“Tras esta ronda adicional, Edison resultó con la oferta más alta, permitiendo completar el esquema económico del proceso y avanzar hacia la fase final de adjudicación”, comunicó la Secretaría de Energía.
Edison Inversiones es una firma en la que participan los empresarios Rubén Cherñajovsky y Luis Galli (de Grupo Newsan, con inversiones en electrónica en Tierra del Fuego y otros rubros); los socios del fondo Inverlat (Guillermo Stanley, Federico Salvai, Carlos Giovanelli y Damián Pozzoli), dueño de firmas como Havanna; y los hermanos Patricio y Juan Neuss, cercanos al asesor Santiago Caputo.
Los números se confirmaron tras la apertura de sobres de la etapa económica de la venta del 100% del paquete accionario de las sociedades que el Estado había creado para concesionar las represas Piedra del Águila, el Chocón y Alicurá Cerros Colorados.
Central Puerto presentó la oferta más alta para quedarse con la concesión de la represa en Piedra del Águila. En concreto, su oferta fue de US$245 millones, y continuará operando esa central.
En la represa Alicurá, la empresa Edison Inversiones realizó la mejor oferta económica, con una propuesta que asciende a unos US$162 millones. De esta manera, se impuso a la estadounidense AES, actual operadora de esa central, que participó del proceso pero con una oferta final menos competitiva.
En El Chocón la oferta ganadora fue presentada por BML Inversora, que pertenece al grupo MSU Green Energy, del empresario Manuel Santos Uribelarrea. Con una propuesta de US$235,7 millones, se impuso en la compulsa por operar la central, que hasta acá era controlada por el grupo ENEL, que tiene como accionista principal al Estado italiano.
En tanto, el suspenso se concentró, hasta este miércoles, en la definición sobre la operación de la represa de Cerros Colorados, también conocida como la de Planicie Banderita. En este caso, BML Inversora es la que originalmente había presentado una mejor oferta, pero no con el margen necesario para sentenciar la competencia. Es que una de las condiciones de la compulsa establece que si una empresa presentaba la mejor oferta en dos de las cuatro represas, en la segunda su propuesta económica debía superar por una diferencia del 10% a la de su más cercano competidor.
En este caso, BML Inversora había ofertado US$41,7 millones por encima de Edison, con una cifra de US$38 millones. Pero los números cambiaron en la instancia de desempate. Tal como informó la Secretaría de Energía, Edison elevó su propuesta a US$64.174.002 y se quedó primera.
Las concesiones planteadas se definieron con un plazo de 30 años. En concreto, lo que estableció el Gobierno no fue una venta, sino una concesión de la operación, al ceder las sociedades del Estado que administraban las centrales. Es decir, los complejos hidroeléctricos continuarán como parte del patrimonio público.
El vencimiento original de estas concesiones había ocurrido a mediados de 2023, pero tanto el gobierno anterior como el actual fueron prorrogando los contratos. En consecuencia, las centrales continuaron operadas por las mismas empresas hasta la finalización del proceso licitatorio que ahora entrará en zona de definición.
Todas las represas están emplazadas sobre los ríos Limay y Neuquén, entre las provincias de Río Negro y Neuquén. En conjunto, suman una potencia instalada de 4170 MW, equivalente al 10% de la oferta total de energía eléctrica del país.
El esquema fijado en el pliego establece que una parte de la energía producida se venderá a través de los contratos de concesión, mientras que el remanente podrá comercializarse de manera privada, ya sea mediante contratos a término libremente pactados o en el mercado spot. Inicialmente, el 95% de la energía se destinará al esquema regulado y el 5% a la venta libre. Esa relación se irá modificando año tras año hasta alcanzar, en el año 21 de la concesión, un 100% de energía libremente comercializable.
En paralelo, las provincias también tendrán un beneficio directo: los gobiernos de Río Negro y Neuquén percibirán un 12% en concepto de regalías sobre el precio de venta de la energía, además de un canon provincial del 2% por el uso del recurso hídrico, repartido equitativamente entre ambas jurisdicciones.
El desafío adicional será la necesidad de realizar fuertes inversiones para extender la vida útil de las centrales. El Chocón, por ejemplo, se inauguró en 1973 y requiere un desembolso considerable para continuar en operación bajo estándares de seguridad y eficiencia. Este aspecto es central, ya que la antigüedad de la infraestructura pone presión sobre las compañías que resulten adjudicatarias.
