Domingo, 15 Noviembre 2020 04:13

El Gobierno y su sarta de mentiras sobre la jubilación (y otras) - Por Dardo Gasparre

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No es original decir que el gobierno miente. Viene haciéndolo sobre todo lo que toca. La cuarentena, los testeos, los muertos, los costosos y actuados viajes a China para traer donaciones, las curvas, los gastos de salud, las vacunas, los virtuales asesinatos que se cometen a diario en los hospitales de provincia, con estructuras sanitarias que matan gente, caóticos y vaciados por las satrapías concesionadas en un sistema que la política capitanea y apaña. Muchas de los certificados de defunción bien podrían decir en la causa del deceso “corrupción”, en vez de COVID 19.

También mintió cuando en su comienzo bajó la tasa de interés en pesos de un día para otro con el cepo al dólar para usarlo de ancla cambiaria, y cuando vendió las reservas que no tenía para mantener el dólar blue y los otros tipos de cambio implícitos, y mintió cuando terminó haciendo lo mismo que criticó de Macri al subir la tasa de interés para evitar corridas cambiarias e inflación. Como miente ahora cuando vende dólar a futuro, o coloca bonos ajustados por dólar. Y mintió al decir que salía del default cuando simplemente pateó la deuda para que le cayera en la falda del próximo gobierno o cuando proveyó de dólares oficiales a algunos mandatarios oficiosos para que los salieran a vender en las cuevas y bajaran el paralelo.

Mintió a sabiendas de todos cuando dijo que no ajustaría a pedido del Fondo Monetario, mintió para explicar cada marcha y contramarcha ordenada por Cristina Fernández, miente para justificar cada gasto, cada designación, cada decisión estúpida, cada impuesto, cada trampa legal y cada nuevo paso hacia la restricción de libertades y derechos elementales. O cuando falsifica la realidad con controles, cepos, reviente de reservas y tasas - ahora que no puede falsificar las mediciones del INDEC – para mantener baja la inflación que todos saben que es otra mentira. Es falaz cuando disfraza de reforma de la justicia la carnicería que está haciendo con los jueces que se atrevieron a procesar a la primera dama, con perdón de la segunda.

Podría escribirse no ya una nota, sino un libro con las mentiras alevosas de este gobierno, las contramentiras y las mentiras al dorso de cada decisión. Hasta la propia construcción del binomio presidencial Fernández es multimentirosa.

Ensañamiento facilista

En el ajuste sanguinario sobre los jubilados, miente también, pero con ensañamiento facilista, fruto de la desesperación y de la decisión de no bajar el gasto del Estado, que es la jalea real con que se nutre su populismo y sus negocios, y de no bajar el gasto político, que por un lado le genera ingresos personales en blanco con los que puede justificar su vida de clase alta, y también le permite dispensar favores a aliados, amantes y otros beneficiarios. Allí, el varón del binomio fernandino ha dicho claramente que rebajar los sueldos, (y viajes, y asesores, y plantilla, y subcontrataciones y tercerizaciones, ojo) sería un acto de demagogia. Pinocho era Washington a su lado. Washington nunca mentía, le decían a los niños.

El primer ataque sobre el sistema es obligar a la complaciente ANSeS a comprar los bonos de todo tipo que vende a diario el Estado para mantener la ficción de que la situación está controlada, algo en lo que no cree nadie. Para ello se utiliza el Fondo de Sustentabilidad, que es el apodo con que se conoce a los montos robados a los afiliados a las AFJP en la gestión anterior del peronismo, (franquicia Kirchner). Cuando los diarios dicen - con tono de saber de qué se trata - que “el gobierno logró colocar bonos en pesos a mediano plazo” por ejemplo, nunca se dice oficialmente que una buena parte de esos bonos han sido enchufados a este fondo y a otros entes estatales. Un truco contable. Que se puede expresar así: nadie sobre la faz de la tierra quiere bonos argentinos y menos en pesos. Pero los jubilados argentinos son obligados a comprarlos.

Y aquí empieza el tema de fondo. La opinión pública, los medios, los economistas más renombrados y todo el sistema empresario, los asesores, especialistas y expertos generalmente convocados, suelen decir unánimemente que el sistema jubilatorio está fundido, que es una bomba de tiempo y hay que reformarlo, que el estado no puede hacerse cargo de semejante carga, que el sistema privado es mejor, y que se trata de un sistema de reparto. Algunas especialistas recientemente incorporadas al elenco de la nueva clase gobernante sostienen además que se trata de un sistema solidario. Una frase que queda bastante bien, sobre todo para decir en un zoom poniendo carita.

Debe reconocerse que es lo que también se dice en muchos otros países, y habrá que partir reconociendo que no hay un método perfecto, sobre todo si, como ocurre, se descalifica a priori el criterio de que el individuo debe ser el que se procure su propio esquema de retiro. En ese sentido, el de EEUU se acerca bastante a ese concepto, con una cifra pequeña asegurada por el sistema estatal, y el resto queda librado a los acuerdos de los empleados con las grandes empresas, que integran a su compensación salarial los planes de retiro, y a la acción individual de tomar seguros o mecanismos de capitalización que venden empresas ad hoc. Inimaginable en un medio como el local, o en cualquier otro país donde al estado le convenga tener esclavos con sistemas obligatorios.   

Contrato incumplido

Pero, aun así, caben algunas reflexiones. Que un sistema sea de reparto, no significa que sea un sistema de limosnas, o que el Estado esté haciendo un favor al jubilado. Por un lado, se trata de un sistema obligatorio, por el cual el Estado le extrae al trabajador público o privado una parte de su ingreso, y otra parte a su empleador, por un total que es más de la cuarta parte del salario cada mes, para otorgarle el derecho a recibir una compensación una vez que se retire, lo que suele suceder al cabo de 40 años promedio de aportes. O sea, se trata de un contrato en toda la regla. Que el Estado decida sistemáticamente que no cumplirá su parte del acuerdo, o cambiará los términos cada vez que le convenga, no lo libera de su obligación como parte del contrato, ni transforma la contraprestación debida en una limosna ni en un acto voluntario. Sólo el pérfido manoseo del derecho del individuo hace posible sostener cualquier otra cosa.

No es casual que todos los gobiernos de cualquier signo, incluyendo a los militares, hayan metido la mano en los fondos de los jubilados primero, como ocurre ahora con los bonos, y en decidir unilateralmente qué proporción de su obligación cumplirían. Domingo Cavallo, con su reforma de 1994, lastimó más que nadie con su ministro Liendo el derecho administrativo con sus decisiones no sólo en estos aspectos, sino al ordenar a la ANSeS a litigar hasta la muerte (sic), y la obligó a incumplir los fallos judiciales y de la Corte. La seguridad jurídica no sólo vale para el fondo Burford, Repsol y Vicentin.

Los jubilados no tienen nada que agradecerle a nadie. Y cuando se dice que la inflación ha cambiado la percepción del sistema, parece que aún los más respetados economistas han olvidado que ningún jubilado es capaz de generar inflación. Ni desempleo. En cuanto a la afirmación de que se trata de un sistema solidario, también es falaz. Se transforma en un sistema solidario intergeneracional por culpa del incumplimiento del Estado de su propia misión. Aun cuando no fuera así, ese concepto de que una generación sostiene con su aporte a las anteriores es un pensamiento barato que esconde que alguien ha dilapidado los fondos. Pero no significa solidaridad de aportes, como entiende el elenco de nuevas funcionarias que creen que solidaridad previsional implica que los aportes de cada uno se compartan con quienes aportaron sobre un menor sueldo, o menos tiempo. Ese invento es nacional y popular, es uno de los tantos robos. Es repartija, no reparto. La cuenta nominal individual, que se usa en Suecia, por ejemplo, y que usaban las AFJP, lo muestra claramente. Seguramente se sostendrá que eso ocurre porque Suecia es socialista y las AFJP eran imperialistas, en el confuso léxico del relato que ha traído al país a dónde está.

Mentiras de fondo 

Todas estas falacias y dificultades de razonamiento se usan como mentiras de fondo cada vez que la plata no alcanza. Pero hay mentiras más concretas que el gobierno esgrime. Otras 14 toneladas de piedras que arroja el peronismo sobre la sociedad cada vez que la sociedad intenta ser racional.

Si se analiza la situación al momento de asumir el dúo Fernández, toda la argumentación está llena de falsedades, lamentablemente acompañadas por el silencio o la anuencia no sólo de sus seguidores hamelinianos, sino de economistas y especialistas que supuestamente han analizado el tema. En ese momento, diciembre de 2019, el gasto total de la ANSeS por todos los conceptos, ascendía al 10.2 % del PBI. Pero pagar la jubilación de los 3.075.000 jubilados con 30/40 años de aportes, insumía sólo el 3.4 % del PBI. Como la recaudación por aportes previsionales era 7.2% del Producto Bruto, sobraba con holgura para cumplir con la ley y con el contrato social jubilatorio, como diría la futura exprocesada.

¿Y en qué se gastaba el sobrante de 3 puntos de los aportes más otros 3 puntos que aportaba el Estado nacional? En pagar la AUH, más una miríada de pensiones graciables, desempleo, garrafas, seguros y otras dádivas a terceros que nada tienen que ver con el sistema jubilatorio, aunque se paguen vía ANSeS, y nada menos que en abonar las 3.732.000 jubilaciones sin aportes concedidas casi en su totalidad por la señora de Fernández, que nada tienen que ver con el sistema jubilatorio, ni con el contrato de adhesión de prepo al que se somete al trabajador. El Estado tiene, eventualmente, la potestad de regalar pensiones de todo tipo a quien le parezca. Pero lo que no tiene, es el derecho de hacer que eso sea pagado por los jubilados con aportes. Quienes sostienen que se trató de una moratoria (escandalosamente generosa) caen en la trampa, deliberadamente o no, de la mentira del relato. Una moratoria que se paga con las jubilaciones que se conceden sin tener el derecho contractual, y a costa de los fondos de los jubilados legítimos, se parece a la venta de YPF a Esquenazi, o a la de las empresas de Franco Macri a su sobrino, “a pagar con utilidades futuras”. Chistes, además de mentiras, no.

La principal y gravísima mentira, es entonces culpar a los aportantes y afiliados legítimos del 60% del gasto que nada tiene que ver con ellos. Y por el mismo precio, de cambiar la base de ajuste de sus devaluados estipendios por decreto real, sujetos a la voluntad del mandamás. Para los que odian la época de la Conquista, el Virrey ha retornado. Tampoco cambia demasiado que ahora se intente hacer por una ley, para evadir la judicialización del tema. Se trata de una estafa y de un apoderamiento, de una confiscación a los jubilados legítimos, para pagar otros gastos y subsidios fuera del sistema. ¡Por supuesto, así no hay mecanismo que aguante!

Pero otra burla, además de otra mentira, fue que simultáneamente en el decretazo inaugural se aumentó más el reajuste de los jubilados sin aportes, justamente la razón principal del déficit. Para luego salir a decir vía las funcionarias repetidoras, que la mayoría de los jubilados estaban mejor que antes.

Estas cifras han cambiado seguramente durante la pandemia, pero sigue valiendo el concepto: los jubilados legítimos no generan déficit. La reforma se hace porque entre la ideología sin ideas del gobierno, y el análisis de los burócratas del FMI, queda cómodo manotear a los jubilados, que no son capaces de hacer una marcha masiva, que no la harán por miedo a la pandemia y a que los maten en los hospitales, que no son capaces de juntar ni tirar 14 toneladas de piedras, y que casi no van a votar.

Tampoco los tres millones de jubilados con aportes tienen chances de recurrir a la justicia. Porque un juicio tarda cinco años mínimo, porque la ANSeS no lo paga, porque cuando luego de dos juicios más (sic) los paga a los siete años y por mucho menos valor que la sentencia, y porque se mueren en el proceso. Y, sobre todo, porque seguramente Cristina pondrá jueces que cajonearán todos los reclamos. La mentira suprema de justicia.

No hay duda de que en algún momento deberá cambiarse el sistema jubilatorio, no solamente por la relación entre aportantes y beneficiarios, sino por otras cuestiones filosóficas, técnicas y de eficiencia y libertad. Pero no será de este modo, ni de un día para otro. Este sistema está condenado a volverse de nuevo impagable, a que aparezcan más y más excepciones, a que se aumente el aporte obligatorio, o que varíe cuando varíe la realidad, o sea mejor ajustar por el coeficiente de Gini u otra estolidez. Ahora se intenta reajustar por dos entelequias. La recaudación, (¿no debería ser la recaudación previsional?) con lo que el estado confiesa su vocación de no cumplir con ninguna de las cifras pactadas por la ley de fondo, y el índice de salarios, que será cualquier cosa en un proscenio de gremios complacientes que toleran todo abuso y de pagos disfrazados que distorsionan su utilización como índice. En el peor de los casos, esos sistemas de ajuste deberían aplicarse a las pensiones, subsidios y regalos que hizo y haga el estado, no al revés, como ocurre ahora, donde al jubilado legítimo se le obliga a subsidiar al jubilado sin aportes.

Suecia se tomó 20 años, en diversas etapas, para cambiar su sistema. Pero es sabido, como ha quedado demostrado en las filminas, que Argentina hace las cosas mucho mejor que los escandinavos. Ellos, por caso, tienen el fondo más grande del mundo de jubilaciones. Y lo manejan los privados. Ventajas del socialismo, será.

El ataque a los jubilados legítimos constituye un default en toda la regla, que muchos están dispuestos a pasar por alto. Con la complacencia y la comprensión generalizada, los llamados peyorativa y condescendientemente “abuelos” volverán a perder. Una y otra vez. Y así hasta la muerte. La verdad y la moral, como la vergüenza, se jubilan siempre primero.

Dardo Gasparre
Twitter: @dardogasparre

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