La especialista previsional Clara Salguero analizó de qué modo repercutirán las modificaciones jubilatorias y de seguridad social que se establecieron en la ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva aprobada hoy por el Senado.

Entre los puntos principales se encuentran:

Se suspende la movilidad jubilatoria por 180 días. Están exceptuados docentes, científicos, como así también aquellos que cuentan con regímenes especiales como excombatientes de Malvinas y personal del servicio exterior de la Nación.

Tampoco alcanzará a aquellos que reciben jubilaciones de privilegio, como el presidente, vicepresidente, ex presidentes, jueces de la Corte Suprema y magistrados de los mayores cargos jerárquicos.

Se conformará una comisión especial, con integrantes del poder Ejecutivo, Legislativo y organizaciones dedicadas a la seguridad social, para analizar una fórmula que reemplazará la ley vigente de haberes jubilatorios.

Habrá dos bonos de $ 5.000, uno a cobrarse el 27 de diciembre y otro en enero, para aquellos que perciben el haber mínimo, respetando las escalas.

Los beneficiarios de AUH recibirán un bono de $2.000.

Habrá aumentos cada 3 meses, en marzo y junio.

Ante estos cambios, Salguero, referente reconocida por la Legislatura Porteña por su dedicación al ámbito de la seguridad social, analiza:

“Cuando se vuelven a fórmulas ya hechas en la historia se corre el riesgo de repetir los mismos malos resultados. Las leyes de movilidad que estuvieron vigentes, desde 2009, en la Argentina alcanzaron en aumentos a 19 millones de prestaciones: a jubilados y pensionados contributivos y no contributivos; beneficiarios de AUH, embarazo y asignaciones familiares”.

"De alcanzar a los montos jubilatorios de los haberes máximos, los topes de salario quedan sujetos a aportes y los aumentos en las distintas categorías de los trabajadores autónomos y monotributistas”.

“Los motivos por los cuales el Gobierno impulsa la suspensión de la movilidad jubilatoria se debe a que iba a ser impagable. En cualquier gestión que hubiera surgido".

"Al tener un rezago de 6 meses, todo el proceso inflacionario que hubo en el último semestre del 2019 va a tener impacto en el primero del 2020. Además, porque la administración de Alberto Fernández quiere llevar adelante una política de redistribución”.

“El tema es quiénes ganan y pierden en las medidas adoptadas. Y aunque no deberíamos estar preguntándonos eso, es uno de los grandes interrogantes. Pero por ley mundial, la jubilación es un derecho que es sustitutivo del salario y que la norma que lo fija son las leyes previsionales vigentes”.

“No podemos olvidarnos de que la jubilación tiene un carácter alimentario y remunerativo. Lo lamentable es que en nuestro país la herencia de políticas jubilatorias ha hecho que cada vez haya más jubilados con haberes mínimos, con más juicios previsionales al Estado y siempre con un denominador común: cambiando las reglas de juego en la seguridad social y sus normas, dejando a los jubilados como variable de ajuste”.

Los jubilados, en números

Hay 5 millones de personas que cobrar la jubilación mínima.

Hay 2.500.000 de jubilados y pensionados cobrando el haber medio, de aproximadamente $27 mil.

400 mil son los que reciben los montos previsionales máximos o superiores por haber hecho juicios al Estado.

El 5% del total de jubilados y pensionados recibe más del 20% de los recursos.

Natalia Lesyk

El Gobierno definirá en los próximos días qué ocurrirá con los haberes jubilatorios en el período de 180 días en el cual, de aprobarse el proyecto de ley enviado al Congreso, estará suspendido el sistema de movilidad previsional.

El plan es otorgar en marzo, por decreto, una recomposición, que sería de un monto fijo y que no abarcaría a todos los jubilados y pensionados.

La pretensión del Gobierno es suspender no solo el régimen de movilidad general, sino también los sistemas que alcanzan a los pasivos de regímenes en los que se garantiza un determinado nivel de haberes, vinculado a los ingresos del personal activo del sector. Es el caso de los docentes, investigadores científicos, personal del servicio exterior y guardaparques, entre otros.

La decisión de actuar con discrecionalidad y segmentar al universo de los pasivos para definir las próximas subas, provocaría el regreso de las demandas judiciales por parte de quienes sean dejados al margen u obtengan, eventualmente, menores compensaciones que otros.

La Corte Suprema determinó, más de una década atrás, que esa política de diferenciación según el nivel de ingresos (que fue adoptada en los primeros años de la gestión de Néstor Kirchner, con la meta de llegar al equilibrio fiscal) es inconstitucional. Ahora, en algunos despachos oficiales admiten que habría litigios, pero dicen confiar en que la Justicia no sería adversa a la estrategia, porque se dictaría bajo el paraguas de una "emergencia previsional" declarada por el Congreso.

La medida más inmediata para los jubilados de menores ingresos es el pago de un bono de hasta $10.000 en dos cuotas iguales: una se abonará este mes y la otra, en enero.

El bono será cobrado por los pasivos que cobran el haber mínimo, hoy de $14.068; son aproximadamente la mitad de los 5,7 millones de beneficiarios. También lo recibirán quienes tienen prestaciones no contributivas.

Además, se les pagará un monto inferior a $5000 a quienes tienen un haber de entre $14.068 y $19.068. La cifra que percibirán será la necesaria para completar la segunda de estas cifras. Así, se evitará que quienes hoy cobran algo más que la mínima no pasen a cobrar menos este mes y el próximo. Por ejemplo, quienes perciben $17.000, recibirán $2068 cada mes. Y quienes tienen un ingreso de $18.500, cobrarán $568.

No recibirán el bono quienes perciben más de un haber mensual.

Hacia adelante, la decisión oficial implica que no se otorgará el incremento de 11,6% previsto para marzo con alcance para todos los jubilados y pensionados.

Ese porcentaje es el resultado de aplicar la fórmula de la ley 27.426, cuando se observa lo ocurrido con la inflación y los salarios (las dos variables de la fórmula) en el segundo trimestre de este año. Según lo estimado, la recomposición de marzo iba a significar un aumento real de los ingresos (una mejora con respecto a la inflación esperada del primer trimestre de 2020), tras una caída del poder de compra, que este año sería de 2,5%.

En el actual escenario de restricción fiscal y con esas previsiones sobre el esquema de ingresos, el objetivo de suspender la ley de movilidad es reducir el nivel de gasto que le insumiría al Estado cumplir con lo establecido. Más allá de cuál será el tamaño de la suba que se otorgará, el proyecto define que se atenderá "prioritariamente a los sectores de menores recursos", un concepto que expresó el ministro de Economía, Martín Guzmán.

En el Gobierno admiten que se dejaría al margen de las mejoras a un grupo de jubilados. O también (es menos probable) podría ocurrir que se incluya a todos, pero dando un monto fijo, con lo cual la mejora, medida en términos de porcentajes, sería menor para los haberes medios y altos.

Entre 2002 y 2006, cuando solo se disponían subas para el haber mínimo, esa política de diferenciación provocó que quienes cobraban algo más sufrieran pérdidas de hasta 40% en el valor real de sus ingresos. El tema se resolvió en la Justicia, donde se les dio la razón a los pasivos afectados. Además, la Corte Suprema ordenó, en el caso Badaro, la aprobación de un sistema de movilidad que abarcara a todos.

La política de segmentación se repetiría en la gestión de Alberto Fernández. En el Gobierno admiten que el riesgo de la judicialidad fue analizado, pero dicen confiar en que esta vez podría no haber cuestionamiento, por la previa declaración de una emergencia previsional. Y agregan que para junio próximo ya habría una nueva fórmula.

Otro punto no menor es el hecho de que se estaría suspendiendo una suba, la de marzo, destinada a compensar un daño que ya ocurrió. Existe una decisión judicial vinculada con eso: tras analizar una demanda contra la ley de movilidad aprobada en 2017, jueces de primera y de segunda instancia entendieron que la nueva fórmula no debió haberse aplicado ya en marzo de 2018, porque se estaba compensando la inflación de un período que ya había pasado al aprobarse la nueva ley.

Ahora, se dejaría sin efecto una recomposición que está basada en lo ocurrido en un período del actual 2019, cuando la ley de movilidad estaba plenamente vigente.

Silvia Stang