Miércoles, 03 Noviembre 2021 11:28

Los 25 años de la Constitución porteña, un hito para el federalismo y la democracia - Por Jorge Enríquez

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Al cumplirse veinticinco años de la sanción de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires es oportuno reflexionar sobre ese acontecimiento para la vida de los porteños y para el federalismo argentino, cuya importancia no se suele dimensionar cabalmente.

 

Haber formado parte de la Convención que la elaboró fue uno de los más altos honores que me hayan sido concedidos. La Constitución porteña marcó un hito trascendente. Los porteños habían tenido una constitución en 1854, cuando la provincia de Buenos Aires constituía un estado soberano escindido de la Confederación Argentina, con capital en Paraná. Pero producida la reincorporación de Buenos Aires al resto del país, luego de la batalla de Cepeda y el Pacto de San José de Flores, y, especialmente, a partir de la capitalización de la ciudad de Buenos Aires en 1880, ésta se mantuvo subordinada al ámbito federal, sin que sus habitantes pudieran ejercer más que muy limitadamente sus derechos cívicos en el plano local. 

El Intendente era designado por el Presidente de la Nación, quien era el jefe inmediato y local de la Capital Federal. Se trataba de un mero delegado del Presidente. Había también un órgano legislativo municipal, el Concejo Deliberante, pero éste actuaba dentro del marco legal que le fijaba el Congreso y durante muchos períodos estuvo cerrado, aún en épocas democráticas.

Por eso fue un paso adelante la introducción en la Constitución Nacional del artículo 129 en la reforma de 1994, que dotó a la Ciudad de Buenos Aires de un régimen de gobierno autónomo con facultades propias de legislación y jurisdicción y dispuso que se dictara un "Estatuto Organizativo" para que los porteños nos diéramos nuestras propias instituciones locales.

ELECCIÓN

Así, dos años después, los porteños elegimos directamente a nuestro Intendente y simultáneamente a los constituyentes para sancionar la Constitución de la Ciudad.

De esa manera, surgió la Convención Constituyente de la Ciudad de Buenos Aires. Desde su propia denominación se vio reflejada la disputa entre quienes creíamos que la Constitución Nacional había delineado una autonomía amplia, similar a la de una provincia, y quienes pretendían restringirla. Estos se referían a nosotros empleando el neologismo "estatuyentes"; pero los convencionales llamamos al cuerpo que integramos "Convención Constituyente" y al producto de esos trabajos "Constitución" y no "Estatuto.

Hubo opiniones de todo tipo sobre el alcance de la autonomía. La doctrina mayoritaria entendió que, por más que no se la denominara provincia, Buenos Aires pasaba a tener un status similar al de una provincia, con una autonomía muy amplia. Y no sólo por la expresa caracterización del artículo 129, sino por lo que revelan muchas otras disposiciones constitucionales. Buenos Aires, por ejemplo, envía senadores nacionales al Congreso, como las provincias. Puede ser intervenida, como las provincias. Es un sujeto más de la coparticipación federal, como las provincias. Es una regla de interpretación jurídica que para conocer la naturaleza de una institución no se debe prestar tanta atención a su nombre como a sus características.

De ahí que sin dudas la ciudad de Buenos Aires ha pasado a ser un nuevo sujeto del federalismo argentino. Sin embargo, la ley 24588, conocida como ley Cafiero, restringió inconstitucionalmente esa amplia autonomía constitucional. La ley sólo debía garantizar los derechos del Estado federal mientras Buenos Aires siguiera siendo capital federal de la Argentina. Pero excedió ese objeto y reglamentó -lo que la Constitución no le pedía- la autonomía, y lo hizo de un modo enormemente restrictivo. Por esa infausta ley, Buenos Aires no tuvo policía propia y tiene una justicia muy acotada: sólo la contencioso administrativa local, la contravencional y de faltas, y puede alguna vez crear la justicia vecinal, aunque como no se ha determinado qué materias la componen, esto generaría problemas con la justicia ordinaria.

La tarea de la Convención, presidida ejemplarmente por Graciela Fernández Meijide, fue fecunda. Se deliberó en un clima de respeto recíproco, de diálogo y de tolerancia que la Argentina añoraría en tiempos posteriores. Había debates acalorados e intensos, pero se desarrollaban en el plano de los argumentos, sin descender nunca a las descalificaciones personales. No había grieta, en el nefasto sentido que adquirió hace algunos años, y por eso todos estábamos dispuestos a buscar los consensos y a admitir concesiones con relación a nuestras posturas de máxima.

La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires se caracteriza por un diseño orgánico que, si bien toma como base el federal, sin dudas lo mejora. Así, plasmó con mayor precisión algunos institutos incorporados a nivel nacional por la reforma del 94. Por dar solo un ejemplo, frente a la vaguedad en la conformación del Consejo de la Magistratura de la Constitución Nacional, fuente de tantos conflictos, determinó que sería integrada por nueve miembros, tres por cada uno de los estamentos involucrados.

También alienta la participación ciudadana y la descentralización mediante las comunas, Por eso, el diseño general de la parte orgánica de la Constitución es plausible; en cambio, se nota un "hiperdeclaracionismo" en la primera parte. Por supuesto, es bueno que las constituciones establezcan los derechos fundamentales, pero eso no debe transformarlas en demasiado reglamentaristas ni utópicas. No hay que confundir los derechos con las grandes aspiraciones. Los derechos pueden ser objeto de acciones judiciales; las aspiraciones, no. Esta particular condición de muchas cláusulas de nuestra constitución, sumada al excesivo activismo de algunos jueces, que han revelado mayor vocación por la tarea legislativa que por la judicial, ha generado no pocos conflictos.

Con todo, el balance es positivo. Falta completar la autonomía. Estamos en camino de hacerlo, firme pero prudentemente, para que nadie se sienta al margen de una tendencia que solo persigue darles a los porteños los mismos derechos políticos de que gozan sus compatriotas del resto del país. Con la llegada de Cambiemos al gobierno nacional, el proceso de la autonomía había logrado un nuevo impulso. Se transfirió la policía y el Poder Ejecutivo nacional presentó un proyecto de ley destinado a una gradual transferencia de la llamada "justicia nacional" a la Ciudad, que todavía no fue aprobado, pese a que la Corte Suprema determinó claramente que la condición de la justicia "nacional" es transitoria y que debe ser transferida a la Ciudad mediante los acuerdos correspondientes.

Pero el proceso de la autonomía jurisdiccional, aunque vaya más lento que lo que desearíamos, es imparable. La Legislatura porteña acaba de sancionar una ley que establece que el Tribunal Superior de la Ciudad es el tribunal superior de la causa a los efectos de los recursos extraordinarios contra sentencias de las Cámaras "nacionales".

La autonomía les restituye a los porteños sus derechos políticos y los pone en pie de igualdad con sus compatriotas del resto del país. Como tal, refuerza el federalismo y la democracia.

Jorge Enríquez  
Diputado Nacional

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