Lunes, 14 Diciembre 2020 12:26

‘Delenda est’ Buenos Aires - Por Jorge Enríquez

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La decisión de Alberto Fernández primero, y de la mayoría kirchnerista en el Congreso después, de quitarle fondos de la coparticipación a la Ciudad es inconstitucional

 

La Cámara de Diputados, por una estricta mayoría, aprobó el proyecto, sancionado por el Senado, que continúa la sustracción de recursos coparticipables de la Ciudad de Buenos Aires que dispuso por decreto el presidente Alberto Fernández. Lo hizo con algunas modificaciones menores, por lo que el proyecto debe volver al Senado, donde la holgada mayoría kirchnerista le dará sanción definitiva.

Al celebrar esa quita, el ministro del Interior, Eduardo De Pedro, expresó: “Nos gustaría que la Ciudad reconozca que en los últimos cuatro años tuvo privilegios que tiene que devolver”. Es una patraña, una más de las que pueblan el discurso del kirchnerismo. Su refutación es muy fácil, como se verá, pero la verdad no tendrá ningún peso en la decisión de la mayoría automática y regimentada de los senadores.

Se le detrajo a la Ciudad de Buenos Aires 1,18 % su porcentaje en la coparticipación, llevándolo del 3,50 % al 2,32 por ciento. Fernández invocó una cláusula de la última ley de coparticipación federal, la 23.548, sancionada durante la presidencia de Alfonsín en 1988, que le permitía al presidente, entonces jefe inmediato y local de la Capital Federal, modificar la alícuota correspondiente a esta con relación a la coparticipación primaria, es decir, al reparto de los fondos coparticipables entre la Nación y las provincias. Es decir, la Nación podía ceder a la Ciudad recursos provenientes de su propia masa. No había mayor problema, porque la Ciudad era un municipio federalizado desde 1880.

La cuestión cambió radicalmente con la reforma constitucional de 1994, que consagró la autonomía porteña. Desde ese momento, la Ciudad tiene un status similar al de una provincia y sus autoridades son electas popularmente por los porteños. Por lo tanto, ya el presidente no es el jefe local. Su vinculación con Buenos Aires es la misma que tiene con las demás provincias argentinas. De ahí que no pueda modificar por su sola voluntad la alícuota de coparticipación que le corresponde.

La reforma de 1994 también le dio rango constitucional al régimen de coparticipación. El artículo 75, inciso 2 establece que el Congreso debe dictar una ley convenio en la que se determinará “la distribución entre la Nación, las provincias y la Ciudad de Buenos Aires y entre estas”. La ley debe tener como origen al Senado, será sancionada por la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de ambas Cámaras, no podrá ser modificada unilateralmente ni reglamentada, y debe ser aprobada por las provincias.

Dispone además que esa distribución se hará “en relación directa a las competencias, servicios y funciones de cada una de ellas”. Y, lo que es fundamental: “No habrá transferencia de competencias, servicios o funciones sin la respectiva reasignación de recursos, aprobada por la ley del Congreso cuando correspondiere y por la provincia interesada o la Ciudad de Buenos Aires, en su caso”.

El aumento de la coparticipación de la Ciudad que tuvo lugar durante el gobierno de Mauricio Macri se fundó en esa cláusula. La transferencia de competencias judiciales y policiales debía ser compensada. Sin embargo, la transferencia de competencias judiciales no fue compensada con recurso alguno, salvo en una mínima medida, como se verá.

El aumento al que se refiere el presidente Fernández fue acordado entre la Nación y la Ciudad de Buenos Aires y se dispuso inicialmente por un decreto nacional (decreto 194/2016). Este porcentaje que fue reducido en un 0,25% para así ser incorporado al Pacto Fiscal 2017, aprobado por el Congreso por la Ley N° 27.429, con lo que quedó consolidado.

Al contrario de lo que sostiene la propaganda oficialista, la Ciudad de Buenos Aires recibe mucho menos de lo que aporta. Que la Constitución no imponga un reparto aritmético de los recursos en función de los aportes, ya que esa pauta puede ser mitigada por criterios de solidaridad para atender a los distritos más pobres, no significa alterar sustancialmente el principio básico en esta materia: debe haber una relación significativa entre lo que se da y lo que se recibe.

Tal relación no se verifica en el caso porteño. En efecto, mientras la Ciudad genera el 24 % de los recursos coparticipables, recibe actualmente el 2,32 % (la décima parte de su aporte al erario nacional) y, al convertir el Senado en ley el proyecto que comentamos se redujo al 1,4% del año 2003.

Recibir el 10% de lo que se aporta no parece una situación de privilegio. Y lo es mucho menos si tenemos en cuenta que en materia de educación de niños y jóvenes el 30 % de la matrícula local proviene del conurbano bonaerense y que casi la mitad de las atenciones sanitarias de la Ciudad son prestadas a residentes de esas jurisdicciones y del interior del país, sin contar las numerosas que se prestan a personas provenientes de países limítrofes. Por citar solo un ejemplo, nueve de cada diez mujeres embarazadas de La Matanza tienen sus hijos en hospitales porteños.

En materia de Justicia, el 50 % de las causas que tramitaban en el año 2000 ante la Justicia Nacional en lo Civil fueron asumidas por el Fuero Contencioso, Administrativo y Tributario de la Ciudad, sin compensación de recursos alguna. Las competencias para investigar y juzgar delitos ordinarios fueron transferidas, a partir del año 2000 y continúa, asumiendo la Ciudad el 22,44 % del total de causas penales del Fuero Ordinario en lo Penal de la Nación, hasta la fecha.

Es claro, entonces que:

  • 1) Por la transferencia de competencias judiciales en materia de ejecuciones fiscales (del Fuero Nacional en lo Civil al Fuero Contencioso, Administrativo y Tributario de la Ciudad (año 2000) la Nación no reasignó recurso alguno a la Ciudad de Buenos Aires.
  • 2) Por la transferencia de competencias judiciales en materia penal (del Fuero Nacional en lo Penal al Fuero Penal, Contravencional y de Faltas de la Ciudad (período 2004-2016) la Nación reconoció su deuda de $ 2.255.101.420 (calculada a septiembre de 2017) pero no la pagó hasta el momento.
  • 3) Por la transferencia de competencias judiciales en materia penal (del Fuero Nacional en lo Penal al Fuero Penal, Contravencional y de Faltas de la Ciudad (estimación anual a partir de 2017), la Nación abonó el importe correspondiente a los años 2017, 2018 y 2019.
  • 4) Por la transferencia de competencias judiciales en materia penal (del Fuero Nacional en lo Penal al Fuero Penal, Contravencional y de Faltas de la Ciudad, conforme la Ley 26.702 las partes no realizaron la estimación de recursos correspondiente, la Comisión Mixta no está integrada a la fecha, y por lo tanto la Ciudad no recibió recurso alguno de la Nación por esta transferencia.

La crisis sanitaria que hoy padecemos también puso de relieve el comportamiento solidario de la Ciudad, más allá de la brutal discriminación que sufre a la hora de la distribución de la coparticipación. Así, de casi medio millón de PCR que hicieron en la Ciudad, el 40 % estuvo destinado a no residentes, y el 33 % de las personas atendidas en las terapias intensivas, el 26 % de los pacientes moderados y el 20 % de los alojados en hoteles provienen del conurbano.

El Congreso carece de atribuciones para determinar por sí mismo y unilateralmente una modificación de un reparto al que la Constitución le exige el acuerdo de todas las provincias. Y menos para tomar graciosamente algo de una provincia para dárselo a otra a fin de solucionar transitoriamente un circunstancial reclamo de un sector. ¿Le sacará una tajada a Mendoza cuando protesten los maestros de Santa Cruz?

La decisión de Fernández primero, y de la mayoría kirchnerista en el Congreso después, es, por ende, inconstitucional. Además, vulnera de la forma más manifiesta el federalismo. No se es federal por hablar mal de los porteños, sino por respetar la autonomía de las provincias y de ese nuevo ente del federalismo argentino que es la Ciudad de Buenos Aires. Fernández revela en su centralismo que también en esto es un kirchnerista de manual.

Como Cristina Kirchner, aunque de manera más sibilina, porque posa muchas veces de moderado y conciliador, intenta dividir artificialmente a los argentinos. En esa empresa, no vacila en denostar a la ciudad en la que nació y vivió toda su vida, y a la que representó como legislador, reeditando antiguas rencillas entre Buenos Aires y el interior, que hoy carecen de todo sentido. Le endilga ser egoísta y opulenta, como si la calidad de vida de quienes habitan en la capital argentina fuera obtenida a expensas del resto de sus compatriotas.

Lo que distingue a la Ciudad de Buenos Aires es que cuenta con excelentes administraciones y que jamás ha sido un feudo de nadie. Fernando De la Rúa y Enrique Olivera iniciaron el camino de la autonomía y sentaron las bases institucionales para el ejercicio del gobierno propio por parte de los porteños. Y más tarde Mauricio Macri y Horacio Rodríguez Larreta le imprimieron el sello de gestiones sobresalientes, que la modernizaron, la embellecieron, mejoraron sensiblemente su circulación, potenciaron el rico legado cultural que le viene de sus orígenes y volcaron los mayores recursos en las zonas más desfavorecidas, lo que les resulta insoportable a quienes se creen los dueños de los pobres. No es condenando ese progreso urbanístico, económico, social y cultural como se beneficiará al interior del país, sino procurando emular a las administraciones que lo hicieron posible.

Máximo Kirchner, en su discurso como presidente del bloque de diputados del Frente de Todos, expuso con sinceridad, aunque acaso inadvertidamente, el verdadero motivo del saqueo. Mencionó a los anteriores Jefes de Gobierno de la Ciudad que se convirtieron en presidentes. No es casual que así sea. La reforma constitucional de 1994, al dotar a Buenos Aires de autonomía, creó un nuevo sujeto del federalismo pero también un nuevo sujeto de la política democrática. Buenos Aires es el bastión del republicanismo. Eso es lo que le impide al kirchnerismo avanzar con mayor profundidad en sus proyecto hegemónico y autoritario. Es un peligro, como lo era Cartago para Roma. Por eso, su poder debe ser destruido. Es probable que Máximo Kirchner ignore ese antecedente histórico y ni sospeche el latín, pero en sus intenciones subyace la consigna de Catón el Viejo, que, reformulada, hoy sería: “Delenda est Buenos Aires”. 

Jorge Enríquez

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