-Club Atlético San Lorenzo de Almagro
-Racing Club Asociación Civil
-Club Atlético Temperley
-Club Atlético Los Andes
-Club Atlético Excursionistas
-Club Deportivo Morón Asociación Civil
-Club Atlético Defensores de Glew
-Fideicoimiso de Reconstrucción Banfileña.
“Llama poderosamente la atención que, en el caso de las últimas cinco entidades mencionadas, de acuerdo al informe de ARCA, el contribuyente auditado no ha aportado datos sobre el monto de las transferencias efectuadas”, se puede leer en el dictamen.
LA NACION había revelado que Sur Finanzas le prestó a San Lorenzo más de $1900 millones y otros casi $1000 millones a Banfield. Pero esta es la primera vinculación directa en el marco de las causas judiciales entre Sur Finanzas y el mundo del fútbol. Los clubes aparecen en la categoría de investigados. Vallejo, Sur Finanzas PSP y sus autoridades fueron imputadas, al igual que otro exdirigente deportivo.
Los sabuesos de la DGI habían detectado que a través de la plataforma de la firma “Sur Finanzas PSP” se hicieron transferencias que ascendieron a $818.000.000.000. Entre los sujetos que movieron esa fortuna se encuentran “monotributistas sin capacidad económica”, personas incluidas en la base de emisores de facturas apócrifas y “sujetos no categorizados”. Por este motivo, la denuncia apunta al supuesto lavado de dinero.
“Corresponde correr el velo jurídico de estos titulares aparentes, dado que operaron volúmenes multimillonarios ($223 mil millones los no categorizados y $193 mil millones los monotributistas) sin sustento patrimonial aparente”, firmó Incardona.
Un caso ayuda a comprender: un monotributista de la categoría “D”, identificado como I.M., emitió facturas en 2024 por $4.937.394 y recibió más de $230 millones. Esa misma persona tiene movimientos en billeteras virtuales por $87.000 millones, según un informe reservado al que accedió este medio.
La fiscal también destacó un grupo de contribuyentes no confiables, con operaciones por $72.342.312.476 provenientes de usinas de facturas apócrifas. Entre enero y abril de 2025, Sur Finanzas PSP habría permitido operar a 26 empresas de esta base por $35 mil millones, incumpliendo la Comunicación “A” 8144 del BCRA que prohíbe brindar servicios de cobro a estos sujetos", destacó la fiscal.
“No puede descartarse la existencia de una verdadera ingeniería financiera orquestada para procurar el blanqueo de capitales de origen ilícito”, sostuvo Incardona en su dictamen.
En comunicado, Sur Finanzas habló de “acusaciones infundadas”. En el mismo texto aclaró que está a disposición de los investigadores judiciales. “Si algún individuo o empresa que operó con nuestras plataformas hubiera obtenido dinero de manera irregular, corresponde a la Justicia determinar si es culpable de algún delito, para lo cual cuenta con nuestra absoluta colaboración”, agregó.
A propósito de las transferencias sospechosas, el documento hace hincapié en el rol del Fideicomiso de Reconstrucción Banfileña, que tendría como partes al Club Banfield y a la firma Banfileños SA, integrada por el ex presidente de esa institución Eduardo Juan Spinosa, Federico José Spinosa, Ignacio Javier Uzquiza y Oscar Fabian Tucker. Todas esas personas ya estarían siendo investigada en otro expediente que tramita en el juzgado federal 2 de Lomas de Zamora. También por presunto lavado de dinero.
LA NACION contactó a Eduardo Spinosa, quien negó la acusación.
En relación a la acusación de la DGI por evasión tributaria, la fiscal indicó que “se debe determinar si los investigados utilizaron cuentas a nombre de Personas Jurídicas, Sujetos No Categorizados y Monotributistas sin capacidad económica, omitiendo deliberadamente actuar como agente de liquidación y percepción del tributo”. Esto hace referencia al pago del Impuesto a los Créditos y Débitos. El fisco reclama unos $3,3 mil millones.
Tras el impulso de la fiscal, la causa fue sorteada y le tocó al juez Federico Villena, que ahora deberá evaluar si ordena las primeras medidas de prueba solicitadas por la fiscalía. Entre ellas se observan el levantamiento del secreto bancario de los imputados, un embargo de hasta $4 mil millones, congelamiento de cuentas, allanamientos y pedidos de información al Banco Central y a la Unidad de Información Financiera (UIF).
