Jueves, 22 Abril 2021 07:39

La ideología del encierro - Por Jorge Enríquez

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La pandemia requiere, en todo el mundo, gobiernos eficaces, que adopten medidas idóneas para combatir el flagelo sanitario con las menores restricciones de derechos, pero con transparencia, ejemplaridad y confianza de la sociedad.

A los argentinos nos tocó lo peor. Un gobierno sin rumbo, presa de sus contradicciones, vacilante para encarar políticas serias y decidido para cercenar libertades; un gobierno que rifó su credibilidad con marchas y contramarchas, sin otra herramienta que su retórica hueca, poblada de eslóganes gastados, y que privilegia a sus militantes por sobre los adultos mayores y los demás grupos de riesgo, a la hora de vacunar.

Carente de ideas, solo atina a profundizar el único libreto que elaboró desde marzo del año pasado: el encierro. Casi todos los países afectados por el coronavirus adoptaron distintas formas de confinamiento, siempre parciales, por períodos reducidos y combinadas con políticas activas destinadas a promover, en el campo sanitario, testeos permanentes y adquisición de vacunas.

En la Argentina, la cantidad de testeos ha sido muy baja y la vacunación se realiza a un ritmo mucho menor al debido y exasperantemente inferior al anunciado por las propias autoridades nacionales hace solo unos pocos meses.

El encierro fue un golpe durísimo para la actividad económica y para la educación, justo en un país con graves problemas en ambos aspectos. Pero el gobierno nacional, acicateado por el Instituto Patria, vuelve a ese remedio como si fuera una panacea. Es evidente que hay, además de inoperancia, una cuestión ideológica de fondo. El encierro es el aislamiento, la autarquía, el “vivir con lo nuestro”, la actitud defensiva, temerosa del mundo exterior. Es lo que desde mediados del siglo XX promovió nuestra decadencia.

Encerrado en la ideología del encierro, Alberto Fernández recurre al toque de queda y al cierre de escuelas. Sin poder efectivo, sobreactúa su autoridad con decretos de necesidad y urgencia en los que asume facultades legislativas.

Esos decretos son manifiestamente inconstitucionales, con independencia de su contenido, porque no hay razón alguna para saltear al Congreso, que está en pleno período de sesiones ordinarias, trabajando normalmente. Hasta la Cámara de Diputados se reunió hace unos días, un fin de semana porque el propio oficialismo, que ahora la soslaya para cercenar derechos, la necesitaba para aprobar un proyecto tributario, materia en la que está constitucionalmente vedado el recurso a los DNU.

Ya es discutible la restricción de derechos por más emergencia sanitaria que exista, pero es absolutamente inadmisible que esas medidas se canalicen mediante decretos, sin que se den los supuestos excepcionales previstos en el artículo 99, inciso 3° de la Constitución Nacional.

A eso se agrega el insólito avasallamiento de la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires. En su discurso por cadena nacional previo al dictado del último DNU, Fernández formuló algunas consideraciones que parecen indicar que desconoce el artículo 129 de la Constitución Nacional, la que le otorga a esa ciudad un régimen de gobierno autónomo con facultades propias de jurisdicción y legislación, las que, en concordancia con otras disposiciones del texto constitucional, hacen de Buenos Aires, con independencia de su condición contingente de capital federal, un distrito equivalente a una provincia.

De ahí que sean inconstitucionales las disposiciones del decreto sobre el cierre de escuelas en el AMBA. Tanto la provincia de Buenos Aires como la Ciudad son autónomas. El Congreso, no el presidente, puede fijar lineamientos educativos de base, pero la organización escolar es de carácter local.

Por lo demás, no hay fundamentos válidos para el cierre de escuelas en la Ciudad. No se ha demostrado que las escuelas sean centros de contagio si se adoptan todas las precauciones sanitarias. Lo que sí se ha demostrado es el enorme perjuicio de la falta de presencialidad escolar, no solo por el retraso en el aprendizaje, sino también por los daños derivados de la falta de sociabilidad en una edad temprana en la que el contacto con otros menores es una parte esencial de la formación humana.

La pretensión de imponerle a la Ciudad estas medias con el auxilio de fuerzas federales -que no figura en el decreto, pero fue anunciada por Fernández-, además de vulnerar palmariamente la autonomía, evoca tiempos ingratos de la Argentina a los que no queremos volver. Curioso progresismo este que cierra escuelas y quiere sacar al Ejército a la calle.

En este contexto, que requeriría unidad de acción, es llamativo que ya no exista el gabinete. Por la tarde de ese mismo día, el ministro de Educación anunciaba que no se cerrarían las escuelas; por la noche, en cadena, el presidente decía lo contrario. Horas antes, la ministra de Salud expresaba que no sabía cuándo llegarían nuevas vacunas; horas después, otras fuentes anunciaban que estaba previsto un vuelo a ese efecto para el domingo siguiente. Nicolás Trotta y Carla Vizzotti, carentes de convicciones, se mantuvieron firmes y aferrados a sus cargos: no renunciaron.

Perdido en el laberinto de su desorientación, el presidente que no preside se encargó de agraviar a los médicos y a los niños con necesidades especiales, incurriendo, con respecto a éstos últimos, en un repugnante acto discriminatorio.

El hartazgo de la sociedad ya es indisimulable. De este atolladero solo saldremos con más trabajo y más educación. No queremos ser una masa informe de zombies que vivan de los favores del príncipe. Queremos ser ciudadanos libres que sean artífices de sus propios destinos.

Jorge Enríquez 
Diputado Nacional CABA (Juntos por el Cambio-PRO)

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