La única ventaja del kirchnerismo es que va dejando pruebas de sus intenciones. El último ejemplo fue la decisión anunciada por el diputado ultracristinista Rodolfo Tailhade de pedir la declaración jurada patrimonial de 25 fiscales. Muchos de ellos investigaron o acusaron al kirchnerismo (sobre todo a Cristina Kirchner, a sus hijos y a los empresarios Lázaro Báez y Cristóbal López, muy cercanos a la poderosa familia política) de prácticas corruptas durante los mandatos de la expresidenta. Resulta que las declaraciones juradas de los fiscales son públicas; inclusive, los periodistas suelen acceder todos los años a esos informes -y los publican- sin ningún obstáculo. Resaltan en esa lista los nombres de los fiscales Carlos Stornelli y Carlos Rívolo, este último presidente de la Asociación de Fiscales, porque ellos fueron los que investigaron la causa de los cuadernos. A ellos les tocó recibir las declaraciones como arrepentidos de exfuncionarios, de empresarios y de personas muy allegadas a la familia Kirchner. De su contador personal, entre otros. Como esas declaraciones no son secretas, es evidente que el propósito no es comprobar la sospecha de un delito. Puede ser una “excursión de pesca”, como le llaman en la jerga judicial a las expediciones que se inician a ciegas para encontrar un delito, o puede ser un nuevo intento para acobardar moralmente a los funcionarios judiciales. La reforma judicial consiste, en última instancia, en lograr que se vayan los jueces y fiscales fastidiosos para nombrar en su lugar a personas que militan dentro del kirchnerismo. Ninguna reforma en serio es posible por el veto que le impone al Gobierno la Cámara de Diputados, donde el oficialismo no tiene mayoría. La vulnerabilidad del Gobierno en esa Cámara se hizo más evidente desde que asumió Martín Soria como ministro de Justicia. Esa designación espantó a los aliados circunstanciales que suelen acompañar al oficialismo en la aprobación de algunas leyes económicas.

Si el pedido de Tailhade no significa nada en la realidad de los hechos, tuvo, sí, la sinceridad de delatar quiénes son los fiscales amigos si bien se mira a los que omite. Una de ellas es la fiscal Paloma Ochoa, simpatizante de la agrupación cristinista Justicia Legítima, e incansable en la tarea de investigar los supuestos delitos en la época de Mauricio Macri. El otro ausente de la lista es el fiscal Franco Picardi, exfuncionario del Ministerio de Justicia en tiempos de Cristina Kirchner y también allegado a Justicia Legitima, quien acaba de pedirle a la jueza María Eugenia Capuchetti que ordene la entrega de todos los registros de ingresos a la Casa Rosada y a la residencia de Olivos durante la administración de Macri. Capuchetti accedió al pedido de Picardi. La resolución de la jueza fue apelada y se encuentra en la Cámara Federal. Si la decisión de Capuchetti fuera confirmada por la Cámara, el escándalo que armó el kirchnerismo por el entrecruzamiento de llamadas de Fabián Rodríguez Simón, exasesor de Macri, quedará en la historia como un cuento infantil. El escándalo, las suposiciones y las forzadas certezas promoverán un sismo político mucho mayor. Tailhade no escribió en su lista los nombres de Ochoa ni de Picardi. Con tales omisiones, el favor se los hizo a los fiscales independientes. Gracias.

Por el contrario, fiscales que trabajaron sensatamente (algunos a pesar de sus convicciones políticas) están siendo maltratados por los medios que responden al cristinismo, sobre todo por los que son propiedad del empresario Cristóbal López y de su socio Fabián de Sousa. Entre ellos figuran el fiscal Abel Córdoba, que llevó adelante la acusación en el juicio oral a Lázaro Báez por el lavado de 60 millones de dólares. Dos jueces, de los tres que integran el tribunal, aseguraron que ese dinero provenía de los contratos para construir obra pública en tiempos del kirchnerismo. Báez fue condenado a la pena máxima por ese delito. Los fundamentos del fallo no se conocen aún, pero fuentes judiciales aseguran que serán explosivos contra el empresario santacruceño y sus benefactores nacionales, los dos presidentes Kirchner. Otra fiscal vapuleada por los medios cristinistas es Cecilia Incardona, que llevó adelante la investigación en Lomas de Zamora por el presunto espionaje ilegal en tiempos de Macri. Como consecuencia de esa investigación resultaron procesados los exjefes de la AFI Gustavo Arribas y Silvia Majdalani. ¿Cuál fue entonces el pecado de Incardona? Simple: no haber procesado al expresidente Macri ni a su secretario privado, Darío Nieto. Sucede que en el expediente no hay elementos suficientes como para que la Justicia llegara al exmandatario ni a su principal asistente. No importa. Ellos debían estar entre los procesados, haya o no pruebas de que cometieron un supuesto delito. Piedad con los amigos; escarnio para los que desobedecen.

La estrategia de promover la fatiga moral de los fiscales que no son propios tiene un caso emblemático en quien es, precisamente, el jefe de los fiscales, Eduardo Casal. El ministro Soria dijo en sus primeras declaraciones después de asumir el cargo que la situación de Casal era “insostenible” porque hace tres años que ocupaba interinamente ese cargo, que lleva el nombre formal de procurador general de la Nación. Soria tiene razón: Casal está interinamente en ese lugar desde hace tres años. El problema es que Soria parece echarle la culpa a Casal cuando este ocupa ese cargo solo por mandato de la ley. Está ahí desde que se jubiló la exprocuradora Alejandra Gils Carbó. El gobierno de Macri nominó como candidata para ese cargo a Inés Weinberg de Roca, jueza del Tribunal Superior de Justicia de la Capital, pero el peronismo nunca le dio el acuerdo con los dos tercios de los votos del Senado, necesarios para su designación. Alberto Fernández retiró el pliego de Weinberg y propuso en su lugar al actual juez federal Daniel Rafecas, pero el trámite de acuerdo nunca fue ni siquiera iniciado por el Senado que conduce con mano de hierro Cristina Kirchner.

Algunos exponentes de la oposición señalan ahora que Rafecas contaría con los dos tercios de los votos que aportaría Juntos por el Cambio. Sin embargo, la nominación de Rafecas debe pasar primero por el trámite de las audiencias públicas (que pueden hacerse de manera telemática) y luego por la aprobación de la comisión de Acuerdos. Cristina no movió ese expediente desde que ingresó a la mesa de entradas del Senado. ¿No lo quiere? Si fuera así, debería decirlo. En cambio, propone una modificación de la ley del Ministerio Pública, que regula la función de los fiscales, por la que se eliminan los dos tercios y se establece que la aprobación senatorial del jefe de los fiscales necesitará solo de mayoría simple. Su candidato in pectore es el exsenador Marcelo Fuentes, un incondicional de la expresidenta. Ella lo llevó a Fuentes al poderoso cargo de secretario parlamentario del Senado cuando este cumplió su mandato como senador y no obtuvo la reelección.

El problema no es Casal, entonces. El problema es que el oficialismo no se pone de acuerdo si quiere a Rafecas con los dos tercios de los votos (número que el propio Rafecas puso como condición para aceptar el cargo) o si prefiere al militante Fuentes con mayoría simple. En rigor, en lugar de hablar de Casal, que está ahí porque su larga carrera judicial lo colocó en ese lugar, Soria debería hablar de Rafecas. Debería tratar de conseguir los votos que necesita en el Senado si se respetara la voluntad explícita del presidente de la Nación. De hecho, el Gobierno o el cristinismo nunca objetaron ninguna resolución de Casal; el jefe de los fiscales es invitado, incluso, a la ceremonia anual de apertura de las sesiones ordinarias del Congreso. Es evidente, entonces, que lo que buscan es acobardarlo moralmente a Casal para que se vaya del cargo. Aun cuando el jefe de los fiscales ya dijo que nunca se irá a los empujones, si él renunciara los sucedería otro fiscal interino hasta la designación de un titular. El pecado de Casal fue, al fin y al cabo, no haber puesto la cabeza del fiscal Stornelli bajo la hoja de la guillotina. Por eso, a Stornelli, el enemigo judicial número uno del cristinismo, le exigen una declaración jurada de bienes que es pública. El diputado Tailhade debería solo golpear la puerta de la fiscalía para acceder a ella. Sería una gestión pobre y deslucida. No habría escándalo ni ultraje ni escarnio.

Joaquín Morales Solá