En realidad, la que se prepara es una embestida de no poca monta, motorizada por la totalidad de los gobernadores, el lord mayor de la ciudad capital de la República y distintos bloques de diputados y senadores, cuyo propósito -como no podría ser de otra manera- es discutirle el uso de la billetera al oficialismo o -lisa y llanamente- ponerlo en el brete de tener que romper el equilibrio fiscal. 

El pasado 23 de junio los mandatarios de las provincias levantaron sus voces para reclamarle a Luis Caputo un reparto más equitativo de los Adelantos del Tesoro Nacional (ATN) y del impuesto a los Combustibles líquidos. Fuera del aspecto crematístico, sería vano cualquier intento destinado a hallar un posible común denominador entre ellos. ¿Qué es lo que podría unir ideológicamente a Gildo Insfrán (Formosa) con Alfredo Cornejo (Mendoza), a Axel Kicillof (Buenos Aires) con Rogelio Frigerio (Entre Ríos), o a Jorge Macri (CABA) con Gustavo Melella (Tierra del Fuego)? Nada.

Si bien piensan de manera harto diferente respecto de los principales temas con los cuales debe lidiar cada uno a diario en sus respectivas jurisdicciones, todos -sin excepción a la regla- necesitan de andadores que sólo puede proveerles el Tesoro, que es manejado con mano de hierro por la administración libertaria. El pedido de más fondos no habría sido de extrañar ni de preocupar si no hubiese existido la unanimidad de los jefes provinciales, que es el dato por antonomasia de la disputa. Nunca habían coincidido así, dejando -al menos, por un momento- de lado sus antagonismos y divergencias.

Desde diciembre de 2023 y hasta pocos meses atrás, la estrategia de la Casa Rosada, vis-a-vis los estados del interior, había sido exitosa. Ahora, en cambio, los que habían sido dialoguistas y -más allá de sus observancias partidarias- secundaron los planes del oficialismo en el Congreso, de buenas a primeras se han dado vuelta y hecho causa común corporativa a expensas del poder nacional. De creérsele a los de tierra adentro, sería faltar a la verdad decir que sus exigencias ponen en tela de juicio el superávit fiscal. Pero, como en la Presidencia de la Nación y en el Palacio de Hacienda piensan exactamente lo contrario, se han prendido todas las alarmas y han sido claros en cuanto al veto que fulminarán si acaso los mencionados proyectos se convirtiesen en ley. El desafío que enfrenta el gobierno es doble: por un lado están los gobernadores y, por el otro, un conjunto variopinto pero numéricamente importante de representantes en las dos cámaras del Congreso que se han juntado, avalado y votado proyectos de ley que les quitan el sueño a Milei y a Caputo.

Pasado mañana es una fecha clave en razón de que -si no hubiese un principio de acuerdo entre las partes- el Senado podría autoconvocarse a los efectos de tratar la recomposición de las jubilaciones en 7,2 %, el incremento de $ 70.000 a $ 110.000 de los haberes mínimos, la prórroga de la moratoria previsional -que venció en marzo- y la declaración de la emergencia en materia de asistencia pública a las personas con alguna discapacidad. No está de más recordar que todos estos proyectos tienen la media sanción de la Cámara de Diputados. La pretensión obvia de sus impulsores es lograr la media sanción que les falta en la cámara alta. Lo que resulta distinto en esta oportunidad si se la compara con anteriores, en las cuales el presidente había logrado vetar determinadas leyes y luego blindar esos vetos, es que algunos de los 87 diputados que lo habían acompañado -del Pro, la Unión Cívica Radical y de los partidos provinciales- han tomado distancias de los libertarios por distintos motivos.

En la presente pulseada, el gobierno tiene más para perder que unos opugnadores con planes disimiles: mientras algunos están claramente complotados para torpedear el superávit fiscal, otros sólo desean recibir más fondos del Tesoro, aunque también puedan hallarse los bien intencionados, que desean de verdad remediar las penurias de los jubilados pero desentendiéndose de las consecuencias fiscales. Prescindiendo de considerar quién lleva la razón y expone mejores argumentos, lo cierto es que si Javier Milei no pudiese esta vez poner su veto a buen cubierto, se complicarían en no pequeña medida las cuentas públicas. Con la particular coincidencia -nada menor, por cierto- de que ello ocurriría a dos meses de elecciones en que se elegirán legisladores, intendentes y ediles en la provincia de Buenos Aires. ¿Qué pueden hacer, en estas circunstancias, las autoridades libertarias? -Algo que cae de maduro: negociar. ¿Con quién? Pues con los jefes de los estados interiores y los representantes que fueron sus aliados circunstanciales durante el año y medio que llevan manejando los destinos del país.

Seamos claros, el oficialismo necesita que le presten votos y esta vez no serán gratis. No se halla en el ánimo de Osvaldo Jaldo (Tucumán), Gustavo Sáenz (Salta), Raúl Jalil (Cata- marca), Hugo Passalacqua (Misiones), Rogelio Frigerio (Entre Ríos) o Maximiliano Pullarto (Santa Fe) quemar los puentes que los vinculan con la Casa Rosada. Malgrado los enojos que pueden producirle los comentarios descomedidos de Javier Milei o la falta de respuestas de la Secretaría de Hacienda a sus pedidos, ninguno de ellos está dispuesto -como sí hace el kirchnerismo- a ponerle palos en la rueda al reordenamiento de las cuentas públicas que ha conseguido mantener la administración libertaria por espacio de tantos meses. Los dialoguistas están dispuestos a dialogar -valga la redundancia- pero a cambio de fondos cantantes y sonantes. La consigna de la hora, aunque no lo reconozcan en el Ministerio de Economía, es afilar el lápiz y determinar cuáles son las concesiones indispensables que habrá que hacer a fin de conseguir, a cambio, los votos que resulten menester.

Las negociaciones de último momento que se han entablado para tratar de zanjar las diferencias del gobierno con sus aliados ocasionales quizás sean las de mayor trascendencia desde el momento en que Milei tomó en sus manos el bastón presidencial. Esto en virtud de que en el año 2024 las elecciones de medio término estaban lejos y una derrota eventual del oficialismo, si bien no habría pasado desapercibida, no tenía el impacto fiscal de los proyectos que impulsa la oposición, a escasos 60 días de una puja electoral que los libertarios buscan ganar.

Vicente Massot