La desidia, incompetencia, ignorancia y -hasta en algunos casos- la complicidad de la política, la Justicia y las fuerzas policiales rosarinas con el narcotráfico, han obrado una situación en esa ciudad de difícil solución. La calamidad, que se viene arrastrando desde hace décadas, fue subestimada no sólo por las autoridades santafesinas sino también por las nacionales, que se cansaron de discursear acerca del fenómeno aunque, a la hora de las decisiones, hicieron poco o nada. El flagelo -que ahora ha llegado a topes insoportables- no es culpa de una sola administración. Todas, indistintamente, desde hace 20 años poco más o menos, han tenido arte y parte de responsabilidad por la falta de medidas que debieron instrumentar. Lo que nadie quiere ver y nadie se anima a expresar en voz alta es que quienes tenían la obligación de reaccionar miraron para otro lado y así se convirtieron en parte del problema. Los sicarios y sus valederos son la cara visible de una hidra de cien cabezas, donde convive la mafia y una parte -al menos- de la política.
El gobierno presidido por Javier Milei es el primero que se ha tomado en serio el desafío que implica el crecimiento de un poder paralelo el cual, con las armas a su disposición, se permite poner en tela de juicio el monopolio de la violencia del Estado nacional. Su respuesta, a tres meses de hacer iniciado la gestión para la que fue electo en noviembre del año pasado, ha sido instantánea. En esto, el tándem formado por el primer magistrado y la titular de la cartera de Seguridad no se ha andado con vueltas, y si bien la guerra recién ha dado comienzo y seguramente se prolongará, en el mejor de los casos, por espacio de meses, la rapidez con la que ha actuado y la estrategia que pretende desenvolver parecen marchar por buen camino.
Ante la escalada que ha generado el narcotráfico y los crímenes indiscriminados que ha cometido con el propósito de aterrorizar a la población y paralizar a las autoridades -de momento con éxito- correspondía adoptar una serie de providencias de carácter extraordinario. La primera -que demuestra la dirección que lleva el Poder Ejecutivo- ha sido la modificación de la directiva kirchnerista que prohibía cualquier tipo de injerencia de las Fuerzas Armadas en el asunto. Ha quedado sin efecto, y no sería de extrañar que -conforme se desarrollen las acciones represivas en contra de los carteles rosarinos- la participación del Ejército se extendiese a otras áreas, más allá de la logística.
Como quiera que sea, el mayor inconveniente con el que topara el gobierno libertario se halla en el Congreso Nacional y en la Justicia. Para avanzar con arreglo a disposiciones de índole extraordinaria se requiere modificar leyes garantistas que se corresponden mal con las necesidades del Estado y entorpecen su empeñamiento en el combate que está a punto de librarse, por vez primera, con una actitud diferente, cuyo objetivo es reducir la violencia implementada por el narcotráfico a su mínima expresión. Un mes atrás ocho diputados santafesinos -seis provienen- tes del kirchnerismo y dos de ese engendro ideológico denominado Haciendo Cambio Federal- votaron en contra del artículo que habilitaría a las fuerzas federales para que pudiesen intervenir en la lucha contra el narcotráfico. Sus nombres y apellidos: Diego Giuliano, Germán Martínez, Magalí Mastaler, Roberto Mirabella, Eduardo Tonioli, Mónica Fein, Florencia Carignano y Esteban Paulon.
A la vez, la mayor ventaja con la que contarán Javier Milei y Patricia Bullrich es el apoyo de una mayoría de los argentinos dispuestos a avalar las políticas de mano dura con los delincuentes. Los asesinatos a mansalva que han conmovido a Rosario y al país entero, y los videos que dan cuenta de la forma atroz con la que actúan esos criminales, han generado en la gente la reacción propia de todo colectivo social sumido en el miedo. El reclamo generalizado es que el gobierno los aniquile.
En el orden de la ejecución, el primer objetivo que debe lograr el Estado es recuperar el dominio del territorio en sentido amplio -esto es, dentro de las cárceles, desde donde se planean los atentados en buena medida- y en todos los espacios rosarinos imaginables. Lo segundo es ir a buscar a los sicarios donde se mueven como pez en el agua y sacarlos de circulación. Se trata, inicialmente, de combatir los efectos del mal. Las causas son múltiples y llevará años atacarlas con resultados contundentes. Sería poco pertinente imaginar que el mal pueda ser erradicado de raíz. En cambio, si es dable acotarlo al máximo. Para lo que son menester tres condiciones: entender la naturaleza del asunto, estar dispuesto a combatirlo a sangre y fuego, y saber que -si la situación lo exigiese- habrá que llegar hasta las últimas consecuencias para tener éxito. Hay algo seguro: a Milei no le temblará el pulso.
En paralelo, marcha la negociación entre el oficialismo y el arco opositor que se re- duce y se resume en el diálogo entablado con los gobernadores, por un lado, y con distintos bloques de diputados y senadores, por otro. Es evidente que, respecto de la ley ómnibus, el presidente pisó el freno o, si se prefiere, bajo un par de cambios. Los avances iniciales que dieron lugar a un moderado optimismo parecen haber sufrido un marcado parate en atención a que la mayoría de los mandatarios provinciales no está dispuesto a reinstalar el impuesto a las Ganancias con un piso de $ 1.500.000, como pretende la cartera de Hacienda. A eso se le suma que los bloques Haciendo Cambio Federal, Unión por la Patria y Coalición Cívica -cada uno por su cuenta, pero no sin ponerse de acuerdo- han adelantado su intención de discutir una nueva fórmula jubilatoria. Ello obligó a Martín Menem, a fin de desarticular el pedido de sesión realizado por el bloque encabezado por Miguel Ángel Pichetto, a formalizar la convocatoria de sesión para mañana.
No más favorables lucen las posibilidades del oficialismo en la cámara alta. Hasta aquí la vicepresidente había podido gambetear la iniciativa kirchnerista de poner a votación el DNU 70/2023, y ganar tiempo. Victoria Villarruel era consciente de que no convenia someter a discusión ese decreto. Pero dando por cierto que la principal bancada opositora conseguiría el quórum correspondiente, convocó a sesión para el jueves próximo. El gobierno está frente a una ofensiva en la que dos poderosas pinzas lo acosan: en un caso, corre el riesgo de tener que aceptar una formula jubilatoria que ponga en jaque el déficit cero; en el otro, que el decreto de necesidad y urgencia sea rechazado en el Senado y sufra una derrota estratégica a manos del kirchnerismo, que comanda el formoseño José Mayans. Sortear las dos acechanzas y salir airoso dependerá me- nos de las fuerzas propias que de las alianzas que sea capaz de vertebrar y de las que puedan forjar sus adversarios.
La inflación en baja - 13,2 % en el pasado mes de febrero- es el dato que ha llenado de alegría a la administración mileísta, mientras el calado de la recesión -los índices de la caída de la construcción y de la industria, conocidos la semana anterior, no dejan lugar a dudas- representa la faceta más preocupante para el equipo liderado por Luis Caputo. Son dos caras de una misma moneda. Era sabido que un plan antiinflacionario a outrance conllevaría un descenso pronunciado de la actividad económica. El efecto contraproducente del remedio para poner en caja a la inflación, era la recesión. El gobierno y la ciudadanía tendremos que acostumbrarnos en los meses venideros a recibir buenas y malas noticias, en parecida medida.
Vicente Massot
