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Scott Bessent, secretario del Tesoro de los Estados Unidos.
 

El secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessentsuspendió la visita que tenía prevista a la Argentina y que iba a realizarse la próxima semana. 

Lorena Villaverde y Karina MileiMientras Luis Juez asume la defensa pública de senadora electa, la mayoría de los dirigentes libertarios esquivan el tema. Los enojos en su provincia y la pelea con el segundo de la lista, Enzo Fullon.

La situación de Villaverde quedó en suspenso y la actual diputada atraviesa semanas complejas. El 19 de noviembre la Comisión de Asuntos Constitucionales emitió un dictamen de mayoría para impugnar su título por sus antecedentes ligados al narcotráfico y el 28 debía votarse en el recinto si la rionegrina podía asumir o no su banca.

Hasta último momento se creía que la dirigente tenía los votos suficientes para asumir, pero en una reunión de jefes de bloque se decidió que el asunto vuelva a comisión y que sea debatido después del 10 de diciembre, con la nueva composición de las cámaras. El movimiento resultó sorpresivo y dejó en total incertidumbre el futuro de Villaverde.

Quién es la diputada Lorena Villaverde, la otra pata del Narcogate

A Villaverde se la cuestiona por haber estado involucrada en una causa de narcotráfico en Estados Unidos hace 24 años. Los detalles sobre qué pasó nunca quedaron del todo claros. La diputada acusó a la oposición de buscar su proscripción y hasta publicó un video en redes en el que se la veía sometiéndose a un narcotest para probar que no consume estupefacientes. Sin embargo, nunca aclaró fue lo que realmente sucedió. “Fue una investigación sobre personas de su entorno cuando tenía 23 años y nunca pasó nada. Fue todo desechado. Es algo personal de ella”, se limitaron a responder en su entorno cuando explotó el tema.

Según trascendió, en aquel momento la Justicia de Estados Unidos ordenó un allanamiento en una vivienda donde estaba Villaverde y en la que se encontraron 2 kilos de cocaína. Hay una versión extendida que sostiene que la dirigente colaboró con los investigadores y que por ese motivo no hubo condena. El senador Luis Juez fue uno de los pocos que asumió la defensa pública de la dirigente y subrayó que accedió a documentos que prueban que no hay ningún impedimento para que asuma como senadora.

Además de la causa en Estados Unidos, buena parte de la oposición cuestionó también el vínculo entre Villaverde y Claudio “Lechuga” Ciccarelli, el primo de Federico “Fred” Machado, el empresario rionegrino que acaba de ser extraditado a Estados Unidos donde la Justicia lo investiga por narcotráfico. En Río Negro aseguran que son pareja, pero ellos lo desmienten y aseguran ser solo viejos amigos.

Silvia Sapag, de Neuquén, apuntó contra Cicarelli en la reunión de comisión en la que se rechazó el título de Villaverde. Según la senadora, el hombre voló 19 veces con los tramos que reciben los diputados para moverse por el país. “Habrá que investigar. Era un profesor de básquet y ahora resulta que tiene grandes empresas de la nada”, dijo.

Peleas en La Libertad Avanza por Lorena Villaverde y el enojo de los propios en Río Negro

No la vamos a entregar. Entregar a una persona sin que tenga una causa no tiene sentido”, respondió a PERFIL una fuente de LLA que defiende la banca de Villaverde en el Senado. En este sector aseguran que esa es la línea que se bajó desde la cúpula del Gobierno y ponen como ejemplo que Karina Milei se haya sacado una foto con la rionegrina en la sesión del 28.

Hay quienes dicen también que una prueba irrefutable del apoyo a Villaverde es la maniobra que intentó a último momento Patricia Bullrich. El día que se discutió la impugnación en la comisión, la actual ministra solicitó que se impugnaran también las bancas de Martín Soria y Jorge Capitanich. La jugada no resultó. A partir de ahora, como senadora electa, podrá volver a intentar.

Patricia Bullrich tuvo su fiesta de despedida en Casa Rosada antes de llegar al Senado

El senador Juez se convirtió en el defensor público más vehemente de Villaverde. “¿Quién mejor que él, que es abogado penalista?”, contestaron cerca del senador. Al parecer, antes de tomar una posición, pidió a la cúpula libertaria conocer los detalles de la causa y sólo después de estar seguro avanzó.

La gran pregunta que queda en el aire es por qué, si el expediente estadounidense es tan claro, las partes interesadas no lo dan a conocer los documentos a los que accedió Juez. La consulta enoja a quienes respaldan a Villaverde, dicen que el periodismo invierte la carga de la prueba y que una persona no está obligada a defenderse de una acusación sin pruebas.

Juez repite que no hay razones técnicas o jurídicas para que la dirigente no asuma en el Senado. Pero los libertarios que consideran que debe dar un paso al costado plantean la discusión en términos políticos y repiten que son mayoría, pero que simplemente se busca no demostrar debilidad o fisuras. “(En el Gobierno) preferirían que no asuma. Pero van a hacer el intento. Para ello deben conformar la comisión con la nueva composición y ahí tratar el pliego. Veremos si hay prisa por conformarla y hacerla jurar”, contó una persona del oficialismo que camina los pasillos del Congreso.

La dificultad del oficialismo es que hasta que no se resuelva esta situación, el Gobierno tendrá un voto menos en el Senado. Para discutir el Presupuesto 2026 hay margen, ya que cuentan con el apoyo de los gobernadores. En el resto de los temas, cada banca será crucial.

El Gobierno enviará el próximo 9 de diciembre al Congreso el proyecto de Reforma Laboral

Desde este punto de vista, Villaverde en el Senado significa tener “una mancha permanente que el peronismo se va a encargar de recordar en cada sesión. Además, el que la reemplazaría es cercano a Karina y a los Menem”, agregó la misma persona.

El segundo en la lista que encabezó Villaverde es Enzo Fullone, quien se desempeñó como titular de Vialidad en Río Negro hasta que renunció para dedicarse a la campaña. El joven tiene sus propios vínculos con la Casa Rosada y está peleado desde hace meses con la dirigente cuestionada.

La dupla hizo campaña en Río Negro sin ni siquiera cruzar palabra. Tuvieron diferencias de miradas sobre la construcción política de LLA en la provincia y el narcoescándalo puso su granito de arena para alimentar la distancia.

Cuando cobró relevancia la historia de la cocaína en Estados Unidos y el vínculo de Villaverde con Machado, se instaló que Fullone era el hijastro de Fred Machado. “Nunca hablé ni tuve ningún tipo de vínculo con él”, respondió entonces a la prensa. Además, negó que su madre conociera al empresario. Todo el asunto genera más que incomodidad entre los libertarios rionegrinos: “Esta es una sociedad chica y nos conocemos todos”, aseguró un dirigente que rechaza “quedar pegado” a esta historia.

Aunque la mayor parte de su carrera fue en el sector privado, según publicó ADNSURFullone fue asesor de la senadora Sapag, una de las voces más críticas contra Villaverde y quien dio a conocer el dato de los vuelos oficiales de Ciccarelli. En el entorno del dirigente niegan que haya existido un vínculo político y aseguran que el joven solo aprovechó una oportunidad laboral. Su trabajó consistió en la elaboración de un informe técnico sobre Vaca Muerta.

En el seminario que realizó LLA el domingo en Mar del Plata se supo que Karina Milei avanza con la creación de un comité de disciplina. El objetivo es evitar las internas que tanto daño le hicieron al espacio durante la campaña. La tensión por el caso Villaverde hace pensar que, por ahora, es solo una fantasía de la hermana del presidente.

Fuente: https://www.perfil.com/noticias/politica/la-interna-de-lla-por-lorena-villaverde-el-temor-a-la-mancha-permanente-y-la-incomodidad-de-los-propios.phtml

LA NACION tuvo acceso al listado que entregó la DGI ante la Justicia; son más de 250 personas jurídicas y aparecen varios clubes; los casos de los “soldaditos” con mayores transferencias

"La Santa Sede apoya públicamente la proposición de una solución de dos Estados desde hace varios años. Sabemos todos que Israel sigue sin aceptarla. Pero nosotros la consideramos como la única solución capaz de resolver el conflicto actual", declaró el Papa León XIV.

Papa León XIV en el Líbano 30112025
Visita del Papa León XIV en el Líbano 30112025 | AFP

El Papa León XIV argumentó este domingo que la creación de un Estado palestino es "la única solución" al conflicto en Oriente Medio, "pero Israel todavía no lo acepta".

"Todos sabemos que, por el momento, Israel todavía no acepta esta solución, pero la consideramos la única posible", apuntó el Papa en declaraciones a la prensa durante su viaje desde Turquía a Líbano, donde se encuentra de visita.

"También somos amigos de Israel y buscamos desempeñar un papel mediador entre ambas partes para ayudarles a encontrar una solución justa para todos", explicó León XIV en italiano. Por primera vez desde su elección en mayo, el papa estadounidense dio una conferencia de prensa a bordo del avión papal, tradición observada por sus antecesores.

La Santa Sede reconoce desde 2015 el Estado de Palestina y apoya la solución de dos Estados. Desde su elección en mayo, León XIV expresó su solidaridad con "la tierra martirizada" de Gaza y denunció el desplazamiento forzado de palestinos.

Al aterrizar en Líbano, el Papa brindó un mensaje de paz y "reconciliación", y un llamado a los ciudadanos a "quedarse" en su país, pese a la crisis endémica y la difícil recuperación tras la guerra con Israel. "Hay veces que es más fácil huir o simplemente resulta más práctico irse a otro lado. Hace falta verdadero valor y visión de futuro para quedarse o para volver a su país", declaró León XIV.

Además, confirmó que trató los conflictos de Ucrania y de Palestina con el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, y subrayó que Turquía tiene "un papel importante que desempeñar" en ambos contenciosos. En ese sentido, destacó que el Gobierno de Erdogan ya ha ayudado a facilitar contactos a bajo nivel entre Rusia y Ucrania para intentar poner fin a la guerra.

Egipto forma a cientos de palestinos para una futura policía en Gaza

Egipto está formando a cientos de policías palestinos para que, una vez finalizada la guerra, se integren en una fuerza de seguridad en la Franja de Gaza, informó a la AFP un responsable palestino.

La puesta en marcha de un plan de formación para 5.000 policías palestinos fue anunciada en agosto por el ministro de Exteriores egipcio, Badr Abdelatty, durante un encuentro con el primer ministro palestino, Mohammad Mustafa.

Las primeras sesiones de formación, que duran dos meses, se llevaron a cabo en marzo en El Cairo para más de 500 agentes. Desde septiembre se han reanudado para cientos de participantes más, indicó el responsable palestino, que habló bajo condición de anonimato.

"Queremos un cese permanente de la guerra (...) y estamos deseosos de servir a nuestro país y a nuestros conciudadanos", declaró a la AFP un policía palestino de 26 años, que se mostró "muy contento" de haber participado.

El objetivo es tener una fuerza de seguridad "independiente, leal únicamente a Palestina y que no esté sometida a alianzas u objetivos externos".

Fuente: https://www.perfil.com/noticias/internacional/el-papa-defiende-la-creacion-de-un-estado-palestino-como-unica-solucion-al-conflicto-con-israel.phtml

La cámara que nuclea a fabricantes y distribuidores llevó el caso a la Justicia y advirtió que la falta de controles habilitó operadores clandestinos y pone en riesgo miles de empleos. Además, presentó denuncias por ventas irregulares en municipios bonaerenses y de Corrientes. La desregulación del mercado del gas del gobierno de Milei dejó una estela que ya no se discute solo en términos económicos.

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Garrafas. El 47% las usa pero sólo hay siete inspectores para realizar los controles totales.

La alarma llegó a la Justicia de la mano de la Cámara Federal Argentina de Fabricantes, Distribuidores e Industrializadores del Gas Licuado y sus Componentes (Cafadigas), que reúne a buena parte de la cadena formal y que preside Darío Simonetti. “Modificaron la ley para darle más competitividad al negocio y que ingresen nuevos actores, pero el efecto fue adverso”, sostuvo el titular de la Cámara en diálogo con PERFIL.

En una acción declarativa de inconstitucionalidad, la entidad sostiene que el decreto desarmó de un día para el otro los mecanismos de control que regían sobre un producto inflamable y esencial para millones de hogares sin gas por red, y que el vacío regulatorio habilitó un “descontrol” que habilita posibles accidentes, un escenario que ya se ve en territorio.

A la par de la presentación judicial, la Cámara empezó a documentar un mapa de irregularidades que se extiende por el Gran Buenos Aires conurbano bonaerense, el interior provincial y otras jurisdicciones como la provincia de Corrientes. En cada expediente se repite una escena parecida: garrafas vencidas, cilindros sin trazabilidad, acopios improvisados en viviendas particulares y operadores que ingresaron al negocio sin matrícula ni inspecciones técnicas.

 

El contexto sensibiliza mucho más el tema: el viernes 14 de noviembre una impactante explosión en un parque industrial en Ezeiza provocó un incendio que afectó varias plantas y produjo un incendio de gran magnitud que afectó varias plantas en el llamado “Polígono Industrial Spegazzini”.

“El 47% usa garrafa, el resto Gas Natural. Un auditor de seguridad e higiene nos dijo que para Gas Natural hay cuatro mil inspectores. Para la Garrafa, no llegan a 7. ¿Quién controla? ¿Quién controla la venta a clandestinos? El peligro es ese, hacia la población. No es sólo que explote una casa, hay desgracias terribles, pero ¿vamos a esperar a eso para legislar?”, manifestó Simonetti.

Del DNU al descontrol. Hasta la firma del DNU 446/25 y la Resolución 833/2023, que alteran el sector y modifican la Ley 26.020, que estableció el régimen regulatorio de la industria y comercialización del gas licuado de petróleo, la actividad del gas licuado envasado estaba atravesada por un entramado de resoluciones técnicas, registros, inspecciones periódicas y estándares de seguridad que alcanzaban a toda la cadena: fabricantes de envases, plantas fraccionadoras, depósitos, flotas de transporte y bocas de expendio. Esos requisitos implicaban costos adicionales, pero también definían un piso mínimo de seguridad sobre cómo se llenaba, se almacenaba y se distribuía un producto inflamable.

Con la desregulación, buena parte de esa arquitectura quedó desdibujada. El decreto buscó “liberar” el sector y habilitar la competencia plena, en una línea coherente con otras medidas de la gestión Milei. En la práctica, Cafadigas sostiene que ese movimiento dejó un hueco que el Estado no reemplazó con ningún sistema alternativo y que la ausencia de controles fue rápidamente ocupada por operadores informales.

En la Cámara remarcan que el gas envasado no funciona como un mercado de bienes comunes, porque combina un insumo estratégico para los sectores más vulnerables con un producto que exige protocolos de seguridad estrictos. “No es lo mismo vender gaseosas que vender garrafas”, apuntan en el sector cada vez que explican por qué consideran que el decreto fue una “desregulación a ciegas”.

La propia presentación judicial subraya que el Estado renunció a su rol de fiscalizador en un ámbito que, por su naturaleza, requiere intervención: autorizaciones, auditorías, revisiones de válvulas, pruebas hidráulicas periódicas, control sobre depósitos y transporte de cargas peligrosas. Sin ese entramado, advierten, se abrió la puerta a que cualquiera pueda comprar y revender garrafas sin acreditar conocimientos técnicos ni condiciones mínimas de seguridad.

La amenaza de dumping. Frente a ese escenario, Cafadigas decidió plantear el conflicto en sede judicial. La acción declarativa de inconstitucionalidad presentada por la Cámara apunta directamente contra el DNU que desreguló el gas envasado y pide que la Justicia declare inválidas aquellas disposiciones que desmantelaron el sistema de control sobre la actividad.

La argumentación tiene varios niveles. El primero es jurídico: la entidad sostiene que el decreto avanzó sobre materias que deberían ser discutidas por el Congreso y que tocó un área que exige un tratamiento legislativo específico. El segundo es técnico: el escrito enumera normas, resoluciones e instructivos que fijaban estándares mínimos y que, tras el DNU, perdieron vigencia o quedaron en un limbo.

La Cámara advierte que, al liberar por completo la actividad y desactivar el control sobre los operadores, el Gobierno generó condiciones de competencia desleal entre las empresas que siguen cumpliendo con exigencias técnicas y los nuevos actores que operan sin esos costos. En los hechos, se configuró un escenario de dumping interno: fraccionadoras que venden a distribuidores informales a precio de dumping y que estos a su vez venden más barato porque no pagan habilitaciones, no realizan inspecciones periódicas, no mantienen flotas reglamentadas y no invierten en depósitos seguros.

La industria calcula que la continuidad del esquema podría derivar en el cierre de plantas fraccionadoras y centros de almacenamiento, con un impacto directo sobre el empleo formal. En Cafadigas estiman que unos 3.500 puestos de trabajo directos vinculados a la cadena del gas licuado podrían verse comprometidos si se consolida la competencia de operadores clandestinos.

“El dumping es que queden dos o tres empresas manejando el mercado y después cobran lo que quieren ¿Como competis? Poniendo más empresas que produzcan. Acá es lo contrario. Donde no hay competencia, los precios siempre son altísimos. El estado debe fijar los precios mínimos y máximos para garantizar la seguridad”, precisó el titular de Cafadigas.

Depósitos truchos y garrafas vencidas. La dimensión territorial del problema se ve con nitidez en el paquete de denuncias que Cafadigas impulsó en municipios de la provincia de Buenos Aires y en Corrientes. Cada expediente reúne actas, fotos e informes elaborados por áreas locales de Inspección, Defensa Civil o Seguridad, y todos coinciden en un punto: después del DNU, aumentó la presencia de operadores que no figuran en los registros formales.

En el conurbano bonaerense, los focos se multiplican. En Moreno, por ejemplo, los inspectores encontraron un punto de venta que operaba en la planta baja de una vivienda, con decenas de garrafas almacenadas junto a materiales combustibles y sin ventilación adecuada. Las garrafas no tenían respaldo de documentación ni certificaciones visibles. En San Miguel, se detectaron camionetas que transportaban cilindros sin ninguna identificación, sin matafuegos y sin habilitación para llevar cargas peligrosas.

En Tigre, la denuncia de la Cámara describe un depósito “camuflado” en una zona residencial, donde se acopiaban más de un centenar de envases en un espacio sin salidas de emergencia ni sistemas antiincendios. En Navarro y Roque Pérez, los informes hablan de comercios que comenzaron a vender garrafas sin haber sido nunca parte del circuito formal, con cilindros de origen desconocido y sin control de pesaje al público.

En el interior bonaerense la escena se repite. En Junín, los inspectores secuestraron garrafas que llevaban más de diez años sin revalidación y sin constancia de pruebas hidráulicas. En Cañuelas, se detectó el uso de un galpón industrial como depósito clandestino de gas envasado, sin habilitación específica para ese fin. En Baradero, las fotos muestran filas de garrafas con signos de corrosión, pintura descascarada y válvulas dañadas a la espera de ser comercializadas.

El mapa se completa con denuncias en Corrientes, donde se señaló la irrupción de distribuidores no habilitados que ingresan garrafas sin documentación, al margen de los circuitos formales.

La defensa del gobierno de la desregulación. La presentación judicial de Cafadigas y el mapa de denuncias municipales abrieron un nuevo capítulo en la discusión sobre la desregulación. Hasta aquí, el Gobierno defendió el DNU bajo el argumento de que la competencia tiende a mejorar precios y eficiencia. Así lo manifestaron a PERFIL, desde Casa Rosada, mientras que desde la Secretaría de Energía negaron los riesgos desatados por la desregulación.

La Cámara, en cambio, plantea que el gas envasado no puede ser tratado como un rubro más del comercio minorista, porque involucra seguridad pública, protección de los usuarios y responsabilidad estatal.

Fuente: https://www.perfil.com/noticias/politica/depositos-clandestinos-y-garrafas-vencidas-la-desregulacion-del-gas-desato-el-descontrol.phtml

Los despidos y suspensiones en el sector privado de los últimos días estimulan la que se volvió una de las principales preocupaciones de los argentinos.

 

Por la apertura y la caída del consumo, Whirlpool cerró su fábrica de Pilar y dejó sin trabajo a 200 personas. 

El gobierno de Javier Milei ganó las elecciones legislativas apalancado, coinciden los análisis, en un factor esencial: la reducción de la inflación. La sensación de estabilidad que generó el control de la inercia inflacionaria previa a la llegada del libertario al poder habría sido el gran capital con el que el oficialismo, dicho a grosso modo, pintó "el país de violeta". Esa estabilidad, que aún debe consolidarse (la inflación mensual no baja del 2%, una cifra muy alta para los promedios internacionales), se volvió algo tan preciado para los electores que -también coinciden los analistas- éstos temieron que pudiera perderse si LLA era derrotada el 26-O y, por ejemplo, el dólar multiplicara su valor al día siguiente y licuara sus ingresos. Ese miedo también habría motorizado el apoyo electoral del oficialismo.

La inflación fue durante años la principal preocupación ciudadana en un contexto en el que cada vez era más difícil que los salarios siquiera le empataran a la suba de precios. Sin embargo, al momento de ir a las urnas el 26/10 último, ese mal económico ya había retrocedido bastante en la consideración pública. Si se toma la serie histórica de la encuesta que realiza periódicamente la Universidad de San Andrés (UdeSA), se puede observar que al iniciar Milei su mandato cerca del 60% de los consultados identificaba a la inflación como el principal problema, muy por encima del resto de las opciones. En la medición de septiembre, previa a los comicios de medio término, esa cifra se redujo en torno al 15%, número que se consolidó en la encuesta de noviembre.

Principales problemas del país, según la encuesta de UdeSA.

Pero ese retroceso tuvo como contracara la suba de otras problemáticas, entre las que se destaca el desempleo. De acuerdo a la encuesta de UdeSA, cuando Milei asumió la falta de trabajo era una inquietud para el 15% de los consultados. Desde entonces comenzó un ascenso, con altibajos, que llevó hasta los niveles más altos en lo que va de gestión libertaria, en torno al 30%. Es decir, desde que Milei es Presidente la preocupación por el desempleo se duplicó. Esa tendencia al alza es confirmada en la última encuesta de Pulso Research, de octubre. En esa serie histórica se ve que el desempleo o la falta de trabajo era en enero de 2024 el principal problema para el 2,5% de los consultados. Desde entonces, se aprecia una suba casi constante hasta el 16,8% registrado en octubre.

Ese temor que reflejan las encuestas podría estimularse a la luz de noticias recientes que involucran a fábricas privadas que cierran y dejan a cientos de trabajadores despedidos. O los suspenden si con mejor suerte bajaron su producción pero no sus persianas. El caso emblemático de los últimos días fue el de Whirlpool, que cerró de forma sorpresiva la planta en la que fabricaba lavarropas en Pilar y despidió 220 empleados. Lo paradigmático es que esa planta había sido abierta en 2021 y tenía como objetivo la exportación del 70% de su producción. La compañía alegó que se le volvió inviable exportar a un precio competitivo por los altos costos de producción y, en el terreno local, tampoco podían sostener su posición frente a la apertura de importaciones en un contexto de caída del consumo.

Así se retiraban los trabajadores despedidos de la planta de Whirlpool en Pilar, inaugurada en 2022.

La empresa argumentó un desplome en las ventas y un aumento de las importaciones, dejando a 220 trabajadores en la calle.

El empleo la caída no discrimina entre "ganadores" y "perdedores". "Todos los sectores están peor que al inicio del período", destaca el informe de Invecq. La contracción general es de 2% en relación al nivel de noviembre de 2023, pero -claro- el golpe tiene mayor impacto entre los "perdedores" (-3%) que entre los "ganadores" (-1%). "Esta tendencia subraya que, aunque la actividad en los sectores ganadores ha crecido sustancialmente, su capacidad de absorción de mano de obra registrada es limitada o se ha estancado", concluye el informe de la consultora de Esteban Domecq.

Fuente: Invecq.

Un estudio de la UBA, por su parte, reveló que desde noviembre de 2023 se perdieron 224 mil puestos de trabajo formales. Sólo en agosto se destruyeron 33 mil empleos registrados, según la medición interanual, agrega. De acuerdo al mismo informe, "desde fines de 2023 se observa una fuerte reducción del empleo formal asalariado total durante el primer semestre de 2024, cierto estancamiento desde allí hasta el primer trimestre de este año y caídas posteriores". El CEPA, un centro de estudios ligado al kirchnerismo, hace un zoom sobre la provincia de Buenos Aires, el distrito más poblado del país, y detecta que entre noviembre de 2023 y agosto de 2025 hubo se redujeron 4.660 la cantidad de empleadores, mientras que los puestos de trabajo que se destruyeron en ese lapso fueron unos 90 mil, con la industria manufacturera y la industria como los sectores más afectados.

En ese contexto, el Gobierno envía al Congreso su proyecto de reforma laboral con el objetivo de reducir los costos de producción y facilitar la contratación de empleados. El contenido iba a ser debatido en la última reunión del Consejo de Mayo -un órgano consultivo para diseñar reformas- pero la CGT denunció que no había contenido que discutir y que sólo se presentaron títulos. Entre los temas que preocupan a la central gremial están la cuota solidaria y la ultraactividad de los convenios colectivos de trabajo. La Casa Rosada dejó trascender que el texto llegará al parlamento el 09/10 para ser tratada en sesiones extraordinarias ya con la nueva composición de las Cámaras con la que el oficialismo tendrá una posición de mayor fortaleza, incluso podría ser primera minoría en Diputados.

Carlos Menem logró su reelección gracias a la estabilidad y la recuperación económica que había logrado con la convertibilidad. 'Voto cuota' se le llamó entonces. Pero pronto su popularidad empezó a menguar producto del creciente desempleo, que para el final de su mandato rondaba la cifra inédita del 20%. Menem perdió las elecciones intermedias de 1997 y se frustró su sueño de la re-re. Como presidente, Javier Milei acaba de sortear su primer test electoral. Para probar suerte con la reelección faltan 2 años y para conseguirla necesitará mostrar resultados económicos superadores a los que le dio la victoria el 26-O . El empleo será un elemento clave. La preocupación ya está instalada entre los argentinos, que, ante los >amenaza es real. }

Fuente: https://mail.google.com/mail/u/0/?tab=Cm0#inbox/FMfcgzQdzcpPgtGQmxQtdcxXlSpMxBrR

Sergio Mastropietro, el mencionado por el fiscal Picardi como dueño de Baires Fly.
 

El juez federal Sebastián Casanello ordenó que se investigue cómo el empresario  Sergio Mastropietro.–con nexos con Fred Machado e involucrado en la causa ANDIS– logró eludir los controles de Migraciones y la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) en el  Aeroparque Metropolitano para evitar que le secuestraran su celular.

Ahora Casanello presentó una denuncia penal para saber cómo Mastropietro logró evadir los controles a pesar de que había una orden judicial para que entregue su celular al regreso al país en un vuelo privado desde los Estados Unidos, tal como informó elDiarioAR el pasado 23 de noviembre.

Según la denuncia del juez, el empresario respondió que no tenía su teléfono encima cuando los funcionarios de PSA le solicitaron que lo entregase. Sin embargo, el celular fue activado apenas salió de Aeroparque.

Para fiscal Franco Picardi, a cargo de la investigación de la causa por sobornos en la Agencia de Discapacidad,  Mastropietro es uno de los presuntos receptores de fondos originados en las coimas en torno a la ANDIS. Según Picardi, las empresas Baires Fly y Baires Jets habrían actuado de pantalla para blanquear los fondos desviados por los sobreprecios en las licitaciones manipuladas de ANDIS. En su dictamen, el fiscal da por hecho que Baires Fly pertenece a Mastropietro, un empresario con un largo recorrido en el mundo de la aviación.

Pero además, Mastropietro compartió negocios con Federico “Fred” Machado –el sospechado de narco que financió a José Luis Espert– y fue presidente de Avian, la fallida empresa creada a partir de la compra de MacAir, de la familia Macri, en 2018.

El nombre de Mastropietro figura en los registros del Bank of America como uno de los cientos que utilizaron el fideicomiso de Machado, según el expediente que tramita en un tribunal de Texas. Operó más de US$800.000 a través de ese vehículo y es además quien conectó a Machado con Espert a fines de febrero de 2019, junto a su conocido Pablo Deluca, ejecutivo de Infobae.

Fuente: https://www.eldiarioar.com/politica/casanello-denuncio-migraciones-psa-no-haber-incautado-celular-empresario-involucrado-causa-andis_1_12806425.amp.html

La defensa del estadounidense detalló en Nueva York que montaron el “trust” lejos de la Argentina y de Estados Unidos