El empresario argentino, que contribuyó a la campaña presidencial del exdiputado liberal en 2019, evitó de este modo la acusación por narcotráfico; será sentenciado en Estados Unidos.

Mientras el máximo tribunal evita una definición inmediata sobre la Ley de Financiamiento Universitario, el Gobierno apuesta al reloj judicial para aliviar la presión sobre las cuentas públicas. En el Ejecutivo calculan que cada mes sin fallo definitivo implica un ahorro de unos US$ 117 millones y permite sostener la meta de superávit de 1,4% del PBI comprometida con el FMI. Las universidades ya obtuvieron fallos favorables en primera y segunda instancia, pero la Casa Rosada confía en que la resolución final llegue recién en el segundo semestre y reduzca el costo fiscal de aplicar la norma.

Carlos Migueles se presentó con un escrito y rechazó haber participado de la operatoria, a pesar de lo que reveló el peritaje de su teléfono.

El máximo tribunal consideró que no están dados los requisitos para entender en el caso judicial antes de que se expidan las instancias inferiores.