La misma práctica que el kirchnerismo utilizó para acumular votos, ordenar sus internas y fortalecer estructuras territoriales vuelve ahora al menú de La Libertad Avanza. Cambian los protagonistas, pero la tentación de acomodar las reglas para construir y conservar poder permanece intacta.

El Poder Ejecutivo impulsa una reforma electoral que excede largamente la suspensión de las PASO. El expediente PE-102/26, titulado Reforma electoral integral con suspensión de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias para el año 2027, modifica la Ley Orgánica de los Partidos Políticos, el Código Electoral Nacional, el régimen de financiamiento partidario y las reglas de la Boleta Única de Papel.

También introduce cambios en la elección de los representantes argentinos ante el Parlamento del Mercosur, en la simultaneidad de los comicios nacionales y provinciales y hasta en la publicidad política en los medios audiovisuales.

Este artículo publica y analiza el proyecto oficial completo, que se adjunta para que los lectores puedan consultar directamente el texto y comprobar qué pretende modificar el Gobierno.

La discusión no es solamente si habrá o no PASO en 2027. Es quién podrá competir, bajo qué condiciones, con qué recursos y mediante qué acuerdos electorales. En definitiva, quiénes tendrán posibilidades reales de disputar el poder.

Los 37 votos que todavía no están asegurados

El martes 17 de noviembre, a las 15, la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado comenzará a tratar la iniciativa. La intención del oficialismo es conseguir dictamen y llevar el proyecto al recinto alrededor del 26 de noviembre.

La dificultad no es menor. Por tratarse de una modificación del régimen electoral y de partidos políticos, el artículo 77 de la Constitución exige mayoría absoluta del total de los integrantes de cada Cámara. En el Senado son 37 votos sobre 72. En Diputados, 129 sobre 257.

La Libertad Avanza cuenta con 21 bancas en la Cámara alta. Necesita, por lo tanto, sumar 16 voluntades adicionales. El oficialismo mira especialmente a la UCR, que tiene 10 senadores; al PRO, con 3; y a los bloques provinciales, cuyos votos pueden inclinar la balanza.

Diego Santilli lleva adelante las conversaciones con los gobernadores y transmite que los apoyos están encaminados. La Casa Rosada busca convertir esos entendimientos políticos en votos parlamentarios y, eventualmente, en acuerdos electorales para el año próximo.

Pero la negociación no está cerrada. Patricia Bullrich y otros sectores aliados mantienen dudas sobre la cantidad de voluntades disponibles. La convocatoria a comisión es un avance concreto, no una mayoría asegurada.

El oficialismo necesita algo más que declaraciones de buena voluntad. Necesita que 37 senadores se sienten, levanten la mano y voten afirmativamente. La aritmética parlamentaria tiene esa desagradable costumbre de no obedecer los comunicados de prensa.

Las colectoras: una vieja receta kirchnerista que ahora recuperan los libertarios

El corazón político de la reforma está en el artículo 65, que establece un mecanismo excepcional para la Boleta Única de Papel durante las elecciones de 2027. El proyecto no utiliza expresamente la palabra colectoras, pero recupera una modalidad que permite que distintas estructuras partidarias acompañen una misma candidatura presidencial.

¿Cómo funcionaría?

Una agrupación política de orden nacional podrá presentar su candidatura a presidente y vicepresidente acompañada, en un mismo distrito, por dos columnas de candidaturas legislativas:

La columna de otro partido de distrito, con distinta denominación, que no acompañe a otra candidatura presidencial.

La candidatura presidencial aparecerá una sola vez, en un espacio común que abarcará el ancho de ambas columnas. Cada agrupación conservará sus propias listas legislativas y los votos obtenidos por ellas se computarán por separado.

El mecanismo tiene límites: no habilita una multiplicación ilimitada de boletas ni permite que una misma lista figure en más de una columna. Pero sí permite que dos fuerzas diferentes compartan una candidatura presidencial sin fusionarse ni integrar necesariamente una misma alianza.

Traducido a la política real: un gobernador puede conservar su partido, sus candidatos, su identidad y su estructura territorial, mientras acompaña a la fórmula presidencial de La Libertad Avanza. La Casa Rosada puede sumar ese respaldo sin exigirle que entregue su sello partidario ni que se incorpore formalmente al oficialismo.

No es una innovación libertaria.

El kirchnerismo hizo un uso extendido de las colectoras. En 2007, distintas listas locales y provinciales se adhirieron a la fórmula presidencial del Frente para la Victoria, encabezada por Cristina Fernández de Kirchner y Julio Cobos. En 2011, el caso bonaerense de Daniel Scioli y Martín Sabbatella volvió a mostrar la utilidad política del mecanismo: ambos compitieron por la gobernación con sellos distintos, pero adheridos a la candidatura presidencial de Cristina Kirchner.

La ventaja era evidente: sumar votos de sectores diferentes, contener disputas internas y conservar estructuras territoriales sin obligar a todos a compartir una misma identidad partidaria.

En abril de 2019, el gobierno de Mauricio Macri dictó el Decreto 259 para eliminar los pegados múltiples o listas colectoras. Sus fundamentos advertían que la proliferación de combinaciones podía generar confusión en el electorado, inequidad entre los competidores y afectar la transparencia del proceso electoral.

Siete años después, el mecanismo vuelve a escena, con una modalidad específica para 2027.

Y no parece casual.

La recuperación de las colectoras puede funcionar como una moneda de negociación con los gobernadores: los mandatarios provinciales conservan la posibilidad de presentar sus propias listas legislativas y sostener sus estructuras territoriales, mientras pueden respaldar una fórmula presidencial libertaria. La Casa Rosada, a cambio, busca apoyos para la reforma, votos en el Congreso y una arquitectura de alianzas que le permita ampliar su base electoral.

En esa negociación aparecen gobernadores radicales como Maximiliano Pullaro, Gustavo Valdés y Alfredo Cornejo. No significa que todos hayan acordado acompañar a Milei ni que exista una alianza electoral cerrada. Significa que el proyecto ofrece una herramienta concreta para facilitar acuerdos de esa naturaleza.

La lectura política es bastante más importante que el tecnicismo electoral: el Gobierno necesita aliados para aprobar la reforma y, al mismo tiempo, necesita construir una coalición que le permita disputar la continuidad en el poder en 2027.

Ayer el kirchnerismo. Hoy La Libertad Avanza. Cambian los discursos, cambian los nombres, pero la tentación de utilizar las reglas electorales para acumular poder sigue siendo la misma.

La casta era un problema hasta que descubrieron que también podía resultar electoralmente útil.

Sin PASO: las candidaturas vuelven a las cúpulas partidarias

El artículo 60 suspende las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias durante 2027. No propone derogarlas definitivamente: establece una suspensión para el próximo proceso electoral.

El artículo 63 determina que, durante ese año, la designación de candidatos nacionales se realizará de acuerdo con las cartas orgánicas de los partidos y los reglamentos electorales de las alianzas.

La consecuencia política es directa: desaparece la instancia obligatoria de competencia abierta entre precandidatos y la selección vuelve a depender de los mecanismos internos de cada fuerza.

En algunos partidos eso puede significar elecciones internas. En otros, acuerdos entre dirigentes, negociaciones de listas y decisiones de las conducciones partidarias.

La eliminación de las PASO no garantiza por sí misma una mayor democracia interna ni una reducción de las disputas. Lo que hace es trasladar la responsabilidad de resolverlas a las estructuras partidarias.

Y cuando se combina esa decisión con mayores requisitos para crear y conservar partidos, el resultado merece una discusión mucho más profunda que la simple reducción de costos electorales.

El filtro para los partidos chicos

La reforma modifica de manera sustancial los requisitos para crear y conservar la personería de los partidos políticos. Es uno de los capítulos con mayor impacto institucional y una de las razones por las que el proyecto puede terminar perjudicando especialmente a las fuerzas más pequeñas.

Para obtener la personería de distrito, el proyecto exige afiliaciones equivalentes al 0,5% del padrón electoral, con un límite de cálculo de dos millones de electores. El requisito deberá cumplirse en un plazo improrrogable de 180 días.

También establece que los partidos deberán realizar sus elecciones internas para constituir autoridades definitivas dentro de los 90 días posteriores a la habilitación judicial.

Para obtener y conservar la personería nacional, el requisito pasa a ser diez distritos con el mismo nombre, declaración de principios, programa y carta orgánica. Además, la suma de afiliados deberá representar al menos el 0,1% del padrón nacional.

Actualmente, el requisito para constituir un partido nacional es de cinco distritos. El proyecto duplica esa exigencia.

También endurece las condiciones para evitar la caducidad. El artículo 16 establece que un partido deberá alcanzar al menos el 3% del padrón electoral del distrito en una de dos elecciones nacionales sucesivas. El régimen vigente establece un piso del 2%.

La reforma incorpora, además, una obligación de control anual por parte del Ministerio Público Fiscal y un plazo de 90 días para que los partidos intimados acrediten el cumplimiento de los requisitos antes de que se declare la caducidad.

Los partidos que ya cuentan con personería tendrán plazo hasta el 30 de junio de 2027 para adecuarse a las nuevas exigencias.

El impacto potencial es evidente: las fuerzas con escasa estructura territorial, menor cantidad de afiliados y representación limitada tendrán mayores dificultades para sobrevivir. La reforma no prohíbe expresamente a los partidos chicos, pero eleva las barreras de entrada y permanencia hasta convertirlas en un obstáculo considerable.

Y hay una paradoja adicional: La Libertad Avanza también deberá cumplir los requisitos en los distritos donde pretenda conservar su estructura partidaria. Las reglas que el Gobierno impulsa no distinguen entre oficialistas y opositores.

Los avales: cada partido deberá demostrar su propia fuerza

El artículo 64 incorpora otro requisito para la presentación de candidaturas nacionales durante 2027: los avales ciudadanos.

Para postular candidatos a diputados y senadores, cada partido deberá reunir una cantidad de avales equivalente al número de afiliados exigido para obtener la personería definitiva de distrito.

Para presentar una candidatura presidencial, cada partido deberá reunir avales equivalentes a ese requisito en al menos diez distritos electorales.

El punto más importante está en el segundo párrafo: si las candidaturas se presentan mediante una alianza, cada partido integrante deberá cumplir individualmente con la obligación de reunir avales.

Es decir, los partidos no podrán refugiarse detrás del volumen electoral de la alianza para evitar demostrar su propia capacidad de convocatoria.

La Cámara Nacional Electoral deberá instrumentar una plataforma digital para recibir esos avales y autenticar la identidad de los electores. Además, ningún ciudadano podrá avalar a más de un partido nacional y a un partido de distrito en el que esté inscripto.

La combinación de afiliaciones más exigentes y avales obligatorios puede convertirse en una barrera considerable para las fuerzas nuevas o de menor estructura.

Ficha Limpia: una modificación que va mucho más allá de las candidaturas

El proyecto incorpora un régimen de Ficha Limpia que impide ser precandidato o candidato a cargos electivos nacionales a quien tenga una condena por delito doloso confirmada en segunda instancia.

La fecha de corte será el 31 de diciembre del año anterior al proceso electoral. Si la confirmación de la condena llega después del 1° de enero del año de la elección, la inhabilitación tendrá efecto a partir de la finalización de ese proceso.

La propuesta crea un Registro Público de Ficha Limpia a cargo de la Cámara Nacional Electoral. Los tribunales deberán notificar las sentencias en un plazo de 24 horas y los recursos ordinarios o extraordinarios no suspenderán la aplicación de la inhabilitación.

Pero hay un aspecto que merece especial atención: el artículo 69 extiende esa inelegibilidad a la designación en cargos ejecutivos y estatales.

Quienes estén alcanzados por la causal tampoco podrán ser designados jefe de Gabinete, ministros, secretarios, subsecretarios, autoridades de organismos descentralizados, integrantes de cuerpos colegiados, personal diplomático en actividad ni directores de empresas o entes con participación estatal, entre otros cargos.

Es una ampliación importante del alcance de Ficha Limpia. Ya no se trata únicamente de impedir que una persona se presente a elecciones: también se limita su acceso a determinados puestos de la administración pública.

La iniciativa merece un debate serio sobre sus alcances, sus garantías y su articulación con el sistema penal. La transparencia no debería convertirse en una consigna para evitar discutir las consecuencias jurídicas de una norma.

Otro de los cambios centrales está en la Ley de Financiamiento de los Partidos Políticos.

Conviene precisar algo: el proyecto no elimina todos los aportes públicos. Mantiene el aporte público anual para el funcionamiento de los partidos reconocidos, pero modifica su distribución.

El artículo 24 establece que el 20% se distribuirá en partes iguales entre los partidos reconocidos. El 80% restante se distribuirá según los votos obtenidos en la última elección de diputados nacionales, pero solamente participarán de ese reparto las fuerzas que hayan alcanzado al menos el 1% del padrón electoral.

En cambio, el proyecto deroga el régimen de aportes públicos específicos para las campañas electorales y modifica las reglas del financiamiento privado.

También eleva al 35% del parámetro establecido por el módulo electoral y la cantidad de electores el límite máximo de aportes que una misma persona humana o jurídica puede realizar para el desenvolvimiento institucional y para cada campaña.

Se mantienen prohibiciones para recibir fondos de determinados sectores, entre ellos empresas concesionarias o contratistas del Estado, gobiernos y entidades públicas extranjeras, personas extranjeras y personas procesadas o condenadas por una serie de delitos graves.

El texto incorpora, además, obligaciones de información semanal sobre aportes privados, controles bancarios, sanciones económicas y la posibilidad de suspender el financiamiento público cuando no se pueda acreditar el origen o destino de los fondos.

La discusión no debería reducirse a una consigna sobre el gasto estatal. El financiamiento público busca evitar que la competencia electoral dependa exclusivamente de la capacidad económica de los candidatos o de sus aportantes.

Si se reducen los recursos públicos destinados a las campañas y se amplía significativamente el margen de los aportes privados, las fuerzas con mayor capacidad de recaudación pueden quedar en una posición de ventaja.

La pregunta es quién tendrá más posibilidades de competir: el ciudadano que quiere construir una alternativa política o el dirigente que ya dispone de una estructura económica y territorial.

Campaña permanente y menos espacios gratuitos en los medios

El proyecto también modifica las reglas de la campaña electoral.

El nuevo artículo 64 bis fija el inicio de la campaña 60 días antes de la elección general y su finalización 48 horas antes del comicio.

Pero el artículo 64 ter establece que la publicidad electoral en medios audiovisuales, radiales, gráficos, vía pública, internet y telefonía podrá realizarse incluso fuera de ese período.

La diferencia entre campaña formal y publicidad política queda así mucho más marcada. Se puede limitar el período de campaña y, al mismo tiempo, permitir que la promoción electoral continúe fuera de ese plazo.

El artículo 64 quater prohíbe durante los 25 días anteriores a las elecciones la realización de actos de gobierno que puedan promover el voto a favor de candidatos o agrupaciones.

Por otra parte, el artículo 59 deroga el artículo 74 de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que obliga a los licenciatarios audiovisuales a ceder espacios de programación a los partidos durante las campañas electorales.

No es un detalle menor: se elimina una obligación legal vinculada con el acceso gratuito de las fuerzas políticas a espacios de difusión en medios audiovisuales.

El proyecto también endurece las sanciones por realizar actos de campaña fuera de los plazos establecidos, con multas y pérdida del derecho a recibir financiamiento público.

La Boleta Única y el arrastre de la lista completa

El artículo 18 reincorpora el casillero para votar por la lista completa en la Boleta Única de Papel. El elector podrá marcar una sola opción y votar por todas las candidaturas de una misma columna.

La modificación también se aplica a los procesos electorales simultáneos entre Nación, provincias y municipios. El artículo 58 establece que, cuando exista simultaneidad, la Boleta Única podrá incluir las categorías nacionales, provinciales y municipales, con las categorías nacionales en la parte superior y las locales en la inferior.

El casillero de lista completa permite que una sola marca alcance a todas las categorías de una agrupación. Es un mecanismo que puede favorecer el arrastre electoral y fortalecer a las fuerzas que presentan una oferta completa en todos los niveles.

Por eso, la discusión sobre la Boleta Única no es meramente gráfica. La forma en que se organiza la papeleta también puede influir en la decisión del elector y en la distribución de los votos.

El proyecto, además, modifica la elección de parlamentarios del Mercosur. Hasta que se establezca un mecanismo de elección directa simultánea, esos representantes serán designados entre los legisladores nacionales, en proporción a la representación de los sectores políticos en la Cámara de Diputados. No percibirán una remuneración adicional por esa función.

Una reforma que cambia las reglas de acceso al poder

El proyecto oficial contiene una reforma electoral integral. Suspende las PASO para 2027, devuelve a las estructuras partidarias la selección de candidatos, endurece los requisitos para crear y conservar partidos, exige avales ciudadanos, modifica el financiamiento político, elimina los espacios gratuitos en medios audiovisuales y rediseña la Boleta Única.

Y, en el medio de todo eso, recupera una modalidad de colectoras que puede facilitar acuerdos entre el oficialismo nacional y los gobernadores.

Cada una de estas modificaciones tiene consecuencias políticas concretas. Pero es la combinación de todas ellas lo que merece una discusión pública de mayor profundidad.

La competencia electoral no debería convertirse en un club reservado para quienes ya tienen estructura, recursos, representación parlamentaria o poder territorial. Las reglas tienen que garantizar condiciones razonables para que nuevas expresiones políticas puedan organizarse, presentar candidatos y disputar el voto ciudadano.

El Gobierno sostiene que busca simplificar el sistema y fortalecer a los partidos. Sin embargo, una reforma que eleva las barreras de entrada, reduce los recursos públicos para las campañas, devuelve a las conducciones partidarias el control de las candidaturas y habilita acuerdos de arrastre electoral también puede terminar consolidando a quienes ya tienen poder.

El kirchnerismo entendió hace años que las colectoras podían servir para sumar votos, administrar internas y sostener poder territorial. Ahora los libertarios recuperan esa herramienta mientras negocian con gobernadores, buscan apoyos legislativos y preparan el escenario electoral de 2027.

No hay nada ilegítimo en buscar acuerdos políticos. Lo que sí merece una discusión rigurosa es que esos acuerdos terminen diseñando un sistema que favorezca a quienes gobiernan y dificulte la aparición de competidores.

La contradicción es demasiado evidente como para disimularla detrás de una presentación técnica: quienes llegaron denunciando los privilegios de la política están negociando con sus actores tradicionales y recuperando instrumentos que antes cuestionaban.

No están cambiando solamente cómo votamos. Están cambiando quiénes pueden competir, cómo se construyen las alianzas y qué herramientas tendrá el oficialismo para llegar a 2027 con una coalición más amplia.

La República no consiste en garantizarles la comodidad a los que gobiernan. Consiste en impedir que puedan diseñar las reglas a su medida.

Porque el poder se gana en las urnas. Pero la democracia se defiende garantizando que cualquiera pueda competir en condiciones razonables y que nadie tenga asegurada la cancha antes de empezar el partido.

Fuente: https://ricardobenedetti.com/2026/11/13/vuelven-las-colectoras-en-exclusiva-el-proyecto-oficial-que-suspende-las-paso-barre-a-los-partidos-chicos-y-se-define-en-37-votos-que-todavia-no-cierran-por-ricardo-raul-benedetti/