el apellido Segura entraba a la Casa Rosada por la puerta grande.

En la diplomacia de estos tiempos, los conflictos de interés ya no se esconden: se sientan a la mesa, posan para la foto y se van con la agenda cumplida. Hace dos años, el padre le ofreció a Milei las fronteras argentinas a través del teléfono de un amigo. Esta semana, el hijo entró a la Casa Rosada por la puerta grande a hablar de seguridad, de ciberseguridad y de minerales críticos. Y el amigo que hizo de cartero salió de la causa limpio, como el Presidente.

Mauro Federico e Ivy Cángaro  
Fuente: https://www.dataclave.com.ar/picado-fino/amigos-son-los-amigos--novelli-le-acerco-nuevos-negocios-a-milei-con-los-enviados-de-trump_a6add379046fc870f0ade3827