La relación con las provincias está en un punto crítico. Los gobernadores avanzan con sus proyectos para modificar el manejo de los ATN y la distribución de un impuesto. Y el punto es si se abre después un espacio de negociación. Pesan el cronograma electoral y la economía

La niebla le ahorró al Gobierno una foto deslucida en Tucumán. Con base en los informes sobre las malas condiciones climáticas, Javier Milei suspendió el viaje para la celebración del 9 de Julio, una convocatoria que iba camino a exponer el crítico momento de las relaciones entre Olivos y los gobernadores: sólo un puñado de ellos -cuatro, en el mejor de los casos- dejaba trascender su predisposición a compartir la ceremonia con el Presidente. Un breve alivio, porque los jefes provinciales ya corrieron el foco al Senado, donde apuestan a avanzar con una potente demostración de su reclamo de fondos al poder central. Si los números dan, será este jueves. Después se vería el margen para reactivar negociaciones.

Esas iniciativas fueron formalizadas en la Cámara alta por los jefes de bloque de todos los espacios políticos que cuentan con gobernadores: dialoguistas, opositores duros, provinciales. Firmaron UxP, la UCR, el PRO y diversos bloques con terminal en alguna provincia. Los proyectos impulsan una reconsideración de la distribución de ATN y cambios en el Impuesto a los Combustibles Líquidos. El referido informe sostiene que el cuadro de las provincias es realmente grave: dice que “la caída de recursos fiscales sólo es comparable a la ocurrida durante la pandemia del covid”.

El núcleo, de todos modos, apunta a desarmar el discurso del Gobierno en este terreno, es decir, el rechazo a cualquier iniciativa que, en su lógica, atente contra el equilibrio fiscal. El informe sostiene que el “costo fiscal” de los dos proyectos sería del 0,11% del PBI. Algunos gobernadores sostienen que ni siquiera es ese el costo, porque se trata de fondos que ya pertenecen a las provincias, en el caso de los ATN, y de una reconsideración sobre el impuesto a los combustibles que no debería repercutir negativamente para la Nación.

El mensaje de fondo es claro. Se trataría básicamente de adelantarse a las cargas libertarias. Por un lado, destacaría las cuentas sobre el bajo o inexistente costo fiscal. Y por el otro, en cuanto a combustibles, retomaría una “bandera” de Milei: la eliminación de fideicomisos, para redistribuir tales fondos con base en criterios de Coparticipación federal. En concreto, se trataría de tres, supuestamente para infraestructura hídrica, transporte y redes viales.

El planteo sobre la distribución de ATN va más allá de la queja sobre el manejo discrecional, repetido frente a todas las gestiones presidenciales. Señala que, en realidad, ese fondo es “sistemáticamente subejecutado”, dice que la situación actual de las provincias justifica la consideración como emergencia para girar los aportes y, más aún, destaca que se trata de “recursos pertenecientes a las provincias”.

El proyecto presentado por los gobernadores

El equilibrio entre jefes provinciales de variado origen y diferente juego político frente a Milei se nutre de un malestar compartido por la falta de recursos y de lo que consideran como mínimo un “destrato” del Gobierno. Ese es el dato que explicaría en buena medida la reacción unificada de los gobernadores. Y por eso mismo, es además una prueba en las propias filas, especialmente en el Congreso. Las iniciativas que circulan en medio de cierta parálisis del oficialismo dividen aguas. Y lo que viene pondrá a la vista de todos hasta dónde se sostiene la convivencia de duros y dialoguistas.

El capítulo que concentra la atención de todos es la próxima sesión del Senado. En rigor, la convocatoria para este jueves depende del número que puedan conseguir los espacios opositores y, después, de la capacidad de acuerdo para lograr dos tercios y tratar los temas sin dictamen de comisión. La cuestión, por supuesto, es más que técnica.

Victoria Villarruel, excomulgada por Olivos, mantuvo una reunión con la mayoría de los jefes de bloques, sin resultado formal. Pero, de hecho, alcanzó para sondear la intención de sesionar. Existe esa voluntad, pero no es uniforme. La mayoría de los gobernadores no querría quedar pegada a los proyectos ya sancionados por Diputados sobre jubilaciones y sistema de discapacidad.

Están en discusión los dictámenes sobre esas iniciativas. Los textos sobre ATN y modificaciones al impuesto a los combustibles no pasaron por comisiones. En conjunto, es un interrogante el modo en que podría ser resuelto el tratamiento en el recinto, si se concreta la sesión. En la previa, circulan números que asegurarían el quórum.

El tema, por supuesto, no se agotaría ni siquiera en caso de que sean aprobadas las propuestas de los gobernadores. De hecho, sería una advertencia dura para Milei, pero podría abrirse una etapa de negociaciones antes de que avancen en Diputados. Y será determinante entonces cómo mueve sus piezas el Gobierno y la capacidad de mantener los equilibrios en el conglomerado de jefes provinciales.

Se mezclan finalmente otros dos factores nada desdeñables. Uno, estrictamente electoral, tiene que ver con el creciente clima de campaña y las decisiones de competencia en cada distrito: hay gobernadores, especialmente dialoguistas y provinciales, molestos por los intentos libertarios de disputarles poder territorial. El otro tiene que ver con la economía: no sería una buena señal la prolongación en el tiempo de un clima de crisis entre Olivos y los gobernadores casi como un todo. Tablero completo.

Eduardo Aulicino

A dos meses de una crucial elección en la provincia de Buenos Aires Javier Milei enfrenta problemas graves en el Congreso para avanzar con el programa antiinflacionario. Toda la oposición -incluida la “dialoguista”- intenta dar sanción a proyectos que dinamitarán los fundamentos de la estabilidad.