Opinión

Hace tres horas que terminé la conducción de mi programa de las mañanas y aún no comencé a escribir esta columna. Doy vueltas consumiendo tiempo en lecturas de textos interesantes con la inconsciente excusa de buscar inspiración, que es solo un pretexto para dilatar la propia escritura.

Carlos M. Reymundo RobertsDe movida, una aclaración: cuando terminé esta columna me tomé el trabajo de enviarla a la flamante Oficina de Respuesta Oficial (ORO), para que la leyeran antes de su publicación.

“Entre los héroes cuyas vidas ejemplares nos cuenta Plutarco, los caballeros escasean”
Curzio M
alaparte

El Gobierno creó la Oficina de Respuesta Oficial con el argumento de combatir la desinformación, pero su funcionamiento abrió una fuerte polémica con el periodismo. Ataques en redes, silencios incómodos y antecedentes recientes reavivaron el debate sobre los límites del poder y la libertad de expresión.

La cultura de la cancelación sigue vigente, la practiquen los llamados woke o los nuevos reaccionarios, como se titular el grupo financiado por Peter Thiel, el inversor alemán neo nazi que respalda al vicepresidente Vance. 

De no haber irrumpido Javier Milei en el escenario como una tromba dispuesta a llevarse todo por delante, seguramente la discusión que se levantó a raíz del contrato que perdió Techint la semana pasada no hubiera escalado en la forma en que ocurrió.

Marco Lavagna decidió renunciar hace un mes, cuando se enteró de que Milei había descartado los cambios en las mediciones del Indec; no tiene nada que ver con Paolo Rocca, pero los unió el matiz autoritario cada vez más marcado en el Presidente.

Cada vez que en Argentina se insinúa la posibilidad de abrir la economía, el reflejo es casi automático: aparece el fantasma del “industricidio”.

A dos años de gestión, el experimento del Presidente muestra menos ruptura de lo prometido y más continuidad de lo esperado: ajuste macroeconómico, pragmatismo político y una revolución cultural que por ahora no ocurrió.

El sable corvo de San Martín

Además de no existir ninguna razón valedera para el traslado de la reliquia, ningún gobernante debería decidir sobre símbolos que son ancla fundante de nuestra Nación.

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