Otero —dueño de TEBA S.A., la firma que opera el predio de Retiro desde 1993— es conocido en el sector como “el Zar de Retiro”. No por el glamour ruso, sino por una cualidad criolla: la capacidad extraordinaria de mantenerse en el lugar correcto mientras pasa, a su alrededor, una sucesión completa de presidentes, ministros, secretarios, interventores y gobiernos de todos los colores políticos. Nadie pudo con él; hasta hora.
Hoy por la mañana, finalmente, fue desalojado de la estación ferroviaria de Once, después que el Juzgado Contencioso Administrativo Federal 6, a cargo del Dr. Enrique Lavié Pico, ordenó efectivizar el desalojo de la empresa Nueva Estación Once S.A. de la estación terminal Once, de la línea Sarmiento.
Pero hasta el más poderoso imperio se derrumba cuando las bases no están firmes. Por estos días, además, avanza un expediente para llamar a licitación en la terminal Retiro, su mina de oro durante décadas, después de que se presente una iniciativa privada.
Como si fuese poco, en la Causa Cuadernos, donde es imputado, ya no se presentó al menos en la audiencia de la semana pasada. Su abogada mostró certificados médicos y los jueces lo eximieron de estar presente. Al menos, en algunas.
El poder de “Zar” lo construyó desde los años 90 cuando llegó a la concesión de la terminal de ómnibus de Retiro. Para esa explotación creó TEBA, su nave insignia. La concesión original venció en 2015 y, desde entonces, la terminal más importante del país —por donde pasan cerca de 100.000 personas por día en temporada alta— opera en un limbo jurídico. Nadie, en ningún despacho oficial, puede explicar exactamente bajo qué figura legal TEBA sigue con la administración del predio.
La situación no es nueva. Cada intento estatal de ordenar el esquema derivó en amparos, pedidos de informes, mesas técnicas y proyectos que nunca prosperaron. La burocracia quedó suspendida en una especie de asterisco administrativo. Mientras tanto, Otero siguió ahí. Inamovible.
El modelo Otero
El negocio de la terminal es más complejo que simplemente cobrar andenes. En Retiro se pagan alquileres de locales, tasas, estacionamiento, consignas, servicios y hasta la explotación de los baños. Todo eso, bajo la órbita de TEBA, conforma una caja millonaria y relativamente opaca.
Un asterisco con los baños que vale la pena resaltar para conocer los modos de Otero. Como también es dueño de la empresa de limpieza que presta servicios en Retiro, o sea, a él mismo, empezó a notar una conducta que le llamó la atención. Sucedía que los empleados le pedían limpiar los baños. Se detuvo en los sanitarios y llegó a la conclusión de que la propina en esos lugares era un ingreso importante.
Así las cosas, decidió directamente entregar la “concesión” de cada baño a empleados de limpieza, que lo debían mantener todo el día y pagarle un “alquiler”. Finalmente, muchos de esos encargados, además, suelen utilizar a menores para que los limpien mientras ellos gozan de la “concesión” a cambio de una mensualidad que le pagan a Otero.
Durante años, los usuarios reclamaron por esos baños deteriorados, pasillos oscuros y un edificio que envejecía sin inversión. El Estado, por su parte, señalaba la falta de obras. Otero respondía que las hacía, solo que se limitaba a las indispensables, pero no tantas como debía. Y no tan rápido como el pliego había estipulado 20 años atrás.
Actualmente, sólo funcionan un par de escaleras mecánicas, las puertas de ingreso se cerraron y sólo quedaron dos en uso, una peatonal y la otra para bajar en auto o taxi, y los lugares de espera son poco menos que nada. Eso sí, siempre mantuvo con cuidada pulcritud un comedor ubicado en el piso superior de la deteriorada terminal, donde varios jueces con despacho en Comodoro Py y centenares de políticos pasaron para degustar de los beneficios culinarios del “Zar de Retiro”. Sin embargo, ninguna autoridad política logró desplazarlo. Hasta ahora.
Para entender la magnitud del negocio, cuando Alberto Fernández llegó al poder, el magnate de Retiro pagaba un canon de US$20.418; actualmente, en moneda americana, paga prácticamente lo mismo: un regalo regulatorio para semejante negocio donde cada puesto de venta, desde empanadas hasta recuerdos de viaje, son del concesionario.
En 2018, Otero apareció mencionado en la Causa de los Cuadernos de las Coimas. Fue señalado como uno de los empresarios del transporte que habría hecho aportes ilegales al esquema de recaudación durante la gestión kirchnerista. Hubo allanamientos y le encontraron dinero en efectivo y armas. Fue procesado, pero nada de eso alteró su control sobre la terminal. Ese es, precisamente, el rasgo más notable del empresario: su resiliencia ante cualquier intento de reforma. Los procesos judiciales avanzan y retroceden. Los funcionarios se suceden. Los planes cambian. Retiro es una isla y nadie se atreve a llegar a sus costas si no es con la bandera blanca en sus manos.
En los pasillos de lo que alguna vez fue el Ministerio de Transporte, ahora secretaría, más de un funcionario reconoce, en voz baja, la incomodidad del asunto. No se trata solo de abogados hábiles o recursos administrativos; es, sobre todo, un entramado de relaciones que ningún gobierno quiso —o pudo— desafiar del todo.
La caída de la concesión de la concurrida estación de Once parece ser el inicio de la caída en desgracia del poderoso empresario. Meses atrás, las autoridades de Trenes Argentinos Operaciones notificaron la finalización del contrato de concesión a la firma Nueva Estación Once, que había sido otorgada originalmente en 2005 y por un lapso de 20 años, improrrogable.
En 2015, mediante una adenda otorgada de forma irregular, se extendió el contrato hasta 2033. La zona de concesión incluía una superficie total comercial en uso de casi 21.000 metros cuadrados, con 82 locales en planta baja, 39 en el entrepiso y dos estacionamientos comerciales con más de 11.000 metros cuadrados. ¿Cuánto pagaba el poderoso empresario por explotar Once? Se habían establecido cánones fijos iban desde $197.000 hasta $226.000 mensuales para el período extendido.
El caso Retiro es un espejo incómodo. Con su contrato vencido desde 2015, con prórrogas precarias, muestra cómo un privado puede permanecer tres décadas en un activo estatal crítico con la infraestructura deteriorada y fallos judiciales sobre su escritorio.
Cada tanto aparece un proyecto para modernizar la terminal. Ahora, un consorcio privado propone inversiones; el Estado intenta reordenar la concesión; un ministro anuncia una licitación. Hasta ahora, Otero permanece. El reloj administrativo se detuvo hace diez años y nadie logró ponerlo en marcha otra vez.
Mientras tanto, el empresario mantiene viva su oficina en el mismo edificio que domina desde 1993, la segunda entrada de extranjeros del país. Lo hace sin estridencias, sin declaraciones públicas y sin disputas mediáticas. Él sabe algo que los gobiernos todavía no terminaron de entender: en la Argentina, muchas veces, el que resiste gana.
La historia de Néstor Otero no es solo la biografía de un hombre aferrado a un negocio excepcionalmente longevo. Es, sobre todo, la historia de un Estado que tolera la precariedad, que administra excepcionalidades como regla y que convive con contratos vencidos como si fueran parte natural del paisaje.
Construyó un imperio, desde empresas de logísticas a un stud de caballos. Mientras los papeles se acumulan en los escritorios y se discute, una vez más, cómo será la próxima licitación, hay un dato que no cambia: el “Zar de Retiro” sigue ahí. Y, por ahora, nadie logró destronarlo.
