Por supuesto la teoría era un sonoro disparate porque los mandos bolivarianos carecían de la ideología, la épica, la mística y el respaldo de una de las superpotencias para exportar la guerra revolucionaria que había tenido la Cuba comunista. Nadie se hallaba dispuesto a morir por Chávez y, mucho menos, por Nicolas Maduro. 

Con la implosión de la Unión Soviética y el espectacular crecimiento económico y tecnológico del régimen continental chino, desde Washington y desde distintos think tanks del mundo occidental, se esparció la idea de que el gobierno de Pekín constituía una amenaza semejante -aunque sus procedimientos fueran distintos- a la del soviet moscovita. Aun cuando ello resultara cierto -que no lo es, ni remotamente- de todas maneras las autoridades del imperio del medio tienen objetivos estratégicos mucho más importantes que la Argentina. Lo dicho viene a cuento de la base de investigación satelital -o como desee llamársele- que el kirchnerismo le permitió establecer al gobierno chino en territorio neuquino.

Que el tratado gestado por Cristina Fernández es un escándalo, está fuera de discusión. Ningún estado soberano, que se precie de tal, habría permitido firmar algo así. Pero es conveniente no transformarlo en un casus belli o creer que se halla instalado en la Patagonia un centro de operaciones militares manejado por una potencia enemiga. Si constituyese un desafío estratégico para los norteamericanos, hace rato que hubiesen reaccionado. Sobreactuar al respecto carece de sentido.

Entre otras razones porque China es nuestro segundo socio comercial y Estados Unidos, más allá de las declaraciones de su embajador y de la visita de la jefe del Comando Sur, no está dispuesto a escalar el diferendo por una minucia. Ha hecho bien el oficialismo en bajarle el tono a la cuestión y evitar, de esa manera, que las cosas pasaran a mayores. Bastantes dolores de cabeza ya tenemos con las dos represas hidroeléctricas de Santa Cruz, cuyo financiamiento por parte de China preveía un desembolso de U$ 500 MM que, en teoría, se haría efectivo en el pasado mes de diciembre. Pero con el cambio de gobierno la operación ha quedado en el limbo. El total del contrato asciende a U$ 4714 MM, de los cuales Pekín lleva desembolsados U$ 1850 MM desde el año 2015. Hasta el momento el avance ha sido lento: del complejo Jorge Cepernic se ha construido 42 %, mientras que del Néstor Kirchner, apenas 21 %. Siendo uno de los ejes principales de las relaciones diplomáticas de nuestro país y China, las demoras mencionadas sí son -a diferencia de la base satelital neuquina- un problema serio.

Tampoco conviene creerse que el alineamiento automático con Washington, pro- puesto por Javier Milei, tendrá efectos inmediatos. Así como ser aliados extra-NATO durante la presidencia de Carlos Menem no modificó nada verdaderamente importante, la nueva doctrina de política exterior que propuso el presidente en el último día de la visita de la titular del Comando Sur, general Laura Richardson, tampoco moverá el amperímetro. El gigante del norte mira con desconfianza a la estación espacial de Neuquén, pero en realidad lo que le interesa es 1) impedir que compremos la tecnología 5G a la empresa Huawei; 2) frenar el avance chino en la hidrovía Paraná-Paraguay, y 3) reforzar el trabajo conjunto en materia de inteligencia y de lucha contra el narcoterrorismo en la Triple Frontera. Lo que puede darnos a cambio -el Hércules C-130 de transporte y las negociaciones entabladas para comprar 9 vehículos blindados ligeros LAV 3 y unos 180 Stryker- no es demasiado significativo. Distinta dimensión parece tener el proyecto de construcción de una base naval integrada y el polo logístico antártico, en un puerto multipropósito que, de realizarse, tendría lugar en Tierra del Fuego.

En paralelo a las discusiones acerca de la base y a la visita de la señora Richardson, el ruido provocado por la propuesta gubernamental de reemplazar a Juan Carlos Maqueda por Ariel Lijo en la Corte Suprema de Justicia, no sólo no han decrecido sino que se han incrementado. Si bien en la Casa Rosada no se dan por enterados, en las distintas bancadas que pueblan la cámara alta del Congreso Nacional es tema obligado de conversación. Así como a Milei y a su entorno lo digan los diarios, los colegios de abogados y una parte significativa de la judicatura les entra por un oído y les sale por el otro, a quienes tendrán que levantar el pulgar en beneficio del actual juez de Comodoro Py, o de bajárselo e impedir su ingreso a aquel tribunal, la decisión que deberán to- mar los inquieta.

A medida que transcurre el tiempo gana espacio la consideración de que el gobierno se ha comprado un pleito riesgoso. En realidad, salta a la vista la poca cintura política o el temor de Mariano Cúneo Libarona de decirle la verdad al presidente de la Nación. El titular de la cartera sabe perfectamente los puntos débiles de Ariel Lijo y no podía escapársele el terremoto que causaría su nominación. Al menos debió advertírselo a Milei, que no tiene la más mínima idea de quién es quién en el tinglado judicial. Pero no sólo no lo hizo sino que bajó al ruedo para ensayar una defensa enfática del cuestionado magistrado. Una verdadera vergüenza. En tren de sentar a un incondicional en la Corte -que es lo que le ha prometido Ricardo Lorenzetti al jefe de Estado- se podría haber buscado y seguramente encontrado a otro que fuese más presentable. Lo que no se entiende es por qué escogieron al peor de todos, unido al hecho de que, aun si Lijo pasara el examen del Senado, nadie está en condiciones de asegurarle a Balcarce 50 una mayoría automática. Salvo -claro- que alguien suponga que un jurista intachable como Manuel García Mansilla vaya a aceptar el liderazgo de Lorenzetti sin abrir la boca.

Las declaraciones de Milei del pasado día sábado echan nueva luz sobre un asunto complejo y complican la relación entre los dos poderes. Es evidente que el jefe de los libertarios compró la estrategia pergeñada por Lorenzetti, por su disgusto con Maqueda, Rosatti y Rosenkrantz, en razón de que los tres cortesanos no avalaron el DNU 70/23 con la prontitud que exigía la Casa Rosada.

De lo contrario, no diría ahora, de manera irresponsable, sin medir sus palabras, que “al menos tres jueces de la Corte tienen una posición bastante poco amigable”. Haber creído que en una acordada sentenciarían la constitucionalidad de aquel decreto de necesidad y urgencia, es no entender cómo funciona un tribunal supremo poco dispuesto a adelantarse a lo que deben resolver los diputados y senadores. Mientras éstos no se expidan, aquél se mantendrá en silencio. Que Milei no lo supiese puede ser entendible. Que Cuneo Libarona no se lo haya hecho saber, resulta inconcebible.

Sólo si el oficialismo se asegurase en la Corte tres votos sobre cinco tendría algún justificativo -en términos de la realpolitik- un paso tan audaz. Si, en cambio, no consiguiese esa mayoría, habría sido uno de esos lances tan temerarios como inconducentes. Milei insiste en pelearse con todo el mundo. No es una buena señal.

Vicente Massot