Internacionales
El plan incluye levantamiento de sanciones por Washington y Bruselas, liberación inmediata de presos políticos, creación de un Consejo de Estado que asumiría el poder ejecutivo y elecciones en un plazo de seis a doce meses.
El plan de Estados Unidos para la transición demócratica en Venezuela, presentado este martes por el Departamento de Estado, incluye el levantamiento de sanciones a miembros del chavismo, la liberación inmediata de presos políticos, la salida de fuerzas extranjeras del país (en clara alusión a las cubanas), la elección por el Parlamento de nuevos miembros del Consejo Nacional Electoral y la creación de un Consejo de Estado con participación de las principales fuerzas políticas que asumiría el poder ejecutivo del país, entre otras medidas.
El mencionado Consejo de Estado fijaría fecha para la celebración de forma simultánea de las elecciones a la presidencia y a la Asamblea Nacional en un plazo de 6 a 12 meses.
El llamado Marco para la Transición Democrática en Venezuela consta de trece puntos y dos garantías. A continuación, ABC reproduce el texto completo del documento:
Texto del Marco para la Transición Democrática
1. Pleno retorno de todos los miembros de la Asamblea Nacional (AN); el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) retira la orden de desacato y restaura todos los poderes de la AN, incluyendo las inmunidades de los diputados; se disuelve la Asamblea Nacional Constituyente (ANC). Los Estados Unidos retiran las sanciones aplicadas a miembros de la ANC por su pertenencia a la ANC.
2. Se liberan de inmediato todos los presos políticos.
3. Todas las fuerzas de seguridad extranjeras salen de inmediato a menos que se les autorice su permanencia a través de ¾ de los votos de la AN.
«Todas las fuerzas de seguridad extranjera salen de inmediato a menos que se les autorice su permanencia a través de ¾ de los votos de la Asamblea Nacional»
4. La AN elige a nuevos miembros del Consejo Nacional Electoral (CNE) y del TSJ que sean aceptables para todos los partidos o coaliciones de partidos que representen el 25% o más de los miembros de la AN. (Esto otorgaría poder de veto tanto al PSUV como a la coalición multipartidista de Guaidó respecto a personal para cualquiera de estos cargos.) Una vez se elija un nuevo CNE y TSJ, los Estados Unidos retiran las sanciones impuestas a exmiembros del CNE y del TSJ por su pertenencia a esos organismos.
5. La AN aprueba una ley de un «Consejo de Estado», que crea un Consejo de Estado que se convierte en el poder ejecutivo. Cada partido o coalición de partidos con un 25% de miembros de la AN escoge a dos miembros del Consejo de Estado, siendo uno de ellos forzosamente gobernador de un estado. A continuación, los cuatro miembros del Consejo de Estado escogen a un quinto miembro que será el secretario general y que se desempeñará como Presidente Interino hasta que haya elecciones y a quien no se le permite presentarse como candidato a la elección a la presidencia. Los miembros del Consejo no podrán ser miembros de la AN ni del TSJ. Las decisiones que el Consejo de Estado tome serán por mayoría de votos. Un miembro de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) se desempeñará como asesor militar del Consejo de Estado.
«Una ley crea un "Consejo de Estado" que se convierte en el poder ejecutivo»
6. Todas las facultades conferidas al presidente por la constitución serán conferidas exclusivamente al Consejo de Estado. Los Estados Unidos y la Unión Europea retirarán las sanciones a quienes se habían atribuido facultades presidenciales, y que les fueron impuestas debido a los cargos que habían ocupado, una vez el Consejo de Estado esté operativo y esas personas renuncien a cualquier otra pretensión de ocupar cargos ejecutivos y acepten al Consejo de Estado como poder ejecutivo único.
7. Una vez se establezca el Consejo de Estado y las fuerzas de seguridad hayan partido (a menos que se aprueben con ¾ de los votos de la AN), quedarán suspendidas las sanciones que los Estados Unidos aplicaron al Gobierno de Venezuela, a Petróleos de Venezuela, S.A. y al sector petrolero.
8. El Consejo de Estado nombra un nuevo gabinete. Los Estados Unidos retiran las sanciones a ex miembros del gabinete que les fueron impuestas por desempeñar sus cargos anteriores. Los Estados Unidos también retiran las sanciones a miembros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana que les fueron impuestas por el cargo que desempeñan en el organismo.
9. La comunidad internacional brinda apoyo humanitario, electoral, económico y de gobernanza, desarrollo y seguridad, con un enfoque inicial especial en el sistema de atención médica y en el suministro de agua y electricidad. Todos los ciudadanos venezolanos deben tener el mismo acceso a los programas de bienestar social actuales, que ahora recibirán apoyo complementario internacional. Se inician negociaciones con el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Interamericano de Desarrollo respecto a los principales programas de apoyo.
10. Se establece una Comisión de la Verdad y la Reconciliación con el objetivo de investigar actos de violencia graves ocurridos desde 1999, y esta informa a la nación sobre las responsabilidades de los autores y la rehabilitación de las víctimas y sus familias. La Comisión cuenta con cinco miembros que el Secretario General de las Naciones Unidas nombra con el consentimiento del Consejo de Estado. La AN adopta una ley de amnistía de conformidad con las obligaciones internacionales de Venezuela, que cubre todos los delitos de carácter político desde 1999, excepto los crímenes de lesa humanidad. Argentina, Canadá, Colombia, Chile, Paraguay y Perú retiran su apoyo a la remisión a la Corte Penal Internacional.
«El Consejo de Estado establece una fecha para celebrar elecciones simultáneas a la presidencia y a la AN en u plazo de 6 a 12 meses»
11. El Consejo de Estado establece una fecha para celebrar las elecciones simultáneas a la presidencia y a la AN en un plazo de 6 a 12 meses. Cualquier ciudadano venezolano apto conforme a la Constitución de 1999 puede presentarse a las elecciones.
12. Se celebran las elecciones a la presidencia y a la AN. Se retiran todas las sanciones de los Estados Unidos restantes con el consenso de los observadores internacionales de que las elecciones fueron libres e imparciales.
13. Se establece una comisión bipartidista en la AN para formular soluciones a largo plazo con el fin de rehabilitar la economía y refinanciar la deuda.
Garantías
1. El alto mando militar (Ministro del Poder Popular para la Defensa, el viceministro de la Defensa, el Comandante del Comando Estratégico Operacional (CEOFANB) y los otros comandantes) se mantiene durante la vigencia del gobierno de transición.
2. Las autoridades estatales o locales se mantienen durante el periodo de transición.
David Alandete
La Unión Europea libra un pulso existencial contra el nacionalismo espoleado por el virus
Bernardo De Miguel
Bruselas intenta apuntalar el multilateralismo pero las disputas internas minan la Unión.
El coronavirus amenaza con acelerar el desmoronamiento del orden internacional nacido en el siglo XX y del que Bruselas se ha convertido en el último bastión. La Unión Europea intenta apuntalar el multilateralismo con iniciativas como las aprobadas este martes (primera ayuda humanitaria a Irán y operación naval para frenar la guerra de Libia).
Pero el cierre generalizado de fronteras y el repliegue nacional, incluso dentro de la UE, ha reforzado las tendencias unilaterales alimentadas desde la Casa Blanca por Donald Trump y secundadas con entusiasmo, por diferentes motivos, desde Londres a Moscú.
La UE había resistido hasta ahora con grandes dificultades los embates de una Administración Trump que desde su llegada al poder en 2017 ha logrado poner en duda el futuro de la OTAN, ha condenado a la parálisis a la Organización Mundial de Comercio, se ha desmarcado de la lucha mundial contra el cambio climático y ha puesto al borde del colapso el acuerdo internacional para evitar la nuclearización de Irán.
Bruselas optó por evitar el choque frontal con Trump y preservar los rescoldos del orden multilateral a la espera de tiempos mejores o de un nuevo inquilino en la Casa Blanca. El plan pasaba, al mismo tiempo, por reforzar las propias estructuras de la UE, aumentar la presencia global del euro (estancada desde su nacimiento hace 20 años) y dotar al club comunitario de unas capacidades de defensa que redujesen la dependencia política, económica y militar de Washington.
Pero la sacudida de la pandemia de la Covid-19 ha sorprendido a la UE sin haber logrado ningún avance significativo en su trayectoria hacia una autonomía geoestratégica. La crisis sanitaria sin precedentes y su temido impacto económico ha provocado, además, una reacción nacionalista en la mayoría de los Estados que pone en duda la capacidad del club comunitario para responder de manera conjunta y multilateral no solo al drama humano y social que recorre el Viejo Continente sino también a los problemas que ya acarreaba el club comunitario.
“Estamos en un momento crítico de la construcción europea”, señaló este martes el ministro francés de Finanzas, Bruno Le Maire. “O Europa se reencuentra con su sentido político y sale reforzada, u olvida su vocación y desaparece”, añadió.
Shada Islam, directora para Europa del centro de estudios Friends of Europe, cree que el reordenamiento global desencadenado por la pandemia ofrece, de hecho, una oportunidad para la Unión Europea. “Países como China, Rusia o Turquía no disponen de la tracción necesaria para liderar un nuevo orden y con EE UU de retirada, se abre un vacío”, apunta Islam.
La Comisión Europea se muestra convencida de que esta crisis, como otras anteriores, ofrece una ocasión para profundizar la integración europea y reforzar su peso en el mundo. “No debemos olvidar que ninguno de los problemas que teníamos antes del virus ha desaparecido”, ha advertido este martes Josep Borrell, alto representante de Política Exterior de la UE. “Algunos de esos problemas crecen y empeoran y debemos seguir prestándoles atención”, ha añadido Borrell al anunciar la puesta en marcha de la operación naval Irini, que pretende frenar las injerencias de Rusia o Turquía en la guerra de Libia.
Como señal de esa intención de mantenerse en la escena global, Europa también ha estrenado este martes el sistema Instex que, por primera vez, permite esquivar el bloqueo de EE UU y enviar ayuda humanitaria a Irán, país muy golpeado por la epidemia.
La Unión también ha retomado sus planes de expansión territorial con la luz verde a la apertura de negociaciones para la adhesión con Albania y Macedonia del Norte (este último país se ha incorporado esta semana a la OTAN).
Pero las señales aparentemente positivas se ven empañadas por la sensación de parálisis e impotencia que la Unión ofrece ante una crisis sanitaria sin precedentes. La bronca de la última cumbre europea sobre la posible respuesta económica a la crisis en ciernes se une a la sensación de desamparo que los países más afectados por la epidemia, como Italia o España, sienten ante la aparente insolidaridad de sus socios comunitarios.
El drama humano golpea a la Unión, además, en un momento delicado, con la primera ruptura del club recién consumada (con la salida del Reino Unido el pasado 31 de enero) y con los presupuestos actuales (2014-2020) a punto de expirar.
La cumbre europea del pasado mes de febrero, la última vez que los líderes europeos pudieron reunirse físicamente, se saldó con un rotundo fracaso en el intento de pactar las nuevas cuentas (2021-2027), lo que deja el club ante el riesgo de afrontar la crisis del coronavirus sin unos presupuestos o a verse abocados a aprobar unos presupuestos de emergencia al menos para el año que viene.
“La UE tiene la tendencia de reconcentrarse en sus propios pequeños problemas cada vez que surge un desafío global”, lamenta Islam. “En estos momentos, la respuesta de la UE debería ser una inspiración para otros lugares del planeta, pero está lejos de serlo por culpa de sus disputas internas”, añade la directora para Europa de Friends of Europe.
GUERRA DE PROPAGANDA
Bruselas cree que la mala imagen de la respuesta europea a la pandemia de la Covid-19 es fruto, en parte, de la guerra de propaganda que libran las diferentes potencias mundiales. “Hay una batalla global por el relato”, avisaba hace unos días el Alto Representante de Política Exterior de la UE, Josep Borrell. El departamento de Borrell, dentro de los análisis sobre campañas de desinformación, ya ha detectado un centenar de oleadas de mensajes que intenta desacreditar a las administraciones europeas y alentar la desconfianza entre la opinión pública europea.
Esas campañas aparecen ligadas a intereses relacionados con Moscú. Pero no solo. China también impulsa su propio relato, basado, según un documento interno de la Comisión, “en el admirable trabajo [de Pekín] en contener el coronavirus” y en “la gratitud que Occidente debería mostrar hacia China por su rápida reacción”. El mensaje subliminal de esa campaña, según Bruselas, es que la fortaleza de un Estado centralizado como el chino “puede ser un activo” en casos como el de la epidemia.
Bernardo de Miguel
Washington se compromete a levantar las sanciones contra el régimen si se llevan a cabo elecciones presidenciales libres y se retiran del país las fuerzas de seguridad extranjeras.
El secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo, ha presentado este martes un plan para la salida de la crisis política de Venezuela.
El “Marco Democrático para Venezuela” que defiende el Gobierno de Donald Trump consiste en que tanto Nicolás Maduro como Juan Guaidó, el presidente interino reconocido por una cincuentena de países, “se hagan a un lado” para que la Asamblea Nacional nombre un Consejo de Gobierno de transición, que se encargue de organizar a unas elecciones presidenciales en los próximo seis a ocho meses.
A su vez, Washington levantará todas las sanciones contra el régimen si las fuerzas de seguridad extranjeras se retiran del país sudamericano. “Esperemos que Maduro tome esta propuesta como algo serio”, sostuvo Pompeo.
El enviado especial para Venezuela del Departamento de Estado, Elliott Abrams, explicó que la caída de los precios del petróleo y el coronavirus “han profundizado” la crisis venezolana, y por eso es necesario poner en marcha el plan, según publicó en una columna de opinión en The Wall Street Journal. Además, aclaró que Estados Unidos "no apoya a ningún partido político en particular” en Venezuela, y que reconocerá los resultados de las elecciones, sin importar la formación que gane.
"Debido a que no se puede confiar en el señor Maduro para organizar los comicios, establecer el Consejo de Estado es un paso esencial”, agregó. También reiteró la necesidad de establecer un nuevo Consejo Nacional Electoral y una nueva Corte Suprema, ambos independientes.
El plan hacia una “transición democrática” presentado por Washington fue coordinado conjuntamente con Guaidó, “el político más popular de Venezuela”, según lo describió Pompeo. La agenda de la propuesta se divide en 14 puntos, en los que se detallan qué sanciones levantará Estados Unidos a medida que se vaya cumpliendo el cronograma.
El primer paso es el retorno de los miembros de la Asamblea Nacional y del Tribunal Supremo de Justicia, devolver la inmunidad de los diputados y disolver la Asamblea Nacional Constituyente. Con esto cumplido, EE UU retirará las sanciones a los miembros de la ANC.
Hace menos de una semana el Gobierno estadounidense presentó una acusación penal contra Maduro, responsabilizándolo de tráfico internacional de drogas. El fiscal general, William Barr, anunció “recompensas por información que pueda llevar a la detención y al arresto” de Maduro y otros miembros destacados del régimen. Washington ofrece 15 millones de dólares a cambio de información sobre el líder chavista, y 10 millones por información que conduzca a la detención de los otros dirigentes chavistas. “Espero que vean esta oportunidad como una salida”, dijo este martes el secretario de Estado.
Venezuela afronta el coronavirus con un sistema sanitario precario, mientras millones no pueden permitirse cumplir la cuarentena decretada por las autoridades porque sus ingresos dependen de la economía informal. La urgencia generada por la pandemia instó a Guaidó a proponer el fin de semana la conformación de un Gobierno de unidad nacional sin la presencia de Maduro.
“Para que sea posible y para que sea sostenible, un Gobierno de emergencia nacional no puede estar conformado sólo por quienes piensan como nosotros. Y tampoco puede estar conformado sólo por nosotros y quienes hoy sostienen a la dictadura; debe ser amplio e incluir a todos los sectores políticos y sociales necesarios para afrontar esta grave emergencia que se nos viene”, dijo.
Washington aclaró que los equipos médicos e insumos no se ven afectados por las sanciones impuestas contra el régimen. Tampoco existe alguna prohibición para mover ayuda humanitaria hacia el país sudamericano. Lo que “no pueden decir que no tienen dinero para alimentar al pueblo cuando siguen comprando armas”, sostuvo Pompeo.
Antonia Laborde
Democracia en cuarentena por coronavirus (EL PAIS - España)
María R. Sahuquillo/Silvia Blanco/Macarena Vidal Liy
Las excepcionales circunstancias de la pandemia amenazan con facilitar la prolongada erosión de libertades y garantías en países con Estados de derecho incipientes o débiles.
La crisis sanitaria y social provocada por la pandemia del coronavirus no tiene precedentes en la historia moderna. La Covid-19 ha causado más de 35.000 muertos en todo el mundo. Y la amenaza para la salud pública ha llevado a un buen número de países a tomar medidas de excepción, restringiendo las libertades individuales fundamentales en un grado también inédito en tiempos de paz. Más de un tercio de la humanidad está confinada.
Desde Italia, España, el Reino Unido a Canadá, Gobiernos de distinto signo han aprobado más poderes para el Estado y más medidas de control a los ciudadanos. En autocracias o en países con democracias frágiles, los líderes están utilizando la pandemia también como una muleta para debilitar las instituciones democráticas y endurecer la vigilancia y la censura o para amortiguar a la oposición; todo sin apenas cortapisas y escudados en el temor al virus. Medidas que, en unos y otros modelos, pueden permanecer cuando la emergencia se disipe, alertan los defensores de los derechos humanos y las libertades civiles.
En Rusia se ha incrementado el uso de la tecnología para el escrutinio masivo y se han aprobado nuevas normas contra las noticias falsas sobre el virus, que podrían derivar en un incremento de la persecución a los medios independientes. Una fórmula que también están aplicando ya Serbia o Turquía. En Hungría, el Gobierno de Viktor Orbán ha ampliado el estado de alarma para gobernar por decreto de forma indefinida, parapetándose en la pandemia.
Y con el argumento de proteger la salud pública, Moldavia o Montenegro han traspasado barreras graves al difundir datos sanitarios de personas infectadas o sospechosas de estarlo. En Israel, el partido del primer ministro, Benjamín Netanyahu, ha empleado la emergencia sanitaria para evitar que la oposición –que ganó la mayoría de escaños en los comicios del 2 de marzo— tome el control de los procedimientos parlamentarios.
“El Estado de emergencia es una situación legal especial que resulta necesaria para afrontar esta crisis, porque permite a los Gobiernos reaccionar con mayor rapidez. Pero es importante que todas las medidas que se adopten sean transparentes, proporcionadas y limitadas en el tiempo y en cuanto a su alcance; y sujetas a algún tipo de supervisión, del Parlamento o de otros organismos legislativos”, señala Zselyke Csaky, directora de investigación para Europa y Eurasia de Freedom House, una organización internacional que vela por las libertades políticas e individuales en todo el mundo.
Pero en países como Rusia, donde esa supervisión y control independiente sobre los poderes el Estado es escasa y débil y la oposición carece de representación parlamentaria, la imposición de más medidas de vigilancia encubierta, escucha de teléfonos, intercepción de mensajes electrónicos o censura pueden suponer un gran riesgo, advierte el abogado especializado en derechos civiles Kiril Koroteyev, del grupo ruso Ágora. “No es un problema nuevo, la sociedad civil ha estado lidiando con ello en Rusia durante más de dos décadas, pero ahora, con la crisis derivada de la Covid-19 se suman nuevos desafíos”, remarca.
La pandemia de coronavirus ha llegado al país euroasiático en un momento político decisivo para el Kremlin. Y así, en medio de las turbulencias mundiales, el presidente ruso, Vladímir Putin, maniobró para garantizarse la opción de permanecer en el poder gracias a una reforma constitucional todavía en marcha y a la que la oposición no ha podido apenas oponerse, debido al virus. Sin decretar todavía cuarentena formal generalizada —salvo en Moscú y otras 16 regiones a partir de ese martes— o pruebas de coronavirus multitudinarias, el Gobierno ruso ha apostado por medidas de corte autoritario-unilateral en la era del Gran Hermano.
De los primeros países en cerrar fronteras ante la crisis y endurecer sus medidas, Rusia presume de que gracias a esa posición de halcón, frente a otras posturas más liberales, está un poco más protegido del virus. Con alrededor de 1.800 de contagiados y una decena de muertos —cifras que han suscitado enormes dudas entre las organizaciones independientes, analistas e incluso de algunos funcionarios cercanos al Kremlin—, el Gabinete de Vladímir Putin está utilizando esta narrativa para defender su visión del mundo frente a lo que considera una fragilidad del globalismo y el desmoronamiento de la unidad Occidental y europea, señala Dmitri Trenin, del Instituto Carnegie de Moscú.
Rusia ha apostado sobre todo por la tecnología autoritaria. En Moscú, está utilizando sus miles de cámaras de videovigilancia con un moderno sistema de reconocimiento facial para atrapar a quien se salte las reglas. También se están trazando los datos del registro de automóviles. Y antes del estallido de la pandemia y del cierre de fronteras, cuando era China la principal y casi única afectada, la policía de la capital rusa y de otras ciudades principales hizo decenas de redadas en hoteles, residencias de estudiantes, apartamentos turísticos y en el transporte público para detectar personas llegadas de China, que debían permanecer autoaisladas.
Además, las autoridades rusas están utilizando los datos que les proporcionan los operadores de telefonía móvil para geolocalizar a los infectados y rastrear a quienes hayan estado en contacto con ellos. Datos con los que el alcalde de la capital, Serguéi Sobianin, reveló este domingo que un tercio de los mayores de 65 años, que por decreto deben quedarse en casa, no han cumplido; algo que les puede suponer multas o hasta penas de cárcel. Las autoridades preparan también un sistema de pases o salvoconductos digitales especiales que algunos colectivos necesitarían para desplazarse.
Ante lo extraordinario de la situación, también la Comisión Europea ha pedido a distintas operadoras de móviles que le proporcionen datos anónimos para evaluar los desplazamientos y elaborar modelos sobre la evolución de los contagios. Una medida que ha encendido el debate sobre el derecho a la privacidad y los riesgos potenciales de una brecha en la protección de esos datos. En Eslovaquia, el nuevo Gobierno, que tomó posesión la semana pasada en medio de la enorme crisis, ha optado por rastrear, de manera temporal, los móviles de quienes sufren la Covid-19 para cerciorarse de que cumplen con la cuarentena.
En Polonia, el Gobierno ha escogido vigilar a quienes llegan del extranjero y deben guardar cuarentena en casa, a través de una aplicación móvil. El usuario tiene que enviar una foto (hay un sistema de reconocimiento facial) y responder a un mensaje del Gobierno. O más allá: en Bélgica, los principales operadores móviles pueden divulgar conversaciones telefónicas si las autoridades lo consideran para rastrear los contactos de las personas infectadas con coronavirus, gracias a una ley para evitar amenazas a la salud pública y la vida de las personas.
“En Europa, países como Italia, Austria o Bélgica están usando estas tecnologías para trazar el movimiento de personas durante la epidemia. En esos casos, la información es anónima, pero es importante asegurarse de que la vigilancia está restringida al momento de crisis. La situación es muy distinta en Israel, donde una nueva medida permite la vigilancia [del teléfono móvil] sin necesidad de una orden judicial, sin supervisión previa. El Estado puede abusar de esta medida, ya que no se sabe cuándo o cómo la están empleando”, ejemplifica Csaky, de Freedom House.
Restricciones e intrusiones que deben velar por que esa información sea anónima y protegida del uso comercial o gubernamental —por ejemplo del uso de las autoridades migratorias o fiscales— y hacerse con transparencia. En Canadá o la UE, estas medidas han generado un intenso debate. Sin embargo, remarca el abogado Koroteyev, en Estados de naturaleza democrática más vulnerable y donde no hay apenas cultura de la privacidad se han implantado sin apenas ruido. Pese a que estas fórmulas podrían no solo abrir una puerta, por ejemplo, a la represión de activistas y opositores, sino también dejar un poso permanente, advierte el jurista ruso, a quien le preocupa también que las autoridades se valgan de esos poderes especiales para usar la hospitalización forzada por razones poco claras, por ejemplo.
En el otro extremo, el uso de la vigilancia considerada intrusiva ha sido una de las claves de la reacción de Corea del Sur. El país, uno de los casos de éxito —al menos por el momento— en la lucha para domar al coronavirus, ha aplicado fórmulas estrictas que combinan pruebas para detectar la infección entre sus 52 millones de habitantes y el uso exhaustivo de la tecnología para rastrear los movimientos de los portadores y las personas de su entorno. Pero con una de las sociedades civiles más robustas de Asia y una sólida normativa legal sobre el uso de esos datos, una gran transparencia ante la población y una sociedad muy concienciada sobre la necesidad de luchar contra las epidemias, han hecho que apenas haya habido debate sobre el impacto de las medidas en las libertades civiles.
También Singapur, un país inicialmente entre los más afectados y con un régimen semi-autocrático, ha recurrido a técnicas tecnológicas de rastreo invasivo. Desde el empleo de detectives y equipos especialmente designados a localizar sospechosos de haberse infectado a videovigilancia. La última, una aplicación de descarga voluntaria, Trace Together (Rastreemos Juntos), con información encriptada y duración limitada, que registra la distancia entre usuarios y la duración de los encuentros. A través de estos métodos, el Gobierno del país de 5,7 millones de habitantes, ha realizado aislamiento selectivo a cerca de 8.000 personas —infectadas o no—. Pero los analistas observan que Acción Popular —que gobierna la isla desde su independencia en 1965—puede salir reforzado si la cesión de extra de libertades —Singapur ocupó el puesto 151 de 180 en el ranking de libertad de prensa de 2019 de Reporteros Sin Fronteras— resulta exitosa y el país evita el cierre total.
La crisis de salud pública provocada por la Covid-19, con más de 700.000 contagiados detectados en todo el mundo, se está convirtiendo también en alimento para los populismos y en una oportunidad para amasar más poder en manos de políticos de corte autoritario. Hungría, miembro de la Unión Europea, es uno de los casos que más alarma ha generado.
Es el caso del primer ministro ultraderechista húngaro, Viktor Orbán, que primero asoció a los extranjeros y migrantes con la propagación del virus. Luego, como muchos otros países, declaró el estado de alarma. Ahora ha logrado que el Parlamento —en el que cuenta con una gran mayoría de dos tercios— dé luz verde a una extensión de esos poderes extraordinarios sin establecer una fecha límite. Básicamente le permitirá gobernar por decreto por tiempo indefinido sin establecer ningún control, tampoco parlamentario, al Ejecutivo.
La Comisión Europea y numerosos organismos internacionales llevan años advirtiendo de la deriva autoritaria de Orbán, que ha ido acaparando poder a costa de socavar el de las instituciones y el de la prensa independiente. En esta década, se ha enfrentado a Bruselas y a los jueces laminando el Estado de derecho amparado en su fuerte mayoría parlamentaria de dos tercios.
Ese afán por eliminar controles a su acción de Gobierno se ve con la emergencia del coronavirus. No solo porque la nueva ley no especifique un límite temporal, sino también por sus efectos en la libertad de prensa, en un país donde lleva años recortándose. El decreto de Orbán contempla penas de hasta cinco años de cárcel para quienes información falsa o distorsionada que “obstruya o evite la protección eficaz” de la población.
En Rusia la medida ya está en vigor —con nuevas multas que pueden suponer hasta 35.000 euros— y las autoridades han exigido a varios medios de comunicación que eliminen publicaciones sobre el coronavirus que su regulador estatal ha considerado información falsa.
Uno de ellos es la radio independiente Eco de Moscú, que se ha visto forzada a eliminar de su web una entrevista con un conocido politólogo y comentarista que dudaba de la cifra oficial de contagiados de la Covid-19 y proporcionaba su propia estimación, mucho mayor. Turquía, Montenegro o Serbia han realizado ya varias detenciones e impuesto multas a personas que publicaron información que provoca “pánico y pone en peligro la seguridad” en las redes sociales.
Para algunos ciudadanos, la gigantesca crisis sanitaria y el temor al virus podrían justificar estas medidas en un momento tan complejo, comenta Rachel Denber, subdirectora de Human Rights Watch para Europa y Asia Central. Pero el riesgo es que estas medidas permanezcan y se normalicen una vez que la situación de alarma haya terminado, dice. Las secuelas en muchos aspectos serán grandes. El escenario que llegue ya no será el mismo que antes de la pandemia que está haciendo zozobrar al mundo.
Las duras medidas de China para luchar contra la propagación del virus le han permitido, al menos aparentemente, poder empezar a cantar victoria. Después de nueve semanas de estricto confinamiento, la provincia de Hubei, el foco inicial de la pandemia, ha comenzado a recuperar la libertad y los once millones de residentes de su capital, Wuhan, verán levantada su cuarentena el próximo día 8. Un éxito que los medios estatales chinos no han dudado en atribuir a su sistema político más autoritario como mejor equipado para responder ante una emergencia de tal calibre.
“Comparando las operaciones de prevención de la epidemia en China y otros países podemos ver claramente la firme ejecución del Gobierno chino”, publicaba el pasado día 9 el periódico Global Times, de corte nacionalista. “Esta capacidad de hacer corresponde a la gobernanza exhaustiva, efectiva y responsable del país, de la que el sistema de rendición de cuentas es una parte muy importante”, sostenía.
Pero el triunfo sobre el virus ha tenido un coste. Un informe de Reporteros Sin Fronteras denunciaba esta semana que la censura y el control de la información que ejerce China contribuyó en las primeras semanas a la expansión de la epidemia. Sin ellos, “los medios chinos habrían informado a la ciudadanía mucho antes de la gravedad de la epidemia de coronavirus, salvando así miles de vidas y evitando, quizás, la actual pandemia”, indica la ONG. Varios médicos que intentaron alertar sobre la situación fueron amonestados. Al menos tres personas que grabaron la situación en los hospitales de Wuhan al comenzar la crisis permanecen en paradero desconocido.
Para controlar el avance de la pandemia, numerosas provincias chinas han creado aplicaciones para el móvil que establecen los movimientos de sus dueños y determinan si han estado en contacto reciente con posibles infectados o en zonas de riesgo, para adjudicarles un código de salud. Si es verde, el usuario está sano. Si está rojo, debe cumplir cuarentena.
Dada la obligación de las empresas tecnológicas de compartir datos con el Gobierno chino, el uso de estas aplicaciones, y lo que ocurra con ellas tras la pandemia, ha suscitado temores de que sirvan para acrecentar el control de Pekín sobre su población.
Con información de Paloma Almoguera desde Singapur.
María R. Sahuquillo/Silvia Blanco/Macarena Vidal Liy
La primavera sudamericana durante el segundo semestre de 2019 sorprendió a muchos analistas políticos. La pandemia mundial 2020, otro tanto. Resulta importante analizar entonces el duro impacto que el COVID-19 puede tener sobre una región convulsionada política, social y económicamente.
Repasemos los tres factores comunes desencadenantes más importantes, con diferentes matices, en Ecuador, Chile, Perú, Colombia y Bolivia, los que sin dudas podrían haberse replicado en cualquiera de los otros cinco países de Sudamérica (se exceptúa a Guyana y Surinam).
La desigualdad social
América Latina en general, es la región más desigual del mundo. El 30% de su población (180 millones de personas) es pobre. Las demandas sociales insatisfechas son múltiples, sobresaliendo entre ellas, la falta de infraestructura básica (cloacas, red de gas, agua potable y viviendas dignas), el trabajo informal supera en promedio el 40/50%, con una marcada desigualdad en los ingresos/posibilidades de jubilarse que conlleva, así como sistemas de educación y de salud públicos deficientes o que en el sector privado, por los costos, resultan de imposible acceso.
La inseguridad
También América Latina es la región más insegura del mundo. El flagelo del narcotráfico es sin dudas el principal responsable. Encuentra su caldo de cultivo en la profunda desigualdad social y en la ausencia del Estado en las zonas donde viven los sectores más vulnerables.
Este flagelo va de la mano del tráfico de armas y de la trata de personas, así como de la compra de voluntades (por las buenas o por las malas) de parte de las fuerzas policiales y de seguridad, así como también de dirigentes políticos/funcionarios públicos.
La dirigencia política desprestigiada
Los dirigentes políticos, en general, por todo lo expresado anteriormente y por mostrarse distantes de las demandas populares han caído en gran parte de la región en un importante desprestigio. Cada elección presidencial renueva la esperanza temporariamente hasta que, a los pocos meses, esa esperanza se convierte en una nueva decepción, porque la vida de todos los marginados durante varias generaciones sigue sin cambiar.
La dirigencia es percibida como una casta que sólo se preocupa por mantener e incrementar sus privilegios. No abundan las actitudes ejemplares, aún en situaciones económicas o sanitarias extremas. A esto se suma, las denuncias/condenas por corrupción de muchos de ellos en toda la región. La defensa corporativa de esos actos de una buena parte de la clase política incrementa el malestar de las sociedades.
Esto repercute directamente en la credibilidad/confianza en las instituciones democráticas. Hay fatiga y desencanto con el sistema. Las encuestas indican que, en promedio, más del 50% se muestra insatisfecho con su funcionamiento. Los intentos de algunos líderes de perpetuarse en el poder a través de trampas, atajos ilegales y/o fraude tampoco son bien percibidos.
El COVID-19, lejos de traer soluciones, impactará muy negativamente en la región. El grado de ese impacto, dependerá de cómo cada país maneje y emerja de la pandemia.
Las consecuencias económicas impactarán más duramente en aquellos países que arrastran graves problemas previos como Argentina y Venezuela (elevada inflación con recesión y gran endeudamiento).
Los inevitables aportes estatales para subsidiar a todos los que, con trabajo formal e informal, dejen de recibir/disminuyan su sustento o para mantener cierta actividad en una economía estancada, impactará seguramente en la inflación. El quiebre de empresas (PYMES especialmente), el aumento del desempleo/pobreza y la caída abrupta del PBI serán, casi con certeza, importantes.
Las consecuencias derivadas de las muertes por el virus tendrán directa relación con la antelación con que se tomaron medidas preventivas (cuarentenas y limitaciones a la circulación para evitar la saturación del sistema y reducir el número de contagiados), la preparación/calidad de los sistemas de salud públicos y privados (camas de terapia intensiva/intermedia, respiradores, reservas convocadas/entrenadas de personal sanitario de reemplazo) y finalmente de la capacidad de testear masivamente la detección del virus desde temprano.
Las consecuencias sociales, deberían atenderse prioritariamente. Los cientos de conurbanos de las grandes urbes sudamericanas, donde habitan miles de carenciados hacinados en precarias viviendas con poco acceso al agua potable y que estarán desocupados por el trabajo informal/formal interrumpido, abre la posibilidad cierta de violencia en las calles.
Ya sea por hambre y/o por falta de atención médica, debería evitarse la posibilidad de saqueos de supermercados y/u ocupación violenta de hospitales. Un estallido social sería el peor escenario para enfrentar esta pandemia. Los carteles de la droga, sin dudas, intentarán avanzar territorialmente ante un Estado desbordado.
Una creciente xenofobia acompañará seguramente el cierre de las fronteras y las pérdidas de trabajo/eventual falta de camas en hospitales, tensando aún más esta delicada situación social.
Finalmente, las consecuencias políticas tendrán que ver con el resultado más o menos exitoso y equilibrado de las tres variables analizadas anteriormente. Dependerán no sólo del número de muertos que deje en cada Nación, sino también del delicado manejo económico-social de sociedades con ¨la mecha cada vez más corta¨, como expresó Grabois en diciembre pasado o lo mostraron, con diferentes grados de virulencia, las sociedades ecuatorianas, chilenas, colombianas, bolivianas y peruanas el año pasado.
Las clases dirigentes oficialistas y opositoras deberán dar testimonios claros y concretos de compromiso solidario y ejemplar con sus respectivos pueblos, a los cuales se espera, hoy más que nunca, que les sirvan y los representen.
El grito de que ¨se vayan todos¨ que aturdió en Argentina en el 2001, debería ser recordado. Si esto ocurriera, los atajos autoritarios de cualquier signo y las radicalizaciones anti republicanas no tardarían en llegar. Sería el peor final de esta pandemia.
Jorge García Mantel
Integrante del Equipo Fundador de NOS a principios del año 2019. Ex Director Nacional de Planeamiento y Estrategia del Ministerio de Defensa.
Los ex candidatos Fernando Haddad y Ciro Gomes y un gobernador firmaron una carta para pedir su dimisión ante la crisis del coronavirus.
Los ex aspirantes a presidente Fernando Haddad, Ciro Gomes y Guilherme Boulos, más el gobernador del estado de Maranhao, Flavio Dino, reclamaron este lunes en una carta a la nación la renuncia del presidente Jair Bolsonaro por haberse convertido en "un problema" para la salud pública de Brasil.
"Basta. Bolsonaro es más que un problema político, se convirtió también en un problema de la salud pública. Le falta a Bolsonaro grandeza. Debería renunciar, que sería el gesto menos costoso para permitir una salida democrática al país. El necesario ser contenido y responder por los delitos que comete contra el pueblo", dice la carta.
La misiva es considerada un guiño al vicepresidente Hamilton Mourao y parte del oficialismo no alineado totalmente con Bolsonaro en el Congreso por parte de los dirigentes del llamado "progresismo".
Bolsonaro lanza una campaña para sabotear la cuarentena dictada por los gobernadores
"Necesitamos de unión y acuerdo para enfrentar la pandemia, no de un presidente que es contrario a las autoridades de salud pública y somete a la vida de todos sus intereses políticos autoritarios", agrega la carta.
El manifiesto enumera una serie de leyes y medidas económicas para poner directamente dinero en la cuenta de los brasileños para evitar el colapso de la economía familiar.
La carta está firmada por Haddad, del Partido de los Trabajadores (PT), que perdió en segunda vuelta con Bolsonaro en 2018, Gomes, tercero en la elección, del Partido Democrático Laborista (PDT), y Boulos, del Partido Socialismo y Libertad (PSOL), que obtuvo 1 por ciento.Además, encabeza la firma el gobernador Dino, del Partido Comunista do Brasil (PCdoB).
"Bolsonaro no tiene condiciones de seguir gobernando Brasil y de enfrentar esta crisis que compromete la salud y la economía. Comete delitos, falsifica informaciones, miente e incentiva el caos, aprovechándose de la desesperación de la población más vulnerable", dice la misiva del arco opositor de centroizquierda e izquierda con representación parlamentaria.
Es la primera acción conjunta de Gomes con el PT, con el que está en franca rivalidad, sobre todo porque se negó a aliarse con el ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva tras las elecciones y en el balotaje se fue a Francia de vacaciones, sin dar apoyo a Haddad.
Trump invoca una ley de guerra para obligar a General Motors a fabricar respiradores
Olivier Douliery / Beatriz Navarro
La Casa Blanca prepara la vuelta al trabajo de EE.UU., nuevo epicentro mundial de la pandemia.
Cambian los países, pero no los titulares: urgencias desbordadas, personal sanitario contagiado, residencias de ancianos infectadas... Con 3.000 millones de personas sometidas a algún tipo de medidas de confinamiento en todo el planeta, la pandemia de la Covid-19 acelera su avance, con más de 560.000 casos confirmados y 25.000 muertes y un nuevo epicentro mundial, Estados Unidos.
El país norteamericano desbancó el jueves por la noche a China como país con más contagios: ayer contaba más de 91.200 frente a los 81.900 del gigante asiático, a pesar de que tiene 1.100 millones de habitantes menos, y a Italia. En una semana, las cifras de afectados se han multiplicado por diez. Aunque la mayor parte de los casos se concentran en Nueva York, el virus se está extendiendo con sigilo y rapidez por todo el territorio.
Esta situación ha revelado graves problemas de abastecimiento en algunos hospitales para afrontar el alud de enfermos y ha obligado al presidente, Donald Trump, a dar un giro radical e invocar la ley de producción de defensa, adoptada en tiempos de la guerra de Corea, para obligar a General Motors a fabricar sin más dilación miles de respiradores, un equipamiento médico escaso y necesario durante más tiempo del habitual en las UCIs para atender los pacientes de Covid-19.
La Casa Blanca quiere clasificar los condados según su nivel de riesgo para que algunos relajen las restricciones
Poco antes de que se conociera que EE.UU. había superado a China en contagios, el presidente Trump se felicitó por la gestión de la crisis. Los estadounidenses “sienten que tanto yo como esta Administración estamos haciendo un muy bien trabajo”, dijo.
En momentos de crisis, es habitual que los estadounidenses cierren filas con su presidente y, desde que se puso al frente de la respuesta al coronavirus, la valoración de Trump ha mejorado. Su tasa de aprobación se ha recuperado y subido del 44% al 49%, el nivel más alto en el que ha estado en varios momentos de su presidencia.
Esta semana, sin embargo, Trump ha vuelto a minimizar la amenaza que plantea el virus, ese que el 28 de febrero dijo que desaparecería “como un milagro”. Con más de 1.000 estadounidenses muertos en menos de un mes por la Covid-19, el jueves volvió a celebrar que la mortalidad no sea “tan alta” como se le había dicho al principio, porque “se están quitando muchos miedos”. “Están pasando muchas cosas buenas”, celebró en su rueda de prensa diaria.
Su prioridad ahora es poner la economía en marcha “cuanto antes” y se ha marcado como objetivo lograrlo alrededor de Pascua, el 12 de abril, un calendario que los expertos advierten que sólo puede ser “aspiracional” y que por lo pronto, choca con las previsiones de algunos estados, que calculan que el pico de contagios llegará en tres semanas.
“El aumento de nuestra capacidad de hacer tests nos permitirá publicar pronto los criterios, desarrollados en coordinación con las autoridades sanitarias del país y los científicos, para ayudar a clasificar los condados según el riesgo que plantea el virus”, bajo, medio o alto, explica Trump en una carta a los gobernadores, que son quienes tendrán la última palabra sobre el levantamiento de las medidas, que se han puesto en marcha de forma gradual. Ayer, Montana se convirtió en el 23.º estado en ordenar a su población que se quede en casa.
Fauci: “Es el virus el que marca el calendario”
El doctor Anthony Fauci cree que es posible tratar de manera diferente a Nueva York y Arkansas, por ejemplo, pero sin marcarse fechas: “Es el virus el que marca el calendario”, ha dicho el director del Instituto de Alergia y Enfermedades Infecciosas. Ahora mismo, afirma Fauci, no se tiene los datos para tomar ninguna decisión.
“Me sorprendería que, por lo que hemos visto de cómo se expande el virus, no fuera aumentar en otras partes del país”, afirma por su parte la subdirectora de los Centros de Control de Enfermedades, Anne Schuchat, que apunta no obstante que puede dar tiempo a reforzar los sistemas de salud en algunos estados antes de que las cifras de contagios se disparen.
Las críticas de algunos estados a la actuación del Gobierno federal le parecen injustas a Trump, que ha puesto en duda que se necesite miles de respiradores: “Vas a grandes hospitales y tienen dos respiradores. Y ahora de repente te dicen que si pueden tener 30.000”, criticó anteanoche en una entrevista en la cadena Fox News.
Por la mañana, había cambiado de parecer y se levantó con un ataque frontal en Twitter a General Motors y Ford por su tardanza en ponerse a fabricar estos aparatos, necesarios para los enfermos más graves de la Covid-19. “Decían que nos iban a dar 40.000 de los tan necesitados respiradores muy rápida ente Ahora nos dicen que serán sólo 6.000 y a finales de abril, y piden un precio muy alto”, criticó Trump.
En otro tuit, les reclamó que reabrieran su “estúpidamente abandonada” planta en Lordstown (Ohio) para ponerse a fabricar material médico, a pesar de que GM la vendió tiempo atrás a una start-up que fabrica camiones eléctricos. “El presidente debería saberlo si le importaran los trabajadores”, le respondió Sherrod Brown, senador por este estado.
Cuomo: “Yo no me muevo por opiniones o esperanzas sino por hechos y datos”
Al final, en su rueda de prensa diaria desde la Casa Blanca sobre el coronavirus, el presidente Trump anunció que acababa de firmar un memorándum presidencial ordenando al secretario de Sanidad que utilice la ley de producción de defensa “para requerir a General Motors que acepte, ejecute y priorice contratos federales para respiradores”.
La batalla contra el virus, adujo, es demasiado urgente como para permitir que el proceso siga por los cauces normales, cediendo a la presión de los demócratas y algunos gobernadores, también republicanos, que le reclamaban que usara toda la fuerza del estado federal para responder a la crisis sanitaria. Hace pocos días, había descartado invocar la ley en cuestión. “En nuestro país no se nacionaliza empresas. Eso, en Venezuela”, dijo el lunes, exagerando el alcance de la norma.
Trump se comprometió ayer a “en los próximos 100 días fabricar o conseguir de alguna forma más de 100.000 respiradores”, una promesa que el tiempo dirá si cumple pero que representa un giro de 180 grados respecto a sus declaraciones la noche anterior en Fox News, cuando cuestionó que algunos estados realmente necesiten 30.000 nuevos respiradores.
Sus palabras tuvieron una contundente respuesta del gobernador del estado de Nueva York, actual epicentro de la pandemia en Estados Unidos. “Espero que Nueva York no necesite 30.000 respiradores pero yo no me muevo por opiniones o esperanzas sino por hechos, datos y ciencia”, replicó su gobernador, Andrew Cuomo. “Todas las proyecciones dicen que necesitaremos 30.000 o 40.000 y es lo que vamos a intentar conseguir”.
Olivier Douliery / Beatriz Navarro
Alemania, el Reino Unido y Francia se preparan para peores escenarios y en Italia empieza a ralentizarse el aumento de contagios.
Europa superó este sábado los 20.000 fallecidos por la pandemia del coronavirus, que se extiende por el continente a distintas velocidades mientras los Gobiernos adoptan medidas de confinamiento más o menos estrictas, aprueban paquetes de ayuda económica y refuerzan los servicios sanitarios.
Si en Italia el aumento de infectados se ralentiza tras la muerte de más de 10.000 personas, en Francia las autoridades temen que lo peor esté por llegar. Alemania también se prepara para escenarios más drásticos, y el Reino Unido impone el confinamiento tras una primera respuesta lenta.
Alemania apuesta por una avalancha de test como escudo
El 27 de enero saltó la primera alarma y fue en una empresa bávara. Una trabajadora de la filial china había viajado hasta Alemania para impartir un seminario y uno de los participantes dio positivo por coronavirus. Desde entonces, Alemania suma ya 48.582 casos, según el recuento del Instituto Robert Koch. Eso significa que es el quinto país del mundo con más infecciones confirmadas, aunque el número de muertos por la epidemia, 325, según la cifra oficial, sigue siendo relativamente bajo comparado con otros países.
Virólogos y políticos alemanes piden cautela y se preparan para evitar el peor escenario. Es decir, un aumento de contagios que termine por colapsar su sistema de salud, que pese a ser robusto, no es infinito.
El Gobierno alemán trabaja contra el reloj y con el margen que le permite el haber ganado algo de tiempo con la detección temprana, por ampliar los servicios sanitarios y ha aprobado esta semana un inédito paquete multimillonario de apoyo a las empresas y ciudadanos para tratar de reducir el impacto socioeconómico del virus.
“Estamos al principio de una epidemia […] No es posible prever qué sucederá en las próximas semanas”, ha advertido esta semana el ministro de Sanidad, Jens Spahn.
Mientras las teorías conspirativas se disparan acerca del bajo número de muertos (0,6%) en Alemania, los virólogos no se cansan de explicar que Alemania se encuentra en una etapa muy inicial de la famosa curva. Que el número de positivos es muy alto en parte porque se han realizado muchos test.
Los últimos datos ofrecidos por Christian Drosten, el virólogo de referencia en Alemania, del hospital Charité de Berlín, indican que Alemania está realizando medio millón de test a la semana. Lo que hace pensar que la distancia entre contagiados y positivos diagnosticados es menor en este país que en otros como España o Italia. Y eso explica también que haya una proporción menor de fallecidos. El virus brotó además en Alemania entre gente joven. Muchos habían vuelto de vacaciones en la nieve. El 79% de los contagiados es ahora menor de 60 años, según los datos del Instituto Robert Koch.
Pero también en Alemania, el virus comienza a cebarse con las personas mayores y el objetivo, según explicó Merkel desde su cuarentena es lograr ralentizar el número de contagios.
La canciller, científica de formación, detalló en un podcast que sustituyó a su vídeo mensaje de los sábados, que el número de nuevos positivos se duplica en Alemania cada cinco días aproximadamente. Al principio de la epidemia era cada dos días. El objetivo ahora es seguir alargando ese periodo para que los nuevos positivos se dupliquen al menos cada diez días. Merkel está sometida a cuarentena, después de que la semana pasada un médico que le puso una vacuna del neumococo diera positivo. La canciller ha dado hasta el momento negativo en los dos test que se le han realizado.
Desde el pasado domingo, los alemanes deben permanecer en casa siempre que sea posible, aunque pueden salir, como máximo de dos en dos y manteniendo al menos un metro y medio de distancia. Los colegios y los comercios, salvo los esenciales están cerrados. Esas son las reglas generales, que la cancillería indicó este sábado que se mantendrán vigentes al menos hasta el 20 de abril. Después, cada Estado federado establece sus particularidades.
El sistema federal alemán permite a los Länder decretar sus propias medidas, que varían además en función de la situación de cada Estado. Baviera, al sur del país, con más de 11.000 casos es el más afectado. Le sigue Renania del Norte-Westfalia, al oeste, con 10.600 positivos y Baden-Württemberg en la frontera con Francia y Suiza.
Alemania mira ahora a Corea del Sur, un país que combate al virus realizando pruebas de forma masiva a la población, y controlando la distancia social, también con geolocalización de los ciudadanos a través de los datos de sus teléfonos móviles. Este último punto empieza a convertirse en objeto de debate en un país, muy celoso de la privacidad de los datos de sus ciudadanos. En opinión del ministro de Sanidad, Spahn, “este debate social es necesario”.
Confían también en un gran estudio que se realizará a partir de abril con 100.000 personas para determinar su inmunidad al virus, que podría ofrecer datos muy valiosos sobre el comportamiento del SARS-CoV-2 y que podría ayudar también a la toma de decisiones políticas.
Un informe del ministerio de Interior filtrado a la prensa esta semana habla de tres posibles escenarios para Alemania. El más optimista cuenta con un millón de infecciones y hasta 12.000 muertos. El remedio para los tres es el mismo: más test y más aislamiento.
Recurrir a los partidos tradicionales en tiempos inciertos
La expansión del coronavirus está provocando todo tipo de respuestas inéditas. Una de ellas es el ánimo político de los votantes alemanes que, según las encuestas, renuevan ahora su confianza en los hasta hace poco denostados partidos tradicionales. En tiempos de incertidumbre máxima y de decisiones existenciales, los alemanes recelan de posibles experimentos.
Los dos partidos de la gran coalición de Gobierno, la Unión Demócrata Cristiana (CDU, 32%), y la socialdemocracia (SPD, 18%) experimentan una fuerte subida en intención de voto, sobre todo la CDU, según la encuesta que publica este fin de semana el Bild. Lograrían incluso sumar una mayoría del 50%, frente a la consistente erosión de ambos partidos en los últimos meses.
El 79% de los alemanes encuestados cree además, según el Politbarometer de la cadena ZDF que la canciller, Angela Merkel, está haciendo un buen trabajo. Merkel sigue siendo, en su cuarto mandato y tras 14 años al frente del Gobierno, la política más valorada. En esta crisis se ha dejado ver haciendo al compra en un supermercado como una ciudadana más, y ahora permanece en casa en cuarentena preventiva tras haber estado en contacto con una persona que dio positivo.
Viraje y contagio en Downing Street
Boris Johnson ha demostrado en los últimos años que solo acierta cuando amarra su anárquica personalidad a un eslogan certero. Stay at home. Protect the NHS. Save Lives (Quédate en casa. Protege al Servicio Nacional de Salud. Salva vidas), las tres frases que hoy repiten el primer ministro y todo su equipo y decoran los atriles de las comparecencias de prensa diarias del Gobierno británico, persiguen el mismo afán de enfocar el mensaje público que en su día lograron Take Back Control (Recuperemos el control) para ganar en el referéndum del Brexit de 2016, o Get Brexit Done (Hagamos que se cumpla el Brexit) con el que el político conservador arrasó en las últimas elecciones.
La diferencia, en esta ocasión, juega en contra de Johnson. La urgencia del mensaje pone en evidencia la lentitud y desacierto de los primeros pasos que dio Downing Street para responder a la amenaza del coronavirus.
El avance de la pandemia hizo entrar en pánico al Gobierno británico, que acabó siguiendo los pasos de otros países como Italia, Francia o España. Y el anuncio de que el propio Johnson; su ministro de Sanidad, Matt Hancock; su asesor médico jefe, Chris Whitty, y otros miembros del Ejecutivo habían resultado infectados por el virus y debían aislarse en sus domicilios resultó un duro golpe para la credibilidad de los que estaban al mando del país, porque alimentaba la sospecha de que no se habían tomado en serio ellos mismos las advertencias y consejos que lanzaban —y reclamaban— al resto de ciudadanos.
El Reino Unido vive ya su primera semana de confinamiento obligatorio. Nadie puede salir de casa, salvo para comprar alimentos, atender una necesidad médica o ir a trabajar, si el teletrabajo es imposible. Bares, restaurantes, teatros, cines y comercios permanecen cerrados. El único privilegio, en comparación con otros países, es el permiso para salir a hacer deporte una vez al día (máximo dos personas), y el alcalde de Londres, Sadiq Khan, ya ha amenazado con cerrar los parques de la ciudad si detecta abusos.
El país ha entrado en la senda de la recesión, y el ministro de Economía —con la ayuda del Banco de Inglaterra— ha puesto en marcha una multimillonaria política expansiva que ignora por completo la disciplina fiscal pregonada por el Partido Conservador.
La resistencia del venerado NHS, afectado por años de austeridad y recortes, se está poniendo a prueba. A principios de marzo disponía de unas 4.000 UCI en todo el Reino Unido. Ahora aspira contra el reloj a elevar la cifra a 12.000. Faltan equipos protectores para el personal sanitario. Faltan respiradores. Faltan médicos y personal de enfermería. Más de 13.000 profesionales ya jubilados o en excedencia se han reincorporado.
El Gobierno de Johnson, como otros Gobiernos en todo el mundo, anuncia su intención de comprar miles de test de detección del coronavirus para encauzar la estrategia sanitaria, pero se enfrenta igualmente al muro de una oferta escasa y unos proveedores dudosos. La cifra de contagiados se multiplica cada dos o tres días, ha reconocido Downing Street. Este sábado, el número de infectados confirmados estaba por encima de 17.000 y los muertos superaban ya el millar. Y las tres figuras políticas al frente de la respuesta del Gobierno se han visto obligadas a dirigir la operación con el enemigo dentro de casa.
La tormenta deja de crecer en Italia
En Italia esta ha sido una semana decisiva para comprobar si las restricciones para frenar la expansión del coronavirus que rigen en todo el país funcionan. Aunque se ha comenzado a ver una tenue luz al final del túnel y la velocidad de aumento de la curva se ha ralentizado, los expertos insisten en que es muy pronto todavía para cantar victoria en la lucha contra la pandemia.
“No debemos crearnos la ilusión de que una disminución de la propagación puede llevarnos a reducir las medidas que hemos tomado”, advirtió este viernes Silvio Brusaferro, presidente del Instituto Superior de Sanidad. Este sábado se contaban 92.472 casos, la cifra de fallecidos ascendía hasta los 10.023 y los pacientes curados alcanzaban los 12.384.
Italia ha ido implantando medidas para contener el virus cada vez más severas, aunque al inicio fueron algo titubeantes.
El 22 de febrero, con 60 contagios locales y dos fallecidos, el Gobierno decreta el confinamiento en 11 localidades en las que en total viven 50.000 personas, porque en ese momento eran los únicos focos activos de contagio conocidos. Se limitan los horarios de apertura de los bares para evitar aglomeraciones y cierran las escuelas en Lombardía, Véneto y Emilia-Romaña, las regiones con más casos y que juntas aportan en torno al 40% del PIB italiano.
Ante el temor a los estragos que el virus podría causar en la economía y el turismo, el 27 de febrero, los ministros de Exteriores y Sanidad convocan a la prensa extranjera y aseveran que Italia es un país seguro, piden que los turistas no cancelen sus reservas y señalan que el coronavirus está afectando a un porcentaje ínfimo de la población.
Los contagios no se detienen y el 4 de marzo, con 3.089 infectados y un centenar de fallecidos, se clausuran las escuelas y universidades de todo el país. La madrugada del 8 de marzo, el Ejecutivo de Giuseppe Conte decreta el aislamiento de Lombardía y otras 14 provincias del norte, donde en total viven 16 millones de personas. Tres días después, el cierre se extiende a todo el país e Italia pone en semicuarentena a 60 millones de personas. Los datos de ese día hablan de 12.462 contagiados y 827 fallecidos.
Giuseppe Conte ordena cerrar todos los negocios no esenciales y prohíbe los desplazamientos salvo por motivos justificados como trabajo, salud u otras urgencias. El día 21, un mes después del inicio del brote, ante el empeoramiento de la situación, con 53.578 casos totales y 4.825 fallecidos, el Gobierno ordena el cierre de todas las actividades productivas no esenciales.
A lo largo de este tiempo, las regiones han presionado al Gobierno central para pedir un aumento de las restricciones en todo el país. Roma, en general, ha aceptado casi la mayoría de sus demandas, aunque no todas. Finalmente, el día 25 el primer ministro dio competencias a las autoridades regionales para aumentar las limitaciones en sus jurisdicciones “siempre que el riesgo sanitario lo justifique y se trate de medidas justas”.
Francia: traslado de pacientes en tren de alta velocidad
Mientras algunos países asiáticos empiezan a ver la luz al final del túnel, Francia ni siquiera está segura de haber entrado aún en él. La consigna oficial es que lo peor está todavía por llegar, en un intento de preparar a la población —que permanecerá confinada al menos dos semanas más, hasta el 15 de abril— para un escenario cuya gravedad nadie se atreve a predecir. “Nos instalamos en una crisis que va a durar, en una situación sanitaria que no va a mejorar rápidamente”, advirtió el viernes el primer ministro, Édouard Philippe. Este sábado abundó: “Los 15 primeros días de abril serán difíciles, más aún que los 15 que acabamos de pasar”.
Francia fue el primer país europeo que registró un caso de coronavirus y, también, el primero fuera de Asia que confirmó un fallecimiento, el 14 de febrero, por la Covid-19. Sin embargo, aunque las autoridades no se cansan de repetir que la situación se agrava por momentos y el país sufre una aguda carencia de máscaras protectoras y test —no llegan a 10.000 diarios, aunque se quiere aumentar a 30.000 en las próximas semanas—, todavía no se han visto las estremecedoras escenas de Italia o España.
La estrategia de Francia ha sido ralentizar la curva de contagios para preparar lo mejor posible el muro de respuesta. El presidente, Emmanuel Macron, incluso anunció esta semana un dispositivo militar especial, la Operación Resiliencia, para aportar apoyo logístico y humano donde haga falta. ¿Está funcionando? Nadie se atreve a afirmarlo.
La tasa de fallecimientos -ya son 2.314 muertos y 37.575 contagiados- se ha venido acelerando de forma imparable. El jueves, el ministro de Sanidad, Olivier Véran, indicaba que en los hospitales está muriendo un paciente “cada cuatro minutos”. Y eso que no se cuentan aún los ancianos que fallecen en las residencias de la tercera edad, tras cuyas puertas se teme se esté produciendo una verdadera hecatombe, ni en sus domicilios. El Gobierno ha asegurado espera poder contabilizar, a partir de la semana que viene, los fallecidos en residencias, lo que podría disparar las cifras.
Hasta el momento, el principal foco de la epidemia ha estado en el Gran Este, en la zona limítrofe con Suiza, Alemania y Luxemburgo. Ante el colapso de los hospitales de la zona, las autoridades han emprendido el traslado de pacientes graves a otros puntos del país —incluso mediante un tren de alta velocidad “medicalizado”, — y a los países vecinos.
Una estrategia que se “intensificará” en los próximos días en todas las zonas que lo requieran, según las autoridades. Incluida la muy poblada región de París, donde se espera que la “ola epidémica”, como la definió Philippe, llegue en los próximos días. Los responsables sanitarios advierten desde hace tiempo que no saben si tendrán camas suficientes para resistir el embate en la capital y sus alrededores.
Ana Carbajosa/Rafa De Miguel
EE.UU. podría alcanzar los 200.000 muertos por coronavirus, según el experto de la Casa Blanca
ABC (España)
Según Anthony Fauci, podría haber millones de contagiados. El país supera ya los 2.000 fallecidos y los 120.000 infectados.
Estados Unidos podría alcanzar hasta los 200.000 muertos y millones de contagiados por coronavirus, según aseguró este domingo el director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas y principal experto de la Casa Blanca, Anthony Fauci, a la cadena de televisión CNN.
El país norteamericano supera ya las 2.000 muertes y tiene el mayor número de infectados del mundo, más de 120.000, mientras que el total de fallecidos en todo el mundo supera los 31.000 y el de contagios los 670.000.
Fauci alerta ahora de que Nueva York, Nueva Orleáns y otras grandes ciudades podrían quedarse en breve sin suministros médicos.
En concreto, el experto estimó que la pandemia podría causar entre 100.000 y 200.000 muertos, según recoge Reuters. Desde 2010, la gripe ha acabado con las vidas de entre 12.000 y 61.000 estadounidenses al año, según datos del Centro para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés).
Fauci se ha convertido en uno de los rostros más reconocibles de la lucha de la Casa Blanca contra el coronavirus, al estilo de lo que sucede con Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, en España.
En este sentido, fue él quien ha convencido al presidente Donald Trump para que finalmente no impusiera una cuarentena en el área metropolitana de Nueva York, posibilidad que había apuntado ayer sábado.
El Gobierno español aprueba la vigilancia de los movimientos de los ciudadanos con datos de las operadoras
ABC (España)
El BOE de ayer sábado ordena la creación de una aplicación que permita ese tipo de control sobre los ciudadanos.
El Instituto Nacional de Estadística (INE) monitorizará sobre la movilidad de los españoles «en los días previos y durante el confinamiento» decretado por el estado de alarma, a partir de datos de movimientos que le suministren las operadoras de telefonía.
Así lo refleja una orden publicada este sábado en el BOE, por la que el Ministerio de Sanidad encomienda a la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, el desarrollo de diversas actuaciones en el ámbito digital y estadístico para la gestión de la crisis sanitaria.
Son medidas que la vicepresidenta Nadia Calviño anunció el pasado 23 de marzo y que aparecen reflejadas en detalle en la orden publicada este sábado por el Ministerio de Sanidad.
Cruce «anonimizado»
Entre esas medidas figura la elaboración de un “estudio de la movilidad” de los españoles aplicada a la crisis sanitaria. Será similar, y así lo dice la orden, al que está haciendo el INE sobre el movimiento poblacional en general a partir de datos que le suministran las principales ‘telecos’ y que generó controversia meses atrás por las dudas sobre el anonimato de esos datos.
Como en ese caso, la orden garantiza que el cruce de datos de los operadores móviles se deberá hacer de manera agregada y “anonimizada”, respetando la legislación española y comunitaria sobre protección de datos.
Por otra parte, el Ministerio de Sanidad encarga también en la orden a la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial el desarrollo urgente de una aplicación informática para el apoyo en la gestión de la crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19.
Sera una app que permitirá «realizar al usuario la autoevaluación, en base a los síntomas médicos que comunique, acerca de la probabilidad de que esté infectado por el Covid-19, ofrecer información al usuario sobre el Covid-19 y proporcionar al usuario consejos prácticos y recomendaciones de acciones a seguir según la evaluación», señala la disposición.
La app permitirá la geolocalización del usuario a los solos efectos de verificar que se encuentra en la comunidad autónoma en que declara estar. La aplicación puede incluir dentro de sus contenidos enlaces con portales gestionados por terceros con el objeto de facilitar el acceso a información y servicios disponibles a través de Internet.
«La aplicación no constituirá, en ningún caso, un servicio de diagnóstico médico, de atención de urgencias o de prescripción de tratamientos farmacológicos», aclara la orden, «y no sustituirá en ningún caso la consulta con un profesional médico debidamente cualificado».
El responsable del tratamiento será el Ministerio de Sanidad y el encargado del tratamiento y titular de la aplicación será la Secretaría General de Administración Digital.
Chatbot
Otra medida recogida en la orden es el desarrollo de «un asistente conversacional/chatbot para ser utilizado por WhatsApp y otras aplicaciones de mensajería instantánea, que proporcionará información oficial ante las preguntas de la ciudadanía».
El diseño estará basado en información oficial del Ministerio de Sanidad. El responsable del tratamiento será el Ministerio de Sanidad y el encargado del tratamiento y titular del chatbot será la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial a través de la Subdirección General de Inteligencia Artificial y Tecnologías Habilitadoras Digitales.
Otros encargos del Gobierno a la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial son el desarrollo de «una web informativa con los recursos tecnológicos disponibles» y la creación de «un punto central de coordinación para la evaluación de otras propuestas tecnológicas por parte de otros organismos y entidades».
En el texto, se especifica que todos los ciudadanos que usen la futura aplicación dispuesta para comprobar si tienen síntomas podrán ser geolocalizados, «a los solos efectos de verificar que se encuentra en la comunidad autónoma en la que dice estar».
«La aplicación no constituirá, en ningún caso, un servicio de diagnóstico médico, de atención de urgencias o de prescripción de tratamientos farmacológicos. La utilización de la aplicación no sustituirá en ningún caso la consulta con un profesional médico debidamente cualificado», añade el BOE.
Más...
España: Sanidad da marcha atrás y devuelve 9.000 test del virus comprados a una empresa china sin licencia
PASCAL POCHARD-CASABIANCA / AFP
El ministro de Sanidad, Salvador Illa, lo explica: “No había alerta de la Agencia del Medicamento Europeo ni español sobre esta empresa y los productos llevan la marca CE”.
El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, ha confirmado la devolución de un lote de 9.000 test rápidos de coronavirus suministrados por una empresa china a España al no cumplir con el marcado CE de calidad.
En rueda de prensa tras el Comité de Gestión Técnica del Coronavirus, el experto del Ministerio de Sanidad ha detallado que estos test se sometieron a una validación por parte del Centro Nacional de Epidemiología (CNE) y en algunos hospitales de Madrid para comprobar su eficacia.
En estas pruebas, se detectó que “las especificaciones de este lote enviado no corresponden a lo que venía en los certificados de calidad con marcado CE”. Esto ha provocado la devolución de los 9.000 test, pero la empresa responsable “va a cambiarlos” y va a proveer a España de otro tipo de test rápidos, según Simón.
El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha explicado este jueves que el Gobierno “compró a un proveedor nacional ese paquete de test”. “No había alerta de la Agencia del Medicamento Europeo ni español sobre esta empresa. Los productos llevan la marca CE. ¿No nos fiamos ya de la marca CE?” se ha preguntado, “¿No compramos productos avalados por la UE? Se verifica la partida, y 9.000 test no se corresponden con las especificaciones y se devuelven”, ha aclarado.
La Embajada de China en España ha afirmado este jueves que la empresa Shenzhen Bioeasy Biotechnology, a la que según algunos medios el Ministerio de Sanidad ha comprado tests rápidos para detectar el coronavirus, “no ha conseguido todavía la licencia oficial de la Administración Nacional de Productos Médicos de China para vender sus productos”.
Así lo ha señalado la Embajada en su cuenta de Twitter después de que diversos medios hayan publicado que los tests tienen una sensibilidad del 30 por ciento, cuando deberían tenerla del 80 por ciento.
La Embajada ha aclarado además que las donaciones realizadas por el Gobierno de China y otras entidades como la Fundación Alibaba no incluyen productos suministrados por Shenzhen Bioeasy Biotechnology. El martes el presidente de esta entidad, Jack Ma, informó al Rey del envío a España de 50.000 tests.
Por otro lado, la compra de materiales sanitarios anunciada por el Ministerio de Sanidad a China está en curso y estos suministros no han salido aún de allí. Para esa compra, explica, el Ministerio de Comercio de China ofreció a España una lista de proveedores clasificados, en la cual Shenzhen Bioeasy Biotechnology no estaba incluida.
El ministro de Sanidad, Salvador Illa, anunció este miércoles la compra de material sanitario a China por valor de 432 millones de euros, 550 millones de mascarillas, 5,5 millones de test y 950 equipos de respiración asistida que llegarán “en las próximas semanas”. Este jueves, Illa ha reconocido que la compra centralizada de la UE, que iba a llegar en dos semanas, se ha retrasado otras dos semanas. “Así está el mercado”, ha manifestado.
Simón ha asegurado que, ante esta situación, el Ministerio ha conseguido otros proveedores de test rápidos, tanto antígenos (que detectan la infección activa por coronavirus) como serológicos (que permiten identificar una fase más adelantada de la infección o que se ha tenido en el pasado). En cualquier caso, puntualiza que “se está trabajando intensamente” con empresas de biotecnología en España para que se produzcan en nuestro país “en un breve plazo”.
Se espera un “incremento importante” de casos con los test rápidos
De acuerdo con los datos del Ministerio, en España se realizan entre 15.000 y 20.000 pruebas de laboratorio PCR para detectar el virus, pero con los test rápidos se podría incrementar sustancialmente la realización de diagnósticos, principalmente en personas con síntomas leves.
Simón espera, igualmente, un “incremento importante” del número de positivos confirmados, al poder realizarse test a personas que ya han pasado la enfermedad o se encuentran con síntomas leves, y que el sistema hasta ahora no ha podido diagnosticar. “Los test rápidos nos van a facilitar mucho la vida para detectar casos leves en la comunidad y a descargar la presión sobre los laboratorios que realizan PCR, que están teniendo algunos problemas muy intensos de desabastecimiento de reactivos. Son una esperanza importante”, ha valorado.
El experto apunta que es “probable” que muchas personas hayan contraído la enfermedad y ya la hayan superado pero no han sido detectadas por el sistema sanitario. “No tenemos una idea clara de cuántos son. Cuando tengamos la posibilidad de hacer test a una gran parte de la población, esto nos permitirá conocer esos casos que ahora se escapan del sistema”, ha afirmado.
Simón reconoce que esto generará “un problema de comunicación”, ya que se incorporará al recuento oficial un gran número de casos sin detectar que, según el experto, habría que separar de los positivos notificados por las administraciones sanitarias hasta ahora. Así, aunque se llegue al pico de la epidemia en los próximos días y se comience a aplanar la curva, cree que el número de positivos en España crecerá “de forma artificial” por la incorporación de estos contagios no diagnosticados previamente.
En este contexto, ha anunciado que se van a poner en marcha estudios poblacionales para identificar a todas aquellas personas que hayan pasado la enfermedad sin haber sido notificadas oficialmente. Esto será posible gracias a los test rápidos.
“Será el momento de hacer encuestas que nos permitan saber cuál es la inmunidad real generada en nuestra población. Esto nos permitirá centrar mucho mejor las medidas de desescalamiento que tendremos que hacer en nuestro país”, ha expuesto.
PASCAL POCHARD-CASABIANCA / AFP
El Senado de EE.UU. aprueba el mayor estímulo de la historia por el coronavirus: dos billones de dólares
David Alandete
El voto ha sido unánime, con 96 votos a favor y ninguno en contra.
El Senado de Estados Unidos ha aprobado esta pasada madrugada el mayor paquete de estímulo de la historia del país, incluido el que sucedió a la Gran Recesión de hace una década, ante la crisis provocada por la pandemia del coronavirus.
Con un resultado de 96 votos a favor y ninguno en contra, demócratas y republicanos se han unido y tras unas laboriosas negociaciones con la Casa Blanca han aprobado una serie de leyes que autorizan ayudas y créditos por un monto de dos billones de dólares, 1,8 millones de euros.
Nunca antes han acordado demócratas y republicanos un paquete de ayudas tan monumental: 50.000 millones para empresas, estados y municipios; 367.000 millones para pequeños comercios; subsidios al desempleo por valor de 250.000 millones; 130.000 millones para hospitales y empresas médicas; 50.000 millones para aerolíneas. Han tardado más de una semana, con un bloqueo en el Senado de tres días, pero finalmente ayer los dos grandes partidos se pusieron de acuerdo y se centraron en ultimar detalles a la espera de una votación final que llegó al filo de la medianoche.
Hubo durante el día negociaciones intensas, y tres republicanos –Ben Sasse, Tim Scott y Lindsey Graham– demoraron la votación final porque buscaban una reducción sustancial en los subsidios por desempleo que prevé la ley, un intento finalmente fallido. La Cámara Alta del Capitolio tiene 100 escaños pero cuatro senadores se han ausentado por estar en aislamiento para prevenir el contagio del coronavirus. Uno de ellos, Rand Paul, dio positivo en la prueba.
Ahora, la ley del estímulo deberá ser enviada a la Cámara de Representantes para ser ratificada, y de allí llegará al despacho del presidente, para su ratificación final. Los mercados, que encadenan días de pérdidas y gran inestabilidad, han reaccionado con optimismo ante el acuerdo, y el martes el índice Dow Jones experimentó su mayor subida desde 1933.
Ni en la Gran Recesión de hace una década ni nunca antes en realidad se pusieron de acuerdo demócratas y republicanos en movilizar semejante cantidad de recursos del Gobierno federal, algo que hace apenas unas semanas hubiera sido impensable, sobre todo para los conservadores pero también para muchos demócratas centristas. El Producto Interior Bruto de España, por ejemplo, fue el año pasado de esa misma cantidad, 1,8 billones de euros. El importe total de las ayudas es la mitad de lo que cada año gasta todo el Gobierno estadounidense.
Ante el drama de una economía paralizada y obligados a aprobar el mayor gasto público jamás concebido, los republicanos quisieron dejar ayer claro que a su entender esto no es un estímulo económico como el de la Gran Recesión.
Según dijo ayer el líder de la mayoría conservadora en el Senado, «esto no es un paquete de estímulo, es una ayuda urgente por una situación de emergencia extrema». Los analistas calculan que el desempleo alcanzará hasta el 30% entre abril y junio, un drama en un país que tras el «crack» de 1929, en la Gran Depresión, no superó el 24,5%.
«La ayuda llega ya. Una ayuda grande. Una ayuda rápida», dijo el líder demócrata en el Senado, Chuck Schummer, a pesar de que su partido decidió retener el paquete de rescate en el Senado desde el domingo, buscando una serie de garantías de que las ayudas no irían a parar a las empresas de la familia del presidente Trump y medidas de ayuda a los asalariados y desempleados. Fue la Casa Blanca la que cedió para desatascar la ley, mientras ascendía de forma vertiginosa el número de diagnosticados con el virus y los fallecidos, que ya superan los 700.
Las ayudas se centran en los sectores más afectados de la economía, y también incluyen pagos directos a los norteamericanos que ingresen menos de 150.000 dólares por familia, o 75.000 dólares a nivel individual. «No es de ningún modo su culpa el estar padeciendo esta crisis», dijo ayer el presidente Trump en unas declaraciones a la prensa en las que además calificó al profesional sanitario de héroes: «Les destinamos más recursos a nuestros heroicos médicos y enfermeras, y también a nuestros hospitales».
El presidente, sin embargo, mantiene que la economía necesita, para sobrevivir, levantar al menos en parte las medidas excepcionales de cuarentena en vigor en la gran mayoría del país. «No podemos dejar que el remedio sea mucho peor que la enfermedad», ha dicho el presidente en repetidas ocasiones desde el lunes.
Ante la resistencia de los demócratas a aprobar el paquete de estímulo para hacer frente a la crisis del coronavirus, la Casa Blanca finalmente ha cedido y ha aceptado que el reparto de 500.000 millones de dólares esté bajo la supervisión del Capitolio. Esa concesión acercó ayer la postura de demócratas y republicanos y retiró el mayor obstáculo a un acuerdo final de dos billones de dólares justo en un día en que la cifra de fallecidos por el virus ascendió a 544.
David Alandete
Presentará cargos criminales contra Maduro por narcotráfico.
El gobierno de Estados Unidos incluirá a Venezuela en la lista de países que promueven el terrorismo, lo que le permite aplicar al régimen de Nicolás Maduro una serie de sanciones aún más duras que las que ya están en pie, según ha revelado la cadena CNN, citando fuentes de la administración.
En ese grupo se encuentran de momento solo Corea del Norte, Irán, Sudán y Siria.
El departamento de Justicia también presentará cargos penales contra el propio Maduro y otros jerarcas del régimen, como el ‹número dos› Diosdado Cabello o el ministro de Defensa Vladimir Padrino. A los tres ese les acusa de narcotráfico y tráfico de armas en colaboración con la guerrilla de las Farc, en una trama de venta de cocaína que llegó a EE.UU.
Se ofrece además una recompensa de 15 millones de dólares (13,6 millones de euros) por cualquier pista que ayude a capturar a Maduro. En las pesquisas ha participado la DEA, la agencia antidroga de EE.UU.
Es el departamento de Estado, la diplomacia, la que incluye a determinados países en esta lista, de acuerdo con tres leyes que regulan este régimen. Este paso le permite al presidente cortar ayudas, la prohibición de venta de material militar y otras duras restricciones financieras. Cuba estaba en esa lista hasta que la retiró en 2016 el gobierno anterior, de Barack Obama.
Lo más relevante es que con la inclusión en esta lista se puede penalizar a quienes hagan negocios con el régimen venezolano. Es cierto que las sanciones aplicadas hasta ahora han dificultado enormemente el comercio entre EE.UU. y Venezuela, pero quedan en este último país algunas petroleras que están cobrándose deuda.
Esta decisión puede afectar, como en el caso de Irán, a empresas de países socios de EE.UU. que hagan negocios con el país sancionado, como es el caso de Repsol.
David Alandete
La aprobación al republicano alcanza un 49%, la misma cota que cuando quedó absuelto en el ‘impeachment’, según la encuesta Gallup. El estudio refleja el apoyo a su gestión del brote.
El ratio de aprobación de Donald Trump ha alcanzado el máximo de su presidencia en plena crisis por la pandemia del coronavirus. El porcentaje de apoyo entre los estadounidenses ha subido cinco puntos desde la medición de comienzos de marzo, hasta el 49%, la misma cota que logró a finales de enero, cuando era inminente su absolución en el tercer impeachment de la historia de Estados Unidos, según Gallup, referencia en estos sondeos.
El repunte se debe principalmente a un aumento en el apoyo de los demócratas (+13) e independientes (+8). Consultados sobre cómo evalúan la reacción del republicano ante el brote, un 60% la aprueba y un 38% la rechaza.
El historial de la encuesta Gallup refleja que los grandes acontecimientos -positivos o negativos- suelen favorecer el apoyo de los presidentes, impulsado por la oposición.
El índice de aprobación del exmandatario Barack Obama aumentó siete puntos después de que las fuerzas estadounidenses mataran a Osama bin Laden y el de George W. Bush escaló 35 tras el atentado del 11-S. Los mayores saltos en la Administración de Trump ocurrieron cuando levantó el cierre de Gobierno más largo de la historia de EE UU en enero de 2019 y tras conocerse que el fiscal especial Robert Mueller no halló pruebas conspiratorias entre el magnate neoyorquino y Rusia durante la campaña de 2016.
Trump ha recibido críticas por haber restado importancia durante semanas al virus y haber defendido que Estados Unidos lo “tenía controlado”. Sin embargo, las medidas restrictivas adoptadas por la Casa Blanca han aumentado progresivamente desde mediados del mes para atajar la propagación -aunque esta continúa en aumento-.
El 16 de marzo el mandatario cambió el tono y reconoció la gravedad de la situación, haciendo un llamamiento a evitar las reuniones de más de 10 personas y a que los trabajadores y estudiantes se queden en sus hogares. Desde entonces, ha liderado ruedas de prensa prácticamente diarias, acompañado de expertos en salud, para informar a la ciudadanía y responder las dudas.
La debacle económica y social que supone esta pandemia es un problema en el año en el que Trump se enfrenta a su reelección, pero también le da la oportunidad de erigirse como “presidente en tiempos de guerra” en torno al que hay que cerrar filas. El mandatario republicano participa en todas las ruedas de prensa diarias sobre la crisis de la Covid-19, que suelen superar la hora de duración y han llegado a rozar las dos.
El confinamiento al que se ha visto obligado gran parte de la población ha trastocado la campaña electoral demócrata, que se encuentra congelada en estos momentos. Tanto el exvicepresidente Joe Biden, el favorito para ganar la nominación demócrata, como su contrincante, el senador por Vermont Bernie Sanders, suspendieron hace un par de semanas todos los actos públicos y tienen a sus equipos de campaña trabajando de manera remota.
Biden instaló un estudio de televisión en su casa Wilmington, Delaware, pero a pesar de que ha dado varias entrevistas desde ahí, sus mensajes muchas veces han sido cortados para dar paso a la contingencia del virus. “Estamos en un momento extraño”, le reconoció Sanders a sus seguidores vía online. Varios Estados han aplazado la celebración de las primarias previstas para marzo y abril al 2 de junio.
El Comité Nacional Demócrata tiene planeado celebrar un debate el próximo mes, pero aún no ha dado a conocer ningún detalle, los que se suelen entregar con bastante anticipación. El equipo de Sanders ya dijo que si se lleva a cabo, él va a participar, lo que despeja las dudas sobre un posible abandono de la carrera, cuando, en una segunda posición, tiene más de 300 delegados de distancia de Biden.
Antonia Laborde
