Para cualquier gobierno argentino, cerrar un grifo es fácil. A veces hay que apelar a una ley, pero la mayoría de las veces alcanza con una resolución o un decreto. Lo difícil es asumir que esos canales que se cierran deben volver a funcionar abiertos. Porque de lo contrario sucede algo natural: cuando aparecen las barreras, el impulso lógico del que está en el camino es rodearlas o saltarlas.El coronavirus generó, en todo el mundo, una situación de excepcionalidad. Aunque la raza humana ya había enfrentado situaciones de pandemia, nunca le tocó reaccionar frente a un virus que por su nivel de contagio, obligara a paralizar la actividad de todos los países afectados. Se introdujo así en la teoría económica un nuevo factor de daño: el aislamiento, entendido como una decisión de fuerza mayor destinada a contener la expansión del virus.
Con la crisis de 2008, los países centrales habían renovado algunas recetas tradicionales. Por eso en esta ocasión no tuvieron demasiado problema a la hora de tomar decisiones: apostaron a distribuir más dinero de helicóptero, como se denomina a la generosa expansión monetaria que los bancos centrales habilitan para eludir una recesión mayúscula.
La Argentina usó el mismo remedio, porque su crisis no le había dejado otras opciones. Sin capacidad de obtener financiamiento privado, el Banco Central salió en auxilio del Tesoro sin poner condiciones. Fue la única canilla que quedó abierta en este contexto de crisis. Todas las demás fueron cerradas. El confinamiento alcanzó a las personas y también a la economía.
El trastorno que generó esa situación es que el Estado debió asumir la responsabilidad de administrar esas llaves de paso. Así fue como el presidente Alberto Fernández fue comunicando cada dos o tres semanas las fases que guiaban esa apertura, mientras su equipo se encargaba de evaluar qué podía abrirse y qué debía seguir cerrado. Esa tarea obligó a los funcionarios a tomar decisiones sobre actividades que desconocían, afectando la continuidad de procesos productivos en marcha.
Cerrar todo tuvo un sentido. Eso no está en discusión. A nivel local, la sociedad estuvo de acuerdo desde un primer momento en la vocación del Gobierno de priorizar la salud pública. Pero la Argentina no necesita que un Estado que de por sí es adicto al control, refuerce ese sentimiento. Si el coronavirus promete ser un factor de incertidumbre por un tiempo más, el rol del Gobierno debería ser despejar las dudas que estén de su lado.
El sector privado necesita tener un sendero de normalidad, y debería haber una mesa intersectorial en la que ese escenario comience a ser discutido, junto a otros representantes de la política. La Casa Rosada por ahora está pensando la pospandemia desde sus intereses, proyectando planes de obra pública. Pero en la Argentina el empleo y el PBI lo sostiene el sector privado, no el Estado.
Hernán de Goñi
Director periodístico
