Ese día, informáticos a sueldo de Davis crearon el dominio —la dirección específica de la página de Internet del “trust”—, aunque el fideicomiso solo terminó de tomar forma y se lanzó el martes último, minutos antes de que la jueza Rochon abriera una nueva audiencia con todas las partes. El objetivo era definir si volvía a congelar o fijaba estándares especiales de trazabilidad para los fondos en disputa, depositados en billeteras virtuales.
Durante esa audiencia, a la que asistió LA NACION por conferencia telefónica, uno de los abogados de Davis, Mazin Ahmad Sbaiti, comunicó a la jueza el lanzamiento del “trust” y precisó que se constituyó “offshore” —por fuera de las jurisdicciones estadounidense o argentina, en su caso “por culpa de los políticos de izquierda”, según el portal oficial del fideicomiso—. Sin embargo, evitó identificar por su nombre qué país o territorio eligió Davis en busca de la máxima confidencialidad, alta protección legal y bajos o nulos impuestos.
El website del fideicomiso tampoco aporta precisiones. Omite, incluso, los llamados “white papers”, los documentos públicos esenciales que explican, justifican o promueven la creación, misión, estructura o funcionamiento de un “trust”. Si bien no tienen la validez legal de la escritura constitutiva, por ejemplo, sirven como presentación institucional, resumen de objetivos, modelo de gobernanza, manual de funcionamiento, y son un instrumento clave de comunicación hacia medios, inversores y potenciales beneficiarios.
Para la defensa de Davis, de todos modos, el fideicomiso demuestra que el CEO de Kelsier Ventures no cometió una estafa y que el dinero recaudado terminará por llegar a las pequeñas y medianas empresas como se anunció al lanzar $LIBRA. “Todo se ha hecho con profesionales serios y verificados”, insistieron en el entorno del estadounidense, en diálogo con LA NACION, aunque se negaron a dar mayores precisiones.
Para críticos de Davis y querellantes, el fideicomiso es más de lo mismo: “’Libra Trust’ no parece como un proyecto genuino para ayudar a emprendedores. Surge en medio del proceso judicial, en el momento exacto en que los fondos podían quedar bajo control de la Justicia”, remarcó el diputado nacional Oscar Agost Carreño, quien integró la comisión legislativa del Congreso. “No es el final del caso $LIBRA: es una maniobra para esquivar las consecuencias de un fraude en plena investigación”, añadió.
Las críticas se sustentan en la naturaleza misma del escándalo: la “class action” en Nueva York alega que Davis y sus socios diseñaron una “fábrica de fraude” que ejecutó un vaciamiento coordinado (“rug pull”) de fondos para quedarse con millones de dólares de inversores minoristas. Además, la Justicia federal en la Argentina y la demanda en Estados Unidos investigan, en paralelo, transferencias de Davis a billeteras de terceros por millones de dólares a través de plataformas como Bitget, antes y después de reunirse con el presidente
MileiTanto durante la audiencia con la jueza Rochon, como en el portal del “trust”, en tanto, se omitieron más de una decena de precisiones esenciales para cualquier estructura financiera; entre ellos, las siguientes:
- No define si los responsables del fideicomiso fijaron una prórroga de jurisdicción para elegir en qué país –y tribunal- se resolverá cualquier controversia legal.
- No detalla si cuenta con algún tipo de validación o conforme de las autoridades regulatorias argentinas.
- No precisa el estatuto, los documentos constitutivos o la estructura legal del “trust”;
- No detalla si el “trust” existe como entidad registrada ante algún país o territorio y, de ser así, bajo qué figura legal específica;
- No precisa origen de los fondos que se destinaría a financiar las pequeñas y medianas empresas (pymes) argentinas;
- No especifica la cuantía de los fondos que se destinarían a “subsidios” –y que, por tanto, no habría que devolver-;
- No detalla si esos fondos ya están disponibles y, de ser así, dónde se encuentran depositados;
- No explica cómo es la eventual composición de esos fondos -dinero en efectivo, bonos, títulos, acciones o criptoactivos, entre otras acciones, aunque los interesados en recibir fondos para Pymes deben informar una dirección en la plataforma Solana para el caso que sus proyectos sean seleccionados-;
- No precisa cuánto del dinero que se recaudó durante el lanzamiento de $LIBRA, el 14 de febrero pasado, quedará en los bolsillos de Davis o los lobistas argentinos Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, entre otros;
- No detalla el nombre del “abogado independiente”, figura a la que se alude en el portal y aludió, sin más precisiones, el letrado de Davis durante la audiencia con la jueza Rochon;
- No detalla el nombre del síndico responsable;
- No define facultades y límites de custodios y fiduciarios;
- no especifica los parámetros de confidencialidad y protección de datos personales, técnicos y comerciales que adoptará para resguardar la información que solicita a las pymes que se postulen;
- No detalla cómo será el procedimiento de selección de las pymes que se financiarán.
Junto a Davis buscaron calmar esas inquietudes. “El fideicomiso es serio. Un abogado hará la primera revisión de las postulaciones, luego un comité hará un análisi de la ‘short list’ y los seleccionados recibirán los fondos aprobados, respetando las normas tributarias de la Argentina”, indicaron a LA NACION.
Sin embargo, el programador y profesor Maximiliano Firtman abrió otra dimensión de riesgos, enfocada en el compliance y el lavado de activos: “¿Cómo podrías justificar como empresa argentina recibir miles, decenas o centenas de miles de dólares en cripto como subsidio de una entidad extranjera no determinada, con fondos discutidos judicialmente y no caer en una investigación de lavado de dinero para poder usarlos para el fin presentado?”, planteó en su cuenta de X. “¿Cómo podrías blindarte y que no vengan los querellantes a buscarte a vos en caso de ser uno de los ‘elegidos’ por vaya a saber quién ni por qué?”
En un apartado del portal, accesible en inglés y español, “Libra Trust” sí traza una línea, dirigida a despegar a dos protagonistas del escándalo, desde febrero último. Sostiene que “el fideicomiso opera con total independencia de Hayden Davis y Javier Milei”.
